Fernando Fantova, consultor social

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En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

• La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
• Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
• La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
• La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
• El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

• El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
• El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
• El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

• La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
• El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
• La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
• Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
• El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
• La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
• El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
• El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
• Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
• La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

Bibliografía

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POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.

SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.

WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.

Número 11, 2022

Red de Profesionales y Entidades de Intervención Comunitaria

Los momentos de crisis a lo largo de la historia han servido para repensar y redefinir los modelos sociales existentes. En el que nos encontramos ahora no iba a ser una excepción, aún más teniendo en cuenta todas las capacidades, instrumentos y herramientas analíticas de las que dispone la sociedad actual. Como marco general, podemos empezar diciendo que en el contexto actual el papel que están teniendo las redes sociales y las opciones telefónicas y/o virtuales que nos permiten seguir trabajando a distancia, están siendo determinantes para afrontarlo. Además, la creatividad y flexibilidad en las respuestas debe considerarse otra forma también contagiosa de impulsar procesos colectivos diversos que permiten proporcionar un bienestar impensable en otras etapas históricas de nuestras sociedades occidentales. Pero a la vez, también nos plantean otro reto más con aquellos colectivos en donde la brecha digital o el acceso a internet se encuentra muy limitado. Es decir, parece estar generándose un nuevo contexto de relación predominante en donde ciertos colectivos también lo tienen difícil para adentrarse.

Por otra parte, la trascendencia del Coronavirus, aunque afecta prioritariamente al ámbito sanitario, es un fenómeno que pone en juego muchos aspectos de la vida social, económica, política e incluso de nuestra percepción del mundo. Un problema que se genera en el ámbito global debe buscar soluciones en lo local, en las consecuencias que el mismo tiene en la vida de las personas.

Y esto nos hace ver que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para afrontarlas; algunas por ser víctimas de despidos por parte de sus empresas, otras por sus propias condiciones habitacionales (no es lo mismo afrontar esta crisis en un chalet con jardín que en un piso de 60 metros cuadrados donde conviven 5 o 6 personas); otras por perder los recursos de apoyo que les permitían que sus hijos siguieran las tareas escolares al mismo nivel que el resto o por no tener los medios tecnológicos o de conectividad necesarios para ello en sus hogares; otras por perder el acceso a la alimentación que les facilitaba el comedor escolar, teniendo que sustituirlo por ayudas a la alimentación a todas luces insuficientes en algunas comunidades autónomas, etc. Esto es, cuestiones que desvelan las situaciones de desigualdad que ya existían de antes y que ahora se ponen en evidencia de manera más palpable, especialmente en ciertos contextos de vulnerabilidad.

La escasez de experiencias previas ante una catástrofe de esta magnitud, implica un necesario aprendizaje político sobre la marcha, que permita ir dimensionando el problema y tomando decisiones difíciles pero necesarias. La escasez de recursos humanos y materiales para afrontarlo generan mucha incertidumbre y preocupación en la población. El papel de los diferentes canales y medios de comunicación, fundamentales en un momento como este, tienen un reto de transparencia y fiabilidad de gran complejidad. Finalmente, el reflejo de todo ello en la vida puertas adentro de la ciudadanía, inquieta por lo que pueda durar y qué consecuencias pueda traer, y muy consciente de sus limitaciones y posibilidades para afrontar esta situación, son cuatro cuestiones que nos hacen pensar en la importancia de un abordaje comunitario de los problemas.

Contando con esta limitación y a la vez oportunidad si se cuenta con medidas compensatorias, vamos a intentar sacar algunas conclusiones comunes extraídas de la experiencia evaluada de diferentes procesos comunitarios que se llevan a cabo en nuestro país desde hace años, en el que como profesionales y entidades nos encontramos directamente implicadas/os y que nos ponen encima de la mesa una estrategia comunitaria que puede ser fundamental para esta situación actual y también para otras posibles similares en el futuro:

1 – Los procesos comunitarios permiten que los territorios cuenten con una organización propia para afrontar cualquier reto que surja en sus comunidades. Entre las posibilidades que pueden irrumpir en ellas, para las que se pueden generar protocolos y/o mecanismos de organización como respuesta anticipatoria, podría encontrarse una crisis sanitaria como ésta. Lo que este momento que vivimos nos expresa, es la necesidad de previsión en los territorios de la posibilidad de que se produzca una situación así. Hacerlo supondría en este contexto, no únicamente un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, generales y específicos, que operan para superar o paliar sus efectos, sino también salvar vidas.

Lo comunitario no sería fundamental en estos momentos si entendemos por ello actividades listas para consumir por parte de un barrio o una ciudad (al contrario, podría ser considerado como algo a suspender o peligroso por posibles contagios). Tampoco lo es si pensamos que su principal enfoque está en lo preventivo o promocional, en el antes de. En cambio, si atendemos a su fuerte dimensión organizativa y relacional, la organización comunitaria se convierte en una estrategia clave para afrontar y salir de cualquier crisis y reforzar a los territorios en generar para el futuro medidas anticipadoras consensuadas (que además cuenten con una experiencia y respuesta propias adaptadas a las características de cada lugar). Los espacios de relación, tanto técnicos como ciudadanos, en un momento de la historia como este en donde contamos con lo virtual como soporte básico de intervención, están ayudando mucho a definir estrategias comunes, identificar y compartir los recursos disponibles. La efectividad de las respuestas en gran medida depende de su articulación. En una situación sobrevenida como esta, más aún teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno en cuanto al confinamiento y la distancia obligatoria, la eficacia dependerá en gran parte de las relaciones previas existentes a través de las cuales las estrategias actuales se enriquecen o empobrecen. Pero además de lo que ocurre hoy, muchos procesos comunitarios se están preparando para la crisis social y económica que tendremos que afrontar cuando la sanitaria afloje. Se está haciendo desde sus mesas o grupos de empleo, de educación o vivienda, partiendo de todo lo que las diferentes entidades y recursos, vecindad e instituciones están viendo y detectando, empleando esa inteligencia colectiva que nos permite llegar en común hasta donde solos no podemos.

2 – Esto viene a avalar una de las conclusiones fundamentales de las evaluaciones comunitarias llevadas a cabo en muchos de estos procesos: la mejora de la información para la intervención y el aumento de la capacidad del territorio para mejorar su propia realidad. Además, una vez que el territorio se ha dotado de nuevos mecanismos metodológicos de construcción de conocimiento compartido, se genera la posibilidad de ir mejorando y actualizando sus herramientas e instrumentos. Esto, muy unido a la capacitación técnica en elaboración de diagnósticos compartidos, puede ser muy efectivo para ajustar en tiempos de crisis la realidad a la puesta en marcha de recursos, servicios o iniciativas ciudadanas colaborativas.

Los equipos comunitarios en el desarrollo de esta crisis están teniendo un papel fundamental en la canalización y conexión de iniciativas, así como en asegurar que la información relevante para cada territorio y comunidad llega a todos sus miembros. En muchos casos, los procesos están sirviendo para ajustar mejor necesidad/iniciativa y conectar lo que se está haciendo en los barrios y ciudades, evitando duplicidades en tareas que pueden ser o no oportunas. Las iniciativas ciudadanas espontáneas, como estamos viendo, pueden ser claves para satisfacer demandas concretas que además pueden llegar a salvar vidas (confección de materiales de protección, identificación y apoyo a personas mayores, redes de apoyo mutuo, traducción y adaptación de materiales educativos sanitarios, etc.). Por lo tanto, una conclusión importante que el momento está aportado los procesos comunitarios es la necesidad de reforzar el papel que la ciudadanía tiene en los territorios en tiempos normalizados, mejorando el concepto de democracia participativa y profundizando más en todo lo que la vecindad puede aportar en las comunidades.

3 – Otro de los principales logros conseguidos en los procesos y que se están poniendo a prueba en este contexto es la mejora de la capacidad inclusiva del territorio. En la medida en que hayamos sido capaces de visualizar, reconocer e incorporar a los procesos todas las realidades existentes en nuestros territorios a lo largo del tiempo, se lograrán proporcionalmente su inclusión en los procesos cumpliendo un papel activo. Y en esta crisis sanitaria, contar con todas estas realidades y poder llegar a ellas sin obstáculos o barreras iniciales que vencer es fundamental. El efecto que esto puede tener para evitar brotes xenófobos es difícil de medir, y en este sentido se continúa trabajando con sumo cuidado para que nuestro imaginario colectivo se construya en estos momentos de forma incluyente. Así, estamos evitando dejarnos en el margen realidades vulnerables y poco conocidas para la mayoría. Sí es importante decir según las relaciones que estamos estableciendo, que muchos colectivos vulnerables no disponen de datos suficientes ni para descargarse imágenes o vídeos, y si no disponemos de equipos o medidas para realizar un seguimiento, están quedando fuera del sistema de información y difusión. En este sentido, los procesos se han dotado de registros comunes de trabajo entre recursos, elaboración de diagnósticos previos rápidos de necesidades en estas comunidades (cuyos contactos son posibles por los vínculos anteriores establecidos con el proceso) y están intentando poner en marcha otras medidas compensatorias que ubiquen a todas las personas y colectivos en igualdad de posiciones, al menos en el manejo de información relevante. En este sentido, se están llevado a cabo iniciativas ya existentes con anterioridad y adaptadas para mantener refuerzos educativos en estrecha colaboración con los centros educativos y las AMPAS, se está sirviendo de agentes canalizador de información, se está asesorando en cómo atender a la diversidad en estos momentos desde una perspectiva de salud, se están empleando las mesas y los espacios generados en salud comunitaria para la toma de decisiones, etc.

4 – El trabajo desarrollado para potenciar un sentido de pertenencia común en todos nuestros barrios y localidades está cumpliendo hoy un papel importante en esta crisis: por un lado, porque contribuye a la identificación comunitaria con un objetivo común. No sólo el miedo al contagio actúa para que las personas se queden en casa, también que nos sintamos parte activa de la solución, preocupándose y cuidando del vecino/a, trasladando necesidades a los recursos, construyendo redes de apoyo vecinal…

Si además nuestro barrio, pueblo o ciudad, cuenta con una pertenencia en positivo, implicada y propositiva, esto es mucho más fácil. En este sentido, desde los procesos se han lanzado mensajes de ánimo, campañas de refuerzo de estos sentimientos que atienden a toda la diversidad existente, y la respuesta ha sido inmensa, y sin duda estos días está brotando mucho esta narrativa común que nos permite sentir orgullo de la movilización de nuestras comunidades en un fin común.

5 – En cambio, si bien observamos todas estas aportaciones para ahora y el futuro de los procesos, también se han detectado cuestiones a mejorar: la rivalidad o competencia entre agentes y recursos, la búsqueda de protagonismos en un momento con un peso simbólico tan importante para las comunidades, se ha acentuado. También se ha reforzado la tendencia a la individualización de la atención, perdiendo en parte la perspectiva que permite a entidades y servicios poner en marcha estrategias de intervención más amplias y consensuadas, que también nos permita contar con todo lo existente para proporcionar mayor calidad y proyección a las respuestas. Pero todo esto lo que nos dice es que aún nos queda mucho trabajo por delante para hacer de estos procesos comunitarios algo sostenible y con verdadero calado. Una vez más, seguimos convencidos de que este es el camino. Ni mejor ni peor que otros, pero al menos igual de necesario si queremos contar con el mayor recurso que poseen nuestros territorios para hacer frente a una crisis: su comunidad.

6 – Y el reto en los próximos meses será ajustar la dinámica de los procesos comunitarios activos a la nueva configuración socio-territorial en cada lugar, porque muchas cosas habrán cambiado y será el momento de observar su capacidad de adaptación a realidades sensiblemente diferentes, sin perder sus identificadores, sus componentes, sus instrumentos y métodos, su necesidad de seguir registrando sus avances, descubrimientos y logros para favorecer la más que necesaria transferencia a territorios más o menos próximos, su potencial para incorporar a más y hasta nuevos actores que no han participado con anterioridad, etc. También será un mayúsculo desafío demostrar que la clave de proceso es fundamental y que determinadas soluciones requerirán sus propios tiempos; periodos inciertos en los que la organización de la comunidad será clave para vertebrar las respuestas que vengan desde las instituciones y sus ámbitos de servicios sociales, salud, educación, empleo… con las que se impulsen desde otros agentes protagonistas de la comunidad (recursos, entidades ciudadanas, grupos informales…), sumando a nuevos actores clave como el empresarial también disminuido por la coyuntura de crisis. Etapas en las que cualquier incidencia puede producir nuevas incertidumbres y hasta conflictos en los que habrá que intervenir y mediar, para canalizar la frustración y energía existente hacia la resolución de las situaciones más complejas. El reto será demostrar que realmente los procesos comunitarios pueden ser parte fundamental y contribuir a la construcción de soluciones colectivas, particularmente en el marco de una sociedad poco acostumbrada ya a pensar conjuntamente y actuar de manera colaborativa.

7 – Y como pieza clave de este nuevo tiempo, los equipos comunitarios serán esenciales para visibilizar la bondad y utilidad de los procesos y orientarlos hacia los aspectos críticos en cada lugar, sin perder su fundamental función de catalizadores de las fórmulas organizativas que atiendan la renovada complejidad que ya se está conformando en relación con la diversa incidencia de la crisis en cada territorio. Ante la tentación de que se puedan sumar más efectivos a los recursos sectoriales ya existentes, particularmente en aquellos ámbitos con más carencias, es el momento de enfatizar la imperiosa necesidad de contar con profesionales inespecíficos que aborden sobre todo aspectos de las dimensiones relacionales y organizativas antes citadas, también expertos/as en la identificación de ámbitos de potencial generación de conflictos para reconvertirlos en esferas de oportunidad ante la adversidad. Y en perspectiva intercultural, que profundicen en el trabajo comunitario para visibilizar las ventajas de la diversidad en una coyuntura en la que pueden aflorar determinados intereses para que sea valorada como un lastre para la mejora colectiva. En este sentido, cabe resaltar la capacidad de resiliencia y la experiencia que pueden aportar ahora muchas personas, familias y grupos humanos que han atravesado situaciones críticas antes de sumarse a sus nuevos lugares de acogida.

Aunque en ocasiones la intervención comunitaria puede parecer intangible, inmensurable o de más larga trayectoria, es una dimensión fundamental en la construcción de la sociedad. Lo vemos en todas las iniciativas individuales y colectivas que han ido surgiendo de forma altruista desde que comenzó esta crisis. Si además, desde los territorios aportamos el método, los espacios de relación, el apoyo mutuo, la gestión de la información, el conocimiento compartido, la mediación en conflictos, etc. la potencia de lo comunitario es enorme.

A lo largo de esta crisis hemos escuchado mucho hablar de comunidad y de la necesidad de recuperar esta dimensión en todos los ámbitos. Y es cierto. Hay que recuperar esta estrategia ahora más que nunca. Pero como profesionales creemos que esto no puede dejarse a expensas de buenas voluntades de personas, colectivos, entidades o profesionales. Consideramos que tiene el suficiente peso y trascendencia como para ser asumido por nuestras administraciones y organizaciones públicas como forma de organizar y dar sentido territorial a los recursos existentes; profesionalizar y poner en valor este trabajo que requiere de formación, experiencia y sobre todo método. Asumir de forma responsable que es bien cierto el lema adoptado de #EsteVirusloParamosEntreTodos, pero sin procesos comunitarios sostenibles en el tiempo, y sin equipos profesionales liberados que se ocupen de garantizar la participación en ellos de todas/os en igualdad de condiciones, los retos que sobrevienen y golpean a nuestros territorios son mucho más difíciles de afrontar.

Por eso creemos que es indispensable reforzar nuestro sistema inmunológico contra este y cualquier otro virus o agente perturbador de nuestro bienestar común. Y hay que hacerlo con cabeza y con corazón, permitiendo que el latido comunitario alcance a regar cada una de nuestras vulnerabilidades y fortalezas.

Personas que han participado en la elaboración del artículo y miembros de la Red de profesionales y entidades de intervención comunitaria

Isabel Ralero Rojas – IntermediAcción Toledo

Almudena López Morillas – CEAR

Irene Gil Gimeno – CEAR

Antonio Gala Alarcón – La Rueca Asociación

Susana Camacho Arpa – Accem y Fundación Secretariado Gitano

Manuel Basagoiti Rodríguez – Educación, Cultura y Solidaridad

Mario Aragón Álvarez – La Rueca Asociación

Alexis Mesa Marrero – Fundación General de la Universidad de La Laguna

Vicente Manuel Zapata Hernández – Universidad de La Laguna

Número 6, 2020

Alicia Suso Mendaza

Equipo de coordinación territorial de Cáritas Bizkaia

Ana Sofía Telletxea Bustinza

Licenciada en Sociología. Responsable del departamento de análisis y desarrollo de Cáritas Bizkaia

1. Introducción

El conocido y constatado fenómeno de la feminización de la pobreza ha puesto de manifiesto, hace ya algunas décadas, que la exclusión no es neutra, que opera de forma distinta en los procesos vitales de hombres y mujeres.  Así, hoy casi nadie discute que los elementos a partir de los que medimos la pobreza y la exclusión también están atravesados por el sistema sexo-género, generando para las mujeres dificultades específicas que, en interacción con otras, pueden desembocar en situaciones de exclusión social que no se explican sin esa mirada de género.

Dicho de otra forma, la anteriormente citada elocuencia de los datos, debería servirnos para abrir la mirada: no se trataría de constatar que las mujeres son pobres, sino de entender que la pobreza y la exclusión están condicionadas por el género.

Esta afirmación nos lleva a plantear que los mecanismos de inclusión social tampoco son ajenos a la desigualdad de género. Para superar o al menos paliar la llamada feminización de la pobreza, es necesario generar procesos de inclusión que corrijan las desigualdades entre hombres y mujeres, que avancen hacia la equidad. De otra forma, sólo estaremos aplicando respuestas válidas para algunos, y perpetuando las dificultades específicas para la inclusión social de las mujeres, así como la imagen estereotipada de las mujeres pobres.

En resumen, comprender la exclusión a través de la mirada de género nos lleva, necesariamente, a cuestionar y modificar nuestros modelos de inclusión.

2. La contundencia del análisis

Para acercarnos a comprender la realidad de pobreza y exclusión social de las mujeres nos centraremos en indicadores relacionados con el empleo, el riesgo de pobreza y la exclusión tanto desde una perspectiva multidimensional, como reflejando la importancia de algunos indicadores específicos que están operando en esta realidad.

2.1. La cuestión del empleo

El empleo y la protección económica que genera a través del sistema contributivo son considerados factor clave en nuestro actual modelo de inclusión social y protección ante la pobreza. Pero constatamos diferencias significativas de género tanto en el acceso el empleo como al tipo de empleo al que se accede.  Esta desigualdad de género en relación al empleo es uno de los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión en las mujeres.

La tasa de paro ha evolucionado de manera muy distinta entre hombres y mujeres. Tradicionalmente el paro es superior en las mujeres que en los hombres. Como efecto de la crisis, la diferencia se redujo considerablemente llegando a porcentajes entre el 25% y 26% de paro en ambos grupos. Sin embargo, cuando se ha reiniciado la recuperación y la tasa de paro ha comenzado a reducirse, la diferencia ha vuelto a aparecer. La mejora en la reducción de la tasa de paro ha impactado principalmente en la población masculina y apenas lo ha hecho en las mujeres.

La Tasa de inactividad laboral: En 2019 la población inactiva en España fue de más de 16 millones de personas. De ellas el 58% (cerca de 9 millones y medio) fueron mujeres. Esto supone un diferencial de más de 2 millones y medio de mujeres inactivas respecto a hombres. Fijándonos en los motivos principales de esta inactividad laboral también identificamos diferencias considerables. La realización de labores del hogar y percibir una pensión distinta a la jubilación o prejubilación son los motivos de inactividad mayoritarios para las mujeres. Es decir, se trata de motivos desconectados del mundo del empleo. Las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no contributiva.

En el caso de la inactividad por incapacidad permanente la diferencia entre hombres y mujeres es de 29.000 mujeres más en esta situación respecto a hombres en todo el Estado. En el caso de los estudios la diferencia es de 96.000 mujeres más respecto a hombres. Y la inactividad por dedicarse a actividades benéficas también se reparte de forma igualitaria entre hombres y mujeres.

La jubilación/prejubilación es el motivo de inactividad principal en el caso de los hombres y es significativamente mayor que en el de las mujeres: más de 1 millón y medio de hombres más que mujeres inactivas por este motivo. En este caso también se observa una gran desigualdad entre ambos grupos.

Jornadas parciales: Las jornadas laborales a tiempo parcial se concentran en mayor medida en las mujeres. El 74% de las jornadas a tiempo parcial las realizan las mujeres. Esto supone más de 2 millones de mujeres trabajando a jornada parcial frente a 748.000 hombres. Analizando los motivos de dichas jornadas parciales también observamos diferencias de género.  En general se trata de jornadas a tiempo parcial no deseadas, fruto de no haber podido lograr un empleo a jornada completa. Esta opción es superior en el caso de los hombres (57%) que en del de las mujeres (50%). También es superior en el caso de los hombres los motivos relacionados con la formación, 14% frente a un 6% en las mujeres. En cambio, una vez más, las cuestiones relacionadas con el cuidado se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. El 14% de las mujeres optan por la jornada parcial por dedicar tiempo a los cuidados y otro 8% por dedicar tiempo a otras cuestiones familiares, frente a un 2% de los hombres en ambos casos.

En definitiva, las situaciones de paro, inactividad y contratación a tiempo parcial impactan más en las mujeres y en éstas están más presentes las cuestiones relacionadas con los cuidados y las tareas domésticas. Estas dificultades son indicadores que nos muestras un mayor alejamiento de las mujeres del modelo de la inclusión por el empleo y los derechos que éste genera.

A todo ello cabe añadir la brecha salarial, que para 2017 se situaba en 5.899€.

2.2. Riesgo de pobreza

Se constatan mayores niveles de pobreza en las mujeres, especialmente en aquellas situaciones en las que constituyen hogares monoparentales.

Individualmente consideradas, el riesgo de pobreza en las mujeres se sitúa en el 22,2% mientras que en los hombres es del 20,9%. La evolución de este indicador ha sido distinta para unos y otras. En el caso de los hombres, éstos se han visto más afectados por la crisis, partían de un riesgo de pobreza del 18% antes de la crisis, alcanzando un 22,6% en 2016 e iniciando una tendencia descendente desde entonces hasta llegar al 20,9% actual.  En cambio, las tasas de riesgo de pobreza en las mujeres vienen situándose desde el 2008 en torno al 21-22%. Esta tendencia nos lleva a plantear que la pobreza en las mujeres parece estar más vinculada estructuralmente al género  y  en los hombres podría  estar más vinculada a acontecimientos sociales de carácter económico.

En los últimos años se ha visibilizado de forma clara que el riesgo de pobreza es mayor en los hogares donde hay menores. El riesgo de pobreza afecta al 21,5% del conjunto de la población, pero cuando centramos la mirada en los hogares con hijos/hijas a su cargo, se sitúa en el 23,2% de los hogares con 2 adultos con hijos/hijas a su cargo y se duplica en el caso de los hogares monoparentales (43%). Este dato es muy significativo desde la perspectiva de la pobreza en las mujeres, puesto que el 81% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.

Si miramos el impacto de la pobreza en las condiciones materiales de vida, descubrimos una vez más, que los hogares donde la sustentadora principal es una mujer sufren en mayor medida este impacto. En todos los indicadores AROPE que miden la carencia material severa, el porcentaje de hogares en los que la sustentadora principal es una mujer es superior al de los hogares encabezados por un hombre. Destacan las situaciones relacionadas con haber tenido que reducir gastos en suministros de la vivienda (agua, calefacción, etc.…) en el que la diferencia entre los hogares encabezados por una mujer se encuentran  9,5 puntos por encima de los hogares encabezados por un hombre, haberse visto en la obligación de reducir gastos en comunicación (internet, TV, telefonía) que afectan en 5 puntos más a los hogares encabezados por una mujer, y haber sufrido retrasos en el pago de recibos en los suministros del hogar (agua, gas..) afecta en 6,4 puntos más a los hogares dependientes de una mujer (FOESSA 2018).

2.3. La realidad de la exclusión en las mujeres. Una mirada multidimensional

En la intersección producida entre el desempleo o el empleo precario, la monoparentalidad y la pobreza se genera una realidad compleja. Las situaciones de bajos ingresos siendo la única sustentadora económica de la unidad familiar, las dificultades para acceder al mercado de trabajo o a procesos de formación que puedan mejorar las oportunidades de acceso al empleo, las dificultades de conciliación de los cuidados y el empleo (cuando lo hay), interactúan entre sí generando una gran presión e incertidumbre en estas mujeres. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo familiar o del entorno resulta clave y no siempre se produce. También resulta difícil acceder a políticas de conciliación adaptadas a las circunstancias de estas mujeres y la contratación de servicios privados de cuidado no es posible (Cáritas Bizkaia, 2017). Son este tipo de realidades complejas y multidimensionales las que generan los procesos de exclusión social.

Si observamos la situación de las mujeres desde la perspectiva multidimensional de la exclusión, descubrimos que esta afecta más a los hogares en los que la persona sustentadora principal es mujer. Un 20% de los hogares cuyo sustentador principal es mujer se encuentra en situación de exclusión social, y en el caso de los hombres la exclusión afecta al 16% de los hogares. También la exclusión severa afecta más a los hogares sustentados principalmente por una mujer (9,4%) que a los sustentados principalmente por un hombre (7,5%) (FOESSA, 2018). Si tenemos en cuenta el tipo de hogar, una vez más los hogares monoparentales aparecen en una posición destacada. No solo la pobreza, también la exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares monoparentales: un 29% de los mismos se encuentran en situación de exclusión. Prácticamente un tercio. Hogares monoparentales que en un 86% el progenitor es una mujer (FOESSA 2018).

Si detallamos los indicadores que configuran la exclusión social más allá del empleo o los ingresos, adquieren importancia cuestiones vinculadas al eje de la salud y al relacional.

Teniendo en cuenta el sexo de la persona sustentadora principal del hogar, descubrimos que donde se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres son en este orden, en la existencia de situaciones de dependencia, la ausencia de una red de relaciones de apoyo (aislamiento social) y el haber sufrido situaciones de malos tratos en el hogar.

En definitiva, la pobreza y la exclusión impactan de manera especialmente significativa en la población de mujeres que son las sustentadoras principales de los hogares especialmente cuando son  las únicas sustentadoras. La cuestión de las necesidades de apoyo para las actividades cotidianas de la vida, la falta de relaciones o de ayuda para situaciones de enfermedad o necesidad y el sufrir malos tratos son los principales indicadores diferenciales de exclusión entres los hogares sustentados principalmente por una mujer o por un hombre, y las labores domésticas y de cuidado son los motivos de inactividad laboral en los que se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres. En la descripción que acabamos de realizar subyace una cuestión que atraviesa toda la mirada: el papel de las mujeres en al ámbito de los cuidados y en el espacio doméstico.

Nos encontramos en la necesidad de introducir en nuestros paradigmas de inclusión la perspectiva de los cuidados y la dimensión relacional, superando un modelo de inclusión centrado principalmente en el acceso al empleo y a los ingresos.

3. Claves en la construcción de nuevos modelos de inclusión social

3.1. La importancia del binomio público-privado

Asegurábamos anteriormente que el sistema sexo-género impregna los procesos de exclusión social, reproduciéndose a través de algunos binomios que asignan distinto valor a aquello que ha estado tradicionalmente ligado a las mujeres, y lo que se ha considerado «propio» de los hombres. El binomio espacio público-espacio privado explica, en gran medida, las dificultades de las mujeres para el acceso al empleo y a los derechos sociales que este genera, a los ingresos y al mundo de las relaciones que se producen en ese espacio público.

Abordar los procesos de exclusión e inclusión social de forma neutral, puede constituir un obstáculo para la mejora de la calidad de vida de algunos colectivos. Si no incorporamos una mirada de género al diseño, la puesta en marcha y la evaluación de los procesos y los mecanismos de inclusión, así como a las políticas que los enmarcan, estaremos corriendo el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

Los datos muestran cómo la división público-privado sigue reproduciendo el sistema sexo-género, entendiendo el espacio público (productivo, remunerado, moderno, técnico, político…) como el espacio natural de los hombres y el privado (reproductivo, estático, tradicional, conservador, ligado a los cuidados, no remunerado…) como el propio de las mujeres. Esta dicotomía es una consecuencia de la división sexual del trabajo, que va acompañada de unos determinados roles asignados a cada género.  Sobre lo productivo, además, ha recaído el prestigio, el valor y la toma de decisiones y en cambio, sobre lo reproductivo, se ha configurado una imagen de rutina, de algo poco importante o accesorio. A pesar de que las cosas van cambiando, son especialmente llamativos algunos datos, como por ejemplo el del número de mujeres que se encuentran en situación de inactividad laboral con respecto a los hombres por dedicarse a las labores del hogar. Así, el trabajo reproductivo y de cuidado, como actividades propias del sexo femenino, han sido subvaloradas y subordinadas, al igual que las personas que las han desempeñado (Carrasco; Borderías; Torns, 2011).

Desde la economía convencional, no hay más trabajo que el mercantil, y esta visión invisibiliza a las mujeres y/o a otros colectivos que han quedado fuera de ese tipo de trabajo. De esa forma, observamos como vuelven a ser las mujeres las que más sufren el desempleo, la inactividad, la contratación a tiempo parcial, etc.  Podríamos deducir, de acuerdo con muchas aproximaciones teóricas, que las mujeres se encuentran con obstáculos para acceder al empleo, y a menudo, a través de la intervención social siguen siendo orientadas (de forma más o menos sutil) al espacio privado o, de manera cada vez más acusada, hacia ese ámbito precarizado que se ha venido llamando la mercantilización de los cuidados.

El diseño de los procesos de inclusión, así como su implementación y su evaluación, tendrían que incorporar una mirada que ayude a romper con la dicotomía esfera pública- esfera privada, transformando las lógicas relacionales que operan en cada uno de esas espacios, entendiendo que el trabajo es más que el empleo, dotando de valor a todas esas tareas invisibilizadas y esas relaciones que sostienen la vida y que inspiran la economía social y solidaria. No se trataría simplemente de cambiar las personas que ocupan esos espacios, sino de transformar los mismos, otorgándoles valor. Este valor será el que permita que estos espacios configuren también lo que entendemos por inclusión social y por lo tanto sean objeto de protección, fomento y desarrollo.

3.2. La perspectiva interseccional y su importancia en los procesos de inclusión

El enfoque multidimensional de la exclusión social nos ha permitido descubrir los diferentes factores, elementos y circunstancias que construyen este fenómeno. Esto está suponiendo un avance respecto a una mirada centrada exclusivamente en la cuestión de la pobreza y los ingresos. Resulta sugerente completar este enfoque con la perspectiva interseccional que, colocando a la persona en el centro, permite reconocer la interrelación entre género y otras categorías de diferenciación sobre las que se construyen las discriminaciones (raza, clase social, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, origen rural…) Esta mirada contribuye a mejorar los procesos de inclusión, teniendo en cuenta los rostros y poniendo la persona, y no su problemática, en el centro.

Nuestro reto no sólo es descubrir las problemáticas que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, sino seguir interrogándonos sobre las causas, y avanzar hacia propuestas de solución que corrijan las desigualdades. Para ello, debemos fijarnos no sólo en los problemas que generan la exclusión, sino en los diversos rostros de las personas que la sufren. En este camino, nuestra propuesta es avanzar hacia una noción de inclusión que ponga la vida en el centro.

4. Bibliografía

Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata.

Mouffe, Chantal (1984): «Por una teoría para fundamentar la acción política de las feministas»: Jornadas de Feminismo Socialista, Madrid: Mariarsa.

Hill Collins, Patricia; Sirma, Bilge (2019) Interseccionalidad. Madrid: Morata

FOESSA (2019) VIII Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: Fundación Foessa

Cáritas Bizkaia (2017). Dimensión Relacional en Familias Frágiles. Una mirada desde el acompañamiento realizado por Cáritas. https://www.caritasbi.org/cas/informes/estudios/

Número 4, 2020