Jesús Mora, Investigador Postdoctoral de la Universitat de València
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La última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística recoge el impacto de las subidas de precios derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania en las familias españolas. Sus datos plasman como evidencia estadística una realidad que ya se había abierto paso a gritos en la opinión pública: la última crisis de inflación ha agravado las carencias de alimentos básicos en los hogares con menos ingresos (INE 2024). Para quienes tienen menos recursos, las subidas de precios obligan a reajustar unas ya precarias expectativas vitales y a renunciar a bienes cuya adquisición no lastraba, hasta ese momento, la economía personal o familiar. Esas renuncias, y el hecho de que se concentren en los sectores más vulnerables de la población, constituyen injusticias en un sentido que la filosofía política contemporánea puede ayudarnos a entender mejor.
Según John Rawls, la justicia es la disciplina encargada de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definir la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social (Rawls 1999, 4). Entre los legados de su Teoría de la Justicia, destaca la idea de que nuestras expectativas vitales no deberían depender de factores moralmente arbitrarios, aquellos que jamás pueden ser razones válidas para que una persona viva mejor o peor que otra. Entre esos factores, el autor sitúa el origen social: aquel entorno familiar, urbano y cultural en el que nos criamos y por el que ningún ser humano puede considerarse responsable (Rawls 1999, 63).
Al contrario que en el ideal de Rawls, en nuestro mundo es muy habitual que ese (no elegido) origen social garantice a algunas personas una vida sin carencias ni ataduras y condene a otras a una existencia plagada de privaciones cotidianas. No en vano, la riqueza heredada explica alrededor del 60% de las desigualdades en países como el nuestro (Salas Rojo y Rodríguez 2020). Por eso, cabe esperar que las renuncias—derivadas de las escaladas de precios—a las que nos referíamos al principio recaigan más a menudo sobre los menos afortunados en la lotería del origen social. En esos casos, la justicia, tal y como la entiende Rawls, exige medidas tanto predistributivas como redistributivas que hagan frente a ese reparto injusto de las renuncias vitales. Entendemos por medidas predistributivas aquellas que buscan condicionar los resultados del mercado antes de que estos se produzcan, asegurando, por ejemplo, que todo el mundo tiene un suelo de ingresos mínimo y dispone de recursos formativos que potencien sus oportunidades. Por su parte, las redistributivas buscan corregir las desigualdades existentes para limitar el impacto del origen social en la vida de las personas. Aunque ambas formas de intervención pueden (y deben) compatibilizarse (Barragué 2017), aquí nos centraremos en las que tienen vocación redistributiva.
En los contextos inflacionarios, el origen social fuerza a los más desaventajados a renunciar a bienes básicos porque coexiste con otro factor tan aceptado que normalmente pasa inadvertido: el carácter general de los precios. Pocas veces reparamos en que, cuando pasamos por caja en el supermercado, el precio de lo que nos llevamos es insensible a nuestro nivel de renta, de manera que el mismo bien cuesta más a unas personas que a otras, no porque les cobren más por comprarlo, sino porque representa un mayor porcentaje de sus (menores) ingresos. Las respuestas de los poderes públicos y la sociedad civil a las crisis de precios suelen esquivar esta fuente de injusticia y, en su lugar, compensar sus efectos mediante inversión pública y privada, como las tarjetas monedero con las que el gobierno pretende financiar la compra de alimentos básicos y productos de higiene a hogares con pocos recursos (Gobierno de España 2024). Si bien estas medidas alivian las dificultades de los menos aventajados para adquirir alimentos básicos, existen alternativas más próximas a la raíz del problema y con importantes ventajas en términos de justicia.
Desde la Administración pública, la manera más inmediata de intervenir sobre lo que cada consumidor paga por un producto es modificar los tipos del IVA, como ocurrió recientemente con su rebaja al 0% para algunos tipos de alimentos (Agencia Tributaria 2024). Con ellas, se busca limitar el coste de los productos esenciales para quienes tienen menos, evitando que tengan que hacer frente a esa parte de su precio que se corresponde con los gravámenes estatales. Pero, aun asumiendo (tal vez ingenuamente) que estas rebajas consiguieran efectivamente abaratar el coste de los productos de primera necesidad, siempre lo harían sacrificando parte de los ingresos tributarios del Estado, los mismos ingresos que sirven, en último término, para financiar otros recursos de apoyo a quienes están peor.
Thomas Ubrich, equipo Estudios de Cáritas Española
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En los últimos meses, una nueva crisis de tipo inflacionario ha agravado una situación social y económica todavía muy inestable e incierta como resultado de la crisis social y sanitaria asociada a la COVID-19.
La inflación ha ido creciendo hasta alcanzar máximos no vistos en 37 años y en julio ascendía al 10,8%. La Comisión Europea estima que cerraremos el año 2022 con una inflación global del 8,1%, y parece ser que llega para quedarse, ya que según la OCDE este dato seguirá en máximos en España, al menos, hasta el año 2024.
Toda la sociedad, empresas y familias, se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida: los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. El aumento de los precios erosiona el valor de los salarios y ahorros reales, empobreciendo así a las familias. Pero sin duda, de nuevo los más vulnerables son los más afectados. Los hogares de ingresos bajos y medios son generalmente más vulnerables a la alta inflación que los más ricos, debido a la respectiva composición de sus ingresos, activos y en particular de sus canastas de consumo.
Así, si el aumento del costo de la vida nos impacta a todos, este aumento que afecta particularmente al precio de los alimentos, la vivienda y el transporte, afecta más a las personas y familias más pobres, por la importante participación que estos gastos ocupan en su presupuesto. Los gastos esenciales (vivienda + alimentación + transporte) suponen reservar 61€ de cada 100€, y por tanto reducir a 29€ de cada 100€ a otros gastos igualmente importantes y necesario como son el vestido y el calzado, las comunicaciones, la sanidad, la educación y un largo etcétera.
Además, si desglosamos los datos de inflación, se ve que las mayores subidas de precios corresponden a los productos y servicios esenciales. Así, la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas…) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, igual que la partida de transportes. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.
Proporción de los ingresos destinados a vivienda y alimentos según nivel de ingresos de los hogares
Esto supone que las familias deben dedicar casi toda su capacidad de gasto a cubrir las necesidades más básicas: vivienda, alimentación y transporte. Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales (el 31,7% del total de hogares) destinaban a estas tres partidas 61 de cada 100 de los euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100 euros que ingresen. Peor les iba a las familias con ingresos menores a 1.000 euros (el 14,8% del total de hogares en España), que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación y que al finalizar el año superaran los 80 de cada 100 euros.
Proporción de gastos esenciales (vivienda+alimentos+transporte) en 2021 y simulación de 2021+IPC a junio, según nivel de ingresos de los hogares
La crisis inflacionaria nos plantea nuevamente el reto de una reforma profunda de nuestro sistema de protección social. Por un lado, necesitamos medidas urgentes capaces de paliar y mitigar el sufrimiento actual de las personas más vulnerables. Y por otro, es también esencial mejorar las políticas que protegen a los más vulnerables y luchan con medidas preventivas contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.