Un peligroso avance hacia la sociedad insegura. Un adelanto de los resultados de la EINSFOESSA 2024.
Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Raúl y a Marina en X (antiguo Twitter)
El avance de resultados de la EINSFOESSA 2024 nos alerta del avance de una sociedad insegura que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero que pone también en jaque a cada vez más personas y familias en España. Revela un aumento en la exclusión social que afecta ya a 9,4 millones de personas, persisten problemas de precariedad laboral, de acceso y mantenimiento a la vivienda y la salud, que en conjunto profundizan la brecha generacional. Nos enfrentamos como sociedad a importantes retos para abordar estas desigualdades y garantizar los derechos.
Desde 2007 ha aumentado la exclusión hasta alcanzar actualmente a 9,4 millones de personas en España. Es un dato que ya nos debería alertar de la importancia de ponernos a pensar, a cuestionar y, en definitiva, a trabajar por paliar la situación de estas personas. Pero, además de este dato, que muchas de nosotras podríamos leer desde la distancia y la lejanía, vemos que el espacio de la integración también se ve afectado. La integración plena, es decir, la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Esto ya no habla solo de aquellos, de las últimas, de quienes menos tienen. Está hablando de nuestras vecinas, amigos, jóvenes a nuestro alrededor, que quizá ya no se mueven en ese espacio seguro de la integración plena, sino que se identifican (los identificamos y tal vez nos identificamos) más con el espacio de la integración precaria.
Gráfico 1. Evolución de los niveles de integración social en España, 2007-2024.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024[i].
Del mismo modo, ese lugar menos agudo de la exclusión que es la exclusión moderada, más o menos se mantiene con valores del 10,1% en 2007 y del 10,5% en 2024. Sin embargo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social, pasando del 6% en 2007, al 9% actual, lo que significa que 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.
Un análisis más detenido de la exclusión social severa genera una preocupación añadida y es que prácticamente la totalidad de personas (94%) en situación de exclusión social severa acumulan problemas en 3 o más dimensiones de las 8 que analiza la encuesta FOESSA (empleo, consumo, salud, vivienda, educación, participación política, aislamiento social, conflictividad social).
Gráfico 2. Distribución porcentual de la población española y de la población en exclusión severa, según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones, 2024.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2024.
Esta acumulación de dificultades y problemas diversos en las vidas de esta parte de la población, nos sitúa ante el reto de implementar medidas desde varias dimensiones que se complementen entre sí para el apoyo a esta población.
Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de este año[ii]. Un macrodiagnóstico que fotografía una vez más la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España y que será presentado con más detalle en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España[iii]. Con casi 12.300 cuestionarios realizados, esta imagen muestra a todas las capas sociales y todos los lugares, rurales y urbanos, barrios más y menos acomodados, de nuestro país. La imagen que muestra es, por tanto, el reflejo de toda la realidad, con sus claros y con sus oscuros.
Y lo que nos dice esta información es que, efectivamente, ahondamos en esa sociedad del riesgo, esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social. Una sociedad en la que aumenta la incertidumbre respecto a la situación presente y futura de personas y familias de distintos estratos de la sociedad que, además, nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida. En particular, veremos con más detalle dos cuestiones que están mermando la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Y una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos, la brecha generacional existente que cada vez es más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.
Sigue desvaneciéndose la capacidad integradora del empleo
La realidad del empleo presenta los datos más positivos desde la medición de 2007. Han aumentado el empleo, el número de personas ocupadas y la población activa, engrosada por las personas migrantes. Pero es importante establecer una distinción: el empleo creado ha sido dual. Así, de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, a la vez, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas migrantes, a las que hacíamos referencia al hablar de población activa, así como las más vulnerables en general.
Mientras que los empleos de mayor calidad pueden llegar a precisar un nivel de cualificación y especialización tal que dificulta su ocupación, los empleos más precarios son de más fácil ocupación, pero, en contraposición, tienen una mayor debilidad integradora. Así, no se trata solo de tener o no tener empleo, sino de las condiciones del mismo, pues no podemos olvidar el fenómeno de las personas trabajadoras que afrontan pobreza económica (12%) a pesar de sus rentas del trabajo. Y, más allá de lo monetario, estar empleado no protege de las dificultades para la integración social, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.
En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.
Gráfico 3. Proporción de personas en situación de exclusión y exclusión social severa, según relación con la actividad, 2007 a 2024.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.
La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo, como la orientación laboral, la formación, el empleo protegido o las subvenciones a la contratación, con medidas de apoyo social. Estas medidas son fundamentales para ayudar a las personas a superar las dificultades personales y familiares que a menudo representan un obstáculo importante para su (re)incorporación al mercado laboral. La colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo es, aún hoy, una asignatura pendiente que exige ser abordada con urgencia para garantizar una intervención integral y eficaz.
La crisis de la vivienda: un derecho no garantizado
Si hay una cuestión que se ha manifestado como especialmente relevante en los presupuestos familiares esa es la vivienda[iv]. Todos los indicadores que recoge la EINSFOESSA nos informan de que los riesgos de exclusión en la vivienda han empeorado y más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. En particular, la sobrecarga que supone este gasto, provoca que 2,7 millones de hogares caigan en una situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros, lo que representa al 14% de las familias.
Imagen 1. Hogares afectados por algunas variables en la dimensión de la vivienda, 2024.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2024.
Al profundizar en esta cuestión, se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue aumentando, y afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando. En este sentido, el régimen de tenencia se revela como un potencial factor protector frente a la exclusión social, ya que la exclusión se limita al 8% cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes), y se incrementa hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler.
Aquellos hogares con menor renta y que, por tanto, sufren situaciones de pobreza, dedican a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos sea un fenómeno cada vez más acuciante.
Esta dinámica se hace más intensa, entre otras razones, por el proceso de descapitalización de los hogares excluidos desde la crisis financiera: si en 2013 casi 6 de cada 10 hogares en exclusión tenía una vivienda en propiedad, aun con pagos pendientes, ahora esa proporción se ha reducido a la mitad (3 de cada 10). Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital.
El empeoramiento generalizado en el acceso y mantenimiento de la vivienda se puede conocer mejor a través de las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida:
- Aproximadamente 3 millones de personas se ven abocadas a alojarse mediante formas precarias e inestables de tenencia de vivienda, tales como no disponer de título legal ni contrato, realquilando, dependiendo de una cesión gratuita o bajo la amenaza de un desahucio.
- Aproximadamente 3,4 millones de personas sufren condiciones de hacinamiento.
- Desde el año 2018 ha aumentado la población expuesta a situaciones de vivienda inadecuada, insalubre o con deficiencias estructurales de habitabilidad o confort térmico, entre las que destaca que 1,6 millones de personas residen en viviendas que carecen de algún equipamiento básico, o que 720 mil personas residen en barrios marginales con entornos degradados.
- Algo más de 1,5 millones de personas no tienen la posibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades de las personas con movilidad reducida.
Todo ello con las implicaciones que tiene para la calidad de vida, tanto en lo relativo a la salud física, como podemos relacionar en el caso de barreras arquitectónicas, humedades, plagas, inseguridad social o riesgos asociados al hacinamiento, como a nivel de salud mental y desarrollo personal y familiar, al carecer de un espacio de seguridad e intimidad. Todo ello en un marco de inseguridad jurídica y legal, en muchos casos.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado quedan ocultos tras las paredes de una vivienda a la que en muchos casos no se puede llamar hogar. En parte quizá esto haya contribuido a que la sociedad española haya tardado tanto en reaccionar a una crisis de vivienda que, en realidad, se viene larvando desde hace ya tiempo.
Se amplía la brecha generacional
Todo lo anterior impacta de distintas maneras a las diferentes cohortes de edad. Así, de un lado, entre las personas mayores los datos de exclusión nos muestran una evolución positiva y sostenida en el tiempo en la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años y quienes se encuentran cubiertas por una pensión. La tasa de exclusión de este grupo poblacional se ha reducido a la mitad entre 2007 (16%) y 2024 (8%). En este sentido, la exclusión social más severa ha seguido la misma tendencia y para los mayores de 65 años alcanza valores residuales en 2024 (2%). Una tendencia que evidencia dos hechos relacionado con los puntos previos: una menor presión al pago de la vivienda de los más mayores, así como el valor de integración social que posee el sistema de pensiones.
En el lado opuesto de la línea generacional, no podemos decir lo mismo de la capacidad protectora hacia la infancia y la juventud. Los datos registran un periodo de empeoramiento para las personas más jóvenes que merma sus oportunidades, perspectivas y capacidades de generar proyectos vitales emancipatorios. Se perpetúan las situaciones de pobreza y exclusión. Como resultado, aumenta la desigualdad generacional. Es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia sea ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%) y que esta exclusión social más aguda haya pasado para la juventud de entre 18 y 29 años, del 6% en 2007 al 11% en 2024, un incremento del 83%.
Gráfico 4. Proporción de personas en exclusión social severa según grupos de edad, 2007 a 2024.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2007, 2009, 2013, 2018, 2021 y 2024.
A su vez, se encuentran en un contexto donde el empleo no es suficiente para garantizar la inclusión y con un mercado de la vivienda que, aun siendo esta la principal partida de gasto de las economías personales y familiares, no garantiza la posibilidad de acceso y mantenimiento en condiciones dignas a este derecho.
La exclusión social en otros perfiles
Se confirman las mayores dificultades para las mujeres que están al frente de un hogar. Desde el inicio del análisis en 2007, apreciamos una tendencia al aumento de las desigualdades de género. Aunque en el último periodo 2021-2024 puede verse una mejoría más rápida en los hogares encabezados por mujeres, la situación está lejos todavía de la igualdad y han aumentado claramente las diferencias respecto de los periodos anteriores de bonanza, en 2007 y 2018.
En estos momentos la exclusión social en los hogares sustentados por mujeres alcanza el 21% frente al 16% de los hogares encabezados por hombres, lo que representa un 34% más de afectación en las familias con mujeres al frente.
La mayor exposición a la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, en concreto, a las familias monoparentales (29%), a las familias con menores de 24 años (24%), y a aquellas familias con alguna persona con discapacidad (24%).
Además de la brecha generacional, se ha constatado una brecha que tiene que ver con la población extranjera. A pesar de que la mayoría de las personas en exclusión social son españolas, la incidencia de este fenómeno alcanza prácticamente a la mitad (47%) de las personas migrantes extracomunitarias.
En todo caso, sigue siendo necesario recordar que 3 de cada cuatro personas en exclusión social son de nacionalidad española, y esto se debe a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, no los importamos, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad.
Imagen 2. Exclusión social según tipología de hogar o grupos de personas.
Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2024.
Algunos retos que hemos de afrontar
Los elementos presentados son solo algunos de los múltiples indicadores que nos deberían alertar de que nuestra sociedad camina hacia la sociedad de la inseguridad que se iniciaba hace ya unas décadas y que, salpicado por las crisis de 2008, de la covid-19 y de la inflación, han agravado la inercia propia de una estructura social y económica que ya se alejaba de los principios del bien común, de la equidad, y de la justicia social.
Nos enfrentamos a numerosos y diversos retos para frenar este peligroso avance. Unos retos que apuntan a un cambio social que persiga el respeto de las personas y de la dignidad inherente a la condición humana, un respeto que necesariamente implica y exige la garantía y protección de los derechos. Y, para ello, aunque toda la sociedad debe estar implicada, aludimos a la concreta necesidad de potenciar que el diseño de las políticas públicas parta de un enfoque integral basado en derechos. Esto nos lleva a exigir que ningún derecho quede al albur de un mercado que demuestra ser ineficaz para realizar esta tarea -una que, por otro lado, tampoco le corresponde. Delegar en él solo generará nuevas brechas de desigualdad entre quien pueda pagar y quien no, privando así a los últimos del ejercicio real del derecho.
En concreto, haremos referencia a tres retos clave en función de lo expuesto anteriormente:
1. Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo. Un empleo que sigue sin llegar a todas las personas y que desde hace tiempo no ofrece las garantías suficientes para proteger a las personas trabajadoras de la pobreza y la exclusión. Para ello es preciso atender las carencias de tipo material, bien complementando aquellos salarios que son insuficientes, o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para la vida en sociedad. Esto nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Un terreno en el que tenemos todavía un amplio margen de mejora, ya que el gasto del estado español en el capítulo diverso de rentas de inserción es de un 30% de la inversión media de los países de la Unión Europea[v].
Por otro lado, la integración social es más que lo monetario, por lo que debemos pensar en reforzar paralelamente nuestro sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (porque el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, generando además bienestar común.
2. Las dificultades para el acceso y el mantenimiento de algo tan esencial como la vivienda, retan nuestra forma de organización social. Desde el momento en que los gastos de la vivienda asfixian la economía y la vida de muchas familias, es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad, y en especial para las familias más vulnerables. Para ello conviene observar que el parque de vivienda pública en alquiler alcanza el 8% en la media de la Unión Europea, cifra que triplica el parque de vivienda pública en España que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión que realizamos en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18% de lo invertido en la media de la Unión Europea[vi]. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura.
3. Es urgente afrontar y prevenir las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia y, para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Si nos fijamos en las prestaciones económica por tener hijos, nuestro país dedica tan solo un 36% de la inversión media de la UE[vii].
Debemos señalar, asimismo, que es preciso generar políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones que se encuentran segregadas y marginadas, ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para su plena aceptación e inclusión social, como son las personas de origen migrante.
Todo esto partiendo de que seguimos lejos de lograr la igualdad de género, y que estamos comprometiendo las posibilidades de generar trayectorias vitales de las generaciones más jóvenes. Y lo hacemos en un planeta cada vez más esquilmado y que nos pide un respiro, porque a este ritmo dejará de ser capaz de sostener la vida humana.
Los retos que hemos lanzado señalan en muchas ocasiones hacia la responsabilidad que tiene lo público en sus diferentes niveles de gobernanza, no podemos olvidar su rol como garante de los derechos, pero tampoco debemos olvidar el necesario incremento de la participación y la responsabilización de la comunidad. En otras palabras, desarrollar la comunidad como modelo colectivo para afrontar los retos sociales que tenemos delante además de bueno, es necesario para el cambio social que nos exige el mundo de hoy.
Notas:
[i] En este análisis conviven la serie primera, que ofrece datos de 2007, 2009, 2013 y 2018, y la serie nueva, que ofrece datos de 2018, 2021 y 2024. La comparabilidad en los datos debe realizarse dentro de cada una de las series, existiendo diferencias metodológicas entre una y otra serie que limitan la capacidad comparativa interseries en el Índice Sintético de Exclusión social y en sus componentes.
[ii] Fundación FOESSA (2024). La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y Perspectivas 2024). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[iii] Este informe incluye los resultados de la nueva oleada de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada a hogares en España durante el primer semestre de 2024. El informe, en elaboración, verá la luz en el último trimestre de 2025.
[iv] El documento Análisis y Perspectivas 2023 analizaba la distribución de gasto de los presupuestos familiares, siendo la vivienda, junto con la alimentación, las dos partidas a las que más porcentaje de gasto se destinaba.
Fundación FOESSA (2023). Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida (Análisis y Perspectivas 2023). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[v] Datos para el año 2022. Fuente de datos de España: Estadística de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS, Ministerio de Trabajo y Economía Social; datos europeos: EUROSTAT.
[vi] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022; Base de datos de viviendas asequibles de la OCDE.
[vii] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022.