Paula Pérez Sanz. Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de La Rioja
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Las desigualdades sociales tienen una traducción inequívoca en el territorio, pues el lugar donde se habita condiciona de manera decisiva el acceso a derechos, recursos y oportunidades. Es por ello por lo que consideramos que la desigualdad social se fija espacialmente y empleamos la noción de justicia espacial[1] para dar cuenta de cómo se producen y reproducen las desigualdades en los contextos urbanos contemporáneos.
Desde esta perspectiva, el territorio, más que un escenario donde se despliegan las dinámicas sociales ha de ser estudiado como un producto político atravesado por decisiones institucionales, relaciones de poder y procesos históricos. Las políticas públicas de vivienda, planificación urbana, desarrollo local o provisión de servicios desempeñan un papel decisivo en la configuración de los espacios urbanos, contribuyendo a generar patrones persistentes de desigualdad territorial.
Ahora bien, la ausencia o debilidad de estas políticas públicas no implica la desaparición de la acción colectiva. De hecho, numerosas investigaciones han abordado cómo en contextos urbanos marcados por la desatención institucional emergen prácticas inscritas en la vida cotidiana orientadas a sostener la reproducción social y a intervenir en las condiciones materiales de acceso a los recursos urbanos[2]. El objetivo de este artículo es proponer un marco teórico que permita analizar estas prácticas como políticas cotidianas por la justicia espacial, incorporando aportes de la crítica feminista y reflexionando sobre su relación con la intervención social.
La justicia espacial permite situar la desigualdad en el espacio urbano y comprender cómo se reproduce a través de él. Desde esta perspectiva, la injusticia espacial puede entenderse como la manifestación territorial de desigualdades estructurales derivadas de políticas públicas que distribuyen de manera desigual recursos, infraestructuras y oportunidades. Las políticas de vivienda, la localización de equipamientos o la inversión en infraestructuras son buenos ejemplos de cómo estas políticas de ordenación urbana y desarrollo local definen quiénes disponen de un mayor número de recursos. Por tanto, el acceso al transporte público, a servicios educativos y sanitarios o a espacios públicos de calidad sigue patrones territoriales que tienden a reproducir la desigualdad social existente.
Este enfoque hace posible cuestionar la aparente neutralidad técnica de la planificación urbana, pues responde a prioridades políticas que jerarquizan los territorios y asignan distinto valor social a los espacios urbanos. En contextos de desatención institucional, la desigualdad se territorializa y se normaliza, convirtiendo el espacio en un factor adicional de segregación y exclusión social[3]. Considerando todas estas cuestiones, la justicia espacial, más allá de ser un ideal normativo, puede también analizarse como un proceso anclado a aquellos tiempos y lugares de la vida cotidiana en los que, tanto sus habitantes como las políticas institucionales, definen el reparto de recursos urbanos.
Sin embargo, el análisis de la justicia espacial resulta incompleto si no se incorporan los aportes de la crítica feminista, que ha mostrado cómo las desigualdades territoriales están atravesadas por relaciones de género y por una organización social que invisibiliza el trabajo necesario para sostener la vida[4]. Buena parte de los modelos de planificación urbana se han construido desde una lógica funcional y productivista que prioriza los espacios del empleo y el consumo, relegando las necesidades vinculadas al cuidado. Este urbanismo androcéntrico tiende a invisibilizar las tareas de atención a la infancia, a las personas mayores o dependientes, confinándolas al ámbito doméstico y asignando su realización de manera desproporcionada a las mujeres.
Esta ausencia de infraestructuras, servicios y equipamientos de proximidad genera toda una serie de desgarros socioespaciales[5] o fracturas en el tejido social que son el resultado de extirpar del espacio urbano las condiciones materiales necesarias para la reproducción cotidiana de la vida. En estos contextos, el coste de la falta de políticas públicas se traslada a los hogares y a las redes comunitarias, intensificando las desigualdades de género y precarizando las condiciones de vida.
A partir de estos enfoques, es posible proponer el concepto de políticas cotidianas por la justicia espacial[6] para analizar formas de acción colectiva que, sin encajar en los repertorios clásicos de la política, intervienen de manera directa en las condiciones materiales de los territorios.
Estas políticas se caracterizan por su inscripción en la vida diaria, pues en lugar de desplegarse únicamente a través de canales institucionalizados, se apoyan en prácticas orientadas a sostener la reproducción social. La colectivización del cuidado, la creación de redes de apoyo mutuo, la gestión comunitaria de recursos o la intervención directa sobre el entorno inmediato son algunos ejemplos que ilustran esta praxis. Su presencia merece atención para las investigaciones que indagan las pautas de resistencia frente la injusticia espacial, pues su carácter ordinario no implica ausencia de intencionalidad política, sino una forma alternativa de intervenir sobre la desigualdad territorial.
Una segunda cuestión de interés para la investigación social es que estas prácticas cuestionan los marcos tradicionales desde los que se ha definido la acción política, poniendo de relieve el sesgo androcéntrico y clasista que ha invisibilizado formas de participación protagonizadas por sujetos escasamente legitimados para la confrontación con el poder. Al mismo tiempo, muestran su capacidad de producir territorio al transformar materialmente espacios y relaciones sociales en aquellos contextos en los que la planificación institucional resulta insuficiente.
Es importante subrayar que el análisis de las políticas cotidianas debe ser cuidadoso y no incurrir en romanticismos ni proponerlas como sustitutas de la responsabilidad institucional, pues a menudo surgen en contextos marcados por la desigualdad y la segregación socioespacial. Sin embargo, un análisis situado de estas prácticas ayuda a comprender su dimensión política y su valor para el sostenimiento de la vida, así como su capacidad de intervenir en la organización del espacio urbano en contextos donde las instituciones y las políticas públicas son escasas o ausentes.
De hecho, dado que las políticas cotidianas por la justicia espacial emergen como respuestas a vacíos concretos en la acción pública, nuestros análisis pueden orientarse a desvelar en torno a qué dimensiones se articulan. En primer lugar, pueden responder a vacíos en las políticas de bienestar y cuidados. La ausencia o insuficiencia de servicios públicos de atención a la infancia, a la dependencia o de apoyo a la conciliación impulsa la aparición de estrategias de colectivización del cuidado que funcionan como infraestructuras sociales de proximidad.
En segundo lugar, pueden orientarse a mejorar la debilidad de las políticas de desarrollo comunitario y cohesión social. Frente a la fragmentación del tejido social y a la discontinuidad de los programas públicos, estas prácticas reactivan vínculos de cooperación y apoyo mutuo que resultan esenciales para la vida comunitaria.
Por último, sería interesante observar aquella que suplen ciertos vacíos en las políticas de vivienda y regeneración urbana. La falta de inversión pública en el mantenimiento del entorno o en la creación de equipamientos impulsa prácticas orientadas al cuidado de los espacios comunes y a la mejora de las condiciones de habitabilidad, produciendo formas de apropiación colectiva del espacio urbano.
Finalmente, más que identificar de manera categórica quiénes sostienen las políticas cotidianas, resulta pertinente adoptar una perspectiva investigadora sensible a las posiciones sociales desde las que estas prácticas se articulan. Desde esta mirada, habría que considerar cómo la división sexual del trabajo y la asunción de responsabilidades vinculadas al cuidado sitúan a determinados sujetos en una posición especialmente próxima a las carencias en el acceso a recursos e infraestructuras básicas. Del mismo modo, ciertas situaciones de vulnerabilidad intensifican la dependencia del territorio y de las redes de proximidad, favoreciendo la implicación en prácticas comunitarias orientadas a sostener la vida cotidiana.
Reconocer el protagonismo que aquí tienen mujeres, personas racializadas o quienes encarnan la pobreza urbana, no implica naturalizar sus luchas por la defensa del territorio, la justicia espacial ni legitimar una distribución desigual de las responsabilidades del bienestar. Por el contrario, permite visibilizar las desigualdades estructurales que atraviesan la reproducción social y subrayar la necesidad de políticas públicas orientadas a redistribuir de manera más justa dichas responsabilidades.
El reconocimiento de las políticas cotidianas por la justicia espacial plantea desafíos relevantes para la intervención social. Intervenir en territorios marcados por la desatención institucional requiere asumir que estos lugares se hallan atravesados por saberes, relaciones de cuidado y redes de organización cotidiana que sostienen la vida allí donde la acción pública resulta insuficiente o se encuentra debilitada.
Siguiendo este enfoque, una primera clave para la intervención consiste en reconocer y comprender las políticas existentes, evitando actuaciones que desarticulen dinámicas comunitarias ya consolidadas. Del mismo modo, resulta fundamental prevenir que estas prácticas se conviertan en sustitutos implícitos de las políticas públicas. Acompañarlas no puede traducirse en trasladar sobre las comunidades la responsabilidad de garantizar derechos que corresponden al ámbito institucional.
La intervención social puede, no obstante, desempeñar un papel relevante como mediadora entre las experiencias situadas y los marcos institucionales, facilitando el diálogo y contribuyendo a que los saberes producidos en la vida cotidiana informen políticas públicas más ajustadas a las realidades territoriales. En este sentido, atender a las políticas cotidianas no implica instrumentalizarlas, sino reconocerlas como interlocutoras fundamentales para repensar la acción pública.
En términos más amplios, el análisis de estas prácticas permite comprender cómo, en contextos de desatención institucional, la reproducción de la vida se convierte en un eje central de intervención sobre el territorio. Las políticas cotidianas revelan tanto los límites de la acción pública como la capacidad de los territorios para articular respuestas situadas frente a la desigualdad territorial. Pensar la justicia espacial desde la cotidianidad no supone renunciar a la exigencia de políticas públicas fuertes, sino ampliar los marcos desde los que se analiza y se interviene en la desigualdad territorial, incorporando el cuidado y la vida cotidiana como dimensiones centrales de la acción social.
López Cristaldo, S. R.; Houdin Gómez, C. M. Las ollas populares en Paraguay: entre la sobrevivencia y la lucha territorial por lo público común. Buenos Aires: CLACSO, 2022.
Massolo, A. Por amor y coraje. Mujeres en movimientos urbanos de la ciudad de México. Ciudad de México: Colegio de México, 1992.
Pérez Sanz, P. “Me sentía en el fin del mundo: mujeres y subjetividades de la injusticia espacial”. Bitácora Urbano Territorial, 33(2), 2023: 199–209.
https://www.redalyc.org/journal/748/74877592014/74877592014.pdf
Pérez Sanz, P. “Everyday politics against spatial injustice: an ethnographic approach to women’s resistance in a southern European urban periphery”. City, 2026. [En prensa]
Sabatini, F., & Brain, I. “La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves”. Eure, 34(103), 2008: 5–26. https://doi.org/10.4067/s0250-71612008000300001
Soja, E. En busca de la justicia espacial. Valencia: Tirant Humanidades, 2014.
[1] (Soja, 2014)
[2] (López Cristaldo & Houdin Gómez, 2022; Massolo, 1992)
[3] (Sabatini & Brain, 2008)
[4] (Col.lectiu Punt 6, 2019)
[5] (Pérez Sanz, 2023)
[6] (Pérez Sanz, 2026)
