Elena Cotarelo Álvarez. Directora de la Biblioteca Municipal de La Laguna
Rafael Ramos Claudio. Ayudante de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid
En la actualidad, las bibliotecas públicas han trascendido su función tradicional de ser meros repositorios de conocimiento para consolidarse como un actor clave en la transformación social. Estas infraestructuras sociales de libre acceso desempeñan un papel de especial impacto en la reducción de desigualdades, la promoción de la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario, convirtiéndose en espacios de aprendizaje continuo, participación ciudadana y desarrollo cultural.
Eric Klinenberg (2021), sociólogo y autor del libro Palacios del pueblo, define la infraestructura social como el conjunto de instalaciones físicas que permiten la conexión y el encuentro entre personas, promoviendo la interacción social y la creación de relaciones significativas.
Dentro de estas infraestructuras, las bibliotecas públicas ocupan un lugar destacado, ya que ofrecen un entorno seguro, inclusivo y accesible donde las personas pueden reunirse, aprender y colaborar, sin la necesidad de consumir ni producir, características que permiten fortalecer el engranaje social y comunitario. Para maximizar su impacto, las bibliotecas necesitan una planificación estratégica que anticipe las necesidades del contexto local y fomente sinergias con otros agentes culturales, educativos y sociales del territorio. El poder democratizador que tienen las bibliotecas públicas garantiza el acceso equitativo al conocimiento, creando puentes entre diversos sectores de la comunidad.
Desde sus inicios, las bibliotecas se han distinguido por su carácter cooperativo. La implementación de estándares internacionales y catálogos colectivos ha facilitado su adaptación a los avances tecnológicos. Las directrices de la IFLA/UNESCO han promovido, desde el año 1994, las pautas que deben seguir las bibliotecas públicas. En el manifiesto de la UNESCO, revisado y actualizado en el año 2022, se hace una referencia más notoria a la participación ciudadana y al trabajo hacia la comunidad que realizan las bibliotecas públicas: Las bibliotecas crean comunidades, actuando proactivamente para llegar a nuevos usuarios y apelando a la escucha eficaz para promover el diseño de servicios que satisfagan las necesidades locales y contribuyan a mejorar la calidad de vida.
El espacio de las bibliotecas públicas se ha convertido en un lugar esencial en el marco de sus funciones de socialización y de sociabilidad, promueve tanto la interacción como la integración social. El quehacer de la biblioteca pública se asocia con el interés constitutivo de un conocimiento liberador que apueste por la convivencia y la participación; que, además, brinde los estímulos necesarios para que los sujetos sean responsables de sus procesos de formación y transformación. Dichos procesos implican un giro conceptual, tanto en los paradigmas de acceso a la información y al conocimiento como en la identificación de las prácticas ciudadanas que aportan a las transformaciones sociales desde la biblioteca pública (Jaramillo, 2012). El énfasis del sistema actual de aplicar soluciones individualistas a las problemáticas sociales, como el acceso a información a través de la tecnología personal, tiende a eclipsar el valor colectivo de instituciones como las bibliotecas.
La existencia y el uso activo de estos espacios públicos son fundamentales para el desarrollo de normas sociales que promueven el respeto mutuo y la cooperación entre los miembros de la comunidad, facilitando, a través de la interacción, la creación de códigos de conducta implícitos que mejoran la convivencia. Una de las principales funciones del personal bibliotecario es conocer a las personas que acuden al espacio, conversar con ellas, confluir y establecer vínculos a través de la cotidianidad. Esa cercanía en las relaciones humanas ha permitido que las profesionales bibliotecarias sean consideradas como una de las profesiones mejor valoradas de atención y servicio público, siendo capaz de mitigar las desigualdades en cuanto al capital social y cultural simplemente por el hecho de existir.
El concepto del tercer lugar, propuesto por Ray Oldenburg (1989) en The Great Good Place, describe los espacios comunitarios que no son ni el hogar (primer lugar) ni el trabajo ni la escuela (segundo lugar), pero que son fundamentales para la vida social, el sentido de comunidad y la democracia participativa. Estos espacios fomentan la interacción, el descanso, el entretenimiento y el aprendizaje, todo en un ambiente que es neutral, accesible e inclusivo. Las bibliotecas públicas también se presentan como centros de conocimiento, innovación y cohesión social, es por todo ello que los vínculos que se generan dentro de ellas cobran un carácter particular. El público que acude a estos espacios de libre acceso es diverso y accede motivado por diferentes intereses o necesidades. Cobra una gran relevancia el horario tan amplio de apertura semanal de las bibliotecas, que fomenta la pluralidad en el público que acude y que a su vez se convierte en rutina en la vida de muchas personas. Servicios tan básicos como el suministro de prensa diaria y los equipos con acceso a internet, favorecen la presencia diaria de un público fiel, arraigado y con un fuerte sentimiento de pertenencia al espacio. En muchos casos, las bibliotecas se convierten en un lugar de acogida y de refugio para muchas personas que se encuentran en situaciones vulnerables, ya que proporcionan recursos fundamentales y son un espacio seguro que invita al descanso, la interacción social, la participación y el aprendizaje. De este modo podemos afirmar que las bibliotecas son lugares de refugio en todos los sentidos posibles, espacios en donde radica la riqueza literalmente humana.
Las bibliotecas públicas confluyen como laboratorios de vinculación entre personas que reducen el aislamiento social y la soledad no deseada, que funcionan como elementos que favorecen el aumento del bienestar de las personas, contribuyendo a mejoras en la salud pública, a través de la creación de alianzas estratégicas comunitarias. La raigambre social en las bibliotecas públicas hace referencia al profundo vínculo que estas instituciones tienen con sus comunidades. Los agentes que movilizan dinamizan y atraen a un público particular, también logran establecer sinergias entre ellos, nutriendo y ampliando la mirada en el enfoque de las aportaciones que vierten en la biblioteca.
Según mantiene Beirak (2022) en su libro Cultura ingobernable, la cultura no es una excepción ni algo extraordinario, es una herramienta de uso corriente para articular la vida común. El resultado de diseñar los proyectos y actividades de forma colectiva, poniendo el foco en los procesos y la atención en las demandas que permiten las mejoras en el desarrollo del servicio dirigido a las personas, enriquece la participación plural y el intercambio de ideas en el público diverso que habita la biblioteca. La filósofa Nancy Fraser (Fraser y Honneth, 2006) asegura que el sentimiento de pertenencia emerge cuando las personas se ven reflejadas en las normas culturales, en las políticas públicas y en la narrativa colectiva de la sociedad. Fraser relaciona el sentimiento de pertenencia con el reconocimiento y la representación, entendiendo que las comunidades justas sólo pueden construirse cuando las personas dejan de ser pasivas y se convierten en agentes activos.
La actividad global que se desarrolla en las bibliotecas públicas debe ser pensada con un doble objetivo: satisfacer las necesidades del público fiel y atraer a la población que, a priori, no es usuaria habitual. Como hemos mencionado anteriormente, son claves las alianzas con los agentes que participan del entorno y el trabajo comunitario en el desarrollo de los proyectos.
Las experiencias personales que suceden en una biblioteca son múltiples y, en la mayoría de los casos, existe una relación con el espacio que evoluciona a lo largo del tiempo.
Un ejemplo puede ser cuando la biblioteca pública colabora con una entidad dedicada a dar respuesta a las necesidades personales, sociales y comunitarias de las personas con problemas de salud mental. Los proyectos para atender a este colectivo desde la biblioteca pueden ser diseñados de manera conjunta con la entidad, facilitando recursos y apostando por la eliminación de los prejuicios que hay en torno a las personas con malestar psíquico. Desde un enfoque social y comunitario, en este caso, la biblioteca colabora favoreciendo el vínculo con el espacio, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y, por ende, humanizando y ampliando los lazos con la comunidad.
Si nos situamos en el momento vital de las infancias, un perfil de usuario muy presente, las vivencias en torno a la biblioteca son dispares. Por ejemplo, un niño o una niña puede ser una lectora habitual de la biblioteca, siendo esta una actividad que forma parte de su rutina, de su desarrollo y de su aprendizaje. En este caso, es importante poner la atención en el capital cultural desde el que se parte. Es una realidad que no todas las infancias pueden acceder en igualdad de condiciones a los recursos que ofrece una biblioteca pública. Por ello, es importante el trabajo de cooperación que se establece con la comunidad educativa, que permite la elaboración de proyectos que se desarrollan en la biblioteca en horario lectivo permitiendo dar acceso a la cultura y al conocimiento a todas las infancias en igualdad de condiciones, favoreciendo que estas personas sean sujetos activos en tiempo presente y de cara al futuro.
Las estrategias comunitarias son el motor que permite impulsar esa transformación social que se traduce en un aumento del impacto en las conexiones humanas, en la inclusión social, el conocimiento, la salud pública, la diversión, la creatividad y la responsabilidad social.
En este artículo se presenta a las bibliotecas públicas como agentes que intervienen socialmente en las comunidades, gracias a la propia esencia que las constituyen. Su carácter accesible, gratuito, plural, inclusivo y democratizador posibilita la armonización de los lugares donde se emplazan. El espacio de las bibliotecas es el lugar que permite la interacción, la cohesión social, el desarrollo cultural y comunitario.
Con el objeto de que todas las relaciones y conexiones humanas que se dan en la biblioteca puedan suceder con una mayor naturalidad, las infraestructuras físicas deben ser revisadas para poder satisfacer las necesidades comunitarias actuales. Por otro lado, debido al planteamiento actual de la gestión de la información, las infraestructuras tecnológicas y las Redes Sociales de las bibliotecas, deben estar encaminadas a la comunicación y a la creación de comunidades virtuales.
Es importante mencionar que durante muchos años las bibliotecas se han dedicado a invertir en formación dedicada a construir perfiles técnicos que permitieran reforzar una infraestructura tecnológica que hoy en día favorece el intercambio de información y facilita las labores bibliotecarias en el desarrollo de las colecciones. Actualmente, sería interesante plantear que la formación continua que recibe el personal de las bibliotecas públicas se enfoque en el desarrollo de estrategias comunitarias. Para ello se propone que los perfiles profesionales sean cualificados y estén también orientados al desarrollo comunitario, la educación social y la gestión cultural, para poder responder de una manera más eficaz a la demanda y visión actual de las bibliotecas públicas.
Es importante mencionar la falta de recursos que en muchos casos impiden fortalecer todo el potencial que tienen estas infraestructuras sociales. Actualmente las bibliotecas están pendientes de ocupar un lugar de referencia dentro de las administraciones a las que pertenecen. El carácter comunitario que las caracteriza es obviado en muchas ocasiones por las instituciones, siendo una tarea pendiente que se las reconozca como agentes imprescindibles con los que trabajar transversalmente en la planificación global de los territorios. Una evolución en la función cooperativa de las bibliotecas públicas hacia el intercambio de estrategias comunitarias y de buenas prácticas, podría favorecer las interacciones con el entorno de los territorios en los que prestan sus servicios, llegando a convertirse en agentes comunitarios claves de transformación social.
Beirak, J. Cultura ingobernable. Barcelona: Ensayo Ariel, 2022
Fraser, N.; Honneth, A. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Ediciones Morata, 2006.
Jaramillo, O. “La formación ciudadana, dinamizadora de procesos de transformación social desde la biblioteca pública”. Revista Interamericana de Bibliotecología. 2012, n° 1, vol. 35, 2012, pp. 73-82.
Oldenburg, R. The Great Good Place. Paragon House, 1989.
Klinenberg, E.; Zumalacárregui Martínez, P. Palacios Del Pueblo: Políticas Para Una Sociedad Más Igualitaria. Capitán Swing, 2021.
Manifiesto IFLA-UNESCO sobre Bibliotecas Públicas 2022 en línea: https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/2c0a8fe5-72c9-4a0f-81e1-0692e6feb1c2/content
Sociólogo, Director del área de Acción Social de Cáritas Española
Según se recoge en el III Plan Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector: el Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.
Más allá de la definición formal, hablar del Tercer Sector, es referirnos a entidades con forma jurídica propia (asociación o fundación, en la mayoría de los casos), sin ánimo de lucro y «fuera del sector público», que desarrollan proyectos (de atención directa, de sensibilización, de incidencia política…) orientados al bienestar y a los derechos de la ciudadanía (la lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación…).
Cabe destacar también el carácter voluntario de estas entidades, pues la mayoría de ellas cuenta con la participación de un significativo número de personas voluntarias (en torno a 2,5 millones en total). Ahora bien, son muchas las organizaciones que además cuentan con personal remunerado; es más, un proceso significativo que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, ha sido la profesionalización de determinados puestos y servicios propios de estas entidades.
Sobre esta cuestión se han generado gran cantidad de debates y reflexiones, por lo que no trataremos con este texto ni de reabrir, ni de cerrar de manera definitiva dicha cuestión. Daremos por hecho que, en la medida en la que esta profesionalización conlleva una mejora de las iniciativas desarrolladas, de los servicios prestados a quienes más los necesitan y de la gestión de (casi siempre escasos) recursos con los que se cuentan para ello, debe considerarse una buena noticia[1].
Este proceso se ha visto reforzado también por cierta tendencia a la sofisticación de las propias entidades. No es extraño, por ello, que algunas organizaciones soliciten apoyo a empresas especializadas para que les ayuden a trabajar sobre certificaciones de calidad, herramientas de gestión, definición de un plan estratégico, medidas para una mayor transparencia económica, estrategias para la sostenibilidad, campañas de comunicación y de captación de fondos, medición del impacto…
Y, en un nuevo acto de confianza, reconocemos que todo ello es imprescindible en la medida en la que no se lleva a cabo como mera cuestión formal o estética, sino que pretende un mejor funcionamiento, una mejor atención a sus destinatarios y una mejor rendición de cuentas.
Ahora bien, insistiendo de nuevo en la necesidad de todo ello (evitemos así caer en la tentación de la demagogia más burda), sugiero un proceso de reflexión y revisión complementaria que nos ayude a mejorar cuestiones también fundamentales para las entidades del Tercer Sector; de cara a no renunciar –por olvido o distracción –al sentido último que tiene la sociedad civil cuando se organiza en favor del bien común.
Dado el carácter de fondo de las cuestiones que se van a plantear, se recomienda llevar a cabo este proceso de reflexión de manera sosegada, íntima y periódica… es decir, como esos exámenes de conciencia de los que hablaban algunas abuelas.
Consideramos que tiene sentido abordar estos dilemas en los distintos espacios en los que se estructura la entidad: tanto en los órganos de máxima decisión, como en el grupo local de voluntariado, ya que, aun con diferente nivel de responsabilidad, el sentido y la estrategia debería construirse desde todos estos lugares.
La propuesta es revisar los siguientes dilemas:
Sí, efectivamente, reconozcamos la trampa tendida a quien está leyendo este artículo: en los cuatro dilemas propuestos, ambas posiciones pueden ser compatibles e incluso deseables, por lo tanto, obligar a elegir (y a descartar una de las opciones) es tramposo e incluso irresponsable. Por ello, no debemos entenderlos como decisiones excluyentes, sino como tendencias en la que podamos identificar a qué dedicamos más tiempo, recursos, esfuerzo, motivaciones…
Además, cabe señalar que estas cuestiones son menos relevantes en el caso aquellas entidades en las que destinatarios y socios coinciden (las llamadas «asociaciones de usuarios»).
Hechas las aclaraciones, vayamos a ello:
Dilema 1
El primer aspecto sobre el que reflexionar responde a una pregunta de sentido: ¿para quién?
Imaginemos una comarca rural en la que hay un único Centro de salud. Imaginemos también que, por diferentes motivos, este dispositivo se cierra. No resulta complicado entender quiénes son los principales perjudicados de esta decisión.
Traslademos ahora esta cuestión al Tercer Sector: ¿Quiénes son las personas más afectadas en caso de que tuviéramos que cerrar nuestra entidad? ¿Serían los destinatarios, las personas contratadas, las voluntarias…?
Sí, es cierto que el médico también se vería perjudicado en la situación hipotética mencionada, pero, resulta evidente que, en términos cuantitativos y cualitativos, las peores consecuencias serían para los vecinos que dejarían de contar con un servicio que les resulta imprescindible.
En el Tercer Sector, periódicamente debemos formularnos esta pregunta y tratar de responderla con honestidad pues, la auto-referencialidad supone un riesgo a tener en cuenta.
Dilema 2
En ocasiones las entidades buscan espacios de relación con la Administración Pública. Entre otras cosas, para recordar que la garantía de derechos es competencia pública pues, de lo contrario, se asume el riesgo de la arbitrariedad.
En ocasiones también, el objetivo de estos espacios de trabajo es solicitar una serie de ventajas para el funcionamiento de la propia entidad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, ambos objetivos son legítimos e incluso recomendables en la medida en la que permitan a las entidades dar un mejor servicio a sus destinatarios.
Ahora bien, si los espacios de trabajo están orientados al interés propio en lugar de a la incidencia (cambio de políticas públicas en favor de los destinatarios) aparece de nuevo la tentación de «ser para nosotros mismos».
Dilema 3
Son muchas las personas y entidades implicadas de manera habitual en nuestro ámbito de trabajo y en los procesos en los que nos vemos inmersos; tanto internos, como externos (personas contratadas y voluntarias, personas atendidas, Administración pública, empresas, socios y donantes, medios de comunicación…).
Interactuamos con todas ellas. Ahora bien, no a todas les pedimos, les proponemos o incluso, les exigimos el mismo nivel de cambio en sus conductas cotidianas.
Deberíamos preguntarnos por tanto si estamos orientados a promover la adaptación individual a un modelo que no cuestionamos y, por ende, no queremos transformar.
Dilema 4
Por último, y en parte relacionado con el dilema anterior, una de las asignaturas pendientes (a pesar de los avances producidos en los últimos años) tiene que ver con la participación de los destinatarios en las propias organizaciones.
Las personas contratadas y voluntarias que integran las mismas, tienen capacidad de decidir sobre su funcionamiento y orientación. No solo acuden a ejecutar sino también (en mayor medida) a proponer, evaluar, organizar… los proyectos e incluso cuestiones estratégicas de la propia entidad.
¿Tienen esa posibilidad las personas atendidas o son (les reducimos a) meros receptores de bienes o servicios?
En resumen, el Tercer Sector debe velar periódicamente por evitar la tentación de convertirse en una estructura orientada a la gestión de su propia subsistencia. Su dimensión política (el bien común) solo se consolida en la medida en la que se centre en las personas destinatarias, en el reconocimiento de su dignidad y en la garantía de sus derechos. Y para ello, las entidades deben apostar por hacer las cosas cada vez mejor, por tener los recursos adecuados y los marcos legislativos necesarios, pero sin olvidar que estas cuestiones son solo mediaciones y no el objetivo que en el pasado impulsó su creación.
[1] No descartamos eso sí, plantear más adelante, una reflexión sobre si el proceso de institucionalización de la solidaridad dificulta al Tercer Sector ser sociedad civil movilizada.