Soledad Gutiérrez Pastor

Cooperante Cáritas Española

Introducción

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 pandemia global. Ríos de tinta han corrido desde entonces, sin embargo, cada día se nos presentan más dudas que certezas.  La evolución de la enfermedad está siendo tan desigual en Asia, África, Europa o América que lo único cierto es que los modelos de contención y mitigación no son replicables en todos los contextos.

Lo singular de este virus, en relación con epidemias anteriores, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha propagado mucho más rápido de lo que los gobiernos de todo el mundo han podido prever. Como consecuencia, los sistemas de salud pública de medio planeta se han colapsado y los recursos de protección individual se han agotado al mismo tiempo que la psicosis social estallaba. Y es ese componente universal lo que hace que el coronavirus sobrepase la dimensión sanitaria. Una vez que el virus se ha propagado libremente por todo el mundo, el impacto se empieza a notar también en el modelo de desarrollo económico capitalista, en un notable cambio en nuestras relaciones interpersonales y cómo nos afecta a nivel psicosocial. Y es que, por primera vez en nuestra historia reciente estamos asistiendo a un fenómeno global de pánico e incertidumbre del que nadie está a salvo, ni siquiera la población de los países occidentales, factor que ha aumentado su trascendencia a nivel planetario.

En este escenario, que muchos calificarían como apocalíptico, no debemos perder de vista que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un reto semejante. Si echamos la vista atrás, la peste negra, una de las peores epidemias de la historia, causó entre 50 y 200 millones de muertes en el siglo XIV. La viruela acabó con la vida de entre 25 y 50 millones a partir del siglo XVI y el cólera durante los siglos XIX y XX mató a entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española, muy recordada estos días, se saldó con entre 20 y 50 millones de fallecidos. Sin olvidarnos del VIH Sida que a día de hoy ya ha matado a 32 millones de personas y sigue siendo una de las grandes amenazas junto a la tuberculosis y la malaria.

Si estos casos ya habían caído en el olvido, también encontramos buenos ejemplos en nuestra historia más reciente. La gripe A (H1N1) ha sido considerada la primera (y única hasta el COVID-19) pandemia de nuestro siglo. Se registraron casos en más de 200 países y provocó la muerte de 284.000 personas en 2009. Por su parte, más de 11.000 personas perdieron la vida a causa del ébola de 2014 a 2016[1] y un nuevo brote resurgió en África Occidental y en la República Democrática del Congo en 2019.  El zika se detectó en Sudamérica, América Central y el Caribe entre 2015 y 2016 y actualmente se ha extendido fuera del continente. Y por extraño que parezca, el sarampión, que tiene vacuna desde hace casi 60 años, amenaza en 2020 a más de 117 millones de niños en 37 países al haberse paralizado las campañas de inmunización desde la irrupción del coronavirus.

Cómo el COVID-19 afecta a los países más vulnerables

Si hay un denominador común al rápido repaso de epidemias que acabamos de hacer es que la mayor parte de afectados durante el siglo XXI se encuentra en países del sur. Y no es casualidad. La debilidad de sus sistemas sanitarios no permite hacer frente a la explosión de casos. Desde la falta de medios para la detección temprana de contagios, pasando por la escasez de camas hospitalarias, equipos de protección individual y respiradores, el lento y costoso desarrollo de soluciones farmacológicas y la dificultad de los estados para implementar medidas de confinamiento.

Contrario al caso asiático, donde se registraron los primeros contagios de COVID-19 y que parece haber contenido el virus con más éxito que en Europa, existe bastante incertidumbre entre la comunidad científica sobre el impacto y la propagación de la pandemia en África. En este continente la reflexión es, si cabe, aún más pesimista y el dilema se plantea entre sobrevivir al coronavirus o morir de hambre. La población más vulnerable de los países en desarrollo vive al día, dependientes de una economía de subsistencia que les impide aprovisionarse de víveres[2] y con la dificultad añadida del aumento de la inflación, la reducción de las remesas y la escasez de productos básicos. Especialmente vulnerables son las zonas rurales, donde el aislamiento es mayor y la gente no tiene un acceso fácil a la comida o el agua. En estos contextos, donde la inseguridad alimentaria ya afecta a millones de personas, medidas como el confinamiento total resultan impensables. Estas familias no podrán sobrevivir si permanecen encerradas en sus hogares, más aun teniendo en cuenta que muchas viven en condiciones de hacinamiento, por lo que encerrarlos en espacios pequeños y sin medidas de higiene puede incluso aumentar el número de contagios.

La crisis alimentaria y nutricional que ya sufren la mayor parte de los países del sur se verá, sin duda, agravada por los efectos de la pandemia, que impactará en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el control y la estabilidad de los alimentos. Las familias pobres y muy pobres tendrán más dificultad para aprovisionarse de alimentos de primera necesidad y las personas desnutridas, con un sistema inmunológico debilitado, serán más vulnerables al COVID-19. Las restricciones de movimiento también limitarán el pastoreo, obligando a concentrar el rebaño en ciertas zonas y provocando conflictos entre pastores y agricultores.

Por tanto, una de las principales medidas de contención puestas en marcha por los países desarrollados, el confinamiento, solo podrá ser aplicada en aquellas zonas en las que se cuente con más reservas económicas, con mayor autosuficiencia alimentaria y menos dependientes del turismo. O por los estados menos democráticos que imponen medidas autoritarias. Países como Sierra Leona han decretado el estado de emergencia durante un año tras haber registrado un único caso positivo y en Uganda se instauró el confinamiento total e inmediato en un plazo de 24 horas cuando aún sólo habían contabilizado 44 contagios. Medidas de urgencia también han sido aplicadas en Perú y El Salvador. En el extremo contrario se encuentran países como Brasil y México, que siguen cuestionando la gravedad de la crisis. Mención especial merece Burundi, donde sus dirigentes han declarado que el país se mantiene a salvo por la gracia de Dios y que no se necesitan medidas especiales de protección. Y Nicaragua, donde se sigue dando la bienvenida al turismo y donde incluso se ha organizado la conocida marcha amor en tiempos del COVID-19. Estos ejemplos muestran el riesgo hacia una deriva autoritaria de algunos gobiernos y hace temer la imposición de medidas especialmente duras para una población ya de por sí castigada.

Si esto no fuera suficiente, nuevas informaciones[3] revelan que la contaminación aumenta la potencia de las epidemias. Y una vez más, muchos de los países en desarrollo se caracterizan por una elevada presión poblacional que vive en las regiones del planeta más afectadas por las consecuencias del cambio climático. La sequía, inundaciones y desaparición de los ecosistemas no van a frenar su ritmo devastador durante esta crisis. Así que, si a la ecuación sumamos la amenaza climática, tenemos como resultado una tormenta perfecta de previsiones catastróficas en estos contextos.

Lecciones aprendidas en la gestión de otras crisis sanitarias

Si el coronavirus ya plantea un escenario desconcertante en las zonas más prósperas del planeta, las previsiones para los países en desarrollo auguran un desastre casi total. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) la pandemia podría dejar en la región un saldo de 300.000 muertos, colapsando los sistemas sanitarios de varios países y provocando la extrema pobreza de 27 millones de personas[4]. Todo ello en uno de los continentes con menor incidencia de la enfermedad.

A pesar de que la amenaza para África es inminente desde hace varias semanas, la catástrofe, sin embargo, no termina de llegar. Aunque unos estados lo viven con más intensidad que otros, desde el continente se desconfía de las previsiones y comienzan a elevarse voces contra esa visión derrotista. Algunas de ellas podemos encontrarlas en el manifiesto firmado por medio centenar de intelectuales africanos de diversas disciplinas que hacen un llamamiento a la unidad para poner en valor la inteligencia, la creatividad, los recursos endógenos, las tradiciones, la identidad diaspórica y los conocimientos científicos en la lucha contra el COVID-19[5]. Denuncian que los países occidentales están aprovechando la oportunidad para relanzar el afropesimismo propio de épocas pasadas. Según el documento, la respuesta no debe ser exagerada ni minimizada, sino racionalizada y recuerda las inversiones que muchos países han realizado para adaptar sus sistemas de salud a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Aunque muchos de ellos siguen siendo insatisfactorios y necesitan una renovación en profundidad, ponen de relieve que la atención sanitaria es a menudo social y comunitaria y se basa en vínculos culturales que requieren solidaridad y el tratamiento de la enfermedad en el ámbito familiar.

Si bien esta postura podría parecer excesivamente optimista, conviene recordar que una buena parte de los países del sur ha reaccionado ante la amenaza de la pandemia de forma mucho más rápida y coordinada de lo que lo ha hecho Europa. El cierre de fronteras, la suspensión de reuniones de carácter religioso, la cancelación de clases en todos los niveles de la educación, el toque de queda en unos casos y el confinamiento total en otros, el control de carreteras y el aislamiento y seguimiento de casos sospechosos han sido algunas de las medidas adoptadas cuando apenas se habían registrado unos pocos casos.

Algunos de los ejemplos más representativos los han protagonizado países como Sudáfrica, que unos días después de conocerse su primer caso ya había organizado un comité de expertos en salud pública y responsables médicos de los países que integran la Comunidad de Desarrollo de África Austral para ofrecer una respuesta coordinada y compartir información. O la movilización de equipos de respuesta rápida en Senegal[6] para detectar a los contagiados y aislarlos, así como hacer un seguimiento cercano de todos sus contactos. Sin olvidar el reparto de víveres en zonas rurales de numerosos países para evitar la desnutrición de la población[7].

Efectivamente, no es la primera vez que África se enfrenta a una amenaza sanitaria. Su historia reciente ha estado marcada por el ébola, el VIH, la malaria e incluso el sarampión. La gestión de estas crisis ha dejado valiosas lecciones que bien pueden suponer una ventaja en la lucha contra el COVID-19. Una veintena de países africanos ha rescatado esas prácticas y ha establecido un plan de centros de aislamiento separados de las clínicas de salud habituales para evitar el colapso sanitario y poder seguir atendiendo al resto de enfermos.

La experiencia con el ébola en África Occidental y República Democrática del Congo ya puso de manifiesto las consecuencias de recluir a las poblaciones en el medio rural, totalmente dependiente de la agricultura y la ganadería tanto para autoabastecerse como para suministrar al resto del país. Para evitar el declive de la producción agropecuaria, se optó por un confinamiento a nivel comunitario de modo que todo un pueblo se puede mantener aislado de manera conjunta y así sus habitantes puedan seguir atendiendo sus responsabilidades en los huertos y con los animales.

Aún sin certezas absolutas, se presupone que otro factor que podría tener el continente africano a su favor para frenar la incidencia de la pandemia es su demografía. Una población más joven[8], la práctica ausencia de instituciones de acogida de personas mayores (los más afectados por el COVID-19) y una eventual inmunidad de grupo podrían ser algunos de los factores que expliquen una propagación más lenta del virus en el continente.

América Latina también cuenta con sobrada experiencia en la gestión de recientes epidemias[9]. La inversión técnica y en capacitación para llevar a cabo desde 2016 la detección temprana del rotavirus del zika, así como los análisis serológicos para detectar anticuerpos en la sangre han permitido el desarrollo de modelos que comienzan a realizarse en México para identificar casos de COVID-19. La comunidad científica se ha puesto al servicio de la epidemiología para extender la tecnología a las instituciones y aumentar su fuerza de trabajo.

En Argentina se trabaja en crear un test molecular simple, sólido, económico y rápido y que tenga en cuenta la realidad de la sanidad en Latinoamérica. Este reto ya fue asumido en la lucha contra el dengue, cuando se diseñó un dispositivo que ha resultado ser muy útil en el brote epidémico que actualmente sufre la región.

Por su parte, una tecnología desarrollada entre universidades de México y EEUU en el diagnóstico de la influenza H1N1 está siendo aprovechada para reconducir el análisis hacia la evolución de los virus. Predecir las posibles mutaciones e identificar patrones ayudará en el desarrollo de una vacuna más eficaz contra el coronavirus.

Por tanto, son numerosos los ejemplos que demuestran que los países del sur global no navegan a la deriva en esta crisis sanitaria. Si bien se enfrentan a una serie de debilidades que representan un agravio comparativo con respecto a los países desarrollados, su disposición a la adopción de medidas de protección y su experiencia previa no deben ser tomadas a la ligera. Sin olvidar el importante trabajo que las ONG de desarrollo y de acción humanitaria llevan décadas desarrollando y que constituyen un extenso compendio de buenas prácticas (y otras a evitar) no sólo en el sector de la salud, sino también en el de alimentación y nutrición, acceso al agua y al saneamiento, medios de vida, promoción económica, protección de la población vulnerable y gestión de las crisis humanitarias.

Qué puede y debe hacer la cooperación internacional

Aunque la pandemia sigue aún una progresión incontrolable y cada país está centrando los esfuerzos en encontrar una solución sostenible a la salida de la crisis, el mundo no puede permitirse paralizar la acción humanitaria. Hoy más que nunca resulta imprescindible la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo de los países con menos recursos y repensar un nuevo orden mundial. Dos ideas principales subyacen en la reflexión sobre la era post COVID-19: por un lado, están los que creen que nada será como antes y abogan por la búsqueda de nuevas alternativas y el fin del feroz sistema capitalista y, por otro, los que opinan que nada va a cambiar.

Sea cual sea el futuro a medio plazo de la humanidad, no debemos olvidar que contamos con la herramienta que nos puede permitir equilibrar la balanza. La cooperación internacional al desarrollo lleva décadas desarrollando e implementando modelos de ayuda que pueden y deben ponerse al servicio de la búsqueda de soluciones ante esta crisis. Si bien es cierto que el coronavirus está poniendo a prueba la solidaridad internacional y que la capacidad de los donantes se ha visto fuertemente golpeada, el sistema de ayuda humanitaria y al desarrollo se está reorganizando para poder atender la creciente demanda internacional.

La respuesta debe estar a la altura del reto, pero no se trata únicamente de recaudar fondos. Tanto organismos internacionales como ONG están aprobando programas especiales para la lucha contra el COVID-19. Y si bien resultan imprescindibles, también es cierto que corremos el riesgo de centrar los esfuerzos exclusivamente en la lucha contra la pandemia y dejar de lado el resto de amenazas que afrontan los países en desarrollo. En muchos de ellos la incidencia no es, al menos de momento, tan significativa, y pueden sentir la presión para reorientar su labor en este sentido. Las organizaciones no especializadas en salud corren el riesgo de quedarse fuera del circuito del nuevo modelo de ayuda y de no encontrar las fuentes de financiación necesarias para atender la creciente demanda de la población vulnerable y de las continuas crisis humanitarias.

Una de las primeras medidas que se han adoptado ha sido la paralización de los procesos administrativos en los países emisores de ayuda. Esto implica que, al menos durante el tiempo que duren los estados de alerta, la imputación de gastos a los proyectos en curso se verá condicionada. Esta medida afecta tanto al mantenimiento de sedes y personal en los países receptores como al funcionamiento de las organizaciones en los países donantes.

Para reducir el impacto de la pandemia en los grandes sectores en los que interviene la cooperación internacional se debe garantizar la continuidad de las acciones ya iniciadas y que, a su vez, contribuyen a reforzar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable. Entre las líneas prioritarias destaca la lucha contra la desnutrición y la malnutrición mediante programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como a través del reparto de víveres, garantizando una gestión transparente en los procesos de licitación impulsados por los gobiernos. Una alternativa a ello son las transferencias de efectivo, que permiten a las familias con menos recursos contar con liquidez para adquirir los alimentos y productos de primera necesidad en función de sus necesidades.

Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento es otro de los ejes esenciales en la lucha contra cualquier enfermedad. Evitar las aglomeraciones en los pozos comunitarios y proveer a la población de estos recursos esenciales en cantidad y calidad suficientes resulta imprescindible tanto para la salud individual como para la prevención comunitaria.

Los programas educativos tampoco deben descuidarse. Las medidas especiales adoptadas por los diferentes estados han promulgado el cierre inmediato y por tiempo indefinido de los centros formativos. Poner en suspenso la educación o dar por perdido el curso escolar provocará, sin duda, un considerable retroceso en los avances alcanzados hasta la fecha y futuros abandonos escolares precisamente del grupo de población con menos opciones de capacitación.

Otro de los sectores con más riesgo de sufrir un retroceso es el relativo a la igualdad de género y contra el maltrato femenino. Si bien es cierto que son los hombres los más afectados por el virus, el mayor porcentaje de personas que trabajan en primera línea (servicios de limpieza, supermercados, atención sanitaria primaria, etc.) son mujeres, por lo que están más expuestas al contagio. Y en el caso de las que deben quedarse en casa, están sufriendo un aumento de la violencia de género. Permanecer encerradas con su agresor las hace aún más vulnerables y limita sus posibilidades de pedir ayuda.

El impacto de la pandemia sobre las mujeres también es perceptible en los sectores formales e informales de la economía por la destrucción de empleo. Son ellas las más dependientes de la economía sumergida, por lo que resulta imprescindible seguir implementando planes de creación de empleo y promoción del autoempleo para que el conjunto de la población vulnerable cuente con las herramientas que les permitan afrontar el periodo de recesión económica que ya ha comenzado.

Y, por supuesto, seguir invirtiendo en la promoción del acceso a la salud para todos los sectores de la población. El trabajo que las ONG especializadas vienen realizando en mejorar los sistemas de salud pública no se puede frenar. El intercambio de conocimientos, la dotación de equipos médicos, la investigación de ésta y del resto de enfermedades, la movilización de recursos y una gestión eficaz y transparente de los mismos son algunos de los ejes en los que se debe seguir apostando.

La estrategia debe estar clara, pero no es sencilla. Acompañar a los más vulnerables es éticamente necesario, pero también nos ayudará a conseguir un mayor equilibrio global que nos permita estar más preparados para hacer frente a ésta y a las amenazas que vendrán.

[1] Cifras recogidas en la infografía elaborada por Junior Report y publicada en https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200330/48114789119/infografia-epidemias-pandemias.html. Consulta realizada el 23/04/2020.

[2] En África Subsahariana el 89,2% de la población se desempeña en el sector informal según datos de la OIT publicados en el informe The impact of the COVID-19 on the informal economy in Africa and the related policy responses, publicado el 14/04/2020.

[3] Para más información al respecto se puede consultar la comunicación Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality, publicada en el sitio web https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215?via%3Dihub

[4] Resumen del informe recogido en el sitio web https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-report-covid-19-africa-protecting-lives-and-economies. Consulta realizada el 26/04/2020.

[5] Manifiesto traducido al español y publicado en el blog de Casa África. http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/. Consulta realizada el 18/04/2020.

[6] Precisamente Senegal está colaborando con Reino Unido en la fabricación de kits portátiles rápidos que permitan detectar en tan sólo 10 minutos la presencia del virus.

[7] Ejemplos recogidos en el artículo publicado en el sitio web https://www.lavanguardia.com/internacional/20200420/48618698038/africa-rechaza-alarmismo-oms-coronavirus.html. Consulta realizada el 21/04/2020.

[8] Según datos publicados por Epdata, África es el continente con la mayor proporción de personas jóvenes. La edad media de la población africana es de 19,7 años, frente a los 42,5 años de medida de los europeos. https://www.epdata.es/datos/tendencias-poblacion-mundo-datos-graficos/411. Consulta realizada el 27/04/2020.

[9] Ejemplos extraídos del artículo https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52154158. Consulta realizada el 20/04/2020.

Número 5, 2020

Jose Ignacio Santás García

Trabajador Social

1. Introducción

El año 2020 comenzaba con grandes retos aún pendientes de resolver para el joven Sistema de Servicios Sociales, creado en la década prodigiosa para los mismos, que es la comprendida entre 1978 (aprobación de la Carta Magna) y 1988 (puesta en marcha del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas. Un sistema generado de manera desigual y fragmentada pero que había experimentado un crecimiento continuado y que presentaba grandes carencias y potencialidades.

A lo largo de marzo de 2020, la crisis generada por la propagación del COVID-19 ha evidenciado grandes oportunidades de mejora para los servicios sociales municipales.

Así, tras la crisis sanitaria, la crisis social en la que ya nos encontramos, se avecina con efectos mucho más prolongados. La cohesión social está en peligro, y en ello, los servicios sociales son fundamentales.

Si bien se desconoce aún el alcance e impacto de la crisis, es preciso ir reflexionando sobre las evidencias que se han puesto de manifiesto, con la finalidad de ir generando respuestas adecuadas ante el escenario en el que los servicios sociales se moverán en el futuro inmediato.

Es el objetivo del presente artículo.

2. Situación en 2020

Los Servicios Sociales nacen bajo el prisma de la asistencia social (así se denomina en la Carta Magna), lejos de una concepción de protección social y por tanto sin necesidad de un marco jurídico propio, siendo relegado éste al ámbito de cada comunidad autónoma.

La democracia española se estaba fraguando y ni la sociedad ni las comunidades autónomas dedicaron un esfuerzo especial a la construcción de unos servicios sociales que, en sí mismos, hoy, se reconocen como un garante democrático al facilitar la inclusión social de la ciudadanía.

Por ello, los servicios sociales crecieron de manera rápida y desordenada, con una provisión de recursos (materiales, técnicos y económicos) de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro) y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial entre estado, autonomías, y entidades locales, con el añadido de diputaciones y mancomunidades en algunos casos.

Así, durante los años 80, las CCAA fueron aprobando sus normativas, casi todas con escasa ambición y aún menos voluntad realmente ejecutiva, cuestión que la llegada de las llamadas Leyes de Tercera Generación, no han traducido en desarrollos prácticos, bien por la falta de concreción posterior, por la limitación de recursos, por la ausencia de carteras de servicios, etc. (Ayto Madrid, 2018)

A pesar de ello, la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, arrojó una esperanza ante tal fragmentación, aunque nació con las limitaciones propias de la implementación en plena crisis económica. Sin embargo, esta misma ley evidenció las dificultades de articulación entre los diferentes niveles administrativos, que con frecuencia perciben las ‘competencias’ más como recurso defensivo entre las administraciones, que como una llamada a la responsabilidad (Aguilar Hendrickson 2014).

En este escenario se desarrollaron unos servicios sociales atomizados, en un marco en el que las necesidades vitales de la población no son cubiertas suficientemente, existe una alta inestabilidad laboral, baja protección por desempleo (en comparación con el marco europeo), carencias en los sistemas sanitario y educativo y una desbocada situación inmobiliaria entre otros factores, que afectan principalmente a la población vulnerable.

Así, los servicios sociales, que tienen por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno (Demetrio Casado, 1994), han ido centrando sus funciones en el ámbito de la autonomía personal, la protección de la infancia y de la población mayor y la inclusión social, alejándose cada vez más de aquella asistencia social de la que nacieron, pero sin dejar de practicarla. Nos guste o no, ante el escenario de inexistencia de un sistema de cobertura de necesidades (ingresos vitales) más amplio, la asistencia social sigue siendo un pilar fundamental dentro de los servicios sociales.

Por todo lo anterior, los servicios sociales entraron en la tercera década del siglo XXI sin una definición propia de su objeto, atomizados y anhelando alcanzar un ámbito universal centrado en la promoción de las personas, pero embarrados en la cobertura de necesidades básicas.

Muchos retos, entre otros que se describirán a continuación, para un joven sistema, que deberá afrontar una prueba de fuego con la llegada de la crisis por contagio del COVID-19.

3. Marzo 2020. Inicio de la crisis por el COVID-19 

A continuación, se abordan algunos de los mayores retos que tienen por delante los servicios sociales, incidiendo en el efecto de la crisis provocada por el COVID-19:

Reto 1: creación de un marco general de acción social

Como ya se ha detallado, la ausencia de un marco estatal y el bajo interés de las CCAA en organizar sus territorios (ya no digamos de establecer acuerdos de reciprocidad con otras CCAA), son las principales causas de que no exista a día de hoy algo que podamos llamar Sistema de Servicios Sociales en comparación con el educativo o el sanitario. Es más, ello contribuye a que cualquier intento de organización o elaboración de modelos de atención social a la ciudadanía por parte de las entidades locales, se vea continuamente frustrado debido a que las competencias en políticas de rentas o de dependencia son de ámbito superior.

Existen dos tendencias contrapuestas:

• Por una parte, la descentralizadora, basada en el valor de la proximidad y la adaptación a las necesidades de la población de un territorio, que ahonda en la fragmentación de los servicios sociales.
• Por otra parte, la centralizadora, que trata de minimizar la desigualdad existente entre los derechos de la ciudadanía, no sólo entre comunidades autónomas, sino entre municipios e incluso entre diferentes territorios dentro de las grandes ciudades del país.

El conflicto entre ambas tendencias se manifiesta de manera cada vez más frecuente en los servicios sociales, tanto a nivel estatal como dentro de cada autonomía e incluso de grandes municipios.

De hecho, la fragmentación de los servicios sociales se evidenció antes de la crisis del COVID-19 con la llegada de personas de origen extranjero, tanto en los territorios más próximos a África, como en aquellos que son entrada aérea principal, como es el caso de Madrid tras la entrada de población venezolana. Esto produjo el acercamiento de miles de personas a unos Servicios Sociales ya limitados con el consiguiente cruce de acusaciones (sobre la responsabilidad / competencia en la cobertura de las necesidades básicas) entre la administración responsable del estatus de refugio (Estado) o la localidad de residencia.

Solapándose con dicha problemática, estalla la crisis del COVID-19, cuyos efectos hacen especial daño en el empleo sumergido (que es en gran parte gracias al que sobrevive el colectivo anteriormente mencionado y otros que de manera amplia denominamos vulnerables). En dicha situación, se hace aún más necesaria una coordinación interadministrativa, así como la agilidad en la provisión de recursos, ya que comienza a plantearse nuevamente el conflicto entre el Gobierno Central, que anuncia líneas de ayudas, y los servicios sociales municipales, que son quienes están prestando el apoyo inmediato a las necesidades urgentes, junto con el Tercer Sector (en gran medida subvencionado desde los poderes públicos).

La resolución de problemáticas generales e incluso provenientes del exterior hace aún más necesario un acuerdo de mínimos para el conjunto del Estado, especialmente para la cobertura de las necesidades básicas de la población, al igual que alcanzar una adecuada gobernanza multinivel capaz de enfrentarse a las situaciones que puedan generarse en materia social.

Reto 2: ruptura de la vinculación entre los procesos de prestaciones y apoyos

Existen dos grandes bloques de prestaciones: el de las vinculadas a la autonomía personal/dependencia y el de aquellas relacionadas con la garantía de rentas/cobertura de necesidades básicas.

En cuanto a las prestaciones económico-materiales, los servicios sociales han estado funcionando en la inmensa mayoría de las CCAA bajo el paradigma de la vinculación entre prestaciones y apoyos, asumiendo una labor fiscalizadora o de control técnico no sólo para el acceso, sino para el mantenimiento de las mismas, a través de acuerdos donde se enmarcan de una u otra manera, contraprestaciones para el cobro de ayudas.

En este escenario, y mientras el debate sobre la necesidad de una Renta Básica (no condicionada) se pone sobre la mesa, llega la crisis por el COVID-19 y hace que miles de personas demanden ayudas económicas tras la pérdida fulgurante de puestos de trabajo, ya fuese en el mercado formal o en el empleo sumergido.

Ante dicha situación, los servicios sociales se han visto obligados a la dispensación de recursos con la máxima celeridad, eliminando la lógica imperante hasta la fecha del establecimiento de un diseño de intervención, debido a los siguientes factores:

• No es posible contrastar datos: ni en caso de empleo sumergido ni en el empleo formal es posible una consulta a tiempo real. Tampoco en el caso del cobro de las nóminas correspondientes a las prestaciones por desempleo para quien tuviera derecho a ellas.
• No es posible exigir la realización de actividades condicionantes previas (tales como asistencia a formación, entrevistas de trabajo, etc.) por el estado de confinamiento obligado.
• No es posible recabar la suscripción de programas de intervención social, no sólo por el propio cierre de los centros de servicios sociales o el confinamiento de la población, sino porque, en todo caso, los servicios sociales no tienen recursos humanos suficientes para esta labor dado el aumento de población atendida.

Por tanto, el COVID-19 ha obligado a modificar de manera urgente un sistema de control previo, siendo sustituido por otro en el que la ciudadanía recibe ayudas sin necesidad de justificación previa, rompiéndose ese vínculo que hasta la fecha era el modus operandi de los servicios sociales, al menos en lo tocante a ayudas económicas.

A partir de ahora, los servicios sociales deberán revisar la necesidad de volver al modelo anterior o bien, como sería más adecuado en mi opinión, establecer un sistema de ayudas que traspase el peso del control o fiscalización previa, al seguimiento posterior que sea necesario.

Reto 3: consecución del universalismo proporcional

Los servicios sociales han continuado centrados en la focalización (es decir, prestar un mayor nivel de recursos a la población con mayor nivel de necesidad) sacrificando el principio de la universalidad.

A pesar del gran avance que supuso la Ley de Dependencia, que trajo cierta universalización de servicios para personas dependientes (en un momento en el que la necesidad emergente era el envejecimiento poblacional), la atención por parte de los servicios sociales generales para la población no cubierta por dicha ley, continúa siendo en gran medida centrada en personas en exclusión social. Por ejemplo, determinadas iniciativas de acceso directo (como centros de apoyo a las familias, donde se tratan situaciones de rupturas familiares, o centros de atención a la mujer) quedan frecuentemente fuera de la estructura de los servicios sociales generales, que nuevamente quedan relegados a un papel de atención a población marginal.

Fruto del propio paradigma de la intervención social sí o sí, (insisto, sin un marco de garantía de rentas), las prestaciones económicas terminan teniendo como beneficiarias, en gran medida, no a personas con una situación de necesidad puntual, sino a quienes viven situaciones muy complejas, donde la ayuda económica no sólo se reitera en el tiempo, sino que forma parte de diseños de intervención social que abordan dificultades multiproblemáticas.

Ello sería un ejercicio de focalización positiva si no fuese porque ha producido un déficit en la universalización, dado que, usualmente, la familia que únicamente precisa ayuda económica (pero en otros aspectos su vida familiar no tiene carencias) es expulsada del propio sistema, ya que no era objeto de la intervención social.

Sin embargo, el COVID-19 ha obligado a la apertura de los servicios sociales a población que tradicionalmente era expulsada, como se ha descrito anteriormente: personas que han sufrido un ERTE, la suspensión de empleo doméstico, etc.

Ello conllevará a la configuración de sistemas de acceso rápido, transparente, y abierto a población con dificultades puntuales exentas de otras problemáticas (lo que tradicionalmente se denominamos clases medias), para después establecer qué tipo de seguimiento (o no) deberá realizarse, pero que en todo caso no debe volver a seguir los patrones anteriores, de exceso de focalización, sino que debe alcanzar un universalismo proporcional.

Reto 4: desburocratización

La Administración ha evolucionado durante los últimos años facilitando ciertos trámites a la ciudadanía, pero aún existen demasiadas dificultades vinculadas a una deficiente interoperatividad entre diferentes administraciones y con la población destinataria.

La normativa existente, principalmente la de procedimiento administrativo (39/2015) continúa siendo similar a la anterior (30/92) ya que el cambio no aportó apenas novedades en lo que se refiere a la relación entre ciudadanía y administraciones.  La nueva norma tampoco introdujo avances en lo establecido en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ha demostrado ser insuficiente y que da un margen a las administraciones locales tan amplio que perjudica al conjunto de la ciudadanía.

En este escenario, estalla la crisis del COVID-19, evidenciando graves dificultades que, en parte, deberían haber estado previstas:

• Los procedimientos de prestaciones sociales requieren solicitud, autorización en materia de consulta de datos, etc. y no pueden realizarse sin oficinas presenciales.
• Los procesos de fiscalización y control son excesivos para las situaciones de necesidad social emergentes. Ello repercute en el bienestar de aquellas personas a las que irían dirigidas: no parece lógico que, para prestaciones sencillas como una ayuda a domicilio sea preciso un procedimiento similar al de una subvención.

Durante la crisis del COVID-19, los servicios sociales han establecido canales de solicitud telemáticos y telefónicos, han habilitado mecanismos de solicitud sin necesidad de traslados y se han modificado normas internas dando mayor capacidad de ejecución a lo prescrito por sus profesionales. Todo ello para poder facilitar servicios a la ciudadanía demandante. Era posible.

Así es preciso que, ante la remisión de crisis, no se vuelva a la hiperburocratización anterior, articulando procedimientos de ayuda excluidos de fiscalización /control jurídico previo, donde la prescripción facultativa sea suficiente para determinar la situación de necesidad, sin perjuicio de que los procesos garantistas sean ejecutados con posterioridad.

Reto 5: mejora de la colaboración público-privada

Los servicios sociales públicos se crean en la década de los 80. Los servicios sociales privados, principalmente al cargo de instituciones religiosas, ya existían varios siglos antes. En determinados sectores, como el de la discapacidad, la iniciativa social y familiar es preexistente a los servicios sociales públicos. Por ello, la población se encuentra en un escenario de cobertura mixto (público y privado) y que frecuentemente se solapan.

En el campo de los servicios sociales, el crecimiento en gasto ha encontrado sólo en los últimos años, una lógica racionalizadora, que se materializa actualmente a través del aumento del control en procesos de contratación, concierto y subvención. Un escenario en el que el tercer sector (en buena medida dependiente de fondos públicos) debe enfrentarse a mecanismos de competencia, la exigencia de resultados, y la paulatina eliminación de duplicidades.

La crisis del COVID-19 ha producido que diversas entidades e iniciativas sociales se hayan lanzado al apoyo a la población demandante de ayudas, pero, tras el shock de las primeras semanas, ya es evidente que es preciso una organización que permita llegar a toda la población en situación de necesidad sin perder el objetivo de la eficiencia evitando solapamientos.

Por tanto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar espacios y criterios comunes, e incluso lugares de coordinación estables.

Teniendo en cuenta que la gestión de los servicios sociales responde a la preocupación por poder organizar los recursos sociales disponibles con la finalidad de poder efectuar una práctica profesional eficaz y eficiente (Fernandez, T. 2009), es preciso que, a nivel local, los servicios sociales asuman la coordinación de los recursos sociales prestados dentro de un territorio, facilitando a su vez el ejercicio de iniciativas de solidaridad mediante la cooperación con iniciativas sociales en marcos comunitarios.

Reto 6: revisión de los modelos de atención

El modelo de atención social, de manera general, y hasta la crisis del COVID-19, era principalmente presencialista. La sacralización del despacho como espacio idóneo para la intervención social, había relegado a un papel testimonial o cuanto menos no sistematizado, las intervenciones grupales, visitas domiciliarias o relación telemática o telefónica con la ciudadanía.

La entrevista en despacho, aparte de garantizar la confidencialidad, produce también una merma en cuanto a la transparencia, y refuerza la arbitrariedad y una dinámica donde la persona debe demostrar constantemente (incluso para el acceso a la información) determinados condicionantes y adquirir un compromiso enmarcado en un diseño de intervención. Sin embargo, la eliminación de tales trámites suele levantar rechazo profesional, bajo el temor a convertirse en meros dispensadores de recursos: un debate que debería trasladarse a la atmósfera política e institucional, y no a la ciudadanía, que es quien acaba sufriendo el conflicto.

La crisis actual pone sobre la mesa que deben establecerse respuestas diferentes: el COVID-19 ha producido una demanda de servicios que multiplica sobradamente la capacidad de respuesta en el modelo tradicional. Miles de personas y familias demandan apoyo urgente, sin necesidad alguna de intervención social propiamente dicha: únicamente necesitan un apoyo económico puntual.

Ello supone grandes oportunidades, no sólo para implementar sistemas de acceso y atención telemáticos (explorar vías como apps, whatsapp, chats, mailings masivos, sistemas de alertas, etc.), sino para el establecimiento de modelos que prevean qué tipo de seguimiento (indirecto, etc) debe realizarse con la población que ha accedido a los servicios sociales y que no precisa, a priori, intervención social.

Por otro lado, y dado el aumento poblacional (aún sin cuantificar), es urgente la provisión de recursos humanos suficientes, que, arrastrando un déficit de épocas anteriores, pueda responder a la ciudadanía de manera ágil. La revisión de los modelos no debe únicamente conllevar modificaciones en procesos y metodologías, sino que obligatoriamente debe contar con un aumento de las plantillas, así como realizar una apuesta por la diversificación de los perfiles profesionales en los centros de servicios sociales, una necesidad que ya existía. 

Reto 7: el reto tecnológico

Si la situación de partida ya era deficitaria en la materia, la crisis por el COVID-19 ha evidenciado que es necesario que los servicios sociales locales se apropien de las TIC, entendida como el dominio del objeto cultural -en este caso la tecnología (Carabaza 2013):

• Sin registros abiertos, y en estado de obligado confinamiento, se ha demostrado la escasa cobertura de la modalidad de gestión telemática para la ciudadanía.
• La población vulnerable está sufriendo en mayor medida la crisis, entre otras cosas por su incapacidad para las gestiones telemáticas, en elementos tan sencillos como tramitaciones de desempleo. Incluso entre quienes eran atendidos/as habitualmente, las carencias eran graves, poniendo en evidencia que no ha habido un esfuerzo suficiente por la inclusión digital desde los servicios sociales generales.
• Los procedimientos digitales no estaban extendidos en los servicios sociales, usándose hasta la fecha expedientes en papel de manera habitual, tanto de manera interna como para aquellos que debían ser tratados por departamentos diferentes (ayudas económicas, etc).
• Existe una escasa interconexión entre las diferentes plataformas destinadas a la gestión de prestaciones, la consulta de datos y la atención social.

Por otro lado, la necesidad del teletrabajo ha puesto sobre la mesa no sólo la ausencia de un planteamiento previo (el teletrabajo era concebido como algo totalmente imposible), sino que buena parte de las tareas cotidianas son factibles desde casa. Sin embargo, hay carencias técnicas como la calidad de las conexiones, la disponibilidad de dispositivos para llamadas, videollamadas, seguridad, etc.  Ello ha supuesto un escollo. Por supuesto, no se dispone de herramientas de medición /evaluación del trabajo en esta modalidad.

Es necesario que los servicios sociales asuman las TIC de una vez por todas: no sólo porque la alfabetización digital de la población es un camino para la inclusión social cada vez evidente, o por la agilidad que supone para las prestaciones y el contacto con profesionales de referencia, sino porque la tecnología ofrece enormes posibilidades.

El aumento de la cobertura poblacional atendida por los servicios sociales tras el COVID-19, debería conllevar el diseño de herramientas de diagnosis homogéneas que, haciendo uso de Big Data, puedan determinar actuaciones preventivas/ proactivas mediante algoritmos de cálculo de probabilidad de riesgo social, así como establecer la intensidad y tipología de las intervenciones sociales e incluso evaluar el impacto de aquellas.

Bibliografía

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Ayto de Madrid. Area de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro? (julio 2018) Acceso en : https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf

CASADO PÉREZ, Demetrio. Introducción a los Servicios Sociales, Madrid: Ed. Popular, 1994. ISBN: 847884144X

CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta Idaria. Apropiación de las TIC: apuntes para su operacionalizacion. Prisma Social: revista de Ciencias Sociales. 2013, n.9, pp. 352-390.

DE LAS HERAS, Patrocinio y CORTAJARENA, Elvira. Introducción al Bienestar Social. Madrid: Federación Española de asociaciones de Asistentes Sociales. Madrid, 1979.

FANTOVA AZCOAGA, Fernando. Manual para la Gestión de la Intervención Social. Madrid: Editorial CSS, 2005 ISBN 84-8316-921-5

FERNANDEZ GARCIA, TOMAS (Coord.) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: Alianza, 2009. ISBN 978-84-206-8884-8

GIL PAREJO, Manuel. Acceso en: Los inicios de la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales desde la perspectiva del Trabajo Social. Marzo 2010. Acceso en https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/73465/retrieve

MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Angel. Kaiser o la sombra oscura de los servicios sociales. Blog Llei d´Engel. Consulta en junio de 2018. Acceso en: http://lleiengel.cat/kaiser-o-ombra-fosca-serveis-socials/

Número 5, 2020

Juan Antonio García Almonacid

Equipo de Inclusión de Cáritas Española

¿Qué está ocurriendo?

Cuando comencé a pensar y escribir algo que pudiera aportar una reflexión sobre el impacto de la crisis por el coronavirus en Cáritas, en el sector social y algunos retos, la sensación fue muy desconcertante. Jamás he vivido algo parecido: ¿de qué experiencia puedo partir para poder comparar y aportar algo útil?  Me resultaba muy difícil. Las veces que he salido a la calle, ya en pleno confinamiento, lo que veía era, y es, irrealidad, literalmente, vacío. Nadie en la calle, todo cerrado y parado. Silencio. Muy extraño. ¿Impacto en esta irrealidad? ¿Qué puedo comentar y pensar en un momento en que los datos de ayer hoy se han multiplicado y ya eran enormes? Un mes después continúa siendo, en parte, así. Una realidad mundial, con infinidad de publicaciones con proyecciones económicas, epidemiológicas, sociales y en algún momento, de cada una de ellas se afirma que todo esto puede ser así, o no. Apenas sabemos, excepto que un ser microscópico, sin apenas significancia, ha puesto en jaque a un mundo que, tecnológicamente, parecía que lo podía todo pero que desconoce la interacción básica de dos organismos vivos: un virus y nuestro cuerpo.

Sí, hay una serie de aspectos que desde el principio me llamaron la atención.

De manera tranquilizadora, me llamó la atención que el virus no procediera de países pobres ni de migrantes pobres. Al no ser así, no ha habido una reacción generalizada y visceral buscando culpables, algo que siempre viene bien cuando el miedo, la incertidumbre e inseguridad se apoderan de la realidad. De momento no se ha rentabilizado el miedo contra “el otro”, sobre todo contra el otro pobre. El efecto puede venir después en medio de una crisis económica que comienza a mostrar el rostro.

En cambio, la primera expansión del virus ha sido en los países ricos. Ha sido el sistema circulatorio global el encargado de hacer del virus un ciudadano transnacional, un producto más circulando en el mercado global agazapado en la chaqueta de un ejecutivo o en la camisa de un turista, el mismo sistema circulatorio que en 2008 favoreció la pandemia financiera. En ambos casos, la hiperconexión global ha expandido el virus, y el enorme desarrollo tecnológico ha sido incapaz de impedirlo: se creía que en el mundo ya solo podían existir mercado, eficiencia y beneficios al margen de las personas.

En 2008, al comienzo de la Gran Recesión, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, no tuvo en cuenta el riesgo que suponía un enorme impago de hipotecas y su potencial pandemia en el ámbito financiero, estaba convencido de que el sistema se ajustaría solo. Un tiempo después, Nicolas Sarkozy, más espectacular, planteó refundar el capitalismo en un sueño de protagonismo casi mesiánico: La autorregulación para resolver todos los problemas, se acabó; le laissez faire, c’est fini, proclamó. Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe. Esto en septiembre de 2008. La década posterior confirmó que, en esencia, la capacidad de ajuste del sistema, como confiaba Bernanke, ha funcionado a la perfección: los pocos que tenían mucho ahora tienen muchísimo, los muchos que tenían muy poco ahora apenas tienen nada. Esta lógica global asentada en los excesos, en los beneficios, apenas ha tenido en cuenta las desigualdades que produce, el impacto ecológico, el sufrimiento humano. El avance y consolidación de esta lógica es el que ha dejado sin protección a millones de personas. Este es el drama ante el coronavirus.

Aunque tengo muy poca confianza, sin embargo, en la actual crisis, inédita, ha emergido el debate entre las dos opciones posibles: salvamos la economía o salvamos a las personas, y con grandes resistencias entre gobiernos, la decisión mundial ha sido parar la economía y, de alguna forma, optar por las personas, algo impensable de no existir la pandemia. Confiemos, controlada la pandemia, en que esta opción implique otra forma de recuperación y desarrollo económico y humano, así como la recuperación de la ética para las personas. En todo caso, esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad humana y el reto ante una más que probable crisis alimentaria demoledora.

También me ha llamado la atención el concepto de normalidad y no normalidad del momento. Obviamente, no estamos en una situación normal. Pero cuando trascurridos los días de confinamiento me he parado a pensar en esta transitoria no normalidad, lo que descubro es que no hay ruido, que oigo a los pájaros, que se puede andar sin tráfico por el centro de la calle cuando voy a comprar, que el cielo está azul sin estelas del humo de los aviones, que hay menos contaminación, que no tengo la sensación de estar siempre con prisas, que deseamos abrazarnos, ver a las personas que queremos, que nos preocupa la vecina, que hay conciencia de la necesidad de un sistema público de salud fuerte, que las noticias, buenas y malas, hablan de personas y que por un tiempo somos el sujeto de la historia, no el último iPad de Apple. Y me pregunto a qué normalidad deseamos y debemos volver.

Finalmente, me ha interesado la combinación de dos realidades, que no son contradictorias, pero desvelan dos miradas diferentes. El quédese en casa y lávese las manos invitaba a la responsabilidad individual y al cierre, sin duda necesario. Pero de manera simultánea comenzó a emerger la responsabilidad colectiva mediante la apertura: salgamos. Comienza a cobrar importancia el bien común, la cooperación, las personas mayores que viven solas, la solidaridad que nos obliga a salir y no cerrar. La protección individual pasa por la protección y el cuidado de los demás, pasa por el prójimo como alteridad y por el próximo como cercanía, comunidad, vecindad y personas concretas. Solo podemos salir juntos. Como diría Emmanuel Lizcano, hay una nueva metáfora social que nos piensa y esto es bueno.

La velocidad y dureza de los acontecimientos. La construcción del relato

La primera noticia del coronavirus es de principios de diciembre: China, Wuhan. Entre guerras comerciales, a pie de calle seguíamos en la más absoluta normalidad. El 31 de enero el Ministerio de Sanidad comunica el primer caso positivo de COVID-19 en España, un turista alemán controlado en La Gomera, continúa un goteo de casos con baja intensidad todos localizados y relacionados con el exterior. El 12 de febrero, el mayor congreso tecnológico del mundo, el Mobile World Congress de Barcelona, fue cancelado por miedo al contagio, a la vez se comienza a hablar del impacto económico en la hostelería de Barcelona. El problema seguía estando fuera.

Un mes después, de golpe, con una velocidad desconocida, teníamos 1.000 casos y 16 fallecidos localizados en todas las comunidades autónomas. El 11 de marzo el contagio ya se había extendido a más de 100 países y la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia mundial. El 14 de marzo, con unos 6.000 casos y 200 muertos en España, el Consejo de Ministros decreta el Estado de Alarma, la progresión ya es tremenda, descontrolada, pero esa semana todavía tomamos café juntos los compañeros de trabajo a media mañana.

El lunes 16 de marzo las calles estaban vacías. El país estaba cerrado. Nadie sabía lo que estaba pasando. Desde el 14 de marzo a finales de abril, en poco más de un mes, hemos llegado en España a más de 200.000 personas contagiadas y casi 25.000 fallecidos y en el mundo a más de 3 millones de contagiados y 200.000 fallecidos en más de 200 países. El mundo está paralizado. Este es el primer impacto: ¿Qué está ocurriendo?

Ante la imposibilidad inicial de comprender, el día a día ha ido construyendo un relato con las situaciones y necesidades concretas que van apareciendo, perfilando hipótesis de futuro, retos, aprendizajes que deben quedar, cuestiones irrenunciables… Iba quedando claro que comenzábamos a manejar dos escenarios simultáneos: el impacto fortísimo del presente y el no menos perturbador del futuro. En ambos casos, el impacto de la crisis en las organizaciones sociales es el impacto en las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social que acompañamos.

El primer comunicado de Cáritas es el 13 de marzo, días antes de las medidas de confinamiento. En el comunicado se apela a todas las Cáritas Diocesanas al diálogo, la coordinación y la flexibilidad de todos sus agentes, voluntarios, contratados y participantes para que, al tiempo que se evitan situaciones de riesgo, los recursos y programas de toda la organización continúen operativos. El objetivo era mantener la atención a todas las personas en situación más precaria y evitar que pudieran caer en una situación de vulnerabilidad aún mayor a causa de la crisis.

El día 14 de marzo se decreta el estado de alarma y el 17 de marzo Caritas Española inicia una consulta interna, cuyo objetivo era recabar una información rápida sobre cómo estaba afectando la situación en el conjunto del territorio

El impacto en la organización está siendo tremendo y difícil, reorganización de recursos humanos, tareas, horarios, cambio de criterios y normas, ampliación de centros, financiación, puesta en marcha de nuevas iniciativas, cansancio, desgaste emocional… Pero en medio de esta dificultad, la respuesta también ha sido inmediata, desvelando en términos de impacto positivo la enorme capacidad para mantener la actividad.

En cambio, la necesidad de cerrar proyectos, aun siendo una dolorosa decisión, apenas ha sido difícil: se cierran, aunque en la mayor parte de los casos se hayan reorganizado para mantener lo máximo posible de atención y contacto.

A la hora de pensar en el impacto no he pensado en los recursos que permanecen abiertos: de inmediato me han invadido imágenes de lo cerrado por imposibilidad de mantener unas medidas adecuadas sanitarias: la animación territorial rural y urbana, el trabajo de calle, centros de día, apoyo a domicilio y el voluntariado en la medida en que se paraliza la actividad. Qué significa cerrar: que, junto al acompañamiento más individualizado, más terapéutico, también desaparecen los espacios relacionales de encuentro e inclusión, fundamentales para la esperanza de las personas más vulnerables.

Me vienen a la imaginación diferentes situaciones de personas concretas que he conocido, con realidades en las que quedarse en casa es una tarea imposible.

Pienso en la dureza del cierre de un centro de día de acompañamiento a drogodependientes y en lo que puede suponer: un retroceso tal que la persona tenga que comenzar casi desde cero, con una motivación rota, vuelta a buscarse la vida, a un mercado de drogas reducido y caro, solo en la calle con la posibilidad de que le sancionen por no quedarse en casa porque, por irónico que parezca, la droga no es un artículo de primera necesidad. Pienso en hombres en los que la asistencia a un curso de formación para el empleo no solo les capacita en una carrera quizá imposible, también charlan, salen de casa, se sienten comprendidos, mejoran la autoestima y vuelven a casa quizá sin certezas, pero con un horizonte de esperanza. Pienso en el cierre del proyecto, confinados en unas paredes que ya han contemplado los efectos de la desesperanza, la violencia de no tener un lugar en el mundo, violencia con la mujer, los hijos, un espacio sin contención en el que todos acaban siendo víctimas sin esa visión idílica de colaboración y disfrute familiar.

Pienso en una mujer que conocí en un curso sobre salud mental y emocional. Nos contó su experiencia en un proyecto de acompañamiento a mujeres, de trabajo de calle, de apoyo emocional y psicosocial, de dedicación de tiempo infinito, de aceptación incondicional de lo que era. La clave fue ese espacio y tiempo de espera activa en medio de las heridas que deja la droga y la calle. Hoy, en medio de la imposibilidad de acompañar en sus lugares, en sus tiempos, ella se habría quedado rota en medio de la nada.

Pienso en menores que permanecen en casa contemplando una televisión que no habla de ellos, sin apoyo escolar, sin alguien que le diga tú puedes. Qué lejos de ese confinamiento familiar televisado: padres e hijos que aprenden juntos, juegan, que mantienen el ritmo diario, abren el ordenador y despliegan una creatividad con todos los ingredientes a mano. La imposibilidad de encontrarse con un grupo de voluntarios les devuelve, de nuevo, a ser receptores de la pobreza de progenitores y sus espacios. Pensar en lo que parece normal, es no pensar en ellos.

Pienso en tantas personas que se han sumado a esa responsabilidad compartida y solidaria, que somos juntos, todos dependientes de todos, todas y todos somos sociedad cuando nos jugamos la vida. Por decencia básica: ¿podemos seguir considerándolas solo un expediente administrativo? ¿Sin nombre? ¿Invisibles? ¿Irregulares? Es el momento en que la persona, la regularidad, esté por encima de la norma.

El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España 2008 desarrolla en el capítulo sexto un título tan sugerente como es Capital social y capital simbólico como factores de exclusión y desarrollo social. En la presentación plantea: la exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades, la constitución del sujeto y sus marcos de sentido, y cada vez somos más conscientes de su importancia como factores de desarrollo social y, en especial, de su papel en los procesos de empoderamiento de las personas en situación de exclusión.  El cierre de estos espacios de sociabilidad, de encuentro, simbólicos, de capacidad, de esperanza, de subjetividad, relega a las personas a sus condiciones de vida originales, a un confinamiento del que, justo, necesitaban salir. El sueño al derecho a la felicidad queda confinado en cuatro paredes a pesar del tremendo esfuerzo por acompañar en la distancia.

Retos para Cáritas y el sector social

Para esta parte de retos, vuelvo a agradecer a Victor Renes, maestro, el ponerse a disposición de una red de organizaciones que acompañan a reclusos de la que formamos parte. Le pedimos que nos ayudara a re-pensarnos ante una realidad que había cerrado mal la crisis de 2008, generando más pobreza y como sector social precarizado, atomizado y alejado de nuestra misión propia. Necesitábamos ser fundamentalmente un espacio cooperativo y no competitivo ante una financiación escasa. Los retos que nos planteó, en parte los he rescatado de entonces, hoy son todavía más actuales.

La anterior crisis económica, y la actual probablemente con más impacto, están desvelando una realidad que nos está obligando a revisar y repensar cuestiones de fondo. Lo que está en juego no es solo qué debemos hacer de manera inmediata durante y después de la crisis, pues la cuestión no solo se sitúa en la economía de los recursos, sino en el cómo nos re-conocemos, epistemología, de cara a afrontar y comprender retos de largo recorrido.

Si miramos hacia atrás, lo que vemos es que más allá de las consecuencias económicas y sanitarias, lo que sigue estando en crisis, nada nuevo, no es solo el Estado de bienestar en cuanto a prestaciones sino el cómo comprendemos la gestión común de los riesgos de las personas y, por tanto, la construcción de los derechos sociales y humanos.

Lentamente hemos asistido al retroceso en el acceso a los derechos por falta de inversión, siempre justificada por el déficit presupuestario, mantra en el retroceso ideológico que ha hecho avanzar la responsabilidad individual en la gestión de los riesgos, deteriorando la accesibilidad a los derechos de los más vulnerables y excluidos de la sociedad, incluidas las clases medias precarizadas.

Día a día, se ha ido cuestionando lo público y sospechando de lo colectivo, desligando al individuo de la potencia de lo social, de lo común, a la vez que se iba legitimando la responsabilidad individual, lo privado y la gestión de los riesgos mediante una capitalización individual y no mediante el reparto, capitalización que se ha puesto a disposición del mercado y entidades privadas. Este es el nuevo proyecto social de copagos, seguros, planes de pensiones… Y en esta situación, es crucial desvelar en qué medida el Tercer Sector también ha ido permitiendo y desentendiéndose, en la práctica, de la implantación progresiva de este discurso. En su relación con las administraciones públicas, fundamentalmente vía financiación, hoy el Tercer Sector se somete también a la lógica que recorta lo común, de modo que no solo tiene que hacer frente a los colectivos vulnerables que representa sino a su propia sostenibilidad económica e institucional.

Este debate es hoy más necesario que nunca. Cuando el Estado de bienestar gestiona los riesgos de las personas, el Tercer Sector puede desarrollar una función propia que llega donde lo público no puede llegar, pero con acciones preventivas y de acompañamiento centrado en las personas y colectivos en exclusión. En cambio, el desmantelamiento de lo común y el auge del modelo de gestión individual de riesgos, están obligando al Tercer Sector a suplir la ausencia de lo público mediante acciones cada vez más asistenciales y, en no pocas ocasiones, totalmente residuales, lo que le distancia de las condiciones necesarias para la inclusión social. Esto, en un contexto futuro de mayor exclusión social y crisis económica, sitúa al Tercer Sector no solo en la crisis de sostenibilidad económica, también de identidad, al tambalearse la capacidad que tiene en el desarrollo de un nuevo modelo social alternativo, de movilización y participación de la sociedad.

Entonces: qué retos de fondo podemos plantearnos como organizaciones sociales:

• El primer reto se desprende de la propia realidad actual y la recuperación de lo público. El impacto de la pandemia y la necesidad de un sistema público de salud robusto y accesible es una oportunidad para recuperar una alta intensidad en la protección a las personas con la garantía de los derechos básicos a todos los niveles y dimensiones de la vida.
• Ante la preocupación de las organizaciones sociales por su sostenibilidad financiera en un futuro económico de enorme incertidumbre, puede ser el momento adecuado para redefinir las formas de colaboración con el Estado sin perder la complementariedad, pero volviendo a conectarse con la sociedad de la cual procede, reforzando su función cívica y la defensa de los derechos sociales, así como fomentando la cooperación y el debate entre las entidades.
• Esto sitúa a las organizaciones sociales en la necesidad de reforzar su carácter de interlocutor en el desarrollo de las políticas sociales y no como mero colaborador instrumental, en tanto es cauce de participación social y solidaria.
• La actual crisis ha puesto de manifiesto la importancia de la participación e implicación de las personas destinatarias de la acción de las organizaciones en la respuesta a la pandemia, esto evidencia que la participación trasciende a la mera recepción de servicios, ayudas, a ser usuario, lo que implica una nueva comprensión tanto de nuestra propia acción como de la solidaridad y alteridad. Las organizaciones sociales tienen el reto de constituir nuevos marcos de acción colectiva que integren como participantes necesarios a las personas excluidas.
• El aumento de las necesidades básicas y los apoyos necesarios son y van a ser prioritarios a la vez que aumentan las colaboraciones de empresas para paliar dichas necesidades. Las organizaciones sociales tenemos el reto de no reducir la integralidad de nuestra acción a la mera ayuda, excluyendo nuestra capacidad de producción de bienestar. Es prioritario seguir diferenciando lo urgente de lo importante.
• El actual sistema de financiación de las organizaciones sociales mediante la concurrencia competitiva y la sujeción del proyecto a lo económico, hace que las organizaciones se alejen de la cooperación como ámbito natural y que se transforme el potencial inagotable de intangibles y solidaridad en algo escaso y tangible para poder ser medido y evaluado: el ámbito de la economía, como ciencia, solo es competente en lo escaso reduciendo lo abundante de nuestros proyectos a la escasez de lo financiado. A la vez, todo lo que supone nuestra acción como inversión social queda relegado solo a la lógica del gasto, su justificación y la eficiencia. ¿Dónde queda el tiempo invertido y necesario para acompañar a una persona?, ¿cómo quedan sus aspiraciones, su esperanza?… Poner en valor nuestra aportación como inversión y el retorno que genera, es fundamental y así poder adelantarnos a lo que puede llegar a ser un mero intercambio entre financiador y productor social como si del mercado de la solidaridad se tratase. Sin intangibles no hay sociedad.
• La reacción de la comunidad y lo comunitario en la actual crisis nos sitúa en el reto de elevarlo a eje estratégico en las organizaciones sociales. El impulso de lo comunitario desde el Tercer Sector, así como una comprensión desde las organizaciones como auténticas comunidades con una insustituible función cívica y ética, constituye un reto.
• Finalmente, las crisis han visibilizado las periferias y la precariedad en que viven las personas excluidas. El Tercer Sector tiene como reto superar su función apenas de cuidados paliativos en los contextos de exclusión redescubriendo su función central desde lo que aporta en la estructuración de una nueva sociedad inclusiva y a una nueva visión diferente de los derechos y defensa de la fragilidad humana.

Número 5, 2o2o