Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .
Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.
Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.
Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.
Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.
En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.
De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.
Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.
Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).
Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.
En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.
A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia. Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.
La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).
Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.
Ball, S., Cobb-Richardson, P., Connolly, A., Bujosa, C., & O`Neal, T. (2005). Subtance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry(46), 371-379.
Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238
Crawford MJ., y Prince, M. (1999). Increasing rates of suicide in young men in England during the 1980s: the importance of social context. National Library of Medicine, 49(10); p.1419-23.
Lemmi, V., et al. (2016). Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. The Lancet Psychiatry. 3. 774-783. 10.1016/S2215-0366(16)30066-9.
Ministerio del interior. (2021). Trata y explotación de seres humanos en España Balance estadístico 2017-2021. Gobierno de España.
Moreno-Márques, G. (2009). Characteristics and profiles of homeless people in Bizkaia. The challenge of a diversified attention, 37-57.
Navarrete,M.E., Herrera, j. y León, P. (2019). Los límites de la prevención del suicidio. Revista de la Asociación de española Neuropsiquiatría, vol. No (135); p.193-214.
Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E., y Kawohl, W. (2015). Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. National Library of Medicine, 2(3), 239-45.
Observatorio de Salud de la Mujer. (2005). Informe de Salud y género. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
Toro, P., Tricckett, E., Wall, D., & Salem, D. (1991). Homelessness in the United States. Anecological perspective. American Psychologist, 1208-1218.
Daniel Buraschi, Mosaico Acción Social
Natalia Oldano, Mosaico Acción Social
María José Aguilar Idáñez, Universidad de Castilla La Mancha
Puedes encontrar a la Asociación Mosaico Canarias en Facebook
En las Islas Canarias el 2020 no solo ha sido el año de la pandemia, sino también el año en que la ruta migratoria atlántica a través de Canarias volvió a ser la principal vía de entrada marítima irregular a Europa de personas, de Marruecos, Senegal, Malí o Costa de Marfil, principalmente. Según datos del Ministerio del Interior Español, llegaron a las islas 23.271 personas a bordo de 759 embarcaciones, con una concentración mayoritaria en los últimos meses del año (más de 18.000 personas llegaron de septiembre a diciembre), un incremento del 756% respecto al año anterior. La ruta sigue activa con la llegada de un total de 22.316 personas y de 3.194 personas solo en el mes de enero 2022.
Se trata de una ruta muy peligrosa debido a la distancia por mar y, sobre todo, por las condiciones del viaje. La ONG Caminando Fronteras ha registrado más de 4.000 víctimas en la ruta canaria durante 2021.
Desde el verano de 2020, Canarias vive una profunda crisis de acogida de migrantes. El bloqueo de los migrantes en las islas y la ausencia de un sistema integrado de acogida han generado una violación sistemática de los derechos humanos: detenciones y privaciones de libertad sin protección legal; falta de asistencia jurídica a las personas migrantes; ausencia de un servicio efectivo de traducción e interpretación; falta de identificación y atención a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y atención (como los menores no acompañados, los potenciales solicitantes de protección internacional, etc.); atención sanitaria deficiente y falta sistemática de información.
La gestión de la inmigración en Canarias es un ejemplo de la política de externalización de fronteras que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años. Cuando la frontera se vuelve permeable, se activan los dispositivos de contención de la inmigración en las islas y de expulsión. El objetivo es evitar que los inmigrantes entren en el territorio europeo continental bloqueándolos en las zonas fronterizas y organizando su expulsión mediante acuerdos bilaterales con los países de origen.
El cierre de las fronteras de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Malí debido a la crisis sanitaria ha desactivado de facto el mecanismo de gestión de la migración basado en la deportación. En el verano de 2020, miles de migrantes se concentraron en un muelle de la isla de Gran Canaria durante cuatro meses, expuestos a la intemperie, creando una grave emergencia humanitaria. El gobierno español decidió no trasladar a las personas a los centros distribuidos por la España peninsular, y de hecho, en los últimos meses del año miles de migrantes fueron trasladados a diferentes hoteles de las zonas turísticas de las islas, mientras se preparaban las instalaciones de primera acogida.
En los primeros meses de 2021 se activó el Plan Canarias, que preveía la apertura de tres macrocentros de acogida (dos en la isla de Tenerife y uno en la de Gran Canaria) a los que se trasladarían entre 5.000 y 7.000 personas en pocos meses. Desde los primeros días, estas instalaciones crearon una situación insostenible: hacinamiento en tiendas de campaña que no ofrecían suficiente abrigo contra el frío y la lluvia, alimentación insuficiente, falta de información, problemas de convivencia, escasa atención sanitaria e imposibilidad de viajar a la península, violencia física y traslado de menores no acompañados a centros de adultos. Esta situación ha sido denunciada por numerosos organismos nacionales e internacionales y, en muchas ocasiones, ha tenido graves consecuencias para la salud psicofísica de los migrantes (Amnistía Internacional, 2021, Defensor del Pueblo, 2021, Médicos del Mundo, 2021, CEAR, 2021).
La crisis sanitaria causada por el Covid-19 desactivó temporalmente la política migratoria europea fundamentada en las prácticas de deportación y devoluciones en caliente. Frente al cierre de fronteras, el gobierno de España ha activado un plan que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y ha creado una situación sin precedentes en Canarias. La inmigración irregular representaba hasta el 2020 sólo un fenómeno mediático muy presente en el discurso político y en los medios de comunicación, pero con poco contacto con la población local. Por primera vez, los miles de migrantes africanos que llegan por la vía marítima irregular dejan de ser una masa anónima para convertirse en personas que se organizan y tejen relaciones personales con la población local. Las personas migrantes bloqueadas en Canarias han comenzado a organizarse para dar visibilidad a su lucha por la dignidad y sus derechos: organizan manifestaciones, protestas, huelgas de hambre y tienen contacto directo con los medios de comunicación. En enero de 2021, cuando todavía no se habían abierto los macrocentros, las personas migrantes empezaron las primeras protestas organizadas. Cerca de 175 personas de origen senegalés empezaron una huelga de hambre para pedir poner fin al bloqueo y poder viajar al resto de España. Se trata de personas que llevaban tres meses bloqueadas sin información que, por primera vez, dejaban de ser una masa anónima y pasiva a los ojos de la sociedad receptora y de los medios de comunicación. Las personas migrantes tomaron la palabra en los medios de comunicación, grababan vídeos reivindicativos. Un mes después, 27 menores de origen magrebí y senegalés también empiezan una huelga de hambre, en este caso la protesta se articula con plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.
En el mismo mes se abren los macrocentros y la concentración de miles de inmigrantes en unos pocos recursos ha facilitado el contacto directo con la población local. Desde los primeros días de su apertura, se han creado amplias redes de apoyo y solidaridad por parte de la sociedad canaria. Muchas de estas redes prestan atención jurídica y sanitaria y articulan acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.
En marzo, las personas migrantes bloqueadas en los macrocentros organizan, junto con las plataformas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes, una marcha para protestar contra la política migratoria
A partir de febrero de 2021 se crean nuevas iniciativas participativas, redes de apoyo, se articulan procesos participativos que involucran a centenares de personas. Entre las iniciativas más amplias hay que citar la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes en Tenerife y Somos Red en la isla de Gran Canaria.
A partir de las experiencias participativas desarrolladas este contexto de crisis sanitaria y crisis migratoria en las islas Canarias, quisiéramos proponer algunas reflexiones para repensar las prácticas participativas en espacios fronterizos.
No neutralidad de las prácticas participativas. En Canarias existen, desde hace muchos años, numerosos proyectos de intervención comunitaria e intervención intercultural promovidos por las instituciones y desarrollados por diferentes ONG. A menudo, estos proyectos no han sabido articularse con los nuevos movimientos sociales y, en particular, con las prácticas de resistencia de las personas migrantes. Probablemente, uno de los principales problemas ha sido concebir las prácticas participativas como procesos neutrales, en los cuales se podía mantener la equidistancia con las instituciones y limitarse a apelar a la convivencia intercultural. Esta crisis migratoria ha evidenciado dramáticamente que las prácticas participativas se desarrollan en ocasiones en espacios profundamente violentos y deshumanizantes, espacios en los cuales las instituciones reproducen el racismo institucional. Si las prácticas participativas no saben leer críticamente la realidad, no saben o no quieren comprometerse con la lucha contra la injusticia y la violencia estructural, entonces, aunque sus objetivos sean la interculturalidad o la defensa de los derechos de las personas migrantes, reproducen o, al menos consienten, el racismo institucional.
El protagonismo de las personas migrantes y la autonomía de las migraciones. Es importante concebir las prácticas participativas con personas migrantes como procesos de concientización y emancipación (Freire, 1970), haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resiliencia. Analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos estigmatizados para resistir al racismo y al impacto que tiene el estigma en su vida cotidiana (Buraschi y Agular, 2019).
Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de dominación solamente si ponemos en primer plano las personas migrantes, es decir, en tanto sujetos que expresan resistencia y prácticas conflictivas innovadoras (Mezzadra, 2004: 147). Se trata, por lo tanto, de entender las migraciones como un movimiento social, un tipo único de acción colectiva que cuestiona los poderes institucionales y el régimen fronterizo.
Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las personas racializadas y víctimas de discriminación, diseñar estrategias de acción desde su realidad vital concreta y cambiar nuestro posicionamiento, de personas expertas, portavoces o líderes de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/as, sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/as y aceptando de salir de nuestra zona de confort (Buraschi y Aguilar, 2019).
Cuestionar el paternalismo y el etnocentrismo. La experiencia en Canarias ha mostrado que las prácticas participativas, hasta aquellas que se autodefinen como interculturales, transformadoras, defensoras de los derechos humanos, pueden reproducir modelos paternalistas, victimistas, entocéntricos y culturalistas. El trabajo con personas que han pasado por experiencias traumáticas, que no hablan español, que están en una situación radicalmente precaria en ocasiones se traduce en la reproducción de esquemas coloniales e inconscientemente racistas hasta en el seno de los movimientos sociales. En este contexto es clave cuestionar nuestra mirada colonial, nuestras metodologías de trabajo. Como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), la incertidumbre, la incomodidad, el sentirse desplazados/as son buenos indicadores de que estamos trabajando en la dirección correcta, una práctica participativa que no modifica nuestra mirada, que no nos hace conscientes de la colonialidad de nuestra mirada y de nuestras contradicciones no es transformadora, sino funcional a un sistema de dominación. Esta reflexividad crítica pasa necesariamente por la toma de conciencia de nuestros privilegios y el reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas que estructuran nuestro espacio de acción. Además, pasa por la apertura hacia la emergencia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos normalmente silenciados. Apoyando la emergencia de nuevas formas de ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).
Amnistía Internacional (2021). Islas Canarias: Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas migrantes tras una semana de investigación. Amnistía Internacional.
Buraschi, Daniel y Aguilar Idáñez, María José (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2021). Migración en Canarias, la emergencia previsible. Madrid: CEAR.
De Sousa Santos, Boaventura (2010). Epistemologías del sur. México: Siglo XXI.
Defensor del Pueblo. (2021). La migración en Canarias. Estudio. Defensor del Pueblo
Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Médicos del Mundo (2021). La salud naufraga en la frontera sur. Médicos del Mundo.
Mezzadra, Sandro (2004). Derecho de fuga. Madrid: Traficantes de sueños.
Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando labores de rescate de personas en el mar, labor que debieran estar haciendo los estados.
Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.
Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.
Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.
La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.
En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.
Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.
Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo. Lo recordaba Carlos Álvarez:
Cuando el hambre madura,
no hay barrotes ni murallas.
Los barrotes se sacuden
y las murallas se saltan.
