Fernando Fantova Azcoaga. Titular de Besaldi-Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del Gobierno Vasco

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Desde la experiencia de construcción de Besaldi-Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del Gobierno Vasco, se elabora una reflexión de carácter fundamentalmente epistemológico sobre la complejidad de saberes relacionados con la evaluación de políticas públicas, con consecuencias estratégicas para su institucionalización.

Nos propone la querida revista Documentación Social compartir algunas reflexiones sobre la evaluación de las políticas públicas, a partir de la experiencia práctica de estar cocreando Besaldi, el Órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del Gobierno Vasco[i]. Después de darle algunas vueltas, hemos decidido proponer a quienes lean este artículo recorrer un edificio imaginario, una fábrica de varias plantas en la que vamos a intentar representar realidades y conocimientos relacionados con la evaluación de políticas públicas. Creemos que la metáfora de la fábrica y la reflexión sobre sus contenidos nos va a permitir expresar y compartir algunas consideraciones que pueden resultar de interés sobre el tema que se nos propone.

Comenzamos la visita accediendo al primer piso del edificio y allá se nos (re)presentan las situaciones o fenómenos de los que se ocupan las diferentes políticas públicas. En el caso de Besaldi, se trata de la inclusión social y del empleo, pero en otros casos pueden ser, por citar tres ejemplos más, la movilidad urbana, la seguridad ciudadana o la calidad del aire. Estos fenómenos o realidades pueden ser vistas, al menos, como necesidades a satisfacer, como bienes a proteger, como capacidades a fortalecer o como derechos a garantizar por parte de las políticas públicas. Por cierto, aunque parece existir la tendencia a nombrar las políticas públicas haciendo referencia al bien protegible del que se ocupan, también pueden, en otros casos, tomar la denominación del mal o del problema que pretenden evitar, paliar o superar. Por eso, entre los fenómenos que podemos encontrar representados en este primer piso de nuestra fábrica también están, por citar algunos, el calentamiento global, la pobreza o la violencia de género. Notemos que la denominación, delimitación, calificación, caracterización o definición de los fenómenos, bienes, males o problemas como tales es todo menos natural y evidente para las políticas públicas. Por ejemplo, ¿da lo mismo hablar de rearme militar que de autonomía estratégica?

En cualquier caso, a la hora de saber sobre estas realidades o situaciones de las que venimos hablando, preferimos contar con esos dispositivos o conjuntos de conocimientos que llamamos ciencias: la geografía, la criminología, la química y así sucesivamente. A veces a estas ciencias que se ocupan de parcelas o aspectos importantes de la realidad se las llama básicas (en contraposición a las llamadas ciencias aplicadas). Ese saber científico incluye el conocimiento del llamado método científico y, dentro de éste, de la investigación científica. Por cierto, hemos de advertir que el análisis de las necesidades a las que da respuesta una determinada política pública (o sea, el estudio de estos fenómenos representados en la planta primera de nuestra fábrica) puede ser realizado por una ciencia básica o pura o por varias de ellas en modo multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. Incluso se puede llegar a dar una intersección, integración o hibridación entre ciencias o, en general, áreas de conocimiento[ii]. El reparto del trabajo entre unas y otras ciencias o disciplinas no siempre es incruento.

La segunda planta de nuestra imaginaria fábrica es la destinada a las actividades (normalmente profesionales) que permiten lograr esos fines o bienes que hemos visto representados en el primer piso. Frecuentemente, las políticas públicas tienen una o unas pocas actividades profesionales que son las esenciales o principales, como podría ser el caso de la medicina dentro de la política pública de salud o de la arquitectura en la política de vivienda. Podemos denominar operativas a estas actividades que vertebran la cadena de valor de su correspondiente política pública y que acostumbran a desembocar directamente en las destinatarias de la política, satisfaciendo la necesidad correspondiente. Lógicamente, además de estas actividades profesionales emblemáticas de cada política pública, hay muchas otras representadas en esta segunda planta de la fábrica.

Para la realización de estas actividades que se nos presentan en el segundo piso, también apreciamos el saber científico, aunque en una imprescindible combinación con otros, como el saber técnico y el saber práctico. Se suele subrayar el carácter aplicado y fuertemente tecnológico o metodológico de estas actividades, en las que frecuentemente coincide la denominación de la actividad profesional o de la propia profesión con la de la formación, cualificación o titulación que habilita a las personas para ejercer esa profesión o realizar esa actividad. Ciertamente, estas actividades, intrínsecamente, contienen algo de evaluación: es decir, no se puede hacer bien un trabajo de psicólogo o de ingeniera sin evaluar. Así pues, los procesos de trabajo recogidos en este segundo piso de la fábrica, necesariamente, tienen subprocesos de diseño o planificación, subprocesos de ejecución o implementación de lo que se ha decidido realizar y subprocesos de evaluación (con ese nombre o con otros como, por ejemplo, diagnóstico)[iii].

Al subir a la tercera planta vemos un letrero con la pregunta sobre si es conveniente ser cocinero antes que fraile. Esa pregunta, con independencia de la respuesta que le demos, nos recuerda la diferencia entre la naturaleza de las actividades operativas, de fuerte contenido técnico específico de cada ámbito de actividad o política pública y otras, que solemos llamar administrativas, de gestión o de gobierno, que van emergiendo en la medida en que las actividades que hemos visto en la planta segunda se vayan iterando y estructurando en (o como) organizaciones cada vez más grandes y complejas. Cualquiera que haya ascendido en una jerarquía ha experimentado la necesidad de incorporar nuevas herramientas cognoscitivas (nuevos saberes) a medida que iba asumiendo responsabilidades sobre un proceso o estructura de más envergadura y alcance. Así como las actividades operativas son muy diferentes entre organizaciones de ámbitos de actividad diferentes (como una clínica odontológica, una destilería de whisky y una compañía de teatro), los procesos administrativos, de gestión y de gobierno pueden parecerse bastante. Ciertamente, los procesos administrativos, de gestión organizacional o de gobierno estratégico también tendrán subprocesos de planificación y evaluación. Por otro lado, en estas organizaciones, además de la línea jerárquica, aparece también la autoridad funcional y figuras con funciones como el control económico o la gestión de la calidad, por citar dos que pueden ser entendidas y ejercidas (en menor o mayor medida) en clave de evaluación.

¿Qué áreas de conocimiento corresponden a estas funciones administrativas, de gestión y gobierno? Por ejemplo: la dirección de empresas (management), frecuentemente de matriz económica; el estudio de las organizaciones, posiblemente de corte sociológico; o, por poner otro ejemplo, la logística. De nuevo nos encontramos con combinaciones entre tipos de saber (ético, científico, técnico y práctico, cabe decir) y entre conocimientos vinculados a la rama de actividad (zapatero a tus zapatos) y otros que permiten funcionar en diferentes ámbitos sectoriales (como hace la Chief Executive Officer de una multinacional del automóvil fichada por otra dedicada a las telecomunicaciones)[iv].

En la cuarta planta volvemos a encontrarnos con organizaciones dedicadas a realización a cierta escala de las actividades vistas en el piso segundo para perseguir las finalidades que nos han mostrado en el primero, con la diferencia de que ahora son organizaciones, administraciones o instituciones públicas: agentes con competencia legal para decidir sobre una determinada materia en un ámbito territorial determinado y dentro de un marco normativo establecido. A los conjuntos articulados de actuaciones o cursos de acción decididos y sostenidos por esos agentes mediante los cuales se responsabilizan de la protección y promoción de un determinado bien (sobre los que se nos ilustró en la primera planta) los llamamos políticas públicas. En cualquier caso, cabe suponer que, si en este cuarto piso están representadas las políticas públicas, estará todo su ciclo de vida, incluyendo la planificación y presupuestación, su implementación o ejecución y su seguimiento y evaluación. Por otra parte, tal como sucedía en el caso de las organizaciones privadas, en las administraciones públicas aparecen puestos dotados de autoridad funcional en el amplio terreno del control (tanto interno como externo) y la correspondiente fiscalización de la acción pública. Terreno en el que encontramos, por ejemplo, las auditorías operativas o de gestión, que pueden considerarse evaluaciones[v].

Conocimientos de tipo jurídico y politológico, por ejemplo, parecen muy pertinentes en esta cuarta planta. Desde el conocimiento jurídico se podrá hacer, entre otras muchas cosas, un análisis del impacto normativo de una nueva Ley, mientras que la politología nos permitirá, por poner un solo ejemplo, hacer un análisis comparativo de los sistemas de Seguridad Social de dos países. Desde luego, en las personas que realizan funciones de presupuestación, control interno o externo, fiscalización o auditoría suele estar muy presente la formación económica. Vemos que hay conocimientos que son de utilidad tanto en las organizaciones privadas como en las públicas mientras que otros son específicos de cada tipo de organización. En cualquier caso, parece claro que saber de política pública educativa (cuarta planta) es diferente de saber sobre el aprendizaje (primer piso), la enseñanza (segunda planta) o la dirección de centros escolares (tercer piso).

La quinta planta de la fábrica está dedicada a la evaluación, entendida como un proceso sistemático de aplicación de métodos y técnicas de investigación científica (de las ciencias sociales, en particular) en orden a la descripción, análisis y valoración de una actuación o intervención o de alguna de sus dimensiones, partes, elementos o factores. En la definición, hay dos aspectos clave: el rigor en el proceso y el propósito de llegar a emitir algún juicio de valor sobre el objeto de la evaluación. En los pisos anteriores de la fábrica nos hemos encontrado varias veces con la evaluación (así llamada o no) como tarea dentro de una actividad, como dimensión de una acción, como subproceso dentro de un proceso, como fase de un ciclo, como parte dentro de un todo. En la quinta planta, en cambio, es representada como una actividad en sí misma, como una función con entidad propia y, en algunos casos, como una profesión, aunque va de suyo que la evaluación, por definición, además de producir evidencia y, por tanto, conocimiento útil al respecto de la actuación en cuestión (y permitir la rendición de cuentas), lo hace dentro de un continuo cíclico de intervención de cara a volver a iniciarlo en mejores condiciones, con mayores posibilidades de éxito (por el aprendizaje obtenido). La evaluación de la que hablamos sería la evaluación de programas, evaluación de proyectos, evaluación de servicios o evaluación de centros[vi].

En este quinto piso escucharemos hablar del saber necesario para evaluar como un campo o área del conocimiento (como una disciplina, quizá). Ciertamente, si escuchamos conversaciones entre profesionales de la evaluación o leemos los libros sobre evaluación más consultados descubrimos un lenguaje común (con términos como encargo, eficiencia, teoría del cambio, estándares, contrafáctico, monitorización, evidencia o impacto) y un corpus metodológico característico, de igual modo que veremos unas referencias y tradiciones en las que las evaluadoras y evaluadores se reconocen. No parece haber una ciencia base predominante sino más bien una clara vocación interdisciplinar y aplicada, muy centrada en lo metodológico, con amplio pluralismo al respecto[vii].

La sexta planta de la fábrica está dedicada a la evaluación de políticas públicas[viii]. Según quién hubiera diseñado esta fábrica, posiblemente, la evaluación de políticas públicas no tendría una planta propia sino quizá una sección en la quinta. Sin embargo, sin negar la continuidad existente entre la evaluación de programas (por escoger un nombre de los cuatro mencionados antes) y la evaluación de políticas públicas, cabe percibir una diferencia cualitativa entre una y otra. No sólo porque los cuatro objetos citados pueden ser o no públicos sino, sobre todo, porque hablar de la política pública sería hablar de lo más global, estratégico, estructural, impactante o perdurable (por oposición a lo más bien técnico, operativo, coyuntural, parcial o táctico) y, por lo tanto, la evaluación representada en la sexta planta de la fábrica presenta diferencias en propósito, complejidad y contexto respecto del quinto piso. Con todo, también hay diferencias entre evaluar una política pública sectorial instalada permanentemente en la estructura del sector público (como la de turismo), una transversal también estructural en la Administración (como la de igualdad) y una transversal sin incardinación institucional estable propia (como la de transformación del modelo de cuidados). Por último, evaluar una política pública no es siempre y cada vez evaluarla toda entera[ix].

En lo relativo al conocimiento que habilita para la evaluación de políticas públicas, lógicamente, encontramos continuidades y discontinuidades entre la planta quinta y la sexta de la fábrica (como las había entre los saberes mencionados en el piso tercero y el cuarto). En todo caso, aunque, lógicamente, la comunidad de conocimiento representada en la planta sexta ha de ser menor que la de la quinta, quizá esté, proporcionalmente, más fragmentada en función de opciones metodológicas y disciplinas de referencia, con enfoques o subrayados más o menos descriptivos, experimentales, cualitativos, normativos, ideológicos, participativos, teóricos, cuantitativos, pragmáticos o críticos (en pinceladas sin pretensión clasificatoria). Por cierto que, en este momento, una atmósfera mediática y digital alienante, individualista, polarizadora, negacionista y reaccionaria desafía a observatorios, consultoras, cátedras, think tanks u otros dispositivos a potenciar el conocimiento ético, científico, técnico y práctico para la evaluación de políticas públicas con vectores narrativos e inspiradores de sentido, legitimación y movilización como los que tienen que ver con conceptos como participación, sostenibilidad, proximidad, datos abiertos, comunidad, transparencia, productividad, agilización, conectividad, prosperidad, colaboración, esperanza y otros[x]. Para no ser un conocimiento estéril.

La séptima planta de la fábrica está dedicada a la institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Y tiene sentido este séptimo piso porque una cosa es la evaluación de políticas públicas (sin más) y otra cosa es la evaluación de políticas públicas institucionalizada. Institucionalizar la evaluación de políticas públicas supone optar por una determinada fórmula jurídica de incardinación en el sector público de un nuevo agente específicamente dedicado a ella, coherente con un determinado posicionamiento estratégico en el seno del entramado de agentes interesados e implicados y ante en su entorno, partiendo de una determinada comprensión (modelo, si se quiere) de la evaluación de políticas públicas[xi].

¿Y qué conocimientos o saberes se necesitarán para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas? Pues diríamos que, a quienes quieran acometer o sostener un proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas, no les vendrá mal llevar en la mochila, al menos: un buen conocimiento del corpus metodológico propio de la evaluación, saberes jurídicos sobre la configuración y funcionamiento del sector público y un buen bagaje en el campo de la dirección estratégica. Por lo demás, en un mundo en policrisis y aparente aceleración de la frecuencia de disrupciones sistémicas, en el que las ventanas de oportunidad política se pueden abrir y cerrar en un parpadeo, lo más prudente es suponer que no sabemos lo que tenemos que saber y, por lo tanto, dedicar siempre tiempo a la actualización, sistematización, formación, investigación, desarrollo e innovación[xii].

Además, nuestra visita a la fábrica no ha terminado. Advertimos que desde la séptima planta se accede al ático donde se realiza (se representa) la acción de gobierno, pero el acceso no parece directo y fácil. Además, a ese ático se accede también desde un terrado en el que se produce (en nuestra metafórica fábrica) la conversación, la disputa y la regulación públicas democráticas. ¿Cómo se gobierna atendiendo a los resultados y recomendaciones que vienen de la séptima planta (evaluación de políticas públicas institucionalizada) y, a la vez, a las propuestas, reivindicaciones o presiones que llegan desde el terrado (conversación, disputa y regulación públicas)?[xiii] ¿Cómo se construyen participativamente políticas públicas basadas en la evidencia? ¿Cuánta seguridad tenemos sobre la recomendación que hacemos desde el séptimo piso a la persona que toma las decisiones en comparación con las que le plantean desde el terrado o, simplemente, frente al dejar hacer, dejar pasar?

Por otra parte, no olvidemos que en la planta baja hay una serie de conocimientos, capacidades o competencias básicas, esenciales o clave de carácter matemático, lingüístico, lógico, estadístico, digital y así sucesivamente[xiv]. Se trata de saberes que, frecuentemente, se dan por supuestos en los siete pisos que hemos visitado: aprendizajes por los que hay que pasar antes de subir a cualquiera de las plantas de nuestra fábrica. Aparte, nos faltaba referirnos a:

• Una escalera exterior por la que se puede subir y desde la que se puede acceder al ático que es la de la filosofía, la ética y la ideología. También, ciertamente, es una escalera comunicada en ambos sentidos con cada uno de los pisos de la fábrica (los saberes representados en esta escalera y los presentes en cada una de las plantas dialogan entre sí).
• Ascensores dentro del edificio que representan otras vías diferentes a la evaluación de políticas públicas para lograr una acción de gobierno basada en el conocimiento, como, por ejemplo, el asesoramiento experto, el asesoramiento científico o la incidencia política.
• Un ascensor exterior que representa la ciencia de datos y la inteligencia artificial[xv], capaces de alterar las cadenas de valor o procesos de trabajo, modificando, acelerando, fusionando, abaratando o eliminando disruptivamente eslabones o pasos.

Después de recorrer toda la fábrica podemos volver a la séptima planta y reflexionar estratégicamente sobre la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas. Comenzamos por alegrarnos de que el desafío que tenemos delante nos está obligando a discurrir, a aprender y a experimentar. A leer, escuchar y conversar. A no dar cosas por supuestas ni quedarnos con la primera respuesta que se nos ocurra. La visita al edificio nos ha hablado, sobre todo, de complejidad, de la necesidad de pertrecharnos, al menos, en unos cuantos de los sitios que hemos visitado dentro de la fábrica. Hemos de visualizar y sopesar pros y contras de diferentes constelaciones y secuencias de decisiones estratégicas que hemos de tomar sobre aspectos clave.

Si la evaluación se institucionaliza se hace, ella misma, política pública que ha de ser capaz de someterse a evaluación en tanto que actividad y en tanto que política pública. No debe haber contradicción entre su praxis y su discurso y debe ser la primera en reconocer sus debilidades y limitaciones, fruto de su momento histórico, como herramienta cognoscitiva. Debe saberse (y saberse gestionar como) bien de mercado, activo público y recurso compartido por comunidades de práctica y conocimiento. Debe enriquecerse y potenciarse en las relaciones entre agentes de las políticas (incluyendo destinatarias), academia, profesionales, Administración y ciudadanía [xvi]. Sin embargo, evidentemente, hay que arriesgar y, por supuesto, una verdad que no cambia: trabajar, trabajar y trabajar. Nunca es suficiente, pero desde luego, es imprescindible.

[i] euskadi.eus/besaldi

[ii] GÓMEZ, F.J. ¿El mito de la ciencia interdisciplinar? Obstáculos y propuestas de cooperación entre disciplinas. Madrid: Los libros de la catarata, 2016.

[iii] FANTOVA, F. Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructura y propuestas. Madrid: CCS, 2014.

[iv] INNERARITY, D. Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 2025.

[v] GARDE, J.A. y LÓPEZ, A.M. “Institucionalización de la evaluación y auditoría operativa: ¿Rivalidad o complementariedad?”. Revista Española de Control Externo. 68, 2021, p. 48-65.

[vi] LIGERO, J.A. et al. Rayuela. Un ejercicio de reflexión y comprobación para hacer una evaluación consciente. Madrid: Means, 2019.

[vii] BRANCHINI, B. La Teoría del Cambio: una herramienta clave para la evaluación y la planificación de programas sociales. fresnoconsulting.es, 2024.

[viii] OCDE. Recomendación del Consejo sobre la evaluación de las políticas públicas. 2022.

[ix] CASADO, J.M. y DEL PINO, E. “Evolución, situación actual y retos de la evaluación de políticas públicas en las Administraciones españolas”. Cuadernos Económicos de Información Comercial Española. 102, 2021, p. 13-38.

[x] PATTON, M.Q. “Public policy evaluation: origins and evolution”. VARONE, F. et al. Handbook of public policy evaluation. Cheltelham, Elgar, 2023, p. 16-30.

[xi] PANIAGUA, M. “El uso de registros administrativos tributarios y de Seguridad Social para el diseño y la evaluación de políticas públicas: la creación del Ingreso Mínimo Vital”. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 2025.

[xii] SCHÖN, D. El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona, Paidós. 1998.

[xiii] AEVAL. Fundamentos de evaluación de políticas públicas. 2010.

[xiv] SPIEGELHALTER, D. El arte de la estadística. Cómo aprender de los datos. Madrid, Capitan Swing. 2023.

[xv] NIELSEN, S.B. et al. “Evaluation in the era of artificial intelligence”. NIELSEN, S.B. et al. Artificial intelligence and evaluation. Emerging technologies and their implications for evaluation. New York: Routledge, 2025, p. 1-12.

[xvi] EUROPEAN COMMISSION. Evaluation handbook. European Union. 2024.

Número 21, 2025

Fernando Fantova, consultor social

Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

• La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
• Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
• La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
• La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
• El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

• El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
• El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
• El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

• La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
• El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
• La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
• Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
• El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
• La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
• El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
• El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
• Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
• La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

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Número 11, 2022