Socióloga por la Universidad de Granada. Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica que sufre el 5% de la población en España, y que afecta en mayor medida a las familias donde el desempleo y la precariedad laboral son permanentes, así como a los hogares monoparentales y aquellos encabezados por los más jóvenes. Una realidad que refleja la desigualdad e injusticia social de nuestra sociedad y que nos reta a la transformación de las políticas sociales y de la acción social.
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica (menos del 30% de la renta mediana equivalente) que afecta al 4,7% de los hogares españoles (5,1% de la población). Sufrir la pobreza severa significa vivir con menos de 355 euros al mes si se trata de un hogar unipersonal, o de 746€ al mes en los hogares con dos adultos y dos menores.
La pobreza severa supone una grave dificultad para el desarrollo de una vida integrada, de hecho una parte importante de las personas que sufren la exclusión social (el 28%) registran fuertes carencias económicas que les sitúan en la pobreza severa, tal y como refleja el último informe de la Fundación FOESSA, sobre “Exclusión estructural e integración social” (2018, pág. 20).
En el presente trabajo se realiza una aproximación a cuáles son los factores de riesgo y protección que caracterizan la pobreza severa en nuestro país, mediante el desarrollo de modelos de regresión logística binaria.
Como factores exógenos principales se han utilizado el sexo, la edad y el nivel de estudios del sustentador principal (SP) de la familia, indicadores relacionados con la ocupación principal del mismo, así como aquellos relacionados con la situación laboral del hogar [1]. También se han utilizado variables relacionadas con el tamaño del hogar y la nacionalidad de los miembros que lo componen, así como variables relacionadas con la zona de residencia [2].
Teniendo esto en cuenta, se identifican una serie de factores de riesgo y de protección que explican la pobreza severa en España, entre los que se pueden observar ligeras diferencias con respecto a los resultados obtenidos en estudios anteriores.
En primer lugar, se podría destacar el hecho de que el sexo del SP del hogar ya no se constituye como el factor explicativo de la pobreza severa en España. De hecho, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es un 30% menor en aquellos hogares cuyo SP es una mujer. Aunque, como se verá más adelante, este dato habría que interpretarlo con cierta cautela.
Por otra parte, la edad del SP sigue considerándose un factor de riesgo sobre todo entre los menores de 30 años, cuya probabilidad de sufrir este tipo de situaciones de pobreza es cuatro veces superior frente al colectivo de mayor edad (mayores de 65 años).
La ocupación del SP también continúa explicando las diferentes situaciones de pobreza severa en España, suponiendo un riesgo casi tres veces mayor en aquellos hogares cuyo SP es un parado de larga duración. También se debe destacar la precariedad laboral como factor de riesgo frente a la pobreza severa, ya que, a pesar de tener un empleo, si el SP trabaja de manera irregular o tiene un empleo en exclusión, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos casos en los que el SP goza de una situación laboral estable.
En relación al resto de factores de riesgo identificados, se debe prestar especial atención a la situación laboral del hogar, donde se puede observar que en aquellos hogares donde no hay ocupados ni se recibe ningún tipo de prestación contributiva, la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa es doce veces superior frente a aquellos hogares que no sufren esta situación laboral. Relacionado con esto, llama la atención el hecho de que una situación generalizada de desempleo en el hogar, es decir, cuando todos los miembros en edad de trabajar no están empleados, no supone un factor explicativo de la pobreza severa en España. No se puede establecer una relación causal entre el riesgo de estar en una situación de pobreza severa y el hecho de que todos los miembros activos del hogar estén desempleados. Esto puede deberse a que a pesar de haber una situación de desempleo generalizada en el hogar, los miembros del mismo pueden ser beneficiarios de algún tipo de ayuda, como las rentas de inserción, subsidio o prestación por desempleo. Incluso puede darse la circunstancia de que además de estar percibiendo este tipo de prestaciones estén trabajando de manera irregularizada. Circunstancias que pueden contribuir a que, pese al hecho de existir una situación generalizada de desempleo en el hogar, esto no suponga un riesgo frente a la pobreza.
Otros factores destacables son aquellos relacionados con la zona de residencia, donde el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es casi cuatro veces superior entre aquellas familias que viven en una zona marginal o deteriorada si las comparamos con los hogares situados en barrios o zonas de clase media-alta.
En último lugar, incidimos en el tamaño del hogar como otro factor de riesgo. Se observa que son los hogares monoparentales los únicos en los que el riesgo de pobreza severa resulta significativo, es decir, en un hogar monoparental el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos hogares sin hijos. Esto último puede relacionarse con el sexo del SP ya que si bien el hecho de ser mujer no supone un riesgo añadido frente a situaciones de pobreza severa, no podemos olvidar que un 62,5% de los hogares monoparentales en España están encabezados por mujeres.
Por otra parte, se identifican como factores de protección frente a la pobreza severa variables como el nivel de estudios del SP del hogar y la nacionalidad de los miembros del mismo. Conforme aumenta el nivel educativo del SP la probabilidad de caer en una situación de pobreza severa es menor, pero la capacidad explicativa del nivel formativo ha perdido relevancia. Aunque el sustentador principal tenga estudios universitarios, solo disminuye el riesgo de caer en este tipo de pobreza en un 17,9% frente a aquellos sustentadores del hogar que tan solo cuentan con la ESO o el Graduado Escolar y en un 11,2% en comparación con aquellos sustentadores que poseen una FP, BUP o Bachillerato.
En cuanto a la nacionalidad, el hecho de que todos los miembros del hogar posean la nacionalidad española disminuye la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa en un 60%.
La pobreza severa afecta, en mayor medida, a aquellos hogares donde todos sus miembros están desempleados y no reciben ningún tipo de prestación contributiva, a los hogares monoparentales y a aquellos en los que el SP es menor de 30 años o es parado de larga duración.
Aunque los resultados de esta investigación no nos permiten hablar actualmente de un fenómeno de feminización de la pobreza, se debe destacar la elevada probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza severa que presentan las familias monoparentales, encabezadas en la mayoría de los casos por mujeres. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre la incapacidad de las administraciones públicas para responder a las necesidades de este tipo de hogares. La mayor vulnerabilidad de las familias monoparentales dificulta la superación de las situaciones de pobreza severa, generando, en ocasiones, una cronificación de la pobreza. Se han de tomar, por tanto, medidas que prevengan situaciones crónicas de pobreza y exclusión social en hogares monoparentales, siendo necesaria una política familiar sólida con especial atención a este tipo de hogares en los que solo un adulto, en la mayoría de los casos mujeres, ha de hacer frente a la vida laboral y familiar. En este sentido, se deberían tomar medidas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de estas familias, como podrían ser los programas que garanticen el acceso al empleo, formación y vivienda, así como poner a disposición recursos públicos que aseguren una conciliación laboral y familiar sólida y estable.
Por otro lado, se detecta una mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza severa para aquellas personas que sufren la precariedad laboral. Esta se refleja en que el empleo no es capaz de proteger a las familias del riesgo de caer en situaciones de pobreza severa, ya sea por la intermitencia de los empleos, por la parcialidad de las jornadas o por la tipología de empleos en exclusión o irregulares.
El mercado laboral ha cambiado durante los últimos años, debido principalmente a la crisis, dando lugar a empleos más precarios, a salarios más bajos y, en consecuencia, a una mayor inestabilidad económica en cada vez más familias, creando nuevas situaciones de exclusión social. Las nuevas formas de contratación y de creación de empleo ya no pueden absorber a aquellas personas que se vieron afectadas por la destrucción de empleo durante el período de crisis, en palabras del papa Francisco la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos (Grabois, 2014).
En este sentido, convendría abrir una reflexión sobre la intervención social en empleo que llevan a cabo las entidades del tercer sector. Una reflexión que evalúe la eficacia integradora que los programas de empleo tienen en un mercado laboral altamente precario, y que valore si la intervención puede, sin quererlo, terminar contribuyendo a suministrar mano de obra mal pagada. Una reflexión que aprecie la oportunidad de introducir elementos de control de la calidad del empleo en los proyectos de intermediación, y que sopese la necesidad de intensificar la acción de incidencia política para empujar el cambio en materia de legislación laboral, de protección de los derechos y de la dignidad del trabajo.
Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas. Exclusión Estructural e Integración Social. Madrid: Cáritas Española, 2018.
Gil Izquierdo, M., & Ortiz Serrano, S. Determinantes de la pobreza extrema en España desde una doble perspectiva: Monetaria y de privación. Estudios de economía aplicada, 2009. Vol, 27-2; pág. 437-462.
Grabois, J. Precariedad laboral, exclusión social y economía popular. Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, 2014; pág. 1-56.
Ibáñez, M. Apuntes sobre la incidencia de la pobreza relativa y absoluta en la población y en los trabajadores. Comparación entre 2009 y 2013. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 2014, nº 31, pág. 63-81.
Lafuente Lechuga, M., Faura Martínez, U., García Luque, O., & Losa Carmona, A. Pobreza y privación en España. Rect@, 2009, Vol 10, pág. 1-28.
Poza, C., & Fernández Cornejo, J. ¿Qué factores explican la pobreza multidimensional en España?:Una aproximación a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa, 2011, pág. 81-110.
[1] Los indicadores relacionados con la ocupación del principal sustentador de la familia son: sustentador principal parado de larga duración; sustentador principal con un oficio en exclusión y sustentador principal con un empleo irregular. Aquellos indicadores relacionados con la situación laboral del hogar son: hogar sin ocupados y sin protección contributiva; hogar con al menos un desempleado sin formación y hogar con todos los activos en desempleo. Estos seis indicadores constituyen la primera dimensión de pobreza relacionada con el empleo.
[2] Los datos explotados proceden de la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) del año 2018.
Equipo técnico de la Fundación FOESSA
El panorama social en España consolida los signos de desigualdad que llevamos tiempo conociendo, con una población en situación de integración plena que se recupera y comienza a acercarse a valores similares a los obtenidos antes de la crisis, pero con un grupo en exclusión aún muy numeroso y notablemente superior en la exclusión más severa al de 2007. Este escenario, debido a las desigualdades que presenta, significa graves riesgos para la construcción de una sociedad cohesionada.
10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión. Así, el porcentaje de población en integración plena es ligeramente inferior al registrado antes de la crisis, 48,9% en 2007 frente al 48,4% en 2018, si bien la exclusión social sigue siendo notablemente superior, especialmente la severa, al año 2007. La población en situación de exclusión ha pasado del 16,4% en 2007 al 18,4 actual, lo que significa un aumento del 12,2%, llegando dicho incremento a un 39,7% en el caso de la población en situación de exclusión severa, que en 2018 afecta al 8,8% del conjunto de la población.
Un incremento de 1,2 millones de personas más en el espacio de la exclusión. Esta es la factura en términos de exclusión social que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis económica de 6 años y 4 años de recuperación.
En un contexto de análisis de este ciclo de diez años, donde tanto la población como los hogares han crecido en España, el aumento con respecto a 2007, de las situaciones de exclusión es más marcado conforme más severa es la misma. La exclusión más moderada ofrece una ligera bajada y un sustancial incremento la más severa. 4,1 millones de personas permanecen en una situación de exclusión severa, reduciéndose tan solo en 924 mil personas desde 2013. En el caso de los hogares, la evolución de los datos de exclusión es aún más marcada. En la actualidad tenemos 3,2 millones de hogares en situación de exclusión, 628 mil más que en 2007, con 1,5 millones en situación de exclusión severa frente a los 914 mil de 2007, lo que significa que hay 587 mil hogares más en esta situación que antes de la crisis, un 64,1%.
La exclusión social tiene un carácter contra cíclico, aumenta rápidamente en situaciones de crisis pero desciende más lentamente cuando se producen los procesos de recuperación. El cierre del ciclo lo hacemos con un grupo mayor de personas en exclusión. El futuro cercano no nos permite ser optimistas en términos de atención social. La presión sobre los servicios sociales públicos y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social no está amainando tanto como lo que el crecimiento del empleo pronosticaría. Sobre todo si tenemos en cuenta que 6 millones de personas se encuentran en este momento situadas en la frontera entre la integración precaria y la exclusión más moderada, grupo que incrementará los datos de atención en el momento que el ciclo de recuperación económica pierda fuerza.
Sin embargo parecería que, nuevamente, el pensamiento social colectivo hiciera invisible esta realidad como sucedía en el año 2007.
