Elisa Brey. Investigadora en el Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales (GEMI) y profesora de la sección departamental de sociología aplicada en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.
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Entre los perfiles de mayor vulnerabilidad social destaca el de las mujeres inmigrantes que trabajan en el sector doméstico (Federación de Mujeres Progresistas, 2020). Para conocer mejor la situación de dichas mujeres, en primavera de 2021, se realizaron 21 entrevistas a mujeres procedentes de América Latina y 5 entrevistas a informantes claves.
Dicho trabajo es la continuidad de un primer estudio realizado sobre las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico, en 2017[1]. Este primer estudio tenía como objetivo el análisis de la situación laboral y el impacto de los cambios normativos en las mujeres inmigrantes trabajadoras de hogar. El segundo estudio, realizado en 2021, se ha centrado en el análisis de la vulnerabilidad residencial de dichas mujeres, en el contexto de la pandemia[2].
En primavera de 2020, el sector doméstico se vio especialmente expuesto a las consecuencias de la pandemia. Entre el primer y el segundo trimestre de 2020, el número de empleados domésticos disminuyó un 18,1% en el caso de las mujeres, y un 61,4% en el caso de los hombres (Fuente: Encuesta de Población Activa, EPA).
Los datos de la Seguridad Social (a último día del mes) permiten observar la incidencia de la crisis en el número de afiliados, en función del sexo y la nacionalidad. Entre febrero y junio de 2020, el Sistema Especial de Empleadores de Hogar (S.E.E.H.) es el régimen de cotización con mayor disminución de su número de afiliados. Frente a una disminución total del 4,1%, el número de afiliados en S.E.E.H.) disminuye un 5,4%. En ese régimen, la disminución ha sido mayor entre las personas afiliadas de nacionalidad extranjera, respecto a las personas afiliadas de nacionalidad española. Se observa una disminución del 5,4 y del 6,2% en el caso de las mujeres y los hombres de nacionalidad extranjera, frente al del 5,3% y 4,5% en el caso de la población española.
Los datos de afiliación confirman que la crisis sanitaria ha mantenido la clara sobrerrepresentación de las mujeres de nacionalidad extranjera en el sector doméstico. La participación de los hombres en este sistema es marginal, dado que las mujeres representan el 95,6% del conjunto de afiliados en los meses considerados. Entre febrero y junio de 2020, las mujeres de nacionalidad extranjera representan entre el 41,3 y el 41,6% de mujeres afiliadas en el S.E.E.H., mientras que los hombres de nacionalidad extranjera representan entre el 55,6% y el 56,2% de hombres afiliados. Para poner estos datos en perspectiva, basta recordar que la población extranjera (en su conjunto y por cada sexo) representa el 13,7% de la población total empadronada en España, a 1 de enero de 2020.
En el caso de que la actividad se realice sin un contrato formal de trabajo, como es frecuente en el sector doméstico, el riesgo de vulnerabilidad se ve reforzado. Cuando son mujeres y hombres migrantes, se añadieron otros posibles factores de riesgo: la escasez de redes de apoyo, sobre todo si llevan poco tiempo en España; o la falta de un permiso de residencia y trabajo, que supone la irregularidad administrativa.
En España, a partir de marzo de 2020, las renovaciones del permiso de residencia quedaron a la espera de que finalizará el estado de alarma. Por este motivo, la Policía Nacional publicó varias instrucciones que prorrogaban automáticamente su validez durante unos meses, permitiendo que se prolongara el periodo de regularización. Sin embargo, aunque contaran con un permiso de trabajo, las personas de nacionalidad extranjera se enfrentan a dificultades para renovar este permiso si se quedan en paro, por no cotizar lo suficiente durante el periodo de referencia para la renovación, y eso debido a la vinculación del permiso de trabajo con la situación de alta laboral y cotización.
En cuanto a las personas de nacionalidad extranjera sin permiso de trabajo y residencia, se vieron excluidas del acceso a subsidios o ayudas extraordinarias. Así, se quedaron fuera de medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno central, como el Ingreso Mínimo Vital o el Real Decreto Agrario (Decreto 13/2020). En una comunicación del 18 de marzo de 2020, Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) denunció la falta de acciones específicas de apoyo y protección a los profesionales del sector doméstico, en su mayoría mujeres migrantes, que cuidaron a personas especialmente vulnerables durante la pandemia de COVID-19. Y es que inicialmente, los trabajadores que cotizan en el S.E.E.H. quedaron fuera de las ayudas especiales implementadas por el gobierno, aunque luego sí se tuvieron en cuenta.
También quedaron a veces excluidos de los programas regionales y locales de apoyo que fueron implementados durante el estado de alarma, no solamente por su posible situación irregular, sino por otros requisitos: exigencia de largos periodos de empadronamiento, disposición de una cuenta corriente, dificultad para realizar los trámites por vía digital, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o requisito de estar inscritos como demandantes de empleo.
La situación residencial es otro factor diferencial clave a la hora de analizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes que son trabajadoras de hogar. El estudio realizado desde la UCM en 2021 permite distinguir tres realidades: las mujeres internas que residen en una vivienda donde trabajan, pero donde no está su hogar; las mujeres que comparten habitación o vivienda; y las mujeres que residen en una vivienda de forma independiente a otros núcleos u hogares.
En el caso de las trabajadoras internas se vuelven borrosos los límites entre el lugar de trabajo y el espacio de vida. Bajo esta situación residencial emerge una sensación contradictoria, pues si bien el entorno en el que se encuentra la vivienda puede percibirse como un lugar agradable, no lo suelen ser los espacios usados por la trabajadora. Incluso la habitación en la que pernocta puede no estar acondicionada ni contar con los recursos para ser plenamente habitable. La nula o escasa adecuación de los espacios para el confort de la trabajadora o el limitado acceso a recursos básicos como Internet pueden interpretarse como una clara intención de remarcar esos límites difusos a los que antes hacíamos mención. Una estrategia empleada por los empleadores para que dicho espacio no sea reconocido como propio de la trabajadora doméstica.
El alquiler compartido de una habitación o de una vivienda permite limitar gastos, pero no se encuentra exento de problemas derivados de la convivencia y el hacinamiento. El alquiler compartido suele llevarse a cabo con otras mujeres trabajadoras del hogar, cuando se trata de una habitación, y con miembros de la familia extensa, cuando es la vivienda. Compartir habitación o vivienda es una situación pasajera hasta que sea posible acceder a una vivienda no compartida.
Esta búsqueda de una vivienda no compartida suele coincidir con la reagrupación familiar o la consolidación de una pareja. En el primer caso, es preciso que la trabajadora cumpla con una serie de requisitos (incluyendo un mínimo de metros cuadrados en la vivienda) para que el Estado autorice la reagrupación familiar. En el segundo caso, la pareja proporciona un apoyo para acceder a una vivienda en el mercado libre a la cual la mujer trabajadora de hogar no podría acceder sola, dados los requisitos y las garantías que se exigen. Las características de la vivienda no permiten superar la vulnerabilidad residencial, dado los niveles de habitabilidad y adecuación que presenta. A pesar de ello, acceder a una vivienda de forma independiente otorga cierta sensación de confort al disponer de un espacio propio.
En tiempos de pandemia, las mujeres entrevistadas expresaron que se hizo sentir con fuerza la relación recíproca entre empleo y vivienda, señalados como dos factores claves para entender la exclusión social en España, según la Fundación FOESSA (2019). Por miedo al contagio, muchas de ellas pasaron a vivir de forma permanente en los domicilios donde trabajaban, sin poder acudir a sus hogares, localizados en otra vivienda. También se puso de manifiesto la estrecha relación entre empleo y vivienda, al incrementarse los despidos entre las personas que son trabajadoras de hogar, lo cual se tradujo en algunas ocasiones en la pérdida también de la vivienda por no disponer de recursos económicos suficientes para pagar el alquiler y los suministros.
La vulnerabilidad residencial aparece como un factor persistente, que no se supera del todo, incluso cuando las mujeres han dejado de trabajar como interna o han dejado de compartir vivienda. Según un estudio de la Asociación Provivienda (2020), la persistencia de la vulnerabilidad residencial también se ha observado en el caso de hogares que experimentan problemas de asequibilidad de la vivienda, aunque hayan superado otras situaciones residenciales de mayor vulnerabilidad, como son: vivir sin techo o sin vivienda, residir en una vivienda insegura o en una vivienda inadecuada.
La interacción de factores estructurales (mercado dual de trabajo, mercado tensionado de la vivienda y procesos dilatados de regularización en España) así como coyunturales (pandemia de COVID-19, reagrupaciones o separaciones familiares) condicionan, sin duda, el grado de vulnerabilidad de las mujeres migrantes que son trabajadoras de hogar. Dicha vulnerabilidad puede verse limitada por redes de apoyo, formales o informales.
Para superar dicha precariedad estructural, no solamente sería necesaria, por parte de España, la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189), sino también la adopción de mecanismos de inspección y la sensibilización de empleadores y otros segmentos de la población para permitir unas mejores condiciones laborales a las personas que trabajan en el sector.
Asociación Provivienda. Cuando la casa nos enferma 3. Redes de apoyo en tiempos de crisis. Madrid, 2020. Enlace: Cuando la casa nos enferma 3 (provivienda.org)
Federación de Mujeres Progresistas. Investigación Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, retos y propuestas. Madrid, 2020. Enlace: Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf (fmujeresprogresistas.org)
Fundación FOESSA. VIII Informe FOESSA: La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, 2019. Enlace: VIII Informe FOESSA: La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada – Foessa
[1] Dicho estudio es fruto de la colaboración entre AD Los Molinos, SEDOAC y profesoras del departamento de sociología aplicada de la UCM. Enlace: AD Los Molinos, Asociación (admolinos.org)
[2] Dicho estudio se realizó en el marco del proyecto “Influencia de los cambios en los regímenes de producción y acceso a la vivienda sobre la reestructuración social de las grandes ciudades españolas” (CSO2017-83968-R), dirigido por la Profesora Marta Domínguez Pérez de la UCM. Se agradece el trabajo de Mónica Mongui Monsalve, Ainhoa Ezquiaga Bravo y Pierina Cáceres Arévalo. Enlace: Informe «Vivienda y vulnerabilidad: Mujeres inmigrantes en el servicio doméstico» (2021) – GISMAT