Thomas Ubrich, equipo de estudios de Cáritas Española

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Las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable. Su situación es frágil y a menudo viven en condiciones extremadamente precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo, a la vivienda e incluso a la salud. Los discursos estigmatizadores contra ellas alientan la indiferencia de la opinión pública hacia su situación y explican el apoyo a políticas que reducen sus derechos en nuestro territorio.

En general, las personas migrantes en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Estas personas casi no reciben ningún tipo de ayuda: los ayuntamientos y comunidades les ponen muchas dificultades si no están empadronados al menos un año.

En España el actual marco legal es insuficiente e inadaptado, lo que muchas veces genera un abandono institucional casi completo de estas personas que se ven abocadas a la economía sumergida y a ir al Banco de Alimentos u otras pocas entidades obligadas a rescatar, apoyar y ayudar de estas personas.

En definitiva, actúan junto a las personas migrantes para que sus derechos sean respetados y sus necesidades primarias cubiertas en todas partes. También trabajan diariamente para promover su integración y cambiar la percepción que tiene la sociedad española sobre estas personas.

Las personas en situación administrativa irregular en nuestro país son una realidad invisible, aunque muy presente y cada vez más numerosa. De forma estructural, no disponemos de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. Su realidad no es reconocida en los datos oficiales.

Desde la Fundación FOESSA se ha realizado una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. Según este cálculo, en el año 2022, aproximadamente una tercera parte de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular, al menos 500.000 personas que necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas.

Para Cáritas, toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad e integridad. No obstante, tanto Cáritas como otras organizaciones sociales se ven forzadas a una especialización hacia la atención o acompañamiento de estas personas para paliar la desprotección que les afecta. La garantía de los derechos humanos de todas las personas migradas no puede estar en manos de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, sino de las instituciones públicas del Estado que son los titulares de obligaciones. Para ello, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y/o trabajo que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.