Luis Ayala Cañón, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. En la actualidad Catedrático en la UNED.
En un contexto global tan impregnado de incertidumbre, tensiones geopolíticas y guerras, el debate sobre la seguridad ha pasado al primer plano. Son varias las voces que reclaman dar un paso al frente y que los países aumenten sus capacidades en seguridad y defensa. Se suele argumentar que ese salto no debe contemplarse como un gasto, sino como una inversión en nuestra seguridad. Sin embargo, estas proclamas pasan por alto que la seguridad que determina día a día el bienestar de la mayoría de las personas no se juega en ese terreno, sino en cuestiones más elementales, como el acceso a un empleo estable y a unas condiciones de vida suficientes. Reducir la inseguridad económica es una exigencia fundamental para construir una sociedad verdaderamente segura.
Aunque no existe una definición única y precisa de qué es la inseguridad económica, podemos entenderla como el conjunto de riesgos económicos y sociales latentes que afectan a la vida de las personas en múltiples ámbitos, desde el miedo a perder el empleo hasta la ansiedad por no poder llegar a fin de mes. En un sentido más amplio, puede interpretarse también como la incertidumbre ante futuros riesgos económicos y la imposibilidad de recuperarse de sus efectos.
Este tipo de inseguridad no solo afecta negativamente al bienestar de quien la sufre, sino que tiene también consecuencias perjudiciales para el conjunto de la sociedad. La falta de seguridad en los ingresos puede condicionar las decisiones de los hogares, llevándolos a invertir o consumir menos. Estos efectos a corto plazo pueden convertirse en estructurales si terminan afectando a otras decisiones fundamentales, como las relacionadas con la participación en el mercado de trabajo, la educación o la fecundidad.
Uno de los canales más directos de inseguridad económica es la inestabilidad de los ingresos y, sobre todo, que la probabilidad de perderlos en el corto plazo sea elevada. Su impacto en las trayectorias vitales de muchas personas puede ser muy negativo, especialmente cuando se pierde el empleo o se reduce drásticamente el número de horas trabajadas. Esta inestabilidad no solo se manifiesta en momentos de grandes perturbaciones económicas, como sucedió en la Gran Recesión o la pandemia, sino también como resultado de procesos de cambio estructural, como la (des)globalización, la transición energética o la digitalización de la economía.
Las personas que más experimentan la inseguridad económica afrontan mayores riesgos derivados de estos procesos y, al mismo tiempo, tienen una probabilidad menor de aprovechar las oportunidades asociadas a las nuevas tecnologías. Quienes padecen inseguridad económica tienen, además, mayores probabilidades de carecer de seguridad laboral, lo que las hace más vulnerables a quedar fuera de sistemas de protección social que no se han adaptado plenamente a las nuevas realidades del mercado de trabajo.
El impacto de estas nuevas formas de inseguridad es mayor en los grupos de población que ya estaban más expuestos a los riesgos tradicionales, como las personas desempleadas, los trabajadores poco cualificados, los jóvenes y quienes se encuentran en situaciones de mayor precariedad laboral. Como resultado, las personas con ingresos bajos e inestables tienen una menor movilidad social ascendente, mientras que sus hijos presentan una mayor probabilidad de experimentar retrasos en su desarrollo y peores resultados educativos que los de familias que no sufren inestabilidad de ingresos. Cuanto mayor es el problema de la inestabilidad de ingresos, mayores son también las barreras para el funcionamiento del ascensor social en cualquier sociedad.
La inestabilidad de la renta y las preocupaciones financieras pueden afectar de forma significativa a la salud mental. La exposición continuada a grandes fluctuaciones de ingresos se asocia con problemas de estrés y ansiedad que limitan la capacidad de desarrollar proyectos vitales, al tiempo que reducen la capacidad de afrontar las obligaciones financieras cotidianas. Estos efectos deterioran el estado de salud y aumentan el riesgo de vulnerabilidad. La inestabilidad de ingresos tiende a desencadenar una reacción en cadena que provoca inestabilidad en otras dimensiones fundamentales del bienestar.
Las consecuencias negativas de la incertidumbre y de la inestabilidad también se extienden a la legitimidad de la acción política. Muchos de los cambios políticos recientes tienen su origen en el aumento de la inseguridad económica entre una proporción creciente de la ciudanía. El resentimiento social hacia la clase política y el mayor apoyo a opciones más radicales tienen parte de su origen en el crecimiento de la inseguridad, no solo entre los hogares con menos recursos, sino también entre las clases medias trabajadoras. Contener la marea populista pasa por una reducción sustancial de los problemas de inseguridad económica que están alimentando el desafecto político y el recelo hacia las instituciones democráticas.
Pese a la urgente necesidad del desarrollo de políticas que reduzcan este tipo de inseguridad, han sido otras formas de seguridad las que han ganado prioridad en la agenda europea. Necesitamos, por tanto, integrar la idea de seguridad económica en una concepción más amplia de la seguridad. Un sistema de impuestos y prestaciones bien diseñado y suficientemente robusto constituye la base de una sociedad más segura y resiliente. Ya sea como estabilizadores automáticos o como mecanismos de respuesta en tiempos de crisis, los países con sólidos sistemas de impuestos y prestaciones están mejor preparados para afrontar la incertidumbre. Las sociedades con sistemas de protección social extensos presentan menores niveles de inestabilidad social y un menor riesgo de crisis políticas.
Reducir los problemas de inseguridad y ampliar las perspectivas vitales de las personas no depende únicamente, sin embargo, de la orientación y de los recursos que se destinen a las políticas públicas. La inseguridad económica no consiste solo en la falta de empleo o de ingresos ni en su inestabilidad, sino que constituye una experiencia vital que, además de restringir severamente los proyectos de muchas personas, dificulta su capacidad de sostener vínculos y de ejercer sus derechos. Desde esta realidad, el tercer sector de acción social debe desempeñar un papel propio, más allá de complementar o suplir las carencias de la intervención pública. Tiene que responder a las situaciones de inestabilidad vital tanto desde la proximidad como desde la mediación social.
Cuando se vive bajo la amenaza de no poder afrontar gastos imprevistos, pagar la hipoteca o el alquiler o los recibos de los suministros básicos, se deteriora la capacidad de planificar el futuro. Las organizaciones deben intervenir allí donde la inseguridad económica se transforma en una forma más amplia de inestabilidad vital. La incertidumbre erosiona las capacidades personales e impide construir un horizonte desde el que proyectar decisiones básicas, obligando a muchas familias a desenvolverse en una lógica de supervivencia.
Es, sobre todo, en los espacios donde las nuevas formas de inseguridad no son bien cubiertas ni por el mercado de trabajo ni por las políticas públicas donde más relevante puede resultar la acción del tercer sector de acción social. En ese terreno, las organizaciones pueden tener un papel decisivo como actores de proximidad, capaces de diseñar apoyos integrales y personalizados frente a las respuestas más estandarizadas y de limitado alcance desde la intervención pública.
Se trata de ensanchar las capacidades de las personas más expuestas a la inseguridad y de ampliar sus expectativas vitales. No consiste únicamente en ofrecer servicios, sino en actuar desde la mediación de derechos para evitar la invisibilización de personas y factores de riesgo. El gran reto es generar confianza, acompañar trayectorias y contener potenciales procesos de exclusión. La mejor forma de construir una sociedad segura es ayudar a las personas a recuperar el control de sus trayectorias vitales.
Número 22, 2026
