Marta Llobet Estany

Paula Durán Monfort

Claudia Rocío Magaña- González

Araceli Muñoz García

Eugenia Piola Simioli

Profesoras y integrantes del Equipo de Investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables. Escuela de Trabajo social – Universidad de Barcelona

El artículo aborda los efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas y por las respuestas que están abriendo brechas en el modelo hegemónico de ayuda alimentaria. Es una investigación de carácter exploratorio sobre la precarización alimentaria y su incidencia en el bienestar en el contexto de la crisis económica del 2008. El trabajo de campo se ha realizado en dos barrios de Barcelona, entre el 2015 hasta 2020. Se empleó una metodología cualitativa, pasando de métodos más convencionales a metodologías participativas en las etapas finales.  A partir de los resultados se reflexiona sobre la necesidad de transformar el actual modelo de ayuda alimentaria para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación en el marco de una mayor igualdad y justicia social.

Introducción

Asegurar el alimento y la subsistencia diarios aparece en el imaginario colectivo como un problema de los países del Sur. Sin embargo, en los países del Norte global se está lejos de erradicar la privación y precariedad alimentaria de una parte importante de la población. En el contexto de las últimas crisis económica y sanitaria, la respuesta [1]basada en el incremento de dispositivos de ayuda alimentaria, amortigua la situación, pero no la resuelve y repercute negativamente en el bienestar de las personas.

La pandemia pone de relieve que el tema de la precarización alimentaria no es un problema coyuntural, sino que requiere de medidas estructurales y políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y que no consideren la inseguridad alimentaria como una dimensión más de pobreza, sino como un hecho social en sí mismo.

El objetivo de este texto es compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de una investigación realizada en dos barrios de la ciudad de Barcelona, desde el 2015 hasta el 2020. El trabajo de campo incluyó la participación de residentes de los barrios (personas mayores, familias migrantes y familias monoparentales); profesionales de los servicios sociales y de salud y de entidades de acción social y activistas vinculados a diferentes iniciativas comunitarias. La metodología cualitativa consistió en entrevistas y grupos focales en las primeras etapas y a partir de la tercera etapa, en la que las propias personas interpelaron el proceso, se incorporaron métodos más participativos.

El texto se estructura en cuatro apartados. El primero analiza la precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar de las personas; el segundo presenta las estrategias adoptadas por las personas para afrontar las situaciones de precariedad alimentaria y los impactos que genera la solicitud de ayuda alimentaria; el tercero aborda las diferentes concepciones de la alimentación y el tipo de respuestas que se articulan en torno a ellas; el cuarto presenta una reflexión final acerca de la necesidad de transitar hacia otro modelo de intervención e investigación (Muñoz, et al. 2021) que sitúe el derecho a la alimentación en el centro, desde una perspectiva de igualdad y justicia social.

1. La precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar

El aumento del desempleo y la precariedad generados a partir de la crisis económica del 2008[2] en España, y concretamente en Barcelona, han incidido en el agravamiento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Los efectos de estos procesos van más allá de la dimensión económica y afectan múltiples esferas de la vida social de las personas (Zurdo y López, 2013). Estos itinerarios de descalificación y exclusión impactan en las diferentes dimensiones del bienestar de las personas: material, corporal, relacional, decisional y temporal (Fournier, Godrie y McAll, 2014)[3].

La dimensión material se ve afectada por la situación económica, laboral y habitacional, lo que afecta también a la dimensión corporal repercutiendo en la salud física y mental de las personas. La falta de control sobre el acceso a los alimentos debilita la autonomía de los sujetos y su poder decisional, lo que puede generar estrés y depresión, así como diferentes enfermedades crónicas (Garthwaite, Collins y Bambra, 2015). Este escenario afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus tiempos y a sus formas de organización doméstica (Durán et al., 2021). También, repercute en la dimensión relacional ya que puede modificar tanto la dinámica familiar como las interacciones sociales. Impacta en la dimensión decisional, al producir el debilitamiento en la capacidad de tomar decisiones. En cuanto a la dimensión temporal, se afectan las rutinas cotidianas y los tiempos de vida (Fournier, Godrie y McAll, 2014).

Estos procesos afectan todas las dimensiones del bienestar e inciden también en la alimentación (Llobet et al., 2020b) favoreciendo, la emergencia de situaciones de inseguridad alimentaria (Heflin, London y Scott, 2011). También limitan el acceso físico, social y económico de las personas a los alimentos y su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades y particularidades alimentarias de las personas (Pollard y Booth, 2019). De esta manera, las familias tienen que adaptarse al hacer la cesta de la compra o en el consumo, ante la escasez de recursos económicos y la situación de privación material (Díaz Méndez, García Espejo y Otero Estévez, 2018). Por otro lado, los procesos también tienen efectos en la dimensión sociocultural, ya que puede generar cambios en las formas de vida habituales (Medina, Aguilar y Fornons, 2015). Se produce, por tanto, una transformación de los procesos y prácticas alimentarias, en los cuales las personas tienen que desarrollar diversas estrategias de afrontamiento (Gracia, 2015).

2. Estrategias de afrontamiento y la visibilización pública de la demanda de ayuda alimentaria

Las personas con las que se ha reflexionado sobre los impactos que causa la precarización alimentaria ponen en marcha estrategias cotidianas para hacer frente a los diversos impactos de las crisis, eligiendo diferentes opciones diferenciadas a lo largo de las etapas del proceso alimentario (obtención, elaboración y consumo) (Llobet, et al. 2019). La pérdida de la capacidad adquisitiva afecta negativamente tanto al volumen de alimentos consumidos como su variedad. Por ello, en la fase de obtención de alimentos se ven afectadas las rutinas, la periodicidad y organización de los tiempos dedicados a comprarlos. Esto es visible en los espacios a los que acuden las personas, sobre todo en busca de ofertas. En muchas ocasiones se prioriza el precio como criterio de elección y compra de alimentos. A su vez, se realizan ajustes entre lo que se consume y compra con la finalidad de minimizar el gasto y evitar el desaprovechamiento, por ejemplo, adquirir marcas blancas u ofertas en alimentos frescos.

En la fase de elaboración de alimentos el modelo de comida se desestructura, sobre todo simplificando la comida ternaria. Se elabora un solo plato para que todas las personas puedan alimentarse. Es decir que se privilegia el consumo de todos los miembros de la unidad familiar y se prioriza el no desperdicio de alimentos, provocando que ese mismo plato se termine o se desarrolle la cocina de aprovechamiento. Otra estrategia es la adopción de un patrón alimentario basado en alimentos de bajo coste que se caracteriza por alimentos altamente calóricos y grasas que genere sensación de saciedad. Otra estrategia es la sustitución de alimentos frescos por congelados, el cual reduce el coste del presupuesto familiar. Estas estrategias producen la reducción de la calidad de productos consumidos y de la cantidad ingerida en cada comida, lo que obliga a la creatividad para diversificar las maneras de preparar comidas.

Un efecto en el consumo de alimentos es la disminución del número y/o frecuencia de las comidas realizadas a lo largo del día. En muchas ocasiones se suprimen comidas, como el desayuno o se simplifican. A su vez, aparecen diferencias en el consumo: por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres dejan de consumir alimentos para amortiguar el impacto de la escasez alimentaria en los más jóvenes.

Todas estas estrategias tienen efectos a nivel físico y psicológico de las personas, en muchas ocasiones provocan malnutrición (desnutrición o sobrepeso) y también genera ansiedad alimentaria. Esta última hace referencia a que las personas muchas veces están preocupadas por resolver una necesidad básica que impacta en el estado mental dada la incertidumbre alimentaria.

La solicitud de la ayuda para la alimentación afecta de maneras muy diversas y negativas a las personas. El modelo de ayuda benéfico-asistencial hegemónico concibe su función como una concesión o un don alimentario. Al enmarcar la solicitud de ayuda como un acto caritativo, que no sólo reproduce la idea de la superioridad moral de la persona o entidad que realiza este acto, sino que implica un gesto de poder que produce la humillación de las personas que son beneficiarias de dicha ayuda (Cary y Roi, 2013). Esto a su vez conlleva el desarrollo de estigma y vergüenza social para las personas que solicitan ayuda. Si bien las ayudas pueden proporcionar alivio inmediato, pero no resuelven la demanda, no aseguran una buena nutrición, ni garantizan el uso de alimentos adecuados a la cultura (Riches, 2011). La caridad alimentaria ofrece una respuesta ineficaz a la pobreza alimentaria (Riches y Tarasuk, 2014),

Otro efecto de este tipo de repuestas es la individualización de la pobreza y su vivencia en el espacio privado. Este proceso refuerza la visión del hambre como un problema circunscrito a la familia o al individuo y que se atiende mediante soluciones individuales, obviando la perspectiva estructural y macrosocial de las relaciones de poder que existen entre individuos y grupos sociales (Riches, 2011). Las personas se convierten, desde esta perspectiva, en responsables de la situación de desigualdad social que viven (McAll, 2017) y la perpetuación de esta situación se presenta como consecuencia del éxito o fracaso personal de los mismos individuos y de sus acciones (Berti et al., 2017). Eso tiene un impacto importante en las personas, que se sienten culpables, infantilizadas y maltratadas por mensajes las culpabilizan de su situación (Rouillé d’Orfeuil, 2018).

3. Concepciones de la alimentación y respuestas a la precarización alimentaria

En el trabajo de campo realizado se identificaron tres tipos de respuestas para hacer frente a la situación de precarización alimentaria, llevadas a cabo por instituciones públicas, tercer sector, sector privado e iniciativas de tipo ciudadano (Llobet et al., 2020a). Para establecer esta clasificación, se tuvieron en cuenta las concepciones de la alimentación asociadas a cada tipo de práctica y su efecto sobre el bienestar de las personas.

El primer tipo lo componen las prácticas tradicionales, que son aquellas que ya se venían realizando antes del inicio de la crisis económica del 2008, y constituyen el modelo hegemónico de la ayuda alimentaria. En el contexto de crisis, este tipo de prácticas se ha planteado como una solución de emergencia para las personas que se encuentran en una situación de precarización o exclusión social (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí y Viladrich, 2019).

Estas prácticas se asientan en una perspectiva asistencialista que supone la concesión de un don que no implica reciprocidad (Berti et al., 2017), ya suelen consistir en la distribución de un pack de alimentos. Se trata de una medida lejana de la idea de la alimentación debe ser un derecho reconocido que permita transformar las desigualdades en materia alimentaria (Riches, 2011).

Este tipo de prácticas se fundamenta en una concepción de la alimentación como una necesidad exclusivamente biológica, desvinculada de otros aspectos de la vida de las personas (McAll et al., 2015). La seguridad alimentaria se entiende, desde esta visión, como el simple acceso de las personas a los productos alimentarios. Esta perspectiva reduce a los individuos a bocas que deben ser alimentadas, y oculta la complejidad de este hecho social y los diferentes elementos que rodean la alimentación y la definen, como el género, la edad, la posición social y la salud (McAll, 2017).

El segundo tipo de prácticas son las denominamos nuevas, que emergen en el contexto de crisis como respuestas para mejorar algunos aspectos de las prácticas de ayuda alimentaria tradicionales, pero sin cuestionar en profundidad el modelo. Este tipo de prácticas incorpora aspectos que pretenden mejorar el circuito y las formas de distribución de la ayuda alimentaria, como es el caso de la tarjeta monedero. Este recurso facilita el que las familias vayan a comprar directamente a los comercios, incrementen su capacidad de elección y de compra (Baquero, 2015) y tengan acceso a una mayor diversidad alimentaria.

Estas prácticas buscan efectos más amplios en las diferentes dimensiones del bienestar. En la dimensión material favorecen el acceso al alimento; en la dimensión decisional, toman en cuenta las particularidades alimentarias de las personas; en la dimensión corporal, contemplan la importancia de que los alimentos respondan a las necesidades nutricionales y en la dimensión relacional, reconocen la alimentación como acto social.

Estas prácticas pretenden ofrecer una respuesta más global, desde una concepción de la alimentación biopsicosocial -biológico, social y cultural- (Contreras y Gracia, 2005). La dimensión cultural que atraviesa la alimentación es un elemento fundamental, reconocido por los profesionales y activistas que trabajan desde las iniciativas ciudadanas, que señalan que la reducción de la pobreza alimentaria tiene que contemplar el acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable (Pomar y Tendero, 2015).

El cuestionamiento de las prácticas tradicionales o de estas nuevas prácticas da origen a las respuestas alternativas que se construyen desde un enfoque de derecho, de autonomía y de soberanía alimentaria. Son iniciativas que abordan la inseguridad alimentaria desde una perspectiva comunitaria y social. Por un lado, subrayan que las desigualdades en materia alimentaria constituyen una responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, reivindican que las prácticas consideren todas las partes del sistema alimentario (producción, procesamiento, distribución y consumo) (Jacobson, 2007) y contemplen los aspectos económicos, políticos y ambientales (Kaiser et al., 2015).

Estas prácticas conciben la alimentación de manera holística y complejizada y promueven un impacto global en las cinco dimensiones del bienestar de las personas a medio y largo plazo. Los huertos comunitarios o las cocinas colectivas constituyen ejemplos de este tipo de prácticas, que plantean no sólo humanizar la experiencia de las personas, sino reconocer los procesos de autonomía en torno a la alimentación (Booth et al., 2018). Estas prácticas se alejan de la concepción tradicional de la ayuda como una forma de caridad y plantean que la inseguridad alimentaria y los procesos de precarización que la producen constituyen una cuestión política que debe tener cabida en el debate público y la acción democrática (Riches, 1999).

4. El reto colectivo de avanzar hacia otras respuestas

Las desigualdades sociales en materia alimentaria se han agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y de la crisis sanitaria de 2020. Las denominadas colas del hambre son apenas el emergente visible de la injusticia social consolidada en nuestra sociedad. En este sentido, es necesario analizar las respuestas tanto en su capacidad de romper con la persistencia y agudización de las desigualdades como en su posible participación de la reproducción de la estructura social desigual.

Como hemos señalado, consideramos necesario transformar el enfoque con que se piensan y se llevan a cabo las respuestas. En primer lugar, se trata de frenar los efectos de la precarización alimentaria mantenida a lo largo del tiempo genera no sólo en las cinco dimensiones del bienestar global de las personas, sino también en el deterioro de la autoestima y la identidad generando un desempoderamiento. De este modo, la fragilización, vulnerabilización, culpabilización e invisibilización de las personas que se encuentran en situación de precarización alimentaria refuerza los procesos de discriminación, estigmatización y reducción identitaria.

En segundo lugar, la forma en que se organizan las respuestas debe ser repensada. Existen evidencias (Heck, y Socquet-Juglard, 2020; Payant-Hébert, 2013; Duchemin, et al., 2010.) acerca de los beneficios que suponen las respuestas que contemplan la participación y organización de las comunidades como una forma de pasar de una concepción individualizada de la alimentación a la colectivización y politización del hecho alimentario. Si bien este tipo de respuestas no inciden en todas las dimensiones del bienestar, es importante ahondar en el estudio de las prácticas nuevas y las alternativas desde una mirada microlocal situada en los barrios tanto para conocer los factores que favorecen este tipo de procesos, como su alcance en cuanto a solventar adecuadamente las necesidades existentes en el territorio.

En tercer lugar, actualmente se considera que el derecho a la alimentación de las poblaciones más desfavorecidas se resuelve a través del sistema de ayuda alimentaria. Este sistema, al depender en gran medida del actual sistema agroindustrial, facilita el acceso a los productos alimenticios, pero lo hace de forma insuficiente en términos de cantidad, calidad, diversidad y duración en el tiempo. Si lo que se busca es avanzar hacia una alimentación justa y sostenible, tal como propone la Agenda Global 2030, será necesario revisar los sistemas de ayuda alimentaria que tal como están estructurados no garantizan un cumplimiento digno del derecho a la alimentación.

En cuarto lugar, en relación al tema de las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia esta transición, la transformación del Programa Europeo FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a la población más desfavorecida), puede ser una oportunidad para orientar esos fondos al apoyo de la transformación de las respuestas favoreciendo las iniciativas colectivas y comunitarias que eviten los procesos de individualización de la precarización alimentaria, teniendo en cuenta las experiencias a escala local que puedan ser extrapolables a contextos más amplios.

Bibliografía

Baquero, C.S. (11 de febrero de 2015). Barcelona dará 100 euros mensuales a 7.500 menores vulnerables. El País. https://elpais.com/ccaa/2015/02/11/catalunya/1423673745076862.html

Berti, F., Duran, P., Fournier, A., Llobet, M., Magaña, C. R., Mazaeff, C., McAll, C., Myaux, D., Ngnafeu, M., Peñafiel, M., Régimbal, F., Rondeau, S.O., Serré, A., Soucisse, F., y Villet, C. (Collectif en sécurité alimentaire du Réseau des villes et régions laboratoires du CREMIS) (2017). “Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire”. Revue du CREMIS, 10(1), 44-51.

Bonzi, B. (2019). “Dilemme de l’aide alimentaire et conflits de normes”. Socio-anthropologie, 39, 67-82.

Booth S., Pollard C., Coveney J., y Goodwin-Smith I. (2018). «Sustainable» rather than “Subsistence” Food Assistance Solutions to Food Insecurity: South Australian Recipients’ Perspectives on Traditional and Social Enterprise Models. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2086. https://doi.org/10.3390/ijerph15102086

Cary, P., y Roi, CR. (2013). “L’assistance entre charité et soupçon. Sur la distribution alimentaire dans une petite ville du Nord de la France”. Revue du MAUSS, 41(1), 327-346. https://doi.org/10.3917/rdm.041.0327

Contreras, J., Gracia, M. (2005). Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Barcelona, Ariel.

Díaz Méndez, C., García Espejo, I., y García Otero, S. (2018). “Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de la privación alimentaria en tiempos de crisis”. EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 40, 85-105.

Duchemin, E., Wegmuller, F. y Legault, A.-M. (2010). “Agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le développement des quartiers”. [VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement, 10 (2), 0–0.

Durán, P., Muñoz, A., Llobet, M., y Magaña, C. (2021). “Alimentación y desigualdad en Barcelona: itinerarios de precarización y respuestas ante la crisis”. Revista de Antropología Social, 30(2), 151-165.

Garthwaite, K., Collins, P.J., y Bambra, C. (2015). “Food for thought: An ethnographic study of negotiating ill health and food insecurity in a UK  foodbank”.  Social Science & Medicine, 132, 38-44. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.019

Gómez Garrido M., Carbonero Gamundí, M.A., y Viladrich A. (2019). “The role of grassroots food banks in building political solidarity with vulnerable people”. European Societies, 21(5), 753-773. https://doi.org/10.1080/14616696.2018.1518537

Gracia Arnáiz, M. (2015). “Comer en tiempo de crisis: Nuevos contextos alimentarios y de salud en España”. Revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya, 15, 155-159.

Heck, I. y Socquet-Juglard, F. (2020). “La participación de ciudadanos en el desarrollo de un proyecto de seguridad alimentaria desde una perspectiva reflexiva”, Anthropology of food, s15.

Heflin, C., London, A.S., y Scott, E.K. (2011): “Mitigating material hardship: The strategies low income families employ to reduce the consequences of poverty”. Sociological Inquiry, 81(2), 223-246.

Jacobson, M. (2007). “Food Matters: Community food assessments as a tool for change”. Journal of Community Practice, 15(3), 37-55.

Kaiser, M L., Himmelheber, S., Miller, S., y Hayward, R.A. (2015). “Cultivators of Change: Food Justice in Social Work Education”. Social Work Education, 34(5), 544-557. https://doi.org/10.1080/02615479.2015.1063599

Laparra, M., y Pérez Eransus, B. (2012). Introducción. En M. Laparra, E. Pérez (coords.), Crisis y fractura social en Europe. Causas y efectos en España (p. 10-13). Barcelona, Obra social La Caixa.

Llobet, M., Durán, P., Magaña, C.R., y Muñoz, A. (2020a). “Respuestas, prácticas y formas de intervención en Trabajo social: (Re)pensando entre todos los actores la ayuda alimentaria en Barcelona”. En E. Sobremonte de Mendicuti, A. Rodríguez Berrio (eds.), El Trabajo social en un mundo en transformación. ¿Distintas realidades o nuevos relatos para la intervención? (Tomo I., p. 317-352). Valencia, Editorial Tirant Lo Blanc.

Llobet, M., Durán, P., Magaña, C.R., Muñoz, A., y Piola, E. (2020b). “Précarisation alimentaire, résistances individuelles et expériences pratiques: regards locaux, régionaux, transnationaux”. Anthropology of food, S15.  https://doi.org/10.4000/aof.10931

Llobet, M., Durán, P., Magaña, C. R., y Muñoz, A. (2019). “Alimentación y crisis en Barcelona: precarización, estrategias de afrontamiento y sus respuestas”. En M. Llobet, P. Durán, CR. Magaña, A. Muñoz (Coord.), (Re)pensando los retos alimentarios desde las ciencias sociales (p. 77-105). Barcelona, Editorial UOC.

McAll, C. (2017). “Des brèches dans le mur: inégalités sociales, sociologie et savoirs d’expérience”. Sociologie et sociétés, 49 (1), 89-117.  https://doi.org/10.7202/1042807ar

McAll, C., Van de Velde, C., Charest, R., Roncarolo, F., McClure, G., Duperé, S., Régimbal, F., Lupien, P.L., Llobet, M., Duran, P., Mazaeff, C., Villet, C., Ngnafeu, M., y Berti, F. (2015). “Inégalités sociales et insécurité́ alimentaire: Réduction identitaire et approche globale”. Revue du CREMIS 2(8), 28-34.

Medina, X., Aguilar, A., y Fornons, D. (2015). “Alimentación, cultura y economía. Los efectos de la crisis socioeconómica en la alimentación en Cataluña (España)”. Sociedade e Cultura, 1(18), 55-64.

Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134. https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/article/view/326/175

Payant-Hébert, Renaud (2013). La contribution des jardins collectifs urbains contre l’insécurité alimentaire, Mémoire de maîtrise (Études urbaines), Québec, INRS http://espace.inrs.ca/2450/1/Payant-Hebert_Renaud_MA_2013.pdf

Pollard, C., y Booth, S. (2019). “Food Insecurity and Hunger in Rich Countries – It Is Time for Action against Inequality”. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(10), 1804. https://doi.org/10.3390/ijerph16101804

Pomar, A., y Tendero, G. (2015). Ja volem el pa sencer. Respostes a la pobresa alimentària en clau de sobirania alimentària. Barcelona, ASAC.

Riches, G., y Tarasuk, V. (2014). “Canada: Thirty years of food charity and public policy neglect”. En G. Riches, T. Silvasti (Eds.), First World Hunger Revisited (p. 42-56) London, Palgrave Macmillan.

Riches, G. (2011). “Thinking and acting outside the charitable food box: hunger and the right to food in rich societies”. Development in Practice, 21(4-5), 768-775. https://doi.org/10.1080/09614524.2011.561295

Riches, G. (1999). “Advancing the human right to food in Canada: Social policy and the politics of hunger, welfare, and food security”. Agriculture and Human Values, 16(2), 203-211.

Riches, G. (2002). “Food banks and food security: welfare reform, human rights and social policy lessons from Canada”. Soc. Policy Adm., 36 (6), 648e663.  https://doi.org/10.1111/1467-9515.00309

Rouillé d’Orfeuil, H. (2018). “États généraux de l’Alimentation, des travaux pratiques grandeur nature pour une mise à jour des politiques publiques”. Forum, 153 (1), 6-10. https://doi.org/10.3917/forum.153.0006

Zurdo, A., y López de la Nieta, M. (2013).  “Estrategias e imágenes sobre la crisis en el espacio social de la “nueva pobreza”. Representaciones sociales y atribuciones causales”. Cuadernos de relaciones laborales, 31 (2), 383-433. http://dx.doi.org/10.5209/rev_CRLA.2013.v31.n2.43224

[1] Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134.

[2] El artículo ha sido elaborado en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, cuando hacemos referencia a la crisis, nos referimos a la iniciada en el año 2008, ya que no podemos contemplar las consecuencias que esta emergencia sanitaria y social ha producido en la población, cuestión que pretendemos abordar en el futuro.

[3] McAll, Fournier y Godrie (2014) identifican cinco dimensiones del bienestar: la material, la relacional, la corporal, la decisional y la temporal, como quedan reflejadas en el texto. Estas dimensiones han sido exploradas en: Llobet, Durán, Magaña et al. (2019).

Número 10, 2022

Raquel Martínez Buján, Doctora en Sociología y Profesora del Dpto de Socioloxía e Ciencias da Comunicación de la Universidade da Coruña

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Este proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el período 2021-2024, explora las posibilidades de la comunidad como una esfera desde la que se pueden articular programas públicos de cuidados de larga duración y desde la que es posible integrar una participación ciudadana en el diseño y gestión de servicios sociales. Su redacción tuvo lugar durante el proceso de la pandemia de la Covid-19, cuando se puso en evidencia tanto la relevancia de todas las actividades relacionadas con la reproducción social, como el potencial de las redes colaborativas para afrontar las situaciones del cuidado cotidiano de una manera ágil y flexible. De ello es ejemplo la rápida y exitosa configuración de grupos de apoyo mutuo y de acción vecinal durante el confinamiento en numerosas áreas urbanas (Diz et al., 2022). De esta manera, se ha visualizado una vez más, al igual que ya sucedió después de la Gran Recesión de 2008, que existe un agotamiento de los servicios sociales convencionales para dar resupuesta a los nuevos riesgos sociales  (aquellos que han surgido de los cambios sociales y económicos de las últimas décadas: precariado, envejecimiento, conciliación laboral y familiar, cuidado social…) y los límites de los programas públicos para responder con dinamismo a las necesidades sociales (por ejemplo, cuidados paliativos y soledad no deseada, entre otras). De hecho, los modelos de intervención dominantes de corte individual están siendo cuestionados por su incapacidad para dar respuesta a los problemas sociales emergentes y crece el interés por métodos y prácticas de corte comunitario. Su reorientación se está produciendo de diferentes formas, ya sea incorporando fórmulas comunitarias de intervención, métodos de investigación-acción comunitaria (Suárez-Balcazar, 2020) o modelos emergentes como la co-creación (Osborne, 2018), desde los que está creciendo una relevante literatura para su desarrollo en el ámbito del envejecimiento (Zúñiga, 2020).

Es en este contexto de desigualdad social en el que están surgiendo nuevas reflexiones sobre cómo gestionar los recursos públicos, qué prácticas pueden detener la privatización de los mismos y, cómo puede propiciarse la restauración de aquellos que ya se habían conseguido anteriormente. De esta manera, en los últimos años se ha producido una relevante y asentada literatura científica centrada en caracterizar la comunidad como una esfera de provisión de cuidados, ámbito que había sido menos explorado en los debates académicos sobre bienestar. Además, entre algunos grupos sociales se están ensayando fórmulas reales de autogestión que se articulan en torno a valores colectivos y que transcienden a las habituales opciones institucionalizadas. Estas iniciativas han sido especialmente relevantes en el ámbito de los cuidados como es el caso de las viviendas colaborativas de mayores (co-housing) (Artiaga, 2021) y de los grupos de crianza infantil (Martínez-Buján et al., 2021). Todas ellas pueden considerarse como una reactivación de la esfera de la comunidad. También se están poniendo en marcha distintas experiencias cooperativas animadas por las administraciones públicas, sobre todo las de carácter local, alrededor de cuestiones básicas como salud y provisión de cuidados. Es ahí donde destacamos iniciativas de los programas Radars en Barcelona para paliar la soledad no deseada (Moreno, 2018) o las supermanzanas, iniciativa que tiene como objetivo la autogestión del SAD por parte de sus propias trabajadoras (Moreno, 2021). También se encontrarían los programas Madrid, ciudad de los cuidados (Barbero, 2017) y los bancos de tiempo (Del Moral, 2018). Este cuidado en lo comunitario más que un concepto normativo de partida, se plantea bajo una comprensión amplia que incluye experiencias de cooperación. Se trata de prácticas muy heterogéneas cuyos confines no siempre son claros; a veces remiten a procesos autogestivos basados en la afinidad y la elección, mientras que en otras ocasiones se entrelazan con servicios del Estado y de organizaciones particulares. Más que un recorte preciso como algo absolutamente diferenciado con respecto a otros ámbitos (familias, Estado y mercado) lo comunitario se organiza en procesos híbridos en los que se toca con instancias públicas, economías monetarias o relaciones de parentesco (Vega, et al., 2018:24).

De esta manera, mientras que la respuesta política a la crisis de los cuidados ha consistido en la creación LAPAD cuya aplicación ha sido muy restringida, se ha producido una creciente conciencia de que este tipo de medidas no son capaces de responder a todas las necesidades de sostenimiento que surgen en el transcurso de la vida. De hecho, la respuesta de la ciudadanía tanto, ante la crisis generada por la pandemia, como con la que se propició tras la Gran Recesión, ha sido la de organizarse en grupos de apoyo a personas en situación de fragilidad. Si en el caso de la crisis económica se centró en actuaciones para afrontar la especulación inmobiliaria y el desempleo, en esta ocasión, las acciones se desplegaron para apoyar a las personas mayores desde una lógica local y comunitaria, proporcionando, para aquellos que vivieron en soledad el encierro, comidas preparadas y compañía por medios telemáticos. Para la población en su conjunto también se crearon las denominadas cajas de resistencias, se cosieron mascarillas de tela para el personal sanitario en hogares particulares y se crearon bancos de alimentos. Y es que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado tanto la necesidad de la interdependencia humana para la sostenibilidad de la vida como la emergencia de la comunidad en contextos de crisis.

El contexto actual parece haber puesto aún más de manifiesto la importancia que la participación tiene en la vida social y comunitaria para posibilitar los cuidados de larga duración en el entorno de la vida cotidiana. Además, estudios recientes nos alertan de que la pandemia parece estar teniendo un impacto negativo en lo que a edadismo y percepción social de la vejez se refiere, (Ehni y Wahl, 2020) así como está generando o acrecentando la tensión intergeneracional (Meisner, 2021). La participación comunitaria se presenta aquí, una vez más, como un elemento fundamental no solo para la mejora de la calidad de vida, sino para la cohesión social. Paradójicamente, ante amenazas y riesgos de dimensiones planetarias como la pandemia de la Covid-19, parte de la solución parece pasar por volver la mirada hacia lo más cercano, hacia la comunidad local.

En este proyecto planteamos analizar el potencial que estas redes y dinámicas tienen para continuar realizando esta labor en un escenario post-crisis y articularse como una esfera de provisión del cuidado que podría fomentarse desde las administraciones públicas. Optimizar esta función, pasará necesariamente por tejer este ámbito con el resto de esferas que proporcionan atención y en asignarle un rol bien definido dentro del modelo de cuidados de larga duración. Esto requerirá investigación y desarrollo en este ámbito, ya que implica enfrentar ciertos debates y dificultades, como son la consideración o no de la comunidad como derecho, el establecimiento de mecanismos que aseguren un estándar de seguridad y calidad mínimo en la provisión, así como la generación de espacios desde los que se posibilite su interrelación con el resto de esferas que participan en la provisión de cuidados y bienestar. De esta manera, el proyecto profundiza en la capacidad de estas prácticas encardinadas desde la comunidad para promover alternativas al modelo de cuidados. En concreto, la investigación se detiene en cuatro de ellas: 1) la vivienda colaborativa de personas mayores (co-housing), 2) las cooperativas de trabajadoras de cuidados, 3) grupos autogestionados para paliar situaciones de vulnerabilidad y fragilidad consecuencia de la pandemia y 4) programas públicos de bienestar que tienen una base comunitaria. Así se incluye el ámbito comunitario en las cuatro esferas del modelo de cuidados: la familiar y de convivencia, la de trabajo, la de la sociedad civil y la pública.

El análisis de los efectos de la Covid-19 en el modelo de cuidados supone una evaluación de los servicios sociales y de las políticas públicas destinadas a esta finalidad durante la pandemia, pero también de las consecuencias que este fenómeno ha dejado de manera perdurable en el propio sistema. De esta manera, los resultados del proyecto pueden convertirse en herramientas prácticas que generen alternativas a las situaciones de refamiliarización y precarización laboral que se encuentran en el sector del cuidado social. Consideramos que sus resultados podrían convertirse en cuatro productos susceptibles de transferencia social, orientados a:

1. Diseñar nuevas fórmulas desde las que gestionar de manera más sostenible y equilibrada el trabajo de cuidados remunerado tanto el que se desarrolla en los servicios sociales como el que se desempeña en los hogares. Eso supone mejorar la calidad de atención de estos recursos públicos y abaratar los costes de las excesivas tramitaciones burocráticas y de gestión en las que se encuentra inmerso el ámbito del cuidado social.
2.  Valorar los recursos de cuidados que las familias consideran más adecuados para afrontar la asistencia de las personas mayores y dependientes y como éstos se articulan con los servicios públicos, privados y comunitarios del entorno. Evidentes consecuencias pueden advertirse sobre la calidad de vida de la población y ofrece pistas de qué servicios deben potenciarse desde las empresas (preferentemente de enconomía social) y de las administraciones públicas.
3. Diseñar soluciones a las necesidades de cuidados basadas en esquemas de innovación social, marco desde el cual se promueve la acción comunitaria.
4. Contribuir a construir políticas más sensibles hacia las necesidades de la ciudadanía, de las personas implicadas, que incorporen su participación en la gestión y que contribuyan a mantener comunidades más fuertes y cohesionadas.

Referencias bibliográficas

Artiaga, A. (2021). “Cuidados comunitarios y gobierno común de la dependencia: viviendas colaborativas de personas mayores”. Revista Española de Sociología, 30(2): a29.

Barbero, FJ. (2017). “Experiencia 1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados”. Documentación Social, 187: 161-175

Del Moral, L. (2018). “Desfamiliarizar, desprivatizar. Bancos de tiempo, sostenibilidad de la vida y nuevos comunes en el Sur de Europa”. En C. Vega, R. Martínez-Buján y M. Paredes (eds.), Experiencias y vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el Sur de Europa. Madrid: Traficantes de Sueños: 209-231.

Diz, C. et al. (2022). Caring democracy now: neighborhood support networks in the wake of 15M. Social Movement Studies (en prensa).

Ehni, H., Wahl, H., (2020). “Six Propositions against Ageism in the COVID-19 Pandemic”. Journal of Aging & Social Policy, 32(4-5): 515-525

Martínez-Buján, R. et al. (2021). “Experiencias colectivas de cuidados durante la infancia: dinámicas, debates y tensiones”. Revista Española de Sociología, 30(2): a31

Meisner, B. (2021). “Are You OK, Boomer? Intensification of Ageism and Intergenerational Tensions on Social Media Amid COVID-19”. Leisure Sciences, 43(1): 56-61.

Moreno, S. (2018). “La acción comunitaria y los cuidados a domicilio”. En: C. Vega, R. Martínez-Buján y M. Paredes (eds.), Experiencias y vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el Sur de Europa, Madrid: Traficantes de Sueños: 169-178.

Moreno, S. (2021). “Construyendo comunidad desde lo público: el caso de las Superilles Socials”. Revista Española de Sociología, 30(2): a27.

Osborne, S. (2017). “From Public Service-dominant Logic to Public Service Logic: Are Public Service Organizations Capable of Co-production and Value Co-creation?” Public Managament Review, 20(2): 225-231

Suárez-Balcazar, Y. (2020). “Meaningful Engagement in Research: Community Residents as Co-creators of Knowledge”. American Journal Community Psichology, 65(3-4): 261-271

Vega, C. et al. (2018). Cuidado, Comunidad y Común. Madrid: Traficantes de Sueños.

Zuniga, M. (2020). “La comunidad del siglo XXI. Un marco interpretativo desde la perspectiva del Trabajo Social”. Cuadernos De Trabajo Social, 33(2): 197-219.

Número 10, 2022

Joan Subirats

Catedrático Ciencia Política UAB

La gran sacudida generada por la pandemia global ha acelerado procesos de cambio que ya se habían iniciado, alterando ritmos de adaptación y transición. En algunos casos, ha sido muy visible (teletrabajo, compra on line, cierre de comercios en decadencia…). En otros, la restructuración en marcha se ha consolidado e incrementado (precariedad y alto ritmo de sustitución laboral, automatización de procesos, uso generalizado del big data…). Pierde peso el factor humano al devaluarse su contribución a los procesos productivos.

En los próximos años, uno de los elementos clave en ese proceso de transformación será la capacidad de los sistemas políticos de mantener la significación de la contribución humana en las dinámicas de inteligencia artificial, machine learning y automatización generalizada en las que estamos ya entrando de manera acelerada. Si solo hablamos de innovación y no de progreso, de desarrollo humano, de mejora del bienestar colectivo, estamos dejando de lado el factor humano, la construcción de sentido que toda innovación debería contener para no ser solo algo que mejore cuota de mercado o rentabilidad de un fondo de inversión.

La capacidad sustitutoria de la Inteligencia Artificial aplicada a procesos de todo tipo parece no tener límites. Más allá de los trabajos de bajo valor añadido, de carácter mecánico o repetitivo, lo significativo es su impacto en procesos de notable complejidad como, por ejemplo, los diagnósticos médicos, los procesos de asesoría legal o labores que requieren grados de sofisticación que parecían muy alejados de lógicas maquinales, como los cuidados a personas mayores o enfermos. La cuestión no está tanto en qué trabajos están a salvo de las dinámicas de sustitución puestas en marcha, sino más bien de cuál es la especificidad de la aportación humana en este nuevo escenario. Las máquinas tomarán decisiones basadas en experiencias anteriores, en su capacidad de procesar de manera mucho más rápida que cualquier cerebro humano las alternativas posibles de solución y en su capacidad de aprendizaje y de contraste con lo que vaya aconteciendo, variando así sus puntos de partida. Pero, muchos de estos procesos concluyen en decisiones a tomar que deberían formar parte de lo que se entienda como correcto, como formando parte del sentido comúnmente aceptado en una comunidad concreta y en un momento dado.

Lo que, por tanto, resulta clave es entender si la dinámica de relación persona-máquina es complementaria o existe una lógica de subordinación. La complementariedad puede enriquecer las tareas a realizar y, al mismo tiempo, puede hacer más difícil deslocalizar la creatividad e innovación a otro lugar. Hemos de ser conscientes que estamos asistiendo en vivo y en directo a un cambio de estatuto de las tecnologías digitales. Los avances en inteligencia artificial demuestran la creciente capacidad de afrontar situaciones y problemas que van más allá de nuestra tradicional relación con las máquinas. Estamos entrando en situaciones en las que los sistemas computacionales más avanzados son capaces de decirnos qué es lo correcto, cuál es la verdad. Y ello no es casual, sino que parte de los criterios de construcción del nuevo conglomerado maquinal: que se parezca a los humanos en su razonar, analizando alternativas, contrastando hipótesis, estableciendo diagnósticos, escogiendo la mejor opción a partir de los criterios de valor previamente elegidos. Y, a partir de todo lo cual, su enorme capacidad de cálculo y su capacidad de aprendizaje le permitirán ir más allá de lo que sus creadores habían previsto, sin que ni ellos mismos sean capaces de explicar ni la razón ni el itinerario por el cual se ha llegado a una decisión final.

Las potentes facultades de las máquinas les permiten desde sugerir conductas, hasta decidir entre alternativas u obligar a que la conducta de las personas se adapte a lo que se entiende como correcto (como ya sucede en ciertos sectores donde los gestos concretos a hacer vienen predeterminados y son controlados de manera precisa). Ese establecimiento de las conductas correctas tienen además el añadido de obedecer a criterios básicamente utilitaristas, destinados a conseguir mayor eficiencia en los procesos específicos.

La dinámica de aceleración constante que tiene la vida contemporánea viene determinada por esa lógica de progreso indefinido, de destrucción creativa, que es más que nunca la lógica del capitalismo de la innovación tecnológica, conservando la dinámica hype (dirigida a alimentar un consumo contante basado en expectativas renovadas) y manteniendo las desigualdades sociales que se vayan generando fuera del campo de visión y de interés de la innovación. En esa lógica, la dinámica impuesta por la tecnología de la inteligencia artificial reduce al mínimo el tiempo humano de la comprensión y de la reflexión, del aprendizaje individual y colectivo, poniendo en duda, en definitiva, la capacidad de decidir libremente.

Lo que necesitamos reivindicar de la inteligencia humana colectiva no es únicamente la posibilidad de llegar al máximo de capacidad de raciocinio a partir de unos parámetros predeterminados y de un constante desafío consigo mismo. Lo que resulta insustituible es precisamente la pluralidad de subjetividades, la contradicción entre distintas perspectivas, distintos sistemas de valores, distintas inteligencias. Es en ese quehacer colectivo y plural desde dónde surge la capacidad de superar algo tan humano como la incertidumbre y la búsqueda de soluciones comúnmente aceptadas. Dando un sentido a lo que se decide y se hace. Es pues en la construcción de sentido dónde tenemos gran parte de los dilemas políticos y democráticos de esta nueva época.

Número 8, 2021