El modelo migratorio español y el desafío de la irregularidad: razones éticas y prácticas para la reforma
Por Gonzalo Fanjul y Cristina Fuentes
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Palabras clave: derechos humanos, inmigración, irregularidad, mercado laboral, migración, unión europea
Gonzalo Fanjul Suárez, director de investigaciones de la Fundación porCausa
Cristina Fuentes Lara, profesora ayudante doctora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa
Puedes encontrar en Twitter a Gonzalo Fanjul y a Cristina Fuentes
En las tres últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales países de destino de la inmigración en Europa. La definición de nuestro modelo ha estado marcada por la deriva del conjunto de la UE, con algunas particularidades. La gestión de la inmigración irregular ilustra bien las contradicciones del sistema y la necesidad de reforma.
La migración es un hecho natural, la población mundial se ha ido moviendo desde su propia existencia y se ha perpetuado durante siglos. Centrándonos únicamente en el siglo XXI, estas primeras décadas se han caracterizado por una alta movilidad geográfica, en la que el punto diferencial respecto a otras épocas es la movilidad entre distintos continentes.
Las causas de la migración es una disciplina altamente investigada (Castles, 2010; Aruj, 2008; Abu-Warda, 2008; Micolta León, 2005). Sin embargo, para este artículo se van a destacar dos que resultan especialmente significativas. En primer lugar, los efectos de la globalización, como es: el desarrollo de las tecnologías, sobre todo, la generalización de las formas de comunicación -redes sociales y softwares de comunicación-; la reducción de los precios y de la duración de los vuelos internacionales; y el desarrollo económico desigual -aumento de las diferencias entre los países del Norte Global y del Sur Global-.
En segundo lugar, los factores intrínsecos de los países o de regiones concretas que incentivan movimientos de población. Estos factores pueden ser conflictos bélicos como la guerra en Afganistán (2001 y 2022), la guerra de Birmania (2005), el conflicto armado en Malí (2012 y 2019), la guerra de Sudán (2013), la guerra de Siria (2015), el conflicto de Yemen (desde 2015 hasta la actualidad), el conflicto bélico en Nigeria (2016) o la guerra de Somalia (desde 2016 hasta la actualidad). Existen otras circunstancias que, sin ser conflictos bélicos directos, generan desplazamientos de la población como las primaveras árabes (2010), la situación de Venezuela (desde 2017), y los migrantes climáticos que se desplazan a causa de la sequía y la hambruna.
El efecto que tienen los movimientos migratorios sobre los cambios sociales, jurídicos, económicos, culturales, demográficos y políticos son indudables, tanto es así que define a las migraciones internacionales como hecho social por excelencia (Soriano-Miras y Sobczyk, 2018). Sin embargo, si bien la movilidad de población es un fenómeno natural los derechos de las personas migrantes no están totalmente reconocidos al existir trabas para regularizar su situación administrativa; y es que, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce la migración como derecho su aplicación práctica no lo garantiza como tal.
La migración como hecho social se ha caracterizado en España por una legislación tardía y no exenta de polémica; tanto es así, que en multiplicidad de ocasiones se ha empleado como arma política y electoral. La primera ley de extranjería en España data de 1985, como un requisito obligatorio de la Unión Europea -anteriormente conocida como Comunidad Económica Europea (CEE)- para que España ingresará dentro de la UE. La lógica radica en que al convertirse España en un país de la UE las personas extranjeras que residían en España eran automáticamente europeos. De tal forma, que España creó una ley de extranjería que se adaptará al acervo comunitario y pasó a ser la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Fuentes-Lara, 2019).
La problemática de esta ley vino de dos factores. Por un lado, la ley no tuvo en consideración que existía población residente e incluso que había nacido en Ceuta y Melilla que no tenían documentación española, y, por ende, no podían regularizar su situación administrativa y justificar la nacionalidad española; y pasaban a ser consideradas como personas extranjeras (Soddu, 2002). Este hecho provocó manifestaciones de gran calado en Ceuta y Melilla. Por otro lado, el movimiento asociativo calificó esta ley como la más dura de Europa en materia migratoria. El motivo no era otro que el hecho de que la Ley 7/1985 estaba enfocada hacia un tratamiento policial y de control de la migración restringiendo los derechos de las personas migrantes. Debido a que la ley contaba con deficiencias técnicas el Tribunal Constitucional señaló que la ley era inconstitucional. Eso sí, pasaron 13 años desde la sentencia hasta la nueva Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Soriano-Miras, 2011).
La Ley 4/2000 introduce el concepto de integración social regido por el acervo comunitario. El Consejo de Tampere (1999) y el Tratado de Ámsterdam (2000) fijaron la necesidad de promover la integración de las personas migrantes como ciudadanía dentro del tejido social europeo. Este imperativo europeo en materia de migración, unido al interés del gobierno español socialista, dio lugar a la Ley 4/2000, que fue considerada de las más progresistas de Europa en materia migratoria (Relaño, 2004).
Esta ley dotaba a las personas extranjeras de los mismos derechos que la población nacional sin necesidad de permisos de residencia o de trabajo, se flexibilizan los trámites administrativos para conseguir los permisos; y al considerar igualdad de derechos también las personas extranjeras podían acceder a las prestaciones sociales. La igualdad manifiesta de la Ley 4/2000 estaba verdaderamente enfocada a alcanzar la integración real de las personas migrantes en España. Como señala Solanes (2008) la adquisición de derechos y libertades no puede considerarse como el fin de la integración sino el origen de la misma (p. 209). La Ley 4/2000 no se llegó a aplicar, ni siquiera se elaboró el Reglamento de ejecución de la legislación. Antes de ello se inició la reforma de la ley ya que el Partido Popular ganó las elecciones.
La reforma de la Ley 4/2000, que se denominó Ley 8/2000 recupera el espíritu de la Ley de 1985 al poner el foco de atención en el control de los flujos migratorios y realizar la diferenciación a la hora de la concesión de derechos entre migrante irregular, es decir, aquel que no tiene la documentación administrativa para residir en España en vigor, y migrante regular, que es aquella persona que cuenta con permiso de residencia o de trabajo. La Ley 8/2000 no fue respaldada por ningún partido político -a excepción del PP-, y el tercer sector se movilizó bajo los lemas papeles para todos y todas y ningún ser humano es ilegal (Fuentes-Lara, 2021).
El movimiento social de rechazo a la Ley 8/2000 aglutinó a medio centenar de asociaciones, organizaciones religiosas de la Iglesia católica y sindicatos, en lo que era abiertamente un retroceso en la legislación migratoria. Este movimiento de ciudadanía puede considerarse como el antecedente del movimiento de Regularización Ya. Las movilizaciones del tercer sector y partidos políticos llevaron a un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió dos años después, en la Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de marzo de 2003, donde se señalaba la inconstitucionalidad de 13 apartados del Reglamento.
La influencia de los partidos políticos en la elaboración de la legislación migratoria ha sido una tónica en la gestión de la migración en España. En 2004, con la llegada al Gobierno del PSOE se articuló un nuevo Reglamento -no reforma de Ley- el RD 2393/2004, de 30 de diciembre. Este reglamento se centra en el ámbito laboral aportando la novedad de la contratación de recuperación del sistema general de contratación como vía para la inmigración legal y la consagración del arraigo social y laboral para la regulación (Solanes, 2010).
El nuevo marco social y migratorio de España unido a la nueva jurisprudencia europea demandaban una nueva reforma de la Ley 4/2004. La Ley 2/2009 presenta: a) cambio en los flujos migratorios laborales marcando el factor de la capacidad de acogida de trabajadores migrantes irregulares según las necesidades del mercado laboral; b) aumentar la lucha contra la migración irregular; c) fortalecer la integración; y d) adaptar la ley a las competencias laborales de las comunidades autónomas. La Ley 2/2009 no vuelve sobre la igualdad de la Ley 4/2000, en esta nueva reforma se marca la diferencia entre “ser” extranjero y “ser” nacional (Soriano-Miras, 2011) e introduce medidas a efectos prácticos como que las personas migrantes irregulares puedan empadronarse en los municipios, derechos de reunión y manifestación, concesión automática de la autorización de trabajo a las personas reagrupadas y protección del menor migrante.
Desde 2012 y hasta la actualidad no se ha emprendido ninguna reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Es cierto que el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elaborado un Reglamento para facilitar la inclusión de los menores migrantes tutelados una vez hayan alcanzado la mayoría de edad. También ha aprobado una reforma del Reglamento que facilita las condiciones de arraigo y la contratación en origen, entre otras medidas. En virtud de las manifestaciones del Ministerio y lo obsoleta que está la Ley 4/2000 no se descarta una nueva reforma o una nueva ley de extranjería (Fuentes-Lara, 2021).
Como hemos indicado anteriormente, la migración es un proceso racional, sujeto a incentivos reconocibles y, hasta cierto punto, predecibles. Si el incremento de los conflictos, la persecución política o los desastres naturales han multiplicado las magnitudes del desplazamiento forzoso durante los últimos años, en el caso de las migraciones económicas las razones de la movilidad humana están relacionadas, primordialmente, con la expectativa de ingreso y con las oportunidades de empleo en destino. Otros factores –como la existencia de diásporas, la distancia, el idioma y, claro está, las facilidades legales– juegan un papel importante a la hora de determinar el destino de los flujos, pero no reemplazan nunca a los dos primeros como vectores fundamentales.
Lo que esto significa es que un sistema de puertas semi-cerradas –es decir, ausencia generalizada de oportunidades de migración legal– como el que impera en Europa puede llevar a encarecer, alargar o encanallar las rutas migratorias, pero difícilmente lograrán contener el grueso de los flujos. Porque la alternativa a un sistema con oportunidades de migración no es la ausencia de movilidad humana, sino la migración irregular.
España es un ejemplo ilustrativo de este proceso. Las etapas recientes de dinamismo económico y creación de empleo –sobre todo en sectores de cualificación baja y media– atrajeron a nuestro país a un número sin precedentes de trabajadores y trabajadoras, que llegaron en parte con sus familias. Aunque la inmensa mayoría de estas personas accedieron de manera regular –como trabajadores, turistas o solicitantes de asilo– una parte fue condenada a la irregularidad sobrevenida al carecer de permiso de residencia y trabajo. Cuando la oportunidad de trabajar desaparecía, los flujos de migración económica se adaptaban de forma natural (ver gráfico adjunto).
El gráfico adjunto muestra la evolución de la inmigración irregular en nuestro país durante los últimos años. Esta sigue, en general, una tendencia similar a la de los flujos regulares. Los números absolutos crecieron durante los primeros años de la pasada década y cayeron de forma abrupta desde 2005: primero como consecuencia de la regulación extraordinaria que se produjo ese año, después debido a los efectos de la Gran Recesión en el mercado de trabajo y en el atractivo de nuestro país como destino de la inmigración. Los años 2013 y 2014 marcaron el suelo de ambas tendencias en las dos últimas décadas, con cifras absolutas de irregularidad entre las 10.000 y las 77.000 personas. (Gálvez Iniesta 2020)
Desde entonces hasta ahora, los números no han hecho más que crecer. De acuerdo con las estimaciones más recientes (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2022), entre 475.000 y 514.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2020. Esto significa que en torno al 13,4%-14,5% de los migrantes extracomunitarios (8,7%-9,5% sobre el total de inmigrantes) que viven en nuestro país están en situación irregular. La mayoría de estos migrantes (70%) procede de países de América Latina como Colombia y Honduras (los venezolanos se han beneficiado de un permiso de residencia temporal por razones humanitarias). África juega un papel menor en este fenómeno: solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, a pesar de que esta región aporta el 34% del total de extranjeros en España. Marruecos es el principal país de la región, con el 6% de las personas en situación administrativa irregular.
Las consecuencias de un fenómeno de esta magnitud son tanto éticas como prácticas. La carencia de papeles supone un grave factor de vulnerabilidad social, sobre todo considerando que una de cada cuatro personas en situación irregular tiene menos de 19 años y seis de cada diez son mujeres, la mayor parte empleadas en sectores donde abunda la explotación laboral, como el de los cuidados. Aunque carecemos de datos específicos de pobreza para los migrantes sin papeles, sabemos que el riesgo de exclusión severa en las personas extranjeras es tres veces más alto que el de los nacionales (FOESSA 2022), lo que sugiere una situación extremadamente delicada. Aunque el sistema español protege sobre el papel derechos fundamentales de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa, la realidad es que existen todo tipo de barreras prácticas al acceso a la justicia, la salud o la educación.
Desde el punto de vista práctico, la irregularidad constituye lo más parecido a un disparo en el pie. Un trabajador informal (nacional o extranjero, con papeles o sin ellos) es un actor económico activo, pero incompleto. Su trabajo y su contribución al progreso de la economía son reales, como lo son sus contribuciones a través del consumo y los impuestos indirectos. Tienen el potencial de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la productividad, y, si son jóvenes, apuntalan la pirámide demográfica por su base (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2020).
Estos trabajadores, sin embargo, carecen de la oportunidad de realizar contribuciones fiscales directas a través del IRPF y de las aportaciones –propias y del empresario– a la Seguridad Social. La Fundación porCausa hizo en 2020 una estimación de este coste de oportunidad, que se elevaba, de media, a los 3.250 euros netos por trabajador y año (Gálvez-Iniesta 2020).
Todo este conjunto de razones éticas y prácticas, así como el hecho de que las regularizaciones han sido una herramienta habitual de la política de Estado en el pasado, conforman la base de la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha a finales de 2021. La campaña Esenciales, una coalición de cerca de 800 organizaciones sociales entre las que destaca el movimiento migrante Regularización Ya, sustenta esta ILP con el propósito de entregar al Congreso al menos 500.000 firmas antes de final de 2022. En el momento de escribir estas líneas, el número de firmantes ya ha superado los 450.000.
Hasta ahora, la respuesta del Gobierno a esta demanda social ha sido ambigua. Por un lado, niegan la posibilidad de realizar una regularización extraordinaria –utilizando argumentos dudosos, como una supuesta prohibición europea–; por otro, han introducido una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que flexibiliza las condiciones de arraigo e introduce una nueva forma de arraigo por formación. En la práctica, los expertos consideran que esta es una regularización encubierta que permitirá a decenas de miles de trabajadores obtener un permiso de residencia y trabajo. La medida, sin embargo, no solo resulta menos inmediata que una regularización extraordinaria, sino que deja fuera por ahora a un grupo tan significativo como el de los menores de edad no trabajadores.
La situación de irregularidad a la que está condenada medio millón de personas en nuestro país constituye una constatación del fracaso del sistema. En una peligrosa lógica bulímica, el sistema de puerta semicerrada atrae a trabajadores y desplazados forzosos a los que no permite residir de manera legal, pero a los que eventualmente tendrá que regularizar. Esta lógica magnifica el sufrimiento de quienes la padecen y multiplica los costes para el conjunto de la sociedad.
El sistema debe ser reformado sin que eso signifique perder el control de nuestras fronteras. Entre la situación actual y una supuesta política de puertas abiertas existen numerosas posibilidades para hacer la regulación migratoria más justa y más inteligente. Estas alternativas comienzan por reforzar el compromiso de España con el marco legal internacional en materia de protección, pero pasa también por programas de movilidad laboral más abundantes, predecibles y garantistas con los derechos de las trabajadoras. Este es el camino que ha tomado, tímidamente, el Gobierno con su reforma más reciente, y es el camino que debe proponer a Europa y a los países que, como Alemania, comparten necesidades similares para los próximos años.
Abu-Warda, Najib. «Las migraciones internacionales.» ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones (2008): 33-50.
Aruj, Roberto S. «Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica.» Papeles de población 14.55 (2008): 95-116.
Castles, Sthephen. «Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales.» Migración y desarrollo 8.15 (2010): 49-80.
Fanjul, Gonzalo e Ismael Gálvez-Iniesta. Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España. Fundación porCausa (2020).
Fanjul, Gonzalo e Ismael Gálvez-Iniesta. “Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles”. Fundación porCausa (2022).
Fuentes Lara, Cristina (2021). Intervención social con personas inmigrantes. En Martínez-López, J.A. y Caravaca-Llamas, C. “Protección e intervención social con colectivos específicos” (pp. 263-285). Valencia: Tirant-Humanidades.
Fuentes Lara, Cristina (2019). La situación de las mujeres españolas en la frontera sudeuropea. El caso de Ceuta. Madrid: CIS.
Fundación FOESSA. “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid19 en España. Colección de estudios 50”. (2022)
Galvez-Iniesta, Ismael. “The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular immigration in Spain”. Universidad Carlos III (2020).
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2009/10/30/12
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20824-20829.pdf
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Micolta León, Amparo. «Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales.» Trabajo social 7 (2005): 59-76.
Relaño, Eugenia (2004). Los continuos cambios de la política de inmigración en España. Migraciones Internacionales, 2(3), 110-141..
Soddu, Pietro (2002). Inmigración extracomunitaria en Europa: el caso de Ceuta y Melilla. Ceuta: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Solanes, Ángeles (2008). Vías ordinarias de regularización de extranjeros. En: Cabeza, Jaime y Mendoza, Natividad. Tratamiento Jurídico de la Inmigración (pp. 185-216). Albacete: Bomarzo.
Solanes, Ángeles (2010). Un balance tras 25 años de leyes de extranjería en España: 1985-2010. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 90, 77-101.
Soriano Miras, Rosa María (2011). Análisis sociológico de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras y su integración social. Sus reformas (8/2000, 11/2003, 14/2003, 2/2009), Papers, 96 (3), 683-705.
Soriano Miras, Rosa María y Sobczyk, Rita (2018). La migración internacional. En Iglesias de Ussel, Julio et al., (coord.). La sociedad desde la sociología. Una introducción a la sociología general (pp. 659-686). Madrid: Tecnos (segunda edición).
Palabras clave: migración, proceso migratorio, salud mental, vulnerabilidad y exclusión social
Ana Cristina Nápoles, Cáritas Diocesana de Zaragoza
Paco Pardo García, Cáritas Diocesana de Girona
Las personas que hoy día se ven obligadas a recurrir a la migración como salvoconducto a una vida mejor, más digna, más justa, se ven expuestas a un viaje físico y emocional de enorme desgaste. La experiencia migratoria, como acontecimiento vital, implica una resiliencia especial para hacer frente a todas las dificultades y obstáculos, que la realidad más voraz pone ante el inmigrante, haciendo que la vulnerabilidad aparezca de manera constante en el proceso migratorio de estas personas, obligándolas a lidiar con estresores diarios que provienen desde todos los ámbitos de la sociedad y con los que la persona inmigrante debe mantener un intenso pulso para evitar el colapso de su salud física y mental. Desde Cáritas, la acogida, atención y acompañamiento de esta realidad es una prioridad sin reservas y un deber como comunidad.
Si tuviéramos la máquina del tiempo que describe el escritor británico Herbert George Wells en su libro The Time Machine (Londres 1895), el reto sería volver atrás en el tiempo, y buscar a los primeros homínidos de África Central, aquellos primeros antepasados de nuestra especie, los australopitecos, y hacerles una pregunta muy básica: ¿por qué os movéis de un lado a otro?, ¿lo hacéis solos, en grupo? ¿Qué buscáis?, ¿por qué ahora?, ¿cómo os sentís? ¿Qué problemas os encontráis?
Migrar parece algo innato, ¿lo tenemos incorporado en nuestro ADN?, Joseba Achotegui, psiquiatra y psicoterapeuta con larga trayectoria en el campo de las migraciones nos recuerda, que los humanos descendemos de seres que, a lo largo de la evolución, han emigrado exitosamente muchas veces, por lo que poseemos capacidades para adaptarnos a los cambios migratorios. La movilidad de nuestra especie ha sido más la norma que la excepción[1]. Si es así, y tenemos esa capacidad innata para movernos, para buscar un ambiente mejor, con más recursos, con un clima que nos satisfaga entre otras necesidades o motivaciones, ¿qué pasa cuando la persona migra y tiene ante sí unas leyes que se lo impiden, se lo dificultan, lo estigmatizan? y si vamos más allá, una vez que la persona ha llegado a su ubicación, a su Dorado, ¿por qué se les ve como una amenaza? ¿por qué sus derechos se ven continuamente vulnerados? ¿Cómo esta carrera de obstáculos afecta a nivel mental y emocional de la persona migrante?.
Los procesos migratorios no son fáciles, son complejos, poliédricos, forzados y ponen en juego la resiliencia y la capacidad de las personas para hacer frente a este desafío vital. El impacto psicológico para los migrantes es importante y saber acompañar estas situaciones es fundamental para su bienestar, el de las personas que dependen de ellas y también para la sociedad de acogida.
En este artículo pretendemos explicar qué significa hoy día migrar para las personas, cómo afecta a la salud mental del migrante cada etapa de su proceso migratorio y, por último, dar pistas o mostrar qué acciones se pueden incorporar, potenciar, a nuestra acción social, para reforzar la resiliencia que todo y toda migrante lleva en su mochila y que necesita poner en práctica.
En la víspera de mi partida, pasé un rato hablando con mi mujer y especialmente con mi madre, porque sabía que iba a pasar algún tiempo antes de que volvieran a saber de mí. No quería que sospecharan que estaba a punto de iniciar una travesía para la que no había ninguna garantía de éxito[2].
Este extracto del libro de Kalilou Jammeh, es testimonio en primera persona y una prueba más, del desafío vital que supone hoy día salir o huir de un país y querer buscarse la vida en otro. Continuamente somos testigos de esa carrera de obstáculos, haciendo de algo que siempre fue natural en el ser humano, una auténtica odisea bien propia del libro de Homero.
León y Rebeca Grinberg en Migración y Exilio[3] comentaban que la migración, en cuanto experiencia traumática, podría entrar en la categoría de los así llamados traumatismos acumulativos y de tensión, con reacciones no siempre ruidosas y aparentes, pero de efectos profundos y duraderos. En el hecho de migrar en relación a la psique, todo dependerá de la personalidad del sujeto previa al viaje y de un sin fin de circunstancias que harán que ese proceso tenga un devenir u otro.
El relato y testimonio de los migrantes, nos proporciona imágenes de deshumanización continua de maltrato y violencia en las fronteras más calientes de nuestro planeta, en ese tránsito hacia la tierra prometida,[4] con rupturas familiares, exclusión o llegados a su destino, con la reacción antiinmigración de personas y partidos políticos con actitud claramente racista, o de unas leyes de extranjería que van a contracorriente de una Declaración de los Derechos Humanos muchas veces cerrada en un cajón.
Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que son un total de 281 millones de migrantes internacionales (datos 2020), un 3,4% de la población mundial, que se han visto obligados y obligadas a buscarse la vida fuera de su país natal. A esta cifra hay que añadir los 84,9 millones de personas desplazadas (refugiados solicitantes de asilo, desplazados internos) que se vieron obligadas por conflictos armados, persecución política, orientación sexual, cambio climático, entre otros, a abandonar su cuna natal y probar suerte en otra tierra [5].
Todos estos factores piden a sus protagonistas, un esfuerzo titánico a nivel mental y emocional. Un viaje donde lo físico se mezcla con los sentimientos, en el que el relato de lo vivido marcará un antes y un después en sus vidas y en las vidas de aquellos que dejaron temporalmente.
No poder satisfacer unas necesidades tan básicas como las que se describen en este artículo 25.1, provoca la sensación de la que hablaba Martin Seligman en sus estudios sobre indefensión aprendida. Ese miedo para algunos es paralizante haga lo que haga nada cambiará o es la oportunidad para huir de esa situación de vulnerabilidad, de esa falta de derechos básicos, la solución para muchos y muchas de estas personas se hallará en la migración, en formato legal o clandestino, lo que exigirá a la persona un esfuerzo mental de responsabilidad sin garantías. Simplemente PARTIR-HUIR.
Esta situación va a iniciar toda una larga lista de estresores que la persona encontrará en el camino, todo dependerá de cómo la persona gestionará esos momentos y a quién va a tener a su lado para acompañarle en esa toma de decisiones vitales de efecto inmediato.
Cuando ese miedo del que hablamos no viene provocado por lo económico o por la falta de oportunidades del contexto y sí por la sensación real de persecución por motivos de género, orientación sexual, religión, ideas políticas o por miedo a morir en un conflicto armado, como es una guerra, son esos estresores los que movilizan a la persona o la paralizan: irse o quedarse, continuar igual o lanzarse a una aventura de riesgos y situaciones que mental y emocionalmente pasarán factura.
En esa decisión forzada a partir, a huir, ya se dan las primeras rupturas con las que va a lidiar más tarde la persona que migra en forma de duelos. La familia y seres queridos, la lengua que uno habla por la que se verbalizan lo que uno siente, la cultura y sus costumbres, la tierra y su paisaje, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, los riesgos para la integridad física. En esos momentos la persona se encuentra en un tránsito vital que le exige una desgaste enorme de energía y le obliga a seguir adelante, paralelo al objetivo esencial que es llegar a ese país, a esa ciudad, a ese refugio soñado en el que espera encontrar la solución a sus problemas y a la de los que se han quedado en origen. Una misión de vida y unas expectativas que más tarde por desgracia deberán adaptarse a una realidad con la que la persona no contaba y deberá lidiar.
Qué fácil es viajar como un turista cuando sabes que te esperan con los brazos abiertos, todo lo contrario cuando ese viaje se realiza en condiciones precarias, con intermediarios que dan nulo valor a la vida de las personas y si al codiciado dinero, un viaje lleno de penurias, violencia física y psíquica, con un desgaste emocional tremendo, en un anhelo de llegar al Dorado.
Quiero huir de mi pasado, de los sueldos de miseria y las mentes estrechas. Si me quedo aquí me tendré que casar y tener siete hijos como padre. Me sabe mal dejar a mi madre sola, porque todas mis hermanas ya están casadas. Pero no puedo seguir aquí, en una gasolinera en medio de la nada[7].
En este momento del proceso migratorio es importante mencionar como es este viaje para muchas mujeres[8], niñas y adolescentes. Son colectivos muy expuestos a la violencia, al crimen organizado, a la trata, a una vulneración flagrante de derechos humanos, necesitados de una protección en tránsito que muchas veces brilla por su ausencia, haciendo más peligrosa la situación y teniendo unas repercusiones psicológicas más que relevantes en forma de trauma que, si no se acompañan, condicionarán el resto del proceso migratorio.
Ante una nueva forma de vida, el clima (…) ruidos en fábricas y residencias, comidas, agitación, inseguridad en que se vive, los sacrificios que se hacen por ahorrar privándose de todo, etc. originan un fuerte problema de salud, perturbaciones nerviosas, casos de enfermos mentales, anemias[9].
Llegados a su nueva patria, ¿qué dificultades encuentra la persona que emigra? El Dr. Jorge Soler en su libro ¿Por qué lloran los inmigrantes? Sentirse enfermo lejos de casa, hace hincapié en el valor que le dan las personas migrantes a disponer de un buen estado de salud física, pero también mental, el inmigrante llega a nuestro país con un importante capital de salud[10]. ¿Qué les enferma? ¿Qué les hace llorar?, es aquí cuando el contexto social, la falta de derechos, de oportunidades, los obstáculos se amontonan y hacen que la persona se asfixie y caiga en situaciones de vulnerabilidad que dificultan los duelos de la migración (Achotegui 1999), haciendo que el proceso migratorio no avance, con las consecuencias que tiene para su protagonista y colateralmente, para las personas que dejó allí, pero también para la sociedad de acogida que es testigo de un sufrimiento mental arrollador e innecesario.
A la migración no se la debe ver como una causa de trastorno psíquico/mental, migrar no es sinónimo de trastorno, pero sí debemos considerar a la migración, al hecho de migrar, como un factor de riesgo para la salud mental y emocional de las personas que emigran (Achotegui[11]). Algunos migrantes pueden venir de su tierra de origen con alguna vulnerabilidad, como puede ser una enfermedad física, problemas de diversidad funcional, trastornos en el ámbito de la salud mental entre otras situaciones, que al añadir un acontecimiento vital como es una migración y todo lo que rodea a ésta, pueden dificultar el proceso migratorio y empeorar las vulnerabilidades que presentaban desde el país de origen.
Por otro lado, están todas aquellas personas que partieron de su país en un estado físico/mental bueno, sin ninguna vulnerabilidad físico/mental a destacar, y que debido a las dificultades y peligros del viaje y una vez en destino, la exposición a los estresores del contexto (actitudes racistas, ley de extranjería, vulneración de derechos fundamentales, entre otros obstáculos) a su intensidad y tiempo de exposición, pueden llegar a presentar síntomas del área de la depresión, de la ansiedad, reacciones psicosomáticas, signos de confusión que van a requerir una atención especial relacionada con la salud mental y emocional.
Los duelos de la migración se van a elaborar siempre y cuando se le permita a la persona poderlos gestionar y ello conlleva poder acceder a un trabajo digno, a una vivienda, a una atención sanitaria que le comprenda y respete su particularidad cultural, a oportunidades educativas, a participar de la comunidad, en el espacio político…, y actualmente muchos de estos muros empiezan por una ley de extranjería que hace difícil sortearlos, lo que obliga al/la migrante a vivir en una vulnerabilidad no deseada con efectos muy directos a la salud físico y mental. En el caso concreto de la salud, varios son los estudios[12] que hablan de cómo la llegada de personas migrantes no constituye grupos de riesgo específicos, sino que es la situación social de marginación, soledad, hacinamiento y pobreza que vive el migrante en su proceso migratorio, lo que contribuye a que presente determinadas enfermedades.
En este momento del proceso migratorio, la incertidumbre suele ser la tónica en el día a día de estas personas. ¿Dónde voy a buscar trabajo?, ¿tengo derecho o acceso a una vivienda? ¿Puedo participar en algún espacio social, político…? ¿A nivel educativo mis hijos pueden ir al colegio? entre otras preguntas que tienen alerta a la persona en un estrés continuo.
En ese contexto hay que hablar de la noche como momento en el que muchos migrantes más sienten sus duelos, es un momento duro a nivel emocional y psicológico (Achotegui, 2017)[13]. Al más puro estilo Dickens, pero salvando las diferencias, el migrante revive su particular Cuento de Navidad, pero sus visitas en la noche tienen que ver con la familia, los hijos, la soledad que uno vive, los problemas del día a día que impiden normalizar la situación. Es muy importante tener presente en nuestro trabajo y servicio a estas personas, cómo viven la noche y cómo se sienten.
Las redes de apoyo (Rascón Gómez, 2017)[14] en estos momentos también van a ser protagonistas y tendrán un papel fundamental que pueden ayudar mucho a las personas migrantes a sostener las adversidades y estresores de su particular viaje a la estabilidad. Potenciando la creación de redes de apoyo, se va a potenciar la resiliencia del migrante ayudándolo a recuperarse de situaciones en las que se ha visto vulnerable a nivel mental y físico. El contacto, la vinculación con otras personas es terapéutico.
Desde la infancia y a lo largo de nuestra vida, la cultura popular nos habla de no perder la esperanza, no perder la fe, ¿qué les da esperanza a los migrantes? ¿Qué idea, objeto o persona les ayuda a seguir día a día?
El proceso migratorio pasa factura a la esfera emocional del migrante, nada es gratuito y ese futuro soñado tiene un coste físico/mental que la persona va a relativizar, dado que lo contrario supondría asumir un fracaso del que no se está preparado ni se vislumbraba al inicio de esta aventura.
Llegados a este punto, es importante mencionar que los hijos e hijas de los migrantes tienen un papel muy relevante en la valoración del proceso migratorio de sus padres y madres. El estrés, la melancolía, la desesperación, los momentos de confusión entre otras emociones, sensaciones, percepciones y vivencias, pueden y deben quedar en un recuerdo que no altere el futuro; de ahí el necesario acompañamiento y apoyo psicológico que exige un acontecimiento de estas características. Si el ascensor social funciona con los hijos de los inmigrantes, el reto habrá tenido un sentido, por lo contrario, un clima familiar de resentimiento, de exclusión, de vulnerabilidad, de duelos y traumas no resueltos, afectará de lleno a la esfera emocional de toda la familia, recuperando viejos traumas y heridas de un viaje, de una situación que únicamente buscaba una oportunidad. Alejandro Portes nos avisa de lo importante que va a ser una buena adaptación psicosocial de los hijos e hijas de la migración dada la especial importancia por cuanto incide en sus logros y en su integración en otros ámbitos[15].
El contexto social, geopolítico y económico mundial fuerza a las personas a tomar la decisión de salir, huir, emigrar. En Cáritas somos agentes de ayuda y promoción de las personas, por tanto debemos ser sensibles a esta realidad y ser conscientes de cómo afecta a nivel psicosocial una continua exposición a la vulnerabilidad de derechos, a estresores continuos que imponen leyes, normativas y un contexto de control a las personas.
La acogida no es el único espacio para hablar de la esfera emocional. En cualquier otro servicio, acción, tenemos la oportunidad de hablar con las personas que han recorrido medio mundo y conviven con nosotros sobre cómo se sienten, qué añoran, qué esperanza y fe tienen ante el futuro. Preguntarles cómo viven su vulnerabilidad, compartir en comunidad sentimientos, pensamientos, esa esfera emocional, les ayudará y nos ayudará como personal voluntario y técnico a entender y comprender mejor el momento por el que pasa la persona en su proceso migratorio, haciendo mucho más efectiva y productiva nuestra acción.
Las personas migrantes deben encontrar en su nueva comunidad, los espacios necesarios para poder hablar y compartir. No se trata de los problemas de unos u otros, la vulneración de derechos es un asunto capital para todas y todos. Las emociones son universales y por tanto universal debe ser nuestra mirada hacia la migración.
Nuestra acción social a nivel proactivo, preventivo y de promoción, debe alejar a las personas migrantes de futuros trastornos, duelos mal elaborados o traumas. Importante la creación de programas psicoeducativos y psicosociales que incrementen los factores protectores y la salud mental de los migrantes, como pueden ser preguntas específicas dentro de la acogida que sondeen la esfera emocional, creación de grupos de empoderamiento, de apoyo psicológico, talleres de psicoeducación, espacios de participación que generan un ambiente de inclusión, espacios compartidos con la ciudadanía para hacer más comunidad y fortalecer la resiliencia de todas y todos..
Como interlocutores de las administraciones públicas, y junto a otras entidades y agentes sociales y promotores de salud, no es baladí que la salud emocional de las personas que atendemos en nuestras acciones es una prioridad. Respecto al ámbito de las migraciones es fundamental que estemos en espacios, mesas de diálogo y encuentros que permitan dar la cobertura necesaria en materia de bienestar emocional al hecho migratorio, trabajando en el marco de un plan de intervención comunitaria en el ámbito de las migraciones.
Cáritas tiene como una de sus misiones luchar contra la vulneración de los derechos de las personas. Las leyes de extranjería son herramientas que tiene un Estado para regular el flujo de migrantes en su territorio. Estas leyes son el estresor principal para los migrantes, unas leyes que dificultan el acceso a derechos esenciales, que tienen que ver con el bienestar físico y emocional de las personas. Nuestro trabajo en este ámbito debe ser evitar el olvido de esta situación dando voz a los participantes que sufren esta dificultad de acceso a derechos básicos inalienables.
Hacer eco de las dificultades de acceso a derechos básicos que tiene la población migrada es hacer eco de la justicia social necesaria para hablar de una ciudadanía inclusiva. La sensibilización y denuncia debe generarse desde la base, desde todos los proyectos y servicios que están en la trinchera. La vulneración de derechos tiene el efecto de enfermar física y emocionalmente, y en el caso de las personas que emigran supone que al hecho de dejar absolutamente todo ALLÍ, los estresores que padecen que no son pocos, les hacen vulnerables dando cabida a un tsunami emocional al que deben hacer frente y en el que va a ser fundamental nuestra acogida, atención y acompañamiento de esa fragilidad.
Formar a todos los agentes de Cáritas en la identificación de situaciones de riesgo para la salud mental y emocional de las personas que atendemos, es clave para entender la dimensión global de las problemáticas que presenta la persona. Voluntarios y personal técnico deben adoptar un rol de promotor de la salud frente a la vulnerabilidad. La migración provoca en sus protagonistas un desgaste físico y mental al que podemos ayudar a gestionar si sabemos poner en cada momento la palabra/s adecuadas a lo que sucede ante nosotros. La psicoeducación es una herramienta muy poderosa que permite ser conscientes de que nos pasa, ponerles nombre y apellidos a las sensaciones, pensamientos, emociones que experimentamos nosotros y las personas que atendemos.
Se ha de garantizar desde la administración que las personas que viven un proceso migratorio accedan a los mismos derechos que la ciudadanía, acceso a una vivienda, a un trabajo digno, a una educación de calidad, a una atención sanitaria universal, a una participación en la esfera pública, mientras se trabaja en ello, nuestro día a día en las Cáritas parroquiales es continuar en actitud preventiva y de promoción para evitar que los migrantes, como emprendedores sociales y portadores de ese ADN migratorio de antaño, queden expuestos a un bucle emocional negativo que empañe sus sueños expectativas, sus esperanzas de avanzar hacia su Dorado particular.
Achotegui, J. Emigrar en el Siglo XXI. El Síndrome de Ulises. Síndromes del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Ediciones El Mundo de la Mente.2010; pág. 24.
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[1] Achotegui, J. Emigrar en el Siglo XXI. El Síndrome de Ulises. Síndromes del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Ediciones El Mundo de la Mente.2010; pág. 24.
[2] Jammeh K. El Viaje de Kalilu. Plataforma Editorial. Barcelona. 2009; pág 24.
[3] Grinberg. L; Grinberg,R. Migración y Exilio. Biblioteca Nueva.1996; pág 25.
[4] Martínez.O. Los Migrantes que no importan. Icaria Editorial. 2010.
[5] Informe sobre las migraciones 2022. Organización Internacional para las Migraciones OIM. Pág 19.
[6] https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
[7] Belkacemi.L. Amazic. L’odissea d’un algerià a Barcelona. Llibres de l’Índex . 2005; pág 16. (traducción al castellano).
[8] Cortés Maisonave, Almudena. «Mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur: resistencias de género y violencias encarnadas». Anuario CIDOB de la Inmigración 2019 (noviembre de 2019), p. 128-140. DOI: doi. org/10.24241/Anuario CIDOB mi.2019.128.
[9] Babiano.J y Fernández Asperilla.A. La patria en la maleta. Historia social de la emigración española a Europa. Centro de Documentación de las Migraciones-Fundación 1º de Mayo. 2009; pág 98.
[10] Soler.J. ¿Por qué lloran los inmigrantes?. Sentirse enfermo lejos de casa. Editorial Milenio. 2009; pág 41.
[11] Achotegui.J. La inteligencia migratoria. Manual para inmigrantes en dificultades. NED Ediciones. 2017; pág 17-18.
[12] Jansá. JM. Inmigración Extranjera en el Estado Español. Consideraciones desde la salud pública. Rev. Esp Salud Pública 1998;72:168-168. Núm 3 Mayo-Junio 1998.
[13] Achotegui.J. La inteligencia migratoria. Manual para inmigrantes en dificultades. NED Ediciones. 2017; pág 111..
[14] Rascón Gómez. MT La importancia de las redes de apoyo en el proceso resiliente del colectivo inmigrante. Revista de Educação e Humanidades, ISSN-e 2182-018X, ISSN 2182-0171, Nº. 11, 2017, págs. 61-82
[15] Aparicio.R;Portes.A. Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes. Colección de Estudios Sociales núm. 38 Obra Social “La Caixa”. 2014; pág. 108.
Palabras clave: arraigo, derechos humanos, exclusión social, inmigración, irregularidad, mercado laboral, migración, salud mental, unión europea
Las causas que obligan a las personas migrantes y refugiadas a abandonar sus países de origen y emprender un camino en la mayoría de las ocasiones peligroso y con final incierto, son variadas. De forma general, las personas refugiadas se mueven por una necesidad de salvar sus vidas y las personas migrantes lo hacen en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Sin embargo, todas sufren las consecuencias de unos ordenamientos jurídicos de puerta estrecha que les condenan a vivir en la irregularidad en las sociedades de acogida durante años.
Resulta difícil comprender cómo es posible que haya ordenamientos jurídicos internacionales ampliamente ratificados que permitan la libre circulación de mercancías y capitales; pero no existan instrumentos similares para la libre circulación de las personas. En estos momentos, aunque la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU adoptaron en Marrakech el primer acuerdo global para avanzar en este sentido, prácticamente no ha habido avances, y persiste una ausencia flagrante de canales legales y seguros para la movilidad de las personas en el mundo. Esta situación estructural es la causa fundamental de la irregularidad de millones de personas en el mundo: al no poder llegar y establecerse en las sociedades de acogida sino es de forma irregular.
En relación con eso, Europa, y específicamente nuestro país, no es ajena a esta situación de cierre de fronteras y restricción de la movilidad humana, que produce un mayor enriquecimiento de las mafias, y una búsqueda de rutas alternativas cada vez más largas y peligrosas, para las familias y personas. Una vez llegan, la realidad a la que deben integrarse las personas no es nada halagüeña.
De hecho, distintos estudios evidencian que el modelo migratorio español y su marco legislativo está condicionado a las necesidades del mercado de trabajo, motivo por el cual se considera generador de exclusión social y de una propuesta integradora débil. Circunstancias que se entienden en nuestro modelo por los rasgos propios en los que más de un 20% de nuestro producto interior bruto (P.I.B), unos 250.000 millones de euros, se encuentra dentro de la economía sumergida. Es precisamente sobre este sustrato de vulnerabilidad en el que trabajan más de un 30% de los inmigrantes en nuestro país, en aquellos sectores necesitados de una gran cantidad de mano de obra en condiciones precarias (servicio doméstico, cuidados, hostelería, agricultura, construcción, etc.).
Por ello, algunos autores señalan que España está generando un modelo propio dentro de los modelos de integración, que ha venido en denominarse un modelo patchwork de integración, que consiste en no tener un desarrollo normativo claro, ni dirigido, y que se viene configurando con cierta dosis de improvisación, y que tiene en su extremo más doloroso, el rostro de las personas en situación administrativa irregular.
El Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EASIE/ CSIC) ha concluido en un reciente trabajo de investigación sobre las percepciones de los españoles hacia el colectivo inmigrante, que actualmente el rechazo antinmigrante es claramente minoritario en nuestro país y que siguen prevaleciendo actitudes benévolas o neutras hacia la inmigración y los inmigrantes.
Sin embargo, esta coexistencia tranquila, e incluso, de relaciones cordiales, aunque distantes, se sustenta sobre un sustrato éticamente cuestionable. La población de origen inmigrante continúa ocupando las peores posiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad, como refleja el estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas en colaboración con la Fundación FOESSA y Cáritas.
En ese último peldaño es donde precisamente se encuentran las personas en situación administrativa de irregularidad. Desde hace tiempo Cáritas viene alertando sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de sus programas y recursos en todo el país.
La destrucción de empleo y la condicionalidad de nuestro marco jurídico al mercado laboral está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas familias y personas migrantes, que, al no encontrar un empleo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular.
Pese a la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno que supone un avance orientado a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, esta reforma perpetúa el enfoque de una política migratoria condicionada al mercado laboral y, en todo caso, tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad.
En suma, esta realidad invisible que condena en nuestro país a más de 500.000 personas a vivir en la irregularidad, es la que pretende revertir el movimiento “Regularización Ya”, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar al Congreso para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en nuestro país.
Cuando quedan casi dos meses para que finalice el plazo para la recogida de firmas, esta ILP va camino de convertirse en una de las movilizaciones sociales que ha logrado cosechar más firmas en nuestra democracia. De esta forma, bajo el título de Esenciales, la propuesta de ley ha logrado sumar más de 800 organizaciones sociales y eclesiales, que llevan desde principios de año, recogiendo firmas y que, hasta la fecha, han alcanzado más de 450.000.
Esta iniciativa y lo que se está construyendo alrededor de ella, son signos para la esperanza en nuestra sociedad. Necesitamos un modelo de acogida que no esté supeditado únicamente al mercado laboral, esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos.
Palabras clave: arraigo, derechos humanos, exclusión social, inmigración, irregularidad, mercado laboral, migración, salud mental, unión europea
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