La Garantía de Ingresos como Derecho de Ciudadanía
Ernesto García López, antropólogo social y cultural. Programa Desigualdad Cero – Oxfam Intermón
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La Garantía de Ingresos constituye una de las herramientas principales para luchar contra la pobreza y la carencia material severa. En un país como España, con una de las tasas de pobreza y desigualdad más elevadas de Europa, este instrumento se revela como una pieza esencial dentro de la arquitectura de las políticas de protección social. Por eso, con la aprobación definitiva de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, se dio un paso muy significativo en esta dirección, siendo una medida largamente esperada por algunas capas de la sociedad, lo cual generó grandes expectativas de cara a su despliegue.
Han pasado casi tres años y se vuelve necesario analizar cómo ha sido su puesta en marcha. Los datos no parecen demasiado alentadores. El Ingreso Mínimo Vital solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Así lo afirma el informe publicado el pasado mes de febrero de 2024 por parte de la ONG Oxfam Intermón y el centro de pensamiento Future Policy Lab, según el cual esta prestación podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando solo a los dos puntos de reducción.
El estudio, titulado La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del Ingreso Mínimo Vital y su articulación con las Rentas Mínimas autonómicas: una estimación[1], se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Además de evaluar la tasa de cobertura de la prestación, el informe estima el potencial del IMV y los programas autonómicos para reducir la pobreza y la desigualdad. De realizarse las pertinentes mejoras en el IMV para aumentar su tasa de cobertura, la pobreza severa en España podría reducirse en más de cinco puntos desde el 8,7% actual, llegando prácticamente a erradicarse en Madrid o País Vasco. Sin embargo, esta reducción de la desigualdad y la pobreza no se está produciendo.
Según el estudio (elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Álex G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin), esto se debe a problemas de dos tipos. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos. Por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.
A través de un análisis comparativo de tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Madrid), el estudio muestra que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, como ocurre en el País Vasco. En sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares. En un punto intermedio, en Cataluña las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.
[1] Disponible en: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/garantia-ingresos-derechos-ciudadania