Carolina Fernández, Subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos. Fundación Secretariado Gitano

Mónica Chamorro, Directora del Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano

Mª Teresa Andrés, Directora del Departamento de Inclusión Social. Fundación Secretariado Gitano

Myriam López de la Nieta Beño, Técnica/Responsable Territorial de Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano

Puedes encontrar a Mónica, Mª Teresa y Myriam en Linkedin.

La infancia gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional, agravada por la discriminación: alta incidencia de la pobreza, grave desigualdad educativa con una elevadísima tasa de fracaso escolar, segregación escolar, y extrema exclusión social de los que viven en asentamientos chabolistas.

En la actualidad se calcula que la población gitana española es de 725.000-750.000 personas (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), representando aproximadamente el 1,5% de la población total, y siendo una de las minorías gitanas más numerosas en Europa.

La falta de datos desagregados en los indicadores generales de situación social invisibiliza la realidad de las personas gitanas, y de la infancia gitana, y eso implica que en muchas ocasiones no se perciba la situación de grave desigualdad y discriminación estructural que les afecta y, en consecuencia, no se dé una respuesta adecuada a su situación específica desde las políticas públicas.

Todos los estudios específicos sobre la realidad de las personas gitanas constatan que la población gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional; una situación que pasa de generación en generación agravada por el factor de la discriminación, y que afecta muy especialmente a la infancia.

En el caso de la infancia gitana, los principales factores diferenciadores respecto al resto de niños y niñas son: la alta incidencia de la pobreza y la extrema pobreza (la tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%) (FSG/ ISEAK); la incorporación tardía al sistema educativo y su grave desigualdad y desventaja educativa, que se inicia en las etapas más tempranas y conduce a una tasa de fracaso escolar del 62% (chicos y chicas que no obtienen el graduado en ESO) (FSG); el impacto negativo de la segregación escolar en sus oportunidades de desarrollo; y la realidad de la infancia gitana en asentamientos chabolistas y de infravivienda, como expresión más grave de la pobreza, la segregación y la discriminación estructural (el 50% de quienes viven en asentamientos chabolistas son menores de 16 años) (FSG/ISEAK). A todo ello hay que añadir el componente de la estigmatización social y la discriminación.

Situación sociodemográfica

De acuerdo a los datos específicos más recientes, la población gitana presenta importantes diferencias sociodemográficas en comparación con la población general. La población gitana es mucho más joven que la población general. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, y en la pirámide demográfica comparativa entre población gitana y no gitana, los menores de 10 años suponen un 11,5% en la población gitana frente al 4,7% en el conjunto de la población, y entre los 10 y los 19 años suponen un 12% frente al 5% del conjunto de la población (FSG/ ISEAK).

A pesar del progresivo descenso de la tasa de natalidad, destaca la alta prevalencia de niños y niñas en familias gitanas. A partir del cálculo de la estimación de población gitana en España (750.000 personas, según la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020) (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), estaríamos hablando de aproximadamente entre 170.000 y 180.000 niños y niñas gitanos. Además, los hogares de la población gitana son notablemente mayores en tamaño: casi un 50% viven en hogares de dos adultos con niños, frente al 32% del total de la población.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la infancia gitana en España?

Pobreza y exclusión social

La pobreza y la exclusión social afectan directamente y de manera grave a la infancia gitana. Según el Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza amplias capas de la población gitana se encuentran en riesgo de pobreza, el 86%. El indicador AROPE aplicado a los hogares gitanos asciende al 92%, y el 46% de las familias gitanas vive en situación de extrema pobreza, siendo el dato más alarmante el 89% de tasa de pobreza infantil, frente al 31,3% de la población infantil general: el 52% de los menores gitanos viven en hogares en situación de pobreza extrema y el 70% vive en un hogar en pobreza severa.

Ante esta situación, ¿qué fórmulas de protección existen? Desde 2020, la herramienta universal de protección social en España es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica que tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica, y que cuenta además con un complemento específico en el caso de que haya menores en la unidad de convivencia (el llamado Complemento para Ayuda a la Infancia). Esta prestación, ideada como derecho subjetivo, ha sido objeto de un reciente estudio de la FSG (FSG/ ISEAK) para conocer el grado de alcance en la población gitana dados los niveles de pobreza que padece (realizado en 2023, en edición). Según los resultados preliminares, el IMV tiene un 29% de tasa de cobertura en la población gitana y una tasa de Non Take up del 71%, alcance muy bajo si lo comparamos con los datos del último informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)) que la cifran, para la población general, en el 35%. Cuando en los hogares gitanos viven uno o dos menores, esta tasa de cobertura asciende hasta el 35 y el 38% respectivamente, pero son porcentajes siempre inferiores a los alcanzados por la población general según el informe mencionado de la AIREF (38% y 44% para hogares con dos adultos y uno o dos menores respectivamente). Si en el hogar conviven tres o más menores, la tasa de cobertura comienza a descender, lo que afecta directamente a familias con situaciones más precarias por el número de personas convivientes y el hacinamiento que ello supone, con el consiguiente efecto negativo en los niños y niñas gitanos.

Una de las conclusiones de este estudio es que el IMV no reduce significativamente la incidencia de la pobreza, pero sí su intensidad en quienes la padecen, y tiene menor impacto en los hogares grandes con varias personas adultas y varios menores de edad.

Exclusión residencial

También muy unido a la pobreza económica, las condiciones de vivienda de las familias gitanas son uno de los factores clave que marcan el desarrollo personal, educativo y social de los niños, las niñas y los adolescentes gitanos, y preocupa especialmente la situación en contextos de alta vulnerabilidad y exclusión. Según el último estudio realizado sobre la situación residencial de la población gitana en España (FSG/Daleph), el 8,63% de las viviendas de familias gitanas son consideradas infraviviendas porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y el 2,17% de ellas son chabolas. Además, el problema de los altos precios de la vivienda en nuestro país, y el escaso parque de vivienda pública y social, conlleva problemas de hacinamiento en los hogares, además de numerosos desahucios y desalojos que dejan a muchas familias gitanas sin vivienda, y a sus hijos e hijas sin derecho a la misma.

La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda es una realidad persistente en España durante décadas. Barrios muchas veces informales en los que habitan miles de personas, familias con niños y niñas, que ven conculcados muchos de sus derechos fundamentales, que padecen situaciones sistémicas de pobreza, exclusión, discriminación y falta de oportunidades, que se mantienen y transmiten generacionalmente. Según uno de los últimos estudios realizados sobre esta problemática (FSG/ISEAK), se estima que hay 23.419 personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda en España (más de 4.500 hogares), en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas (77% gitanas), y la mitad menores de 16 años (40% menos de 6 años). La gran mayoría de la población de estos asentamientos está en situación de pobreza y exclusión social, con una tasa de riesgo de pobreza de 93% (99% en niños y niñas). Espacios donde se da una extrema precariedad y un alto nivel de deterioro de edificaciones e infraestructuras, y donde las viviendas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, espacios muchas veces informales, con dificultades en el acceso y mantenimiento de suministros básicos como la electricidad, el agua potable (el 90% de las infraviviendas no tiene saneamiento y el 75% no dispone de agua corriente) o el gas, y espacios que en la mayoría de los casos se encuentran segregados de los núcleos urbanos próximos, donde la comunicación en transporte y la conexión con servicios y recursos públicos es difícilmente accesible. A todo ello hay que sumar la segregación espacial, el aislamiento físico, que hace difícil el ejercicio de la ciudadanía y limita las oportunidades de desarrollo: falta de interacciones comunitarias en contextos de ciudadanía, barreras de acceso al ocio, el deporte y la cultura, brecha digital, etc.

En estos contextos la transmisión intergeneracional de la pobreza está asegurada por la falta de oportunidades, las dificultades en la vida cotidiana y el efecto negativo en la construcción de la propia identidad, por el estigma que implica residir en este tipo de barrios para la interacción social y la convivencia con el resto de la sociedad, necesaria en la infancia y la adolescencia para una socialización adecuada; todo ello impacta negativamente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes gitanos: riesgos para la salud y la seguridad, riesgos medioambientales, riesgo para sus expectativas de vida y su identidad, y riesgo para su formación y su promoción educativa, ya que el derecho a una educación inclusiva y de calidad no está suficientemente garantizado pues el 60% de los niños y niñas que viven en asentamientos acuden a un centro escolar segregado.

Situación educativa

A esta situación de vulnerabilidad se unen los bajos niveles formativos que presenta la población gitana en términos generales. En los hogares con menores de 24 años el 51,4% tenía como nivel máximo de sus integrantes la educación primaria, el 40% la secundaria de primera etapa y sólo en el 8,4% de los hogares tenía presencia alguno de los niveles de la secundaria de segunda etapa o superiores. Casi un tercio de los hogares tienen a progenitores que o bien no fueron a la escuela o dejaron los estudios con 13 años o menos. (FSG)

Esta situación de exclusión repercute directamente en la escasa progresión educativa y social de la comunidad gitana ya que la precariedad de las condiciones de vida, los limitados ingresos, y la falta de referentes con niveles educativos que vayan más allá de la secundaria, no solo limitan los medios, recursos económicos y capital cultural que las familias gitanas pueden dedicar para la educación de sus hijos, sino también la posibilidad de tener éxito educativo, progresar socialmente y tener un trabajo y unos ingresos adecuados en el futuro que les permitan salir del círculo de la pobreza. Estos datos, con muy pocos cambios en una década, indican que hay una reproducción de la pobreza y que es necesario poner el foco, además de en medidas económicas y laborales, en el apoyo a las trayectorias educativas de esta población para que la pobreza no siga transmitiéndose intergeneracionalmente.

Estas desigualdades afectan con especial incidencia a las mujeres; tanto en el nivel educativo, con mayores tasas de analfabetismo (14%), menores porcentajes de titulación (15,5%) y menor presencia en estudios superiores (3%) que los hombres gitanos, al contrario de lo que sucede entre las mujeres de la población general. (FSG/ ISEAK).

Trayectoria educativa

La trayectoria educativa de este alumnado difiere de la del resto: tiene una esperanza de vida escolar mucho más corta, un ciclo educativo marcado por la entrada más tardía al sistema educativo y un abandono mayoritario entre los 16-17 años en su gran parte sin haber conseguido superar la secundaria obligatoria (FSG).

A los 16 años sólo el 53,7% se mantiene en el sistema educativo y dos años más tarde sólo permanece el 16,7%. El techo de este alumnado para los pocos que consiguen tener éxito es la etapa obligatoria (30% de titulados en ESO entre los 16 y 24 años).

Aunque la educación infantil tiende a normalizarse a partir de los 3 años, edad en la que se acerca bastante a las cifras del conjunto de alumnado, la tasa neta de escolarización hasta los cinco años está por debajo del dato nacional (51,4% frente al 68,7%).

La brecha con la población general es amplia en los primeros años con una diferencia de 9 puntos y no llega a cerrarse hasta los seis años. Esta etapa de atención temprana es crucial para el desarrollo psicológico y social de los menores, la estimulación de la comunicación verbal y el aprendizaje de las normas básicas de convivencia. En los grupos en situación de vulnerabilidad aporta también una socialización en rutinas, hábitos escolares y conocimientos que favorecen que el alumnado no llegue en desventaja a la educación primaria.

Factores que explican esta situación

Esta situación tiene su origen en diferentes factores:

• Unos resultados educativos muy pobres y peores que los del resto del alumnado:
  • repiten en una proporción mucho mayor: el 59,2% de los jóvenes gitanos entre 16 y 24 años ha repetido como mínimo un curso. La repetición y el desfase se produce ya en los primeros cursos de la primaria (en tercero casi la mitad del alumnado ya ha repetido).
  • gradúan en niveles obligatorios (E.S.O) en una proporción menor: en el curso 21/22 el 41,4% frente al 84% del conjunto del alumnado.
  • pocos continúan con estudios post-obligatorios (14,3% frente al 71,2% del conjunto de población) y al contrario de lo que sucede en la población general (continúa un 75,8% de mujeres frente al 67,5 de los hombres), no hay diferencias por género.
• Sobrerrepresentación en la Formación Profesional Básica como itinerario asociado al fracaso por la vía ordinaria y no a una vía de continuación de estudios: hay un 28,3% de alumnado gitano en FPB frente al 8% del conjunto de alumnado. El porcentaje de mujeres es más bajo que el de los chicos, pero sensiblemente superior al de las chicas del conjunto del alumnado en esta etapa (3 veces más). De éstos, consiguen terminar con éxito esta formación menos de la mitad (10,9%). Además, la presencia en esta etapa no se traduce en una continuidad de estudios hacia la formación profesional de ciclo medio, con porcentajes de incorporación muy bajos (de 1,5% en los dos años siguientes a la finalización).
• Dificultades en el acceso y aprendizaje con medios tecnológicos que ha acentuado la brecha abierta tras la pandemia. Tanto el acceso a internet como a los dispositivos electrónicos de uso educativo es bastante más bajo que en el resto de población: 78% de hogares gitanos con acceso a internet frente al 95,9% del resto y el 43,3% de hogares con dispositivos frente al 83,7%. Además del acceso, muchos menores no tienen competencias digitales para usarlas de manera adecuada y no tienen el apoyo de otras personas del hogar al carecer también de estas competencias (Asociación de Enseñantes con Gitanos)(VVAA).
• Una presencia importante en centros segregados. Aunque no tenemos datos exactos de la dimensión de este factor, sí sabemos por diversos estudios que una parte importante del alumnado gitano está escolarizado en estos centros (como mínimo un tercio según diversas fuentes)(European Union Agency for Fundamental Rights /FRA); (FSG) y, además, hay más alumnado en centros con una segregación alta que en aquellos que tienen niveles de concentración más bajos. La composición social de las escuelas es un aspecto fundamental de la igualdad de oportunidades educativas y este tipo de centros, como han demostrado numerosas investigaciones, tiene consecuencias negativas sobre los resultados educativos del alumnado más desfavorecido (niveles curriculares bajos, poco contacto con otras realidades…)
• Un sistema educativo poco adaptado a este alumnado y con medidas de compensación eficaces para unos pocos. El porcentaje de alumnado que no titula (fracaso escolar) se ha mantenido prácticamente invariable en una década, con un ligero descenso según el último estudio (62,8% en 2022 y 64,4% en 2012)(FSG). Esto es indicativo de una falta de eficacia de los programas y medidas que se están aplicando hasta ahora. Se necesita una atención más individualizada y continua desde etapas tempranas tanto con el alumnado gitano como con sus familias adoptando medidas específicas.

Consecuencias

Las consecuencias que se derivan de estos factores son el fracaso escolar y los altos índices de abandono del alumnado gitano, la desmotivación y el escaso interés por reengancharse. Los datos sobre estos indicadores son muestra de ello (FSG):

• La población gitana abandona prematuramente los estudios con mayor frecuencia que el conjunto de la población española y en buena medida lo hace sin titulación básica.

Un 86,3% de la juventud gitana de entre 18 y 24 años había obtenido como máximo educación secundaria obligatoria (E.S.O) y no seguía estudiando. Según los datos nacionales hay un 13,3% de jóvenes en esa situación.

Las alternativas con las que se encuentran para continuar o reengancharse a la formación son escasas por la falta de flexibilidad del sistema para absorber a este alumnado (por ejemplo, los Ciclos Formativos de Grado Medio cortan el acceso a los que tienen peores calificaciones al no haber suficiente oferta). Además, entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan (59,4%) hay muchas más mujeres: 67,9% frente al 50,6% de los hombres.

• Los altos índices de repetición provocan que muy poco alumnado gitano llegue al final de la etapa obligatoria con la edad que le correspondería (solo el 12,2% del alumnado gitano a los 16 años está en el curso que le corresponde por edad cuando la media nacional es del 71,1%): esto genera una sobrepermanencia en el sistema educativo que lleva a la desmotivación y a no confiar en sus posibilidades de finalización de los estudios (la mitad alega como principal motivo de abandono el estar cansado de estudiar y/o no gustarle lo que estaba estudiando). Si a esto unimos la importancia que tiene el trabajo para la economía familiar, las probabilidades de abandono se multiplican. El abandono por responsabilidades familiares, que afecta a un 22,4 % de los abandonados en 2022, sigue siendo mucho más habitual en las mujeres (82 %), mientras que el abandono para buscar trabajo apenas les importa (16,7 % frente al 83,3 % de los chicos).
• La reincorporación a los estudios, tras haber abandonado en algún momento, es muy baja y además ha decrecido considerablemente desde 2012 (9% en 2023 y 23,5% en 2012).

Propuestas para romper la brecha de desigualdad de la infancia gitana

Los datos publicados recientemente de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística (INE)) revelan el incremento de la tasa de pobreza infantil. Aunque no aparezcan datos desagregados, sabemos que la infancia gitana está sobrerrepresentada en la pobreza, pero, además, está condenada a reproducir el ciclo de pobreza y exclusión durante generaciones si no se aborda su situación específica, en la que confluyen distintos factores estructurales de desigualdad, agravados por su origen étnico y la discriminación racial. Es necesario hacer frente a la pobreza infantil gitana con una perspectiva integral que cubra no sólo las carencias materiales, sino que aborde también las causas estructurales de la pobreza que se hereda, y eso pasa necesariamente por garantizar el derecho a la educación y a una vivienda digna.

Reducir la tasa de fracaso escolar del alumnado gitano debe ser un compromiso de las administraciones educativas para asegurar la igualdad de oportunidades, y para ello son necesarias actuaciones específicas y adaptadas de refuerzo y orientación educativa. Por otra parte, combatir la segregación escolar requiere de la puesta en marcha de medidas correctoras que garanticen una distribución equilibrada por centros educativos del alumnado con perfiles similares.

Los niños pobres viven en familias pobres. Reducir la pobreza severa de las familias pasa por la garantía de ingresos mínimos para una vida digna. El IMV todavía no está llegando a todas las familias potencialmente perceptoras del mismo, entre ellas muchas gitanas, hace falta ampliar su cobertura facilitando el proceso y eliminando barreras.

Por último, la Garantía Infantil es el instrumento financiero diseñado para prevenir y combatir la pobreza infantil garantizando el acceso de la infancia más vulnerable a un conjunto de servicios y recursos clave. La Garantía Infantil Europea, así como el Plan Estatal, hacen referencia de forma explícita a la infancia gitana como uno de los grupos que se enfrentan a desventajas específicas y que, por tanto, requieren especial atención en su ejecución. Sin embargo, existe el peligro de que los niños y niñas gitanos acaben quedando diluidos en este proceso de implementación de la Garantía Infantil, a pesar de ser reconocidos como uno de los grupos específicos cuyas necesidades deben ser particularmente consideradas. Para dar respuesta al mandato de la Garantía Infantil Europea y asegurar el impacto de las inversiones en la infancia gitana sería necesario establecer medidas, objetivos e indicadores desagregados específicos. En 2030 los Estados miembros deberían ser capaces de rendir cuentas sobre la reducción de la pobreza infantil gitana.

Testimonio

Faltan referentes. Hay muchos jóvenes que no tienen apoyo, que no tienen referentes, no tienen expectativas. (…) Muchas veces no es no queramos estudiar, sino que no podemos. Testimonio de Libertad Lozano, estudiante gitana de 16 años, para la campaña #EquidadEducativa de la Fundación Secretariado Gitano.

Bibliografía

Asociación de Enseñantes con Gitanos. «La AEGIT ante la brecha digital y social en los contextos vulnerables y bulnerados (COVID-19)».2020. <https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/77/brecha-digital-y-social-covid-19.pdf>.

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Segunda Opinión sobre el ingreso Mínimo Vital. Madrid, 2023. <https://www.airef.es/es/centro-documental/segunda-opinion-sobre-el-ingreso-minimo-vital/>.

European Union Agency for Fundamental Rights /FRA. Encuesta EU-MIDIS II. Luxemburgo: UE, 2017.

FSG. Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado gitano. Madrid: FSG, 2022.

—. La situación educativa del alumnado gitano en España. Ed. Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2023.

FSG/ ISEAK. «El impacto del IMV en la situación de pobreza de la población gitana». 2024.

—. «Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza.» s.f. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_comparado_sobre_la_situacion_de_la_poblacion_gitana_en_espana_en_relacion_al_empleo_y_la_pobreza_2018.html.es>.

FSG/Daleph. Estudio.Mapa sobre vivienda y Población Gitana en España. Madrid, 2015.

FSG/ISEAK. «Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España». 2023. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_sobre_el_perfil_y_la_situacion_de_las_personas_en_los_asentamientos_chabolistas_y_de_infravivienda_en_espana.html.es>.

Instituto Nacional de Estadística (INE). «Encuesta de condiciones de vida». 2023. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm>.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. «Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del pueblo GItano 2021-2030». 2021. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/futura-estrategia.htm>.

—. «Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020.» MInisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030″. 2012. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/estrategia-nacional-para-la-inclusion-social-de-la-poblacion-gitana2012-2020.htm>.

VVAA. «Crisis de la COVID-19: impacto en hogares de la comunidad gitana». 2020. <https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ImpactoCOVID19PoblacionGitana.aspx>.

Número 16, 2024

José Manuel Gómez Giménez

Arquitecto urbanista, politólogo y doctor en sostenibilidad urbana

Investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Madrid

Puedes encontrar a José Manuel en X.

La forma en la que pensamos nuestro territorio cada vez tiene menos que ver con su funcionamiento real y, lo que es más importante, cada vez es menos útil para resolver las problemáticas de la desigualdad que lo atraviesan. España se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. Es lógico estudiar el territorio en base a ellos, porque son las entidades que utiliza la estadística oficial y donde se desenvuelven los poderes públicos con capacidad ejecutiva.

Figura 1: División política del territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Sin embargo, hay varios fenómenos que los han sobrepasado. Primero, el constante aumento de la concentración de población, actividades económicas y servicios en torno a las grandes centralidades urbanas. No ya en ellas, sino a su alrededor, a distancias cada vez mayores, cambiando drásticamente la realidad de municipios otrora rurales y ahora metropolitanos. Todo ello, en línea con unos procesos de integración funcional de los mercados urbanos que ha posibilitado el desarrollo de las infraestructuras del transporte, permitiendo una separación cada vez mayor entre los lugares de residencia y trabajo. Esto no solo ha ocurrido en torno a las ciudades, sino también en lo que otrora consideráramos el medio rural, difuminando las diferencias entre lo que fueron espacios dicotómicos y hoy deben ser reinterpretados en forma de gradiente.

Figura 2: Gradiente de urbanización en España. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Figura 3: Distribución proporcional de la población según su pertenencia a las áreas urbanas funcionales que componen el sistema interurbano español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

En segundo lugar, el enquistado desarrollo desigual que aparece no solo entre las diferentes regiones, sino también en su interior, entre sus diversas centralidades urbanas. Esto ha producido un imparable desarrollo económico en torno a las áreas y corredores geográficos más aptos para impulsar exitosos modelos de especialización económica, que arrastran ventajas cada vez más inalcanzables, y un constante atraso comparativo de los territorios más aislados con respecto a las grandes concentraciones urbanas. Ello ha enquistado las fronteras entre algunas comunidades autónomas y ha desprovisto de cualquier sentido ontológico a las que se producen entre otras. Los efectos frontera solo han servido para profundizar los problemas, ya sea extendiendo el insostenible fenómeno de la suburbanización o incrementando la sensación de abandono de las comarcas olvidadas en los límites autonómicos. En último término, la falta de expectativas de las grandes franjas de la despoblación peninsular es hoy más acusada que nunca.

Figura 4: Año del máximo demográfico de los municipios españoles. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Figura 5: Regiones urbanas consolidadas en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Figura 6: Regiones protourbanas en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Figura 7: Franjas de la despoblación en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Las políticas de planificación y ordenación del territorio bajo ópticas estrictamente municipalistas están produciendo un impacto negativo tanto en el medio urbano como en el rural.

En las grandes áreas urbanas, la falta de oferta de vivienda asequible en los municipios centrales está expulsando a las nuevas familias hacia periferias cada vez más lejanas. Esto tiene un claro impacto ambiental, mucho más cuando esta expansión suburbana no se ha acompañado con una fuerte inversión en los sistemas de transporte público, cada vez más inoperantes y menos costo-efectivos en términos temporales. Así, los intentos por frenar la contaminación en los centros urbanos colisionan con la necesidad de repartir de forma equitativa los costes de la transición ecológica, afectando sobre todo a las poblaciones expulsadas de los centros urbanos por su incapacidad para acceder a unos mercados de vivienda muy tensionados.

Figura 8: Delimitación funcional del área metropolitana de Madrid. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Figura 9: Delimitación funcional del área metropolitana de Barcelona. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

Con estas nuevas realidades territoriales, los errores interpretativos se multiplican. Pensemos en los análisis que se hacen a nivel municipal de las grandes ciudades. Aún hoy vemos comparativas entre las realidades urbanas de Madrid y Barcelona circunscritas únicamente al estudio de sus límites administrativos. Sin embargo, estos cada vez dicen menos de la realidad de las personas que hoy habitan y desarrollan sus vidas en sus áreas metropolitanas intermunicipales. Quien hoy aspira a comprarse una vivienda en Madrid baraja opciones tan dispares y lejanas como Seseña, Collado Villalba o Azuqueca de Henares. El término municipal de Madrid, por muy grande que sea en términos comparativos, aloja menos del 47% de los de más de siete millones de personas que hoy se desenvuelve en su área metropolitana. En el caso de Barcelona, los límites administrativos municipales solo alojan al 32% de sus más de cinco millones.

En los territorios antagónicos, en el medio rural más aislado, los municipios tienen una autonomía meramente nominal, a la que a veces se aferran por un fuerte sentimiento localista. Sin embargo, más que ayudarles, esto solo contribuye a poner trabas a cualquier intento de política innovadora para frenar su despoblación, principalmente por la imposibilidad de dotarles con suficientes recursos humanos y económicos.

Podríamos preguntarnos también por el sentido de los actuales límites autonómicos en resolver la pérdida de cohesión territorial. Resulta un sinsentido que las políticas fiscales y las inversiones infraestructurales se realicen bajo un criterio principalmente autonómico. Esto solo contribuye a acelerar las dinámicas de distanciamiento y desarrollo asimétrico entre los diferentes territorios españoles. También las que se reproducen en el seno de las distintas comunidades autónomas, que no carecen de sus propios centralismos. Pero, sobre todo, las que benefician a las afortunadas regiones que, como la madrileña, carecen de aislados territorios de la despoblación a los que asistir.

Figura 10: Situación demográfica actual de las áreas urbanas funcionales y las centralidades rurales en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Pervivencia menguante de las brechas regionales y el continuum urbano-rural

En cualquier caso, el espacio continúa siendo fundamental para explicar el acceso diferencial de la ciudadanía a oportunidades vitales. Las brechas regionales, el posicionamiento en el gradiente de urbanización y la segregación residencial en las grandes áreas urbanas tienen un gran peso en la eficiencia del ascensor social. En un mundo así, la accesibilidad es una cuestión de ciudadanía, de acceso a dotaciones y servicios básicos que pueden devenir fundamentales en la consecución de los logros educativos, laborales, económicos e incluso familiares, reproductivos.

Las brechas regionales muestran una pérdida constante de su valor explicativo sobre las disparidades de acceso que enfrenta la población española entre 1991 y 2021, aunque aún son determinantes para entender la desigualdad económica y laboral. La convergencia observada se explica principalmente por el vaciamiento demográfico de los territorios rurales y las regiones urbanas más desfavorecidas. Estos se producen a través de unos movimientos migratorios que agudizan las desigualdades internas, tanto en las regiones de salida como en los territorios metropolitanos de destino. Los análisis estadístico-geoespaciales muestran que el recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales en nuestro país. La etapa actual de la transición demográfica ha evitado en parte que sus repercusiones sean directamente asumidas en el corto plazo, debido al incremento de la esperanza de vida. Pero será a partir de ahora cuando se vean sus efectos reales sobre los territorios más sobreenvejecidos, como consecuencia de un régimen emigratorio prolongado que desplegará todas sus consecuencias en el medio plazo.

Figura 11: Distribución de la renta media per cápita en España por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Algo parecido se ha observado con respecto a la incidencia del gradiente de urbanización, la forma en que aquí se ha rearticulado la vieja dicotomía urbano-rural en forma de continuum. La disminución de su valor explicativo a nivel nacional está relacionada con la densificación de los territorios neorrurales en torno a las regiones urbanas más dinámicas, donde la brecha urbano-rural no tiene ningún valor explicativo sobre las desigualdades, y con el constante vaciamiento demográfico de los territorios rurales de las regiones más desfavorecidas, donde el gradiente de urbanización continúa siendo fundamental para explicar la disparidad de rentas, el logro educativo y la empleabilidad.

Imparable aumento de la segregación residencial y sus efectos barrio en las grandes áreas urbanas

En este contexto, el valor predictivo de las fracturas urbanas sobre la desigualdad de oportunidades no ha dejado de aumentar desde finales del siglo pasado. Los logros reproductivos, educativos, laborales y económicos se explican cada vez más en función de la segregación residencial, por supuesto, en favor de aquellos barrios de clase privilegiada.

Esto ha ocurrido no tanto por el empeoramiento de la situación de los barrios más desfavorecidos, que también, sino por el aumento de la auto-segregación de las poblaciones de clase media-alta, que han abandonado los barrios tradicionales mixtos para ocupar nuevos desarrollos urbanísticos donde prima la homogeneidad social. Se trata de un depurado mecanismo que descansa sobre la segmentación dual del mercado laboral, que ha terminado incluyendo el concepto de jerarquía en los patrones de la segregación residencial, complejizándolos. Como resultado, se ha producido una democratización de la auto-segregación de las clases medias-altas profesionales. Todo ello bajo la incentivadora producción de espacios residenciales enfocados a este segmento de la población. En último término, en las grandes áreas urbanas españolas, el distanciamiento socioeconómico se ha traducido en un distanciamiento espacial. Y en los casos más extremos, también en un distanciamiento administrativo, por concentrarse estos desarrollos en unos pocos municipios privilegiados de los grandes sistemas metropolitanos. No obstante, este modelo se ha intentado replicar en la mayoría de las entidades locales, produciendo urbanizaciones de baja densidad separadas de los tejidos urbanos históricos o promociones residenciales de manzana cerrada con mayor densidad, pero que privatizan colectivamente su espacio libre interior y niegan a la calle su rol fundamental en la socialización.

Los factores inductores de este aumento de la segregación residencial han sido comunes en las 47 mayores áreas urbanas españolas y han dado como resultado un ritmo de ampliación de la auto-segregación por arriba que duplica la tasa general de crecimiento de los sistemas urbanos en los que se reproduce. En resumen, nos encontramos en todos ellos con unos mercados inmobiliarios centrales muy tensionados, que expulsan a buena parte de los nuevos hogares; una planificación urbana de baja densidad en los municipios periféricos, donde el desarrollo inmobiliario es una rápida vía de ingresos para las arcas municipales; un aumento del aprovechamiento personal de las nuevas posibilidades de conectividad que ofrece la explosión reticular, aun asumiendo un incremento de la dependencia del vehículo privado; y una revalorización de los atractivos paisajísticos y naturales de una manera poco reflexiva.

Figura 12: Distribución de la renta media per cápita en el área metropolitana de Madrid por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Figura 13: Distribución de la renta media per cápita en el área metropolitana de Barcelona por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

Apuntes para el futuro

La extensión del teletrabajo después de la pandemia de COVID-19 pareció abrir una oportunidad para todos los territorios. Un análisis real de sus repercusiones parece apuntar a que los desplazamientos residenciales se han circunscrito a las periferias suburbanas y metropolitanas como consecuencia de una transformación de las segundas residencias preexistentes en habituales. Es obvio que esto acabará produciendo más movilidad pendular, sobre todo, si no se consolidan los modelos del teletrabajo. Además, el aumento de la turistificación de los centros urbanos, con nuevas modalidades de hipermovilidad como el nomadismo digital internacional, están incrementando aún más el tensionamiento de sus mercados de vivienda. Frente a estos retos, habrá que medir correctamente las fuerzas si se quiere tener éxito en darles alguna solución. El aumento de las desigualdades, los problemas de acceso a la vivienda y la segregación residencial en los grandes territorios urbanos son el anverso de la misma moneda que opera vaciando los vastos territorios de la despoblación y las áreas urbanas más desfavorecidas, debilitando con ello la cohesión territorial a escala nacional. Una de las mejores políticas para paliar las desigualdades que se producen en el acceso a la vivienda de los grandes territorios metropolitanos, pasa por asegurar oportunidades sociolaborales y vitales que disminuyan el éxodo rural no elegido y reviertan la dirección de los flujos migratorios. Y esto necesariamente requerirá de un cambio profundo en el destino de las inversiones públicas. De otro modo, solo seguiremos trasladando las brechas regionales, e internacionales, a la segregación residencial de las grandes áreas metropolitanas. Si algo demuestra la política comparada es que el precio a pagar por una desigualdad socioeconómica excesiva no es nada fácil de asumir en términos políticos. Trabajemos para que nunca nos llegue ese momento.

Bibliografía

Gómez Giménez, J. M. Desigualdades socioterritoriales en España: La reconfiguración del sistema interurbano español. Oporto: Universidad Politécnica de Madrid, 2023. https://oa.upm.es/73966/

Número 15, 2023

Hernán Fioravanti, Andrea Ariza, Lluís Benlloch y Mireia López, miembros de La Dula cooperativa de investigación social y acción comunitaria

Puedes encontrar a la cooperativa La Dula en su web, en Twitter, Facebook e Instagram.

La vivienda pública es uno de los principales mecanismos con el que cuentan las instituciones públicas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y revertir algunas de las desigualdades sociales y territoriales que atraviesan nuestras sociedades. Al mismo tiempo, si las políticas de vivienda pública no siguen lógicas de redistribución social y reducción de las desigualdades, se corre el riesgo de que se conviertan, paradójicamente, en un factor que reproduce dinámicas de segregación y exclusión social. Es por ello, que el objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunos de los retos que enfrentan hoy en día las políticas de vivienda pública en el contexto español, así como ofrecer algunas claves de intervención para el futuro.

Este artículo se basa en los resultados de dos estudios realizados por la cooperativa de investigación social La Dula, en colaboración con la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia: Vivienda pública y mezcla social: análisis y propuestas por unos entornos de vivienda pública más justos (2022) y El Derecho de Tanteo y Retracto en el marco de las políticas de vivienda pública: implicaciones sociales y territoriales en el contexto valenciano (2023). Se trata de dos estudios etnográficos que analizan diferentes dimensiones de las políticas de vivienda pública en el contexto valenciano, pero con reflexiones que pueden hacerse extensibles a otros territorios del Estado español.

A partir de las conclusiones de estas investigaciones, en este artículo proponemos tres grandes retos para una agenda de vivienda pública centrada en la reducción de las desigualdades. Antes de pasar a desgranarlos, consideramos necesario apuntalar dos claves que definen nuestra manera de entender la vivienda. Por un lado, se trata de un derecho básico y un determinante social de la salud, por lo que la actual crisis habitacional tiene importantes repercusiones psicosociales que requieren de una urgente respuesta pública. Por otro lado, concebimos el derecho a la vivienda como algo indisociable del derecho a la ciudad, en la medida en que la vivienda no solo permite cubrir necesidades materiales básicas, sino que es un elemento clave a través del cual nos vinculamos al entorno barrial, desplegamos redes de relaciones vecinales y tejemos identidades compartidas.

Mejorar el parque de vivienda pública existente para evitar que genere y reproduzca desigualdades

El parque de vivienda pública español se ha caracterizado, de forma mayoritaria, por importantes dinámicas de abandono y segregación. El modelo más común ha sido el de grandes bloques de viviendas de bajo coste heredados del franquismo o construidos durante la década de los ochenta. Inmuebles obsoletos y de calidades constructivas deficitarias, que la falta de gestión e inversiones públicas ha llevado a un mal estado de conservación. Bloques que, en muchos casos, además, se han ubicado en barrios periféricos caracterizados por el estigma territorial, la concentración de la pobreza y la segregación de poblaciones de etnia gitana y origen extranjero.

En los últimos años, en el marco del nuevo ciclo político iniciado en 2015, las administraciones públicas de territorios como el valenciano han dedicado importantes esfuerzos a revertir esta situación. Por un lado, han comenzado a dedicarse algunas inversiones a la rehabilitación de edificios de vivienda pública degradados, si bien el estado de abandono es tan generalizado que aún resta mucho por hacer. Consideramos que invertir en el mantenimiento material del parque de vivienda pública ha de continuar siendo una prioridad de las instituciones públicas, ya que las condiciones materiales no solo tienen un impacto directo en el bienestar y la dignidad de quienes las habitan, sino que además inciden en las dinámicas de convivencia y conflicto que caracterizan estos edificios y barrios.

Por otro lado, también se han comenzado a dedicar recursos a una mejor gestión del parque público, como evidencia la contratación por parte de la empresa gestora del parque autonómico valenciano de un servicio de atención de proximidad e intervención social, el cual actúa en los barrios de mayor complejidad afectados por las dinámicas previamente descritas. Dejando a un lado las contradicciones que puede suponer la externalización de un servicio de este tipo, se trata de una iniciativa que consideramos que debería mantenerse en el futuro, en la medida en que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes residen en vivienda pública, en su mayoría perfiles sociales en situación de vulnerabilidad con los cuales es fundamental trabajar de forma coordinada y con una perspectiva social y comunitaria. En este sentido, resulta clave que estos programas vayan más allá de un enfoque asistencial o de mediación en situaciones de conflicto, impulsando procesos de trabajo comunitario y fomentando espacios compartidos de encuentro que puedan resultar transformadores.

Ampliar el parque de vivienda pública para dar respuesta a la emergencia habitacional

Además, el parque de vivienda pública español se caracteriza por ser uno de los más reducidos del contexto europeo, representando a penas un 2,5% del total de viviendas, muy por debajo de otros territorios como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%) (Dirección General de Vivienda y Suelo, 2020). Un déficit estructural que se debe en gran parte al modelo de viviendas de protección oficial para la compra-venta, el cual ha supuesto una continua pérdida y privatización de las inversiones públicas realizadas en este ámbito a lo largo de las últimas décadas (Pareja y Sánchez, 2017).

El nuevo ciclo político vivido en algunas comunidades autónomas en los últimos años ha supuesto también un punto de inflexión en este sentido (Paleo y Quintiá, 2020). Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana han comenzado a dedicar notables recursos a la ampliación del parque público, así como a la consolidación de un modelo que priorice el alquiler y garantice la cualificación permanente de las viviendas públicas. Otro objetivo que a nuestro parecer debe situarse entre las prioridades de la agenda pública, en la medida en que revertir décadas de déficit estructural exige una fuerte apuesta política a largo plazo.

Entre las múltiples estrategias movilizadas para aumentar el parque público (promoción pública, compra directa, concurso, etc.), el Derecho de Tanteo y Retracto se ha convertido en uno de las más eficaces. Los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas se han ampliado en algunas comunidades autónomas a casos de procesos hipotecarios y grandes operaciones inmobiliarias. En particular, el estudio realizado en el contexto valenciano ha permitido evidenciar que se trata de una de las herramientas que está permitiendo aumentar el parque público de forma más ágil y económica, al mismo tiempo que permite intervenir en situaciones de emergencia habitacional.

Además, el estudio pone de relieve que también está contribuyendo a generar un parque público con una mayor descentralización y protagonismo de las administraciones municipales, cuestiones que pueden ser fundamentales a la hora de abordar algunas de las problemáticas mencionadas. Al mismo tiempo, están emergiendo nuevos retos, entre los que destacan la necesidad de una planificación estratégica de ampliación del parque público que vaya más allá de las oportunidades de compra que se dan en el mercado inmobiliario, destinar mayores recursos económicos y humanos para gestionar un parque público cada vez más amplio y distribuido, y la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones autonómicas y los diferentes agentes locales involucrados.

Diversificar el parque de vivienda pública para fomentar la mezcla social y evitar la segregación

Por último, queremos destacar la importancia de emprender acciones públicas orientadas a fomentar una mayor diversidad del parque público y de quienes lo habitan. La ampliación mediante la herramienta del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, ya que está contribuyendo a una mayor distribución territorial y diversidad tipológica, y permitiendo que el sistema de vivienda pública llegue a municipios que previamente contaban con un reducido o nulo parque público. Al mismo tiempo, también se detectan casos en que las adquisiciones realizadas se ubican en los mismos barrios segregados donde ya se concentra la vivienda pública, lo que podría contribuir a reproducir dinámicas de segregación y exclusión residencial previamente existentes.

Además, la ampliación y diversificación del parque público también está ayudando a fomentar la mezcla social, un concepto controvertido que pensamos que puede resultar de interés si se orienta a garantizar que los colectivos más empobrecidos no sean relegados a barrios periféricos y estigmatizados. La aplicación del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, como ilustra el caso valenciano donde esta cuestión se está fomentando de dos maneras. Por un lado, muchas adquisiciones se encuentran en edificios donde hay también vivienda privada, lo que provoca una convivencia a nivel de edificio, no exenta de retos, entre propietarios privados e inquilinos de vivienda pública. Por otro lado, en algunos procesos de adjudicación se están aprobando declaraciones de excepcionalidad, lo cual permite incluir otros criterios (situaciones de emergencia residencial, jóvenes, gente mayor, diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia machista, población con rentas de trabajo, etc.) y fomentar, por lo tanto, la convivencia de perfiles sociales más diversos.

Los casos analizados muestran que diversificar los perfiles de residentes en vivienda pública es clave a la hora de evitar dinámicas de segregación, pero, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables no debe dejar de ser la prioridad de las políticas de vivienda pública (Arthurson, Levin y Ziersch, 2015). En este sentido, consideramos fundamental que las iniciativas de mezcla social impulsadas en el ámbito de la vivienda pública se realicen desde una perspectiva interseccional y centrada en las desigualdades. Se deben evitar propuestas de mezcla social centradas en lo que parece una suerte de diversidad cómoda, en las cuales existe el riesgo de desdibujar ejes de desigualdad como la clase social, el origen o la etnicidad, centrales en las dinámicas de exclusión residencial.

En conclusión, consideramos que la vivienda pública es una herramienta fundamental a la hora de fomentar el derecho a la vivienda y dar respuesta a la fuerte crisis habitacional que atraviesa el Estado español en los últimos años. Pero no solo eso, sino que pensamos que continuar actuando en torno a los diferentes retos señalados en este artículo puede contribuir a que el sistema de vivienda pública funcione como lo que pensamos que debe ser ante todo: un mecanismo capaz de reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y fomentar el derecho a la ciudad.

Bibliografía

Arthurson, K.; Levin, I.; Ziersch, A. “Social mix, ‘[A] very, very good idea in a vacuum but you have to do it properly!’ Exploring social mix in a right to the city framework”. International Journal of Housing Policy, 15(4), 2015; p. 418-435.

Dirección General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2020. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020.

Fioravanti, H.; Ariza, A.; Benlloch, L.; López, M. El Dret de Tanteig i Retracte en el marc de les polítiques d’habitatge públic. Implicacions socials i territorials al context valencià. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2023.

Fioravanti, H.; Benlloch, L.; López, M.; Ariza, A. Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i propostes per uns entorns de vivenda pública més justos. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2022.

Paleo Mosquera, N.; Quintiá, A. Las políticas de vivienda desde una perspectiva multinivel: un análisis comparado de la legislación autonómica. En N. Paleo Mosquera y A. Nogueira López (Eds.), Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente (pp. 309–349). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020

Pareja-Eastaway, M.; Sánchez-Martínez, T. “More social housing? A critical analysis of social housing provision in Spain”. Critical Housing Analysis, 4(1), 2017; p. 124-131.

Número 14, 2023