¿Sigue siendo necesaria la ILP para la regularización de personas extranjeras?
Por Xabier Parra
A fondo
¿Sigue siendo necesaria la ILP para la regularización de personas extranjeras?
Xabier Parra Berrade. Director General – Obra Social Capuchinos de España
Desde 2021, organizaciones migrantes, sociedad civil y numerosas entidades eclesiales impulsan una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Tras recabar un apoyo de más de seiscientas mil personas la iniciativa está en fase de negociación entre los grupos parlamentarios. Este artículo presenta las razones que se esgrimieron en su día para su aprobación y a la luz del nuevo reglamento de extranjería, los motivos que la hacen todavía fundamental para la vida de cientos de miles de migrantes.
Introducción
En el otoño de 2021 un grupo de entidades muy diversas fraguaron la idea de iniciar un procedimiento legislativo popular para promover una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Anteriormente, en el marco de la pandemia de la COVID-19, el movimiento Regularización Ya había presentado en el congreso de la mano de algunos grupos políticos una Proposición No de Ley para pedir una regularización; pero esta no tuvo suficiente apoyo. La clave de este nuevo proceso estaba en la búsqueda de un amplio consenso social, desarrollar un procedimiento de monitoreo para la búsqueda de firmas y lograr un apoyo transversal en la cámara de representación para que finalmente la regularización fuera posible.
La coyuntura histórica estaba marcada por un intenso debate y polarización en el ámbito de la movilidad humana. En la última década la migración se ha convertido en un arma de enfrentamiento entre los diversos colores del panorama político español y también internacional. Ese debate ha ido permeando hasta las clases populares constituyéndose ya no solo en uno de los fenómenos explicativos de la geopolítica internacional; sino en uno de los argumentarios que hacen mover voluntades y votos. El marco para el debate sobre migraciones no era inicialmente favorable.
Frente a esta realidad otra no menos importante: alrededor de 500.000 personas estaban en situación irregular en España en diciembre de 2020. Muchos de ellos trabajando. El doble que en 2014. La conexión entre pobreza e irregularidad, entre invisibilidad y exclusión, son innegables.
A continuación se presentan algunos de los factores más determinantes que han venido acompañando el procedimiento de regularización extraordinaria que se lanzó por medio de la iniciativa legislativa popular. Es un proceso no acabado, que en la actualidad se encuentra en debate parlamentario en la negociación de enmiendas. Tres años después el procedimiento de regularización extraordinaria es más necesario que nunca.
Los motivos, ¿era el momento para iniciar una regularización extraordinaria?
La Comisión Europea ha estimado que tras el año 2000 los procedimientos de regularización extraordinaria han sido habituales en varios países de la Unión Europea, sobre todo en los de la región mediterránea, siendo estos procedimientos de carácter ya recurrente cada 6,5 años (R. Aguilera, 2006). Según el informe que elaboramos desde la Comisión Promotora para el desarrollo de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Personas Migrantes (a partir de ahora ILP regularización) en España se han sucedido 9 procedimientos semejantes y se tienen documentados hasta 43 entre 1996 y 2008 (F. Por Causa, 2022). Siendo 2005 la fecha de la última gran regularización a cargo del gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, todo parecía indicar que el momento podía ser oportuno.
El factor fundamental que se esgrimió en aquel momento tenía que ver con la bolsa de irregularidad que padecíamos. El mismo informe ya citado cifró en el entorno de entre 475.000 y 514.000 las personas migrantes residentes en España a finales de 2020. Además planteaba que esa cifra no había hecho más que aumentar en la última década siendo en términos relativos hasta diez veces más alta que en 2013.
Si se revisan las cifras de regularizaciones anteriores, en el año 2005 se contaba con una estimación de entre 700.000 y 820.000 personas extranjeras trabajadoras en situación irregular (M. Kostova, 2006). Estuviera o no correctamente afinada la cifra dada por la ILP regularización, luego indicaré como cifras más actuales determinan una ligera sobreestimación, pero incrementan la cifra de irregulares en la actualidad, parece que los números sí marcaban la senda de la regularización.
La Comisión Promotora además de estas dos razones, la de que ya se había hecho en multitud de ocasiones tanto en Europa como en España y que por tanto era un procedimiento habitual y perfectamente legítimo, y la de la necesidad por el volumen tan grande de residentes en situación irregular, ofreció más razones: la economía y la sanidad.
Por un lado, se realizaron cálculos sobre el beneficio que la regularización generaría en las arcas públicas. Se estimó que en aquel momento la irregularidad podía llegar a costar entre 2.200 y 2.400 euros anuales por migrante al Estado en concepto de ayudas, asistencia, etc. Sin embargo, la regularización, tomando como referencia el impacto de regularizaciones previas, podría llegar a suponer un ingreso medio por persona de unos 3.500 euros por año. Un informe previo que analizó específicamente la regularización extraordinaria de 2005 estableció en 4.000 euros el beneficio fiscal neto de cada persona regularizada (J. Monras & J. Vázquez-Grenno, 2017).
Los procedimientos de regularización previos habían demostrado que el 90% de los expedientes estaban vinculados con el empleo en el caso de la regularización extraordinaria del año 2000 y ya en 1985 en la primera gran regularización el perfil de las personas solicitantes de la misma era de entre 21 y 40 años en un 70% (M. Kostova, 2006). La vinculación entre migración y trabajo es una constante de los datos de llegadas desde hace veinte años, siendo población mayoritariamente joven, pero lo es también los incrementos de afiliación a la seguridad social posteriores a cualquier procedimiento de regularización.
Por otro lado, se esgrimió un argumento muy vinculado con el momento en el que se inició el procedimiento. El fortalecimiento de la seguridad sanitaria nos parece ahora un argumento menos relevante, pero si hiciéramos el esfuerzo por recordar el confinamiento de la COVID-19 y el impacto de aquella crisis sanitaria, podríamos entender su relevancia. Proteger la salud de las personas resulta fundamental en el curso normal de los tiempos, pero más si cabe en periodos de pandemia. No hace tanto tiempo que España legisló en contra del acceso universal a la sanidad, por lo que el argumento era a todas luces pertinente.
Sin embargo, de todos, el argumento más pertinente y en el que hemos incidido las entidades eclesiales es el de la vinculación entre irregularidad administrativa y exclusión social.
La literatura científica determina que la exclusión se explica a través de la privación material, la falta de acceso a vivienda, las condiciones de empleabilidad y la falta de apoyo social (P. Cabrera y G. Malgesini, 2002). Estos cuatro elementos se ven reducidos o directamente privados en condiciones de irregularidad administrativa. A las limitaciones propias de un mercado de la vivienda tensionado y a las dificultades de acceso para población extranjera por prejuicios se suma que la irregularidad incapacita para la tenencia o incluso para ser beneficiario de programas de vivienda social o protegida. A las mayores tasas de precariedad y temporalidad en el mercado de trabajo de la población extranjera, la irregularidad suma condiciones de semi esclavitud y la imposibilidad del ejercicio de los derechos laborales. A la privación de apoyo social comparado de la población extranjera, la irregularidad administrativa suma una mayor guetización, el ejercicio más precario de la ciudadanía social y limitación a la participación pública. Si los datos de exclusión social o pobreza severa marcan un impacto específico para la población extranjera triplicando las tasas de la población nacional, la irregularidad conlleva no solamente una agudización de esos datos, sino la imposibilidad de emprender movimientos ascendentes superando condiciones de vulnerabilidad. Los papeles son el mecanismo fundamental de acceso a derechos y el impedimento habitual para el ejercicio natural de ciudadanía.
Esta es, al abrigo del papel de las entidades sociales y de la Iglesia en su conjunto que se marca la tarea de asistir y acompañar, la razón fundamental para seguir exigiendo mecanismos eficaces para la regularización de personas extranjeras que acompañada por el resto de razones hicieron necesaria la tramitación de la ILP regularización.
Un proceso todavía inacabado
La legislación española permite la participación política a través de mecanismos de representación que se vinculan principalmente con las elecciones. La democracia se basa por tanto en una participación delegada o en la representación del poder ciudadano a través de los diferentes partidos políticos. En el ámbito legislativo, en la capacidad para generar nuevas leyes o modificar las existentes, la capacidad legislativa es exclusiva del Parlamento y de quienes conforman el Gobierno. Esta realidad solamente se rompe en el caso de las iniciativas legislativas populares que son un mecanismo mediante el cual un grupo suficiente de personas pueden proponer un cambio legislativo.
Este procedimiento está reglado y, por ejemplo, nada que sea materia de ley orgánica puede ser objeto de modificación por vía popular. De esta manera se preserva una coherencia y consenso suficientes para leyes que involucran derechos fundamentales y que en el sistema jurídico obedecen a un ámbito superior. Son leyes paraguas. La ley de extranjería es ley orgánica y es por ello que la ILP regularización fue en dos ocasiones denegada en su trámite inicial de aprobación de texto legal porque entraba en materia de ley orgánica. Fue en la tercera ocasión cuando se pudo presentar una modificación de una disposición transitoria de la ley que no es materia orgánica. A la ILP se le ha juzgado de falta de concreción, pero esta es imposible debido a que las Cortes así lo indicaron: que la regularización extraordinaria debía solamente ser aprobada y generar un mandato desde el poder legislativo para que el poder ejecutivo desarrollara su procedimiento.
Por lo demás, una ILP debe pasar por la recogida de al menos medio millón de firmas en pliegos estandarizados y ser validadas por la Junta Electoral Central durante un periodo de tiempo determinado. Ese proceso se llevó a cabo desde diciembre de 2021 hasta el 22 de diciembre de 2022 cuando se entregaron los pliegos de los que se validaron posteriormente 611.821 firmas.
Por motivos de espacio no me detendré en el relato de la obtención de firmas; pero el mismo fue monitoreado con una herramienta digital elaborada ad hoc que permitió rastrear el origen de todas las firmas. Durante aquel año se constató la relevancia que tuvieron algunos momentos como ciertas campañas de comunicación en redes sociales que atraían la atención de los firmantes más jóvenes o el inmenso apoyo que recibió la iniciativa por parte de la comunidad cristiana: parroquias, grupos de base, ONGDs, diferentes diócesis y universidades, centros de formación y particulares expresaron su adhesión a este asunto de la acogida y la integración de migrantes que ha sido tan fuertemente promovido en el pontificado de Francisco.
Una vez que las firmas fueron validadas, la ILP entró en un periodo de debate en el Congreso que pasó por dos fases: una primera referente a la votación sobre la toma en consideración, fase en la que el Pleno debe aceptar el mandato popular de que debatan la reforma legislativa; y una segunda si es que la primera fase se supera, que es la aprobación definitiva de un texto legal.
Sobre la segunda fase, en la que estamos actualmente cabe indicar que hay a su vez diferentes fases de presentación de enmiendas por parte de los partidos, de votación y negociación de dichas enmiendas y de traspaso del texto del Parlamento al Senado para validar las votaciones y textos finales en función de que se vaya progresando en el proceso. Hasta la fecha esta última fase no ha finalizado; en la actualidad nos encontramos en plena negociación sobre las enmiendas presentadas por los grupos políticos.
Sobre la toma en consideración solamente indicar que la misma se dio el 9 de abril de 2024, un año amplio después de que se validaran las firmas. Esa demora se debió a la convocatoria de elecciones que provocó retrasar notablemente el proceso. Pocas votaciones han contado en esta legislatura con el apoyo mayoritario que tuvo la toma en consideración de la ILP. Es relevante poner en valor el ejercicio de conciliación que se promovió durante aquellos días y el mensaje de unidad que se lanzó al conjunto de la sociedad.
Cuatro entidades eclesiales han participado activamente en el proceso de diálogo político, Cáritas Española, Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, CONFER y REDES. Esta última ha sido entidad parte de la Comisión Promotora de la ILP desde su comienzo y su presencia ha ayudado desde el comienzo a tejer red entre la diversidad de las organizaciones promotoras y también con la comunidad cristiana.
Durante este último año el diálogo con las fuerzas políticas ha transitado desde aparentes consensos hasta certezas de desconfianzas, pero el suceso que más ha afectado al proceso de diálogo fue la aprobación el 19 de noviembre de 2024 del RD1155/2024, modificación del Reglamento de Extranjería. A la luz del discurso público de varios representantes políticos se ha cuestionado la necesidad del procedimiento extraordinario promovido por la ILP.
Aprendizajes de la ILP y pertinencia actual del proceso
Antes de entrar en la discusión sobre la pertinencia de la regularización extraordinaria a la luz del nuevo reglamento, querría señalar una cuestión sobre el procedimiento legislativo popular como proceso de participación y democracia directa. Más allá del coste económico y organizativo no al alcance de cualquier movimiento, resulta necesario cuestionarse la idoneidad de un procedimiento que habiendo pasado primero un análisis de rigor jurídico y segundo un refrendo popular con más de medio millón de firmas, exige además filtrar el mandato popular en una Toma en Consideración parlamentaria. Si los partidos no hubieran votado a favor la voluntad popular convertida en firmas habría sido un mero suspiro. Es importante resaltar que las 611.821 firmas que se presentaron representan voluntades de personas que no se van a ver beneficiadas directamente por la regularización, sino que atañe a sus vecinos y vecinas en situación irregular que no pueden firmar por carecer de documento nacional de identidad. La capacidad de persuasión, de irradiar esperanza, compromiso o sentido de justicia social ha sido considerable. La ILP podría haber terminado su andadura seis meses después en un pleno del Congreso sin que la misma fuera ni siquiera debatida. Quizá sea necesaria a futuro una revisión del mecanismo de las ILPs para procurar que sea verdaderamente accesible para quienes quieran ejercer el derecho a su representación directa y que el poder representativo de los partidos en ningún caso pueda considerar no debatir las iniciativas.
Centrándonos en el objeto de la ILP regularización, la pregunta en estos momentos es sí un procedimiento de regularización extraordinario es pertinente ahora que en mayo de 2025 se iniciará el tiempo de un nuevo reglamento de extranjería que promete reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso al sistema.
El análisis que hacemos las cuatro entidades eclesiales que hemos venido trabajando conjuntamente es que sí, que la ILP no nació para contraponerse a las vías ordinarias sino más bien para apuntalar una política migratoria que vaya dirigida a la acogida e integración. Si el nuevo reglamento va en esa dirección, no debiera ser un problema aprobar la ILP regularización sino todo lo contrario, debiera tomarse como un acicate para favorecer el buen funcionamiento a futuro de los mecanismos ordinarios. Estas son 4 nuevas razones que hacen la iniciativa perfectamente vigente en la actualidad y suficientes cada una para favorecer su aprobación:
En primer lugar, España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil (Europa Press, 2024). Esta situación no permite la espera. No podemos ofrecer al nuevo reglamento un año de recorrido para que sus mecanismos se expresen en términos de derechos para las personas. La infancia en situación de pobreza no es recuperable sino con un plan de choque.
La segunda, el número de personas en situación irregular sigue creciendo. Según los últimos datos de organismos ajenos a la ILP regularización, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular podría situarse a finales de 2023 en más de 700.000 personas (FUNCAS, 2024). Este dato no hace más que avalar que el problema de la irregularidad es de tal tamaño que solamente se podrá resolver con un procedimiento que de manera extraordinaria cuestione los mecanismos y burocracias que a nivel ordinario todavía no se puedan modificar o que introduzca recursos económicos y humanos y vías alternativas para la tramitación extraordinaria de expedientes. Esto podría sin lugar a dudas aliviar la tensión del sistema y favorecer la correcta aplicación del procedimiento ordinario de reciente aprobación.
La tercera, consideramos que un procedimiento extraordinario podría, como ya hemos apuntado en la razón anterior, revertir la carga de la prueba y plantear una mayor automatización entre la posibilidad de trabajar y la obtención de la regularidad administrativa. En la actualidad la espera de 8 meses que en muchas ciudades exige la aprobación de un precontrato lleva a la práctica inoperancia de muchos de los expedientes de regularización que serían posibles imitando procedimientos ya existentes en el propio Reglamento de Extranjería como es el del permiso de residencia para la búsqueda de empleo.
La cuarta es que existen algunos perfiles de personas extranjeras que se están perpetuando en la irregularidad y lo seguirán haciendo a futuro porque un mecanismo ordinario no puede superar sus hándicaps. Personas indocumentadas por no tener asistencia consular, personas que por su situación de exclusión social no pueden obtener las suficientes pruebas de arraigo correspondientes a un procedimiento ordinario, o personas que por razones humanitarias pudieran beneficiarse del escudo social frente a su situación actual de vivir su alta vulnerabilidad en la exclusión administrativa, sería un verdadero aporte a la dignidad de estas personas.
La regularización extraordinaria es por tanto no solamente un mandato popular sino un imperativo social que puede generar una verdadera justicia social para aquellos más descartados y su vigencia en el 2025 es absoluta bajo la mirada de los datos y bajo el sentido de justicia social que irradia la doctrina social de la Iglesia. Está ahora en la voluntad de los partidos políticos dar respaldo a lo que el clamor popular ya indicó hace tres años.
Bibliografía
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Número 19, 2025
En marcha
Prevención del suicidio. Una mirada social desde la atención a grupos vulnerables. Experiencias desde Diaconía España
Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .
Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.
Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.
Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.
Introducción
Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.
En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.
Determinantes sociales de riesgo de suicidio en grupos socialmente vulnerables
De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.
Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.
Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).
Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.
En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.
A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia. Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.
La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).
Pautas para la prevención de suicidio con colectivos vulnerables desde la experiencia de Diaconía
Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.
- Intervención: En este sentido, conocer el fenómeno del suicidio ampliamente puede dar pistas sobre el qué hacer y cómo hacerlo. Concretamente, la propuesta que creemos que mejor se adapta a las entidades del Tercer Sector guarda relación con los factores de protección. Es decir, no solo tomar acciones preventivas en lo relativo a los factores de riesgo asociados a la conducta suicida que pueden presentarse en las personas, sino desarrollar itinerarios de trabajo con las personas usuarias que profundicen en la promoción y fortalecimiento de los factores protectores. En el marco del Tercer Sector, estos factores se pueden promocionar, incentivar y desarrollar como parte de la intervención social. Factores de protección como el establecimiento de redes formales e informales de apoyo, la prevención del absentismo escolar, la lucha por el acceso y mantenimiento a la vivienda, facilitar el acceso a los servicios de salud mental y atención médica, acceso a oportunidades laborales, desarrollado de habilidades de afrontamiento y resiliencia, entre otras acciones. De esta manera, queremos incidir en la necesidad de trabajar la prevención desde la promoción de los factores de protección de índole social desde el Tercer Sector, conociendo los factores de riesgo de la persona para así potenciar los protectores que formen parten de su sistema.
- Protocolos: Cuando nos referimos a protocolos hacemos alusión a la elaboración de estos de acuerdo con las características del colectivo de atención. Es decir, es necesario la elaboración e implementación de protocolos de prevención y actuación en caso de intentos de suicidio ajustados al colectivo que atendemos y, también, al centro o dispositivo de atención. En este sentido, Diaconía viene trabajando en el desarrollo de protocolos con los diferentes colectivos que atendemos en la entidad (solicitantes de asilo y refugio, mujeres víctimas de trata de seres humanos, migrantes y personas en riesgo de exclusión social), entendiendo que un protocolo no puede generalizarse para todos los centros o dispositivos donde intervenimos. Es por ello, que creemos necesario primeramente conocer ampliamente el colectivo con el que intervenimos (definiendo los factores de riesgo y protección), explorando la ideación suicida durante la primera entrevista psicológica, que los equipos de atención directa con dicho colectivo estén formados en prevención del suicidio, que estos mismos equipos participen en la revisión de los protocolos de prevención y actuación y que, finalmente, se formen en la aplicación de este protocolo para su posterior evaluación.
Referencia bibliográfica
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Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238
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Número 14, 2023
Ciencia social
Migraciones y resistencia: repensar las prácticas participativas desde los espacios fronterizos
Daniel Buraschi, Mosaico Acción Social
Natalia Oldano, Mosaico Acción Social
María José Aguilar Idáñez, Universidad de Castilla La Mancha
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Introducción
En las Islas Canarias el 2020 no solo ha sido el año de la pandemia, sino también el año en que la ruta migratoria atlántica a través de Canarias volvió a ser la principal vía de entrada marítima irregular a Europa de personas, de Marruecos, Senegal, Malí o Costa de Marfil, principalmente. Según datos del Ministerio del Interior Español, llegaron a las islas 23.271 personas a bordo de 759 embarcaciones, con una concentración mayoritaria en los últimos meses del año (más de 18.000 personas llegaron de septiembre a diciembre), un incremento del 756% respecto al año anterior. La ruta sigue activa con la llegada de un total de 22.316 personas y de 3.194 personas solo en el mes de enero 2022.
Se trata de una ruta muy peligrosa debido a la distancia por mar y, sobre todo, por las condiciones del viaje. La ONG Caminando Fronteras ha registrado más de 4.000 víctimas en la ruta canaria durante 2021.
El Plan Canarias y la crisis del sistema de acogida
Desde el verano de 2020, Canarias vive una profunda crisis de acogida de migrantes. El bloqueo de los migrantes en las islas y la ausencia de un sistema integrado de acogida han generado una violación sistemática de los derechos humanos: detenciones y privaciones de libertad sin protección legal; falta de asistencia jurídica a las personas migrantes; ausencia de un servicio efectivo de traducción e interpretación; falta de identificación y atención a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y atención (como los menores no acompañados, los potenciales solicitantes de protección internacional, etc.); atención sanitaria deficiente y falta sistemática de información.
La gestión de la inmigración en Canarias es un ejemplo de la política de externalización de fronteras que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años. Cuando la frontera se vuelve permeable, se activan los dispositivos de contención de la inmigración en las islas y de expulsión. El objetivo es evitar que los inmigrantes entren en el territorio europeo continental bloqueándolos en las zonas fronterizas y organizando su expulsión mediante acuerdos bilaterales con los países de origen.
El cierre de las fronteras de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Malí debido a la crisis sanitaria ha desactivado de facto el mecanismo de gestión de la migración basado en la deportación. En el verano de 2020, miles de migrantes se concentraron en un muelle de la isla de Gran Canaria durante cuatro meses, expuestos a la intemperie, creando una grave emergencia humanitaria. El gobierno español decidió no trasladar a las personas a los centros distribuidos por la España peninsular, y de hecho, en los últimos meses del año miles de migrantes fueron trasladados a diferentes hoteles de las zonas turísticas de las islas, mientras se preparaban las instalaciones de primera acogida.
En los primeros meses de 2021 se activó el Plan Canarias, que preveía la apertura de tres macrocentros de acogida (dos en la isla de Tenerife y uno en la de Gran Canaria) a los que se trasladarían entre 5.000 y 7.000 personas en pocos meses. Desde los primeros días, estas instalaciones crearon una situación insostenible: hacinamiento en tiendas de campaña que no ofrecían suficiente abrigo contra el frío y la lluvia, alimentación insuficiente, falta de información, problemas de convivencia, escasa atención sanitaria e imposibilidad de viajar a la península, violencia física y traslado de menores no acompañados a centros de adultos. Esta situación ha sido denunciada por numerosos organismos nacionales e internacionales y, en muchas ocasiones, ha tenido graves consecuencias para la salud psicofísica de los migrantes (Amnistía Internacional, 2021, Defensor del Pueblo, 2021, Médicos del Mundo, 2021, CEAR, 2021).
Resistencia de personas migrantes y redes de solidaridad
La crisis sanitaria causada por el Covid-19 desactivó temporalmente la política migratoria europea fundamentada en las prácticas de deportación y devoluciones en caliente. Frente al cierre de fronteras, el gobierno de España ha activado un plan que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y ha creado una situación sin precedentes en Canarias. La inmigración irregular representaba hasta el 2020 sólo un fenómeno mediático muy presente en el discurso político y en los medios de comunicación, pero con poco contacto con la población local. Por primera vez, los miles de migrantes africanos que llegan por la vía marítima irregular dejan de ser una masa anónima para convertirse en personas que se organizan y tejen relaciones personales con la población local. Las personas migrantes bloqueadas en Canarias han comenzado a organizarse para dar visibilidad a su lucha por la dignidad y sus derechos: organizan manifestaciones, protestas, huelgas de hambre y tienen contacto directo con los medios de comunicación. En enero de 2021, cuando todavía no se habían abierto los macrocentros, las personas migrantes empezaron las primeras protestas organizadas. Cerca de 175 personas de origen senegalés empezaron una huelga de hambre para pedir poner fin al bloqueo y poder viajar al resto de España. Se trata de personas que llevaban tres meses bloqueadas sin información que, por primera vez, dejaban de ser una masa anónima y pasiva a los ojos de la sociedad receptora y de los medios de comunicación. Las personas migrantes tomaron la palabra en los medios de comunicación, grababan vídeos reivindicativos. Un mes después, 27 menores de origen magrebí y senegalés también empiezan una huelga de hambre, en este caso la protesta se articula con plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.
En el mismo mes se abren los macrocentros y la concentración de miles de inmigrantes en unos pocos recursos ha facilitado el contacto directo con la población local. Desde los primeros días de su apertura, se han creado amplias redes de apoyo y solidaridad por parte de la sociedad canaria. Muchas de estas redes prestan atención jurídica y sanitaria y articulan acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.
En marzo, las personas migrantes bloqueadas en los macrocentros organizan, junto con las plataformas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes, una marcha para protestar contra la política migratoria
A partir de febrero de 2021 se crean nuevas iniciativas participativas, redes de apoyo, se articulan procesos participativos que involucran a centenares de personas. Entre las iniciativas más amplias hay que citar la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes en Tenerife y Somos Red en la isla de Gran Canaria.
Reflexiones desde las prácticas participativas en espacios fronterizos
A partir de las experiencias participativas desarrolladas este contexto de crisis sanitaria y crisis migratoria en las islas Canarias, quisiéramos proponer algunas reflexiones para repensar las prácticas participativas en espacios fronterizos.
No neutralidad de las prácticas participativas. En Canarias existen, desde hace muchos años, numerosos proyectos de intervención comunitaria e intervención intercultural promovidos por las instituciones y desarrollados por diferentes ONG. A menudo, estos proyectos no han sabido articularse con los nuevos movimientos sociales y, en particular, con las prácticas de resistencia de las personas migrantes. Probablemente, uno de los principales problemas ha sido concebir las prácticas participativas como procesos neutrales, en los cuales se podía mantener la equidistancia con las instituciones y limitarse a apelar a la convivencia intercultural. Esta crisis migratoria ha evidenciado dramáticamente que las prácticas participativas se desarrollan en ocasiones en espacios profundamente violentos y deshumanizantes, espacios en los cuales las instituciones reproducen el racismo institucional. Si las prácticas participativas no saben leer críticamente la realidad, no saben o no quieren comprometerse con la lucha contra la injusticia y la violencia estructural, entonces, aunque sus objetivos sean la interculturalidad o la defensa de los derechos de las personas migrantes, reproducen o, al menos consienten, el racismo institucional.
El protagonismo de las personas migrantes y la autonomía de las migraciones. Es importante concebir las prácticas participativas con personas migrantes como procesos de concientización y emancipación (Freire, 1970), haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resiliencia. Analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos estigmatizados para resistir al racismo y al impacto que tiene el estigma en su vida cotidiana (Buraschi y Agular, 2019).
Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de dominación solamente si ponemos en primer plano las personas migrantes, es decir, en tanto sujetos que expresan resistencia y prácticas conflictivas innovadoras (Mezzadra, 2004: 147). Se trata, por lo tanto, de entender las migraciones como un movimiento social, un tipo único de acción colectiva que cuestiona los poderes institucionales y el régimen fronterizo.
Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las personas racializadas y víctimas de discriminación, diseñar estrategias de acción desde su realidad vital concreta y cambiar nuestro posicionamiento, de personas expertas, portavoces o líderes de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/as, sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/as y aceptando de salir de nuestra zona de confort (Buraschi y Aguilar, 2019).
Cuestionar el paternalismo y el etnocentrismo. La experiencia en Canarias ha mostrado que las prácticas participativas, hasta aquellas que se autodefinen como interculturales, transformadoras, defensoras de los derechos humanos, pueden reproducir modelos paternalistas, victimistas, entocéntricos y culturalistas. El trabajo con personas que han pasado por experiencias traumáticas, que no hablan español, que están en una situación radicalmente precaria en ocasiones se traduce en la reproducción de esquemas coloniales e inconscientemente racistas hasta en el seno de los movimientos sociales. En este contexto es clave cuestionar nuestra mirada colonial, nuestras metodologías de trabajo. Como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), la incertidumbre, la incomodidad, el sentirse desplazados/as son buenos indicadores de que estamos trabajando en la dirección correcta, una práctica participativa que no modifica nuestra mirada, que no nos hace conscientes de la colonialidad de nuestra mirada y de nuestras contradicciones no es transformadora, sino funcional a un sistema de dominación. Esta reflexividad crítica pasa necesariamente por la toma de conciencia de nuestros privilegios y el reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas que estructuran nuestro espacio de acción. Además, pasa por la apertura hacia la emergencia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos normalmente silenciados. Apoyando la emergencia de nuevas formas de ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).
Bibliografía
Amnistía Internacional (2021). Islas Canarias: Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas migrantes tras una semana de investigación. Amnistía Internacional.
Buraschi, Daniel y Aguilar Idáñez, María José (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2021). Migración en Canarias, la emergencia previsible. Madrid: CEAR.
De Sousa Santos, Boaventura (2010). Epistemologías del sur. México: Siglo XXI.
Defensor del Pueblo. (2021). La migración en Canarias. Estudio. Defensor del Pueblo
Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Médicos del Mundo (2021). La salud naufraga en la frontera sur. Médicos del Mundo.
Mezzadra, Sandro (2004). Derecho de fuga. Madrid: Traficantes de sueños.
Número 10, 2022
Editorial
El valor de la hospitalidad
Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando labores de rescate de personas en el mar, labor que debieran estar haciendo los estados.
Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.
Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.
Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.
La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.
En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.
Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.
Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo. Lo recordaba Carlos Álvarez:
Cuando el hambre madura,
no hay barrotes ni murallas.
Los barrotes se sacuden
y las murallas se saltan.