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A fondo

De discursos de odio a contranarrativas posibles: la experiencia del B9

Mercè Darnell, Departamento de Proyectos Singulares y Calidad. Cáritas Diocesana de Barcelona.

Anna Falcon, Observatorio de la Realidad.

 

El artículo relata el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona, evidenciando la criminalización de la pobreza, los discursos de odio y deshumanización hacia la población migrante. La persona deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser una amenaza. Exponemos la respuesta coordinada de entidades sociales y la necesidad de contrarrestar estereotipos, para promover inclusión y derechos sociales.

 

El pasado 17 de diciembre de 2025 a primera hora de la mañana se desalojó a los residentes del antiguo instituto B9 de Badalona.

De esta experiencia intensa y extrema, desde Cáritas, extraemos algunos aprendizajes valiosos, que compartimos, ante la posibilidad de que se repitan sucesos parecidos.

Badalona es la tercera ciudad de Catalunya en número de habitantes, por detrás de Barcelona y l’Hospitalet. El gran desarrollo de la ciudad se produjo con la industrialización, que comportó sucesivas oleadas migratorias de otras zonas de España a lo largo del siglo XX. Hay dos hechos clave en la construcción de Badalona. En primer lugar, en los años 60, debido al desbordamiento del Besós, miles de personas perdieron sus hogares, barracas situadas en los márgenes del río. Como respuesta se crearon barrios con vivienda pública de poca calidad, edificados en poco tiempo e infradotados. En segundo lugar, los Juegos Olímpicos de 1992 supusieron el desplazamiento de parte de la población barraquista de Barcelona a Badalona.

Badalona es, por tanto, una ciudad que cuenta, por una parte, con un núcleo histórico, cultural y social y, por otra, con barriadas infradotadas que durante décadas no se han sentido parte de la ciudad. Las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo, como la erradicación del barraquismo o la conexión entre barrios, han sido claramente insuficientes. Como en Barcelona, la explotación del litoral marítimo ha implicado un proceso de gentrificación intenso y expulsión de la población más empobrecida. De las antiguas casitas bajas, fábricas y talleres, a pisos de alta gama en primera línea de mar y puerto deportivo. La mejora de transporte público ha facilitado la movilidad, pero también ha comportado el encarecimiento de la vivienda. Aunque las políticas municipales aspiran a una Badalona floreciente, de éxito, la realidad es que muchos hijos y nietos de los primeros migrantes no tienen ni las expectativas ni las posibilidades de vivienda que sus antecesores tuvieron.

El actual gobierno basa gran parte de sus discursos en la culpabilización de la población inmigrante, invisibilizando cuestiones estructurales, como la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y la población autóctona olvida que también llegó allí desde otros lugares. En ese mismo discurso, además, se desplaza la responsabilidad desde el poder local como garante de derechos, poniendo en el foco a las personas inmigrantes, lo que genera, como ya sabemos, polarización.

En concreto se invisibiliza el sinhogarismo, la realidad de las personas que duermen en la calle y la falta de recursos. El único albergue municipal que había cerró hace más de 2 años. No hay tampoco ningún comedor social público. Ambas realidades se encuentran en flagrante oposición a lo que las necesidades y las normativas de servicios sociales requieren. No existen actuaciones de emergencia más allá de cuando las temperaturas bajan de 0 grados. En este contexto, entidades sociales, movimientos sociales y asociaciones de vecinos trabajan en entornos desfavorecidos y contra la exclusión.

Igual que en otras grandes ciudades, hay un problema estructural de falta de vivienda asequible. Muchas personas no pueden acceder por sus recursos económicos o situación legal (falta de permiso de trabajo y/o nómina) a una vivienda. Hay que sumar a esto, un racismo inmobiliario: aunque se disponga de medios, alquilar deviene misión imposible para según que apellidos, acentos o tonos de piel.

Desde hace años, Cáritas Diocesana de Barcelona forma parte del Programa de inclusión Bisbe Carrera, junto con la Fundación Roca i Pi y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, desde donde acompañamos a personas en situación de sin hogar, en Badalona, desde diversos servicios diurnos y residenciales. Esto permite atender de manera integral (vivienda, acompañamiento social, salud, trabajo) a personas y situaciones de extrema vulnerabilidad.

La falta de opciones en una ciudad cambiante determina una trayectoria larga de ocupación de pisos, locales y naves industriales vacías. En una de ellas, desde hace 5 años, vivía un numeroso grupo de población migrante de procedencia africana. Se produjo un incendio en el que murieron varias personas, hubo heridos y el resto fue desalojado. Las medidas de emergencia inicial fueron insuficientes y la mayoría quedaron en la calle, produciéndose un primer asentamiento que también fue, a su vez, desmantelado. Estas personas fueron el germen de los residentes del B9, instituto educativo cerrado y sin uso des de hace años, situado en los límites de dos de los barrios más empobrecidos de Badalona, Sant Roc y el Remei. Allí fueron creando una especie de aldea o vida colectiva, en la que llegaron a vivir 400 personas[i], durante más de 4 años. Muchos de ellos habían establecido allí lo más parecido a un hogar. Las clases del instituto se fueron compartimentando en habitaciones, una parte de las personas pagaban por vivir en ellas, muchos trabajaban, incluso con contrato. Algunos se dedicaban a ocupaciones informales como la recogida de chatarra, repartidores, etc. Aunque mayoritariamente eran personas de países extracomunitarios sin permiso de residencia, gran parte hombres jóvenes de África Subsahariana, también había personas con permiso de residencia, mujeres y personas mayores. Aproximadamente 180 de estas personas habían acudido a los Servicios Sociales municipales y recibían ayudas puntuales o un acompañamiento continuado.

 

Crónica de un desalojo anunciado

La política municipal había hecho cruzada contra la ocupación del B9 con fines electoralistas. Así se manifestaba públicamente y en redes, en los numerosos encuentros con medios y vecinos. En sus palabras y actos se ha vinculado siempre la ocupación y la migración con delincuencia, con peligro, creando miedo y desconfianza en la población.

Así, tanto los responsables políticos, como los medios de comunicación, las entidades y la ciudadanía, conocían la situación del edificio antes de su desalojo. Había noticias y rumores, y se sabía que llegaría una resolución judicial. En los meses previos al desalojo, desde los servicios sociales municipales ya tomaron medidas y se valoró la situación de las personas más vulnerables, lo que resultó en el realojo de unas 20 personas en colaboración con la Generalitat de Catalunya.

Finalmente, el juez autorizó el desalojo sólo si, previamente, se podía garantizar una alternativa a los residentes del instituto. Incumpliendo el mandato judicial, el ayuntamiento no habilitó recursos alternativos, generando un vacío asistencial inmediato tras el desalojo. Como no existía esta alternativa y el alcalde había manifestado que no pondría ni un duro[ii], quedaba la esperanza de que no se llevara a cabo. No obstante, ante la inminencia de la potencial actuación judicial, unas 200 personas que estaban en el B9 se habían ido marchando durante el mes de diciembre.

Finalmente 17 de diciembre, a primera hora de la mañana, la policía catalana llevo a cabo la acción con un despliegue sin precedentes (convirtiendo éste en el mayor desalojo en la historia de Catalunya) que incluía centenares de agentes, antidisturbios, drones, un helicóptero y unidades caninas. La operación duró unas 5 horas y apenas hubo incidentes. La policía identificó a 181 personas en el interior. En respuesta, alguna entidad presentó denuncia al alcalde por la ilegalidad de la medida. La ONU condenó el desalojo como degradante y con un discurso estigmatizador por parte del alcalde hacia las personas afectadas. En el desalojo hubo quien no pudo llevarse lo que tenía, ni sus documentos personales o la medicación. Muchos se fueron sin casi ninguna de sus pertenencias. Pero no se trata solo de lo material, pues, como en otros asentamientos, existía una mínima organización y vida comunitaria que posibilitaba un entorno de seguridad y vínculos sociales que también se fracturaron con el desalojo.

Durante la mañana de la ejecución del desalojo se evidenció que la Administración local no había previsto, ni ofrecido, ninguna alternativa habitacional para las personas desalojadas. Las entidades sociales se movilizaron urgentemente, instando sin éxito al Ayuntamiento para que hiciera lo que le correspondía. Cáritas y otras entidades de Badalona, ya desde el día del desalojo reubicamos de urgencia a algunas personas en pensiones.

 

Esto es racismo y xenofobia (Sí, y manos a la obra)

Entre las voces que se alzaron el mismo día 17 para denunciar el hecho se encuentra el Cardenal Arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella, que instó a las administraciones y entidades a coordinarse para encontrar alternativas a las personas. Los obispos catalanes emitieron un comunicado en el que se calificaba el tratamiento de los hechos de racismo y xenofobia. En entornos de Iglesia se emitieron otros comunicados parecidos[iii], aludiendo también a la proximidad de la Navidad.

El mismo día 17 las tres entidades que conformamos el Programa de Inclusión Bisbe Carrera decidimos abordar juntas la situación de emergencia y proponer al Departamento de Derechos Sociales y al Ayuntamiento de Badalona un espacio de trabajo conjunto con carácter urgente. Durante aquella tarde/noche y durante la mañana del día 18 se hicieron contactos al máximo nivel que fue posible, también desde el propio Obispado.

Muchos de los desalojados pasaron la primera noche en una plaza enfrente del instituto, de donde también se les desalojó. Debido a las lluvias, gran parte se instalaron en un puente bajo la autopista en un asentamiento precario. Tanto entidades como movimientos sociales empezaron a llevar comida, mantas y tiendas de campaña, para ayudar a sobrellevar la situación. También diferentes personas y familias de la ciudad acogieron a algunos en su propio hogar. Con un impacto climático adverso, las bajas temperaturas y fuertes lluvias expusieron a las personas desalojadas a condiciones extremas en invierno, convirtiendo la situación en emergencia social. Por su parte, los medios de comunicación siguieron informando y, a nivel social y de convivencia, el clima seguía caldeado. Desde el gobierno municipal se amenazaba con desalojar a las personas del puente.

Desde el día 18 se realizaron varias reuniones con responsables del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y del Ayuntamiento de Badalona, donde se hizo patente que el Ayuntamiento no pondría a disposición de las personas desalojadas ningún recurso municipal y que, inicialmente, no se podía contar con edificios de titularidad pública como recurso residencial provisional. En contraposición, la Generalitat si ofreció colaboración económica y soporte para encontrar alojamiento alternativo temporal.

La búsqueda de alternativas de alojamiento supuso un trabajo de coordinación de esfuerzos y recursos entre las tres entidades del programa de inclusión Bisbe Carreras, la Cruz Roja y la Generalitat. Desde la Iglesia se pusieron a disposición los locales de una parroquia de Badalona para poder alojar a algunas de las personas que estaban durmiendo debajo del puente. Es necesario tener presente que la parroquia está situada en un barrio creado en las primeras olas migratorias nacionales en los años del desarrollismo, marcado por las crisis económica y habitacional, con problemas de tráfico de estupefacientes y el imaginario tantas veces amplificado por las autoridades municipales de que eran delincuentes peligrosos.

Valoramos pedir apoyo a Cruz Roja, por su experiencia en acciones humanitarias de emergencia, para poder habilitar el espacio con lo necesario y hacer posible la acogida.

Se acordó finalmente ofrecer las 15 plazas (el número que determinó Cruz Roja que era posible atender por las dimensiones) sólo para 15 días (los días de vacaciones de Navidad en los que los locales estaban disponibles, para cenar, dormir y desayunar).

 

Bloqueo y Rechazo Social

El domingo día 21 estuvimos por un lado los técnicos sociales entrevistando durante todo el día a las personas vulnerables, seleccionando a 15 de ellas. Paralelamente la dirección de Cáritas llegó por la mañana a la parroquia. Desde Cáritas Diocesana explicamos en la Misa dominical a los parroquianos que esa noche en los locales parroquiales acogeríamos a personas desalojadas del B9.

Por la mañana ya había vecinos alrededor de la parroquia diciendo a gritos que no querían a personas alojadas, que establecieron vigilancia en las inmediaciones y empezaron a increparnos. Al empezar a descargar el material que llevaba Cruz Roja (camas plegables, mantas, comida), los vecinos se manifestaron delante de la puerta y bloquearon el acceso al local, motivados por discursos de rechazo hacia migrantes y personas sin hogar. La policía autonómica sólo intervino como cordón entre los vecinos y el local parroquial.

Vimos claramente que no podríamos alojar a las 15 personas que durante todo el día habíamos seleccionado, vulnerables entre los vulnerables. Corrimos a avisarlos a todos para que no vinieran a la parroquia, sabiendo que tendrían que dormir a la intemperie. Dos de ellos, que no pudieron ser avisados, se presentaron con voluntarios en la parroquia, siendo increpados por los manifestantes. Las personas que estábamos dentro salimos corriendo para poder alejarlos del tumulto y se los pudo reubicar in extremis en un alojamiento fuera de la ciudad.

El alcalde se personó en el barrio y habló con vecinos. Intentó convencerlos para que pudiéramos acoger a las personas sólo esa noche, pero ya no fue posible. Se comprometió a ir al día siguiente a hablar con los vecinos por la tarde en la plaza de delante. Al día siguiente, llegó con megáfono. En su discurso explicó, para calmar la situación, que las personas que iban a ser acogidas (sólo 15 personas, 15 días y sólo de noche) no eran delincuentes. Alguno de los vecinos le preguntó: ¿Si no son delincuentes, por qué los echó del instituto? Pero las explicaciones no convencieron a los vecinos. El alcalde pidió el voto a mano alzada y por mayoría absoluta no se pudo alojar a las personas.

Los hechos fueron seguidos de manera exhaustiva y amplificada por diversos medios de comunicación, debatidos entre vecinos. Era un ambiente emocionalmente intenso, caldeado por los acontecimientos y con movilización por parte de quienes veían a los desalojados como ciudadanos desprotegidos y los que los consideraban una amenaza a erradicar.

No pensamos ninguna de las entidades que pudiera ocurrir tal oposición vecinal. Si lo hubiéramos intuido habríamos sido más discretos, habríamos valorado si el barrio donde estaba la parroquia era el indicado, si una parroquia era la mejor opción… No teníamos, ni las entidades del Programa Bisbe Carrera, ni Cruz Roja, una experiencia similar. Personas de una entidad humanitaria y de la Iglesia católica insultados por acoger a personas, vecinos impidiendo la entrada a personas vulnerables, nada de esto formaba parte de nuestro imaginario[iv].

En nuestra experiencia previa, estaban los miles de personas emigrantes que en el año 2001 se encerraron durante meses en iglesias de las ciudades de Barcelona y Cornellá para pedir papeles para todos. Contaron con el apoyo incondicional de parroquianos y vecinos. Entidades como Cáritas Diocesana de Barcelona y Cruz Roja estuvimos ayudando en la regularización administrativa y en acompañamiento social y laboral cuando salieron de las iglesias, después de llegar a un acuerdo con la administración estatal y autonómica ¿Cómo hemos pasado de acoger a miles de personas a no poder acoger a 15?

 

Alojamiento temporal

Se reubicó rápidamente a las personas en otros recursos temporales tras suspender el alojamiento en la parroquia. Como hemos dicho, las tres entidades del Programa Bisbe Carrera empezamos entrevistando a las personas que dormían debajo del puente pensando en las 15 plazas previstas en la parroquia, pero durante aquellos días acabamos alojando a más de 50 personas, en centros de Badalona y Barcelona, ofrecidos por las administraciones y entidades cristianas.

Nuestra estrategia fue diferente, actuar con la máxima discreción para que el mínimo de personas supiera la localización. No se produjo ningún altercado, ninguna manifestación vecinal. Los realojados convivieron sin ningún problema con la vecindad.

También otras entidades, con la colaboración de la Generalitat, alojaron en los siguientes días a más personas en poblaciones cercanas a Badalona o en otros lugares de Catalunya (las personas alojadas a mucha distancia de Badalona tuvieron dificultades para mantener sus trabajos y vínculos afectivos y comunitarios). Además, particulares y otras asociaciones y entidades locales proporcionaron alojamiento temporal, mostrando un fuerte compromiso comunitario en la crisis.

 

Seguimos acompañando: promoviendo arraigo y cohesión comunitaria

El Programa de Inclusión Bisbe Carrera está trabajando actualmente para ampliar la red de atención a personas sin hogar en Badalona y mejorar respuestas futuras. Después de Navidad se abrió un nuevo proyecto residencial estable que ofrece vivienda compartida para 8 personas con acompañamiento social.

Superada la fase de emergencia estamos trabajando conjuntamente para poder ofrecer acompañamiento social integral a las personas alojadas, previniendo la cronificación del sinhogarismo con itinerarios de vivienda, inserción y acceso a derechos. La estrategia de intervención incluye: vinculación en el entorno de proximidad, uso normalizado de los servicios públicos a partir del empadronamiento y participación con retorno social. En estos momentos estamos ayudando a su regularización.

 

Lecciones aprendidas

Con una cierta perspectiva temporal, podemos constatar que, en momentos de exacerbación, en multitudes con miedo y frustración acumulada, pueden producirse colectivamente situaciones de violencia, que hay que evitar a toda costa, protegiendo primero a las personas amenazadas y esperando a poder actuar con mayor serenidad. Ante todo, las actuaciones con respecto a los vecinos deben atender los momentos emocionales[v] y procurar rebajar su intensidad.

Las medidas llevadas a cabo sin publicidad ni ruido han resultado exitosas tanto para los afectados (que no tenían que seguir soportando el miedo, las muestras de rechazo ni el maltrato institucional) como para los vecinos, que no se han sentido amenazados ni en peligro

Dada la indignación y emoción inicial, así como las reacciones solidarias de los vecinos que ayudaban y acogieron a personas, se requiere que las soluciones en momentos de emergencia puedan sopesarse reflexivamente, en un análisis sereno. La presión de la climatología, la presión del elevado número de personas que quedaban sin alternativa, en una situación realmente adversa, y del poco tiempo que se disponía, en vísperas de Navidad, impidieron que se calibrara mejor si el barrio donde estaba la parroquia era el mejor sitio.

 

Por parte de las personas implicadas de las tres entidades, se escuchó con serenidad a todos, y desde el reconocimiento a su dignidad como personas, alcalde incluido, que quiso, con su estilo propio, dialogar con las entidades y mediar en el conflicto.  Una escucha que pasa también por el diálogo con las personas afectadas. En este sentido se hizo lo que se pudo para acompañar en el poco tiempo que obligaba la emergencia: entrevistas individuales con los desalojados y un mínimo acompañamiento. Eran y son personas diferentes y únicas, no un colectivo anonimizado, amorfo y homogéneo, que es lo que los prejuicios y estereotipos implican. También, en lo posible, se informó a los vecinos (los feligreses de la parroquia en un contexto de misa dominical).

Tanto en el trato con la prensa como en radio y televisión, en las entrevistas y declaraciones, se ha tenido especial cuidado en no facilitar titulares sensacionalistas y cautos ante preguntas que buscaban una declaración en contra del alcalde, posibles posicionamientos políticos, estigmatizar los vecinos o la polarización de las posturas. En todas y cada una de las declaraciones a medios públicos autonómicos o estatales[vi], se ha evitado el dualismo (ayuntamiento y vecinos malos, desalojados y entidades buenas). Más que verbalizar la aporofobia de los dirigentes municipales, se citaron de manera neutra datos y hechos, como albergue que lleva dos años cerrado, sin ningún juicio de valor.

Se ha explicitado en dichas entrevistas todo lo rescatable como la implicación de técnicos municipales de servicios sociales, la mirada comprensiva ante las reacciones vecinales, antiguos inmigrantes en precariedad creciente que llevan tiempo escuchando narrativas contra los ocupantes del B9.

Se ha reforzado la humanización e individuación de las personas desalojadas, señalando sus sentimientos (como el miedo), sus vínculos, presentándolos como agentes activos (trabajan, algunos tienen permiso, hay familias) frente a visiones que los muestran como víctimas pasivas, objeto de los agentes activos (policía, municipio). Hubiese sido deseable facilitar espacio en los medios de comunicación para darles voz, hecho frecuente y habitual en las dinámicas de los grandes medios de comunicación social (Van Dijk, 1997). Excepto en los reportajes de mayor extensión o en la cobertura posterior de algunas acciones de denuncia y protesta, su presencia en medios ha sido mínima, y no como protagonistas sino como objetos de intervención social. No eran sujetos de las noticias, sino contenido, objeto, de las mismas. Prácticamente no han podido ellos relatar su propia experiencia y construir su narrativa, una muestra más del trato a minorías y colectivos vulnerables, ante ello han sido los portavoces de las entidades que han recordado esta dignidad, individuación y humanidad, la voz entre tanto ruido.

Pudimos ver como los medios de comunicación se rigen por dinámicas muchas veces contrapuestas. Tienen una responsabilidad de informar que coexiste con presiones múltiples de líneas ideológicas, políticas, de mercado. En las sucesivas crónicas cotidianas, ya desde semanas antes del desalojo, donde se hacía énfasis en aspectos como las palabras del alcalde, la resolución judicial pendiente, creándose un cierto clima de expectación y polarización. Una vez se consumó el desalojo y las actuaciones posteriores, fueron apareciendo artículos de opinión y reflexión, con aportaciones profundas y reflexivas. Tanto en prensa local como nacional. Pudimos evidenciar que, a veces las redes sociales son un espacio donde se puede decir de todo, con mensajes que provocaban más fuego en la hoguera.

Los medios estatales y autonómicos mostraban a las personas desalojadas que estaban debajo del puente en Badalona como si fueran las únicas personas de España que estaban en esa situación. Tuvimos que insistir reiteradamente que en las principales ciudades hay asentamientos (más de 400 sólo en Catalunya), edificios ocupados, puentes donde viven personas todo el año. Invitamos a los medios a cubrir mediáticamente también estas realidades.

 

Conclusiones

Queremos destacar la importancia del trabajo en red entre las entidades, que lleva realizándose en Badalona desde hace años. Así como la colaboración y voluntad solidaria entre instituciones, asociaciones y ciudadanos que fue clave para atender eficazmente la emergencia social. Ha sido imprescindible la acción coordinada entre recursos públicos, privados y eclesiales. La responsabilidad pública, en este caso del Departamento de Derechos sociales de la Generalitat, fue imprescindible y continuada, su compromiso para dar soporte para encontrar alojamientos alternativos, para cubrir los gastos de alojamiento y acompañamiento, dada la no implicación del Ayuntamiento de Badalona. Este apoyo se ha ido alargando para poder seguir con el acompañamiento.

Nos encontramos en un momento social donde los discursos de odio generan miedo y aumentan la incertidumbre. Se generan temores ante los mensajes continuos, cargados de estereotipos, que criminalizan y generan miedo hacia la migración y los pobres. Se crean distancias entre nosotros y ellos, creando una lucha entre las personas por los recursos para cubrir necesidades básicas, en la que la persona más vulnerable, la persona migrante, es vista como una competencia. Deja de ser un ciudadano con derechos a ser una amenaza. Se deshumaniza a las personas y se las criminaliza con mensajes de todos son criminales.

Es necesario tener en cuenta el contexto estructural en el que se producen estos hechos, que ya explica el último informe FOESSA como el aumento de la precariedad económica, laboral y de vivienda. Las familias trabajadoras en la cuerda floja, los jóvenes con dificultades de emancipación. Una sociedad cada vez más individualista y menos empática.

Ante esto necesitamos:

construir una narrativa propia, imaginando la sociedad que queremos, y mantener y defender ese discurso más allá del ruido. Es necesario intervenir antes de que prejuicios y estereotipos se consoliden para evitar el rechazo social y racismo.

tejer alianzas, el trabajo en red que fortalece la coordinación de acciones contra los discursos de odio, que deshumanizan y despersonalizan.

sensibilizar y formar, la educación y la sensibilización comunitaria son esenciales para transformar actitudes sociales. La respuesta no puede ser solo racional, se necesitan mensajes de humanidad, el odio no debe combatirse solo con datos, sino también con testimonios reales, con campañas pedagógicas y creativas, espacios de diálogo, relatos positivos basados en la dignidad humana, el amor —acogida, humanidad, solidaridad— es un discurso más eficaz a largo plazo que la confrontación directa.

El discurso de odio requiere una respuesta conjunta y organizada de múltiples entidades para ser efectivo, exigiendo políticas públicas en defensa de la dignidad humana y los derechos sociales, que cubran las necesidades básicas de todas las personas.

 

Referencias bibliográficas

Cruz, R. (2025). “El pesebre migrante que no pudo ser”Vida Nueva Digital El pesebre migrante que no pudo ser en Badalona

Dijk, T.A. Van (1997) Racismo y análisis crítico de los medios. Paidós Ibérica Ediciones

Fajardo Fernández, R y Soriano Miras, R.M. (2016) “La construcción mediática de la migración en el Mediterráneo. ¿No-ciudadanía en la prensa española?” Revista Internacional Estudios Migratorios vol. 6 n º1 2016 págs 141-169

Gallart Cajo, I. y Brichs, X. B9 30 minuts – B9 – 3Cat

Reubiquen part dels desallotjats del B9, mentre que una setantena es neguen a marxar de Badalona – 3CatInfo

Vinyamata Camps, E.  (2014) Conflictología. Curso de resolución de conflictos. Ariel

[i] ver programa 30 minuts. 30 minuts – B9 – 3Cat

[ii] Ver programa 30 minuts 30 minuts – B9 – 3Cat

[iii] Por ejemplo, https://www.vidanuevadigital.com/2025/12/26/el-pesebre-migrante-que-no-pudo-ser-en-badalona/

[iv] En la campaña contra los discursos de odio promovida este año desde la mesa de entidades del sector de Catalunya se incluye también como destinatarios de estos mensajes a las entidades que los atienden.

[v] Conflictología. Eduard Vinyamata

[vi] Entrevista a Mercé Darnell en TV3 https://www.3cat.cat/3catinfo/nou-desallotjament-a-badalona-a-lespera-duna-solucio-per-als-antics-ocupants-del-b9/noticia/3386830

Entrevista a Mercé Darnell en Al Rojo vivo  AL ROJO VIVO ENTREVISTA MERCE DARNELL B9

Entrevista a Eduard Sala, director de CARITAS DIOCESANA BARCELONA Entrevista RTVE amb Eduard Sala: «Se ha sembrado miedo y odio, como si el otro fuera peligroso»

 

Número 23, 2026