Claudia González López, Escuela de Enfermería de Pontevedra, Universidad de Vigo

Nieves Márquez Abraldes, Escuela Naval Militar de Marín

Cristina Arcas Noguera, ONG Salud entre Culturas, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Mbaye Gil Sánchez, ONG Sunu Gaal, Bilbao

Martina Corral Aller, Asociación Laboratorio de Equidad en Salud, Madrid

¿Puede el cuidado transformar la sociedad? Este artículo entiende la enfermería como cuidado sin fronteras: una práctica que supera el hospital y actúa en lo social, comunitario e internacional, situando la equidad y la justicia social en el centro.

Introducción

En un mundo donde la diversidad de la población redefine las dinámicas sociales y sanitarias, la enfermería se posiciona como una disciplina que articula ciencia, ética y derechos fundamentales. No solo garantiza el acceso equitativo a la salud, sino que defiende el derecho universal al cuidado, atendiendo las complejidades derivadas de los desplazamientos humanos, los desafíos culturales y las desigualdades sociales.

Y sin embargo, la imagen social de la enfermería sigue siendo reductora. La profesión continúa encasillada en el imaginario del hospital, del uniforme blanco y del gesto técnico que asiste al médico, como si su tarea consistiera únicamente en aplicar tratamientos y atender un cuerpo enfermo en un espacio cerrado. Ese estereotipo, que persiste tanto fuera como dentro de la propia profesión, oculta una realidad mucho más amplia: el cuidado es también una práctica social, comunitaria y política, capaz de incidir sobre las condiciones que producen enfermedad y desigualdad. Pensar la enfermería al margen de esa dimensión es renunciar a buena parte de su sentido.

Quienes trabajamos en el ámbito del cuidado nos encontramos cada día con una realidad que desborda los protocolos: personas cuyas necesidades de salud no pueden separarse de su historia migratoria, de su género, de su clase social o de las violencias que han atravesado. La enfermería, tradicionalmente confinada en el hospital y en lo clínico, tiene mucho que aportar a la acción social, porque no cuidamos solo cuerpos, sino personas en contextos concretos. Y esos contextos, hechos de pobreza, exclusión o discriminación, determinan la salud tanto o más que cualquier diagnóstico. Como ya advertía William Osler en el siglo XIX, es mucho más importante ver qué clase de paciente tiene una enfermedad, que saber qué clase de enfermedad tiene el paciente.

Desde esta convicción proponemos pensar la enfermería como un cuidado sin fronteras. Lo entendemos como una praxis que se atreve a salir del hospital para situarse en los determinantes sociales de la salud, que dialoga con otras disciplinas en lugar de aislarse en su propio campo, que conecta lo local y lo global, y que se compromete con la equidad y la justicia social. La cooperación al desarrollo con enfoque de derechos humanos representa, en esta dirección, una oportunidad para construir sistemas de salud más justos, inclusivos y culturalmente competentes¹. En el ámbito local, experiencias innovadoras en la formación universitaria y en la intervención comunitaria muestran cómo la enfermería puede trascender el hospitalocentrismo y transformarse en agente activo de cambio social².

Para dar cuerpo a esta tesis, el artículo recorre cuatro dimensiones de un mismo cuidado sin fronteras: la cooperación internacional con perspectiva de derechos, el aprendizaje cooperativo universitario para el desarrollo de conciencia crítica, la perspectiva interseccional en la intervención comunitaria y la experiencia migratoria como motor de acción social. No se trata de ámbitos separados, sino de planos que se entrelazan en una misma manera de entender y ejercer la profesión.

La enfermería como agente de cooperación al desarrollo

La primera frontera que el cuidado se atreve a atravesar es la que separa lo local de lo global. La cooperación internacional en enfermería no se limita a la transferencia de conocimientos técnicos. Desde una perspectiva ético-política, la profesión actúa como agente de transformación social, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad y desigualdad estructural. La mediación cultural se revela como una herramienta indispensable para atender a poblaciones diversas y migrantes, cuyo acceso a los cuidados está condicionado por múltiples barreras sociales y culturales. De este modo, la cooperación se convierte en un espacio donde se materializan prácticas de justicia social, apoyadas en el compromiso ético de la profesión y en la formación crítica que permite responder a los desafíos contemporáneos³.

Experiencias recientes en el Sur Global⁴ ilustran cómo la formación de líderes enfermeros puede ayudar a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. Estas iniciativas se articulan con debates actuales sobre la responsabilidad internacional en el derecho al desarrollo⁵ y sobre los desafíos de adaptar las agendas de derechos humanos a contextos locales desde modelos participativos que sitúan el cuidado en el centro⁶. En esa misma dirección se inscribe el trabajo de la ONG Sunu Gaal, organización fundada por profesionales de la enfermería y de la cooperación que desarrolla proyectos de salud comunitaria entre España y Senegal, basados en la colaboración con las comunidades locales, el fortalecimiento de capacidades y la formación, en lugar de en lógicas asistencialistas.

Lo que distingue a estos proyectos del asistencialismo tradicional es la apuesta por la apropiación local de los procesos de cambio y la construcción de redes de colaboración horizontal. La figura de la enfermera como mediadora cultural y defensora de derechos permite generar espacios de diálogo intercultural en los que las comunidades no son meras receptoras de ayuda, sino protagonistas de su propio desarrollo. Sin embargo, la incorporación de contenidos vinculados a la equidad y la justicia sanitaria en los planes de estudio de enfermería es todavía desigual, y se enfrenta a resistencias institucionales y a marcos curriculares rígidos⁷. Las experiencias que logran integrar esa formación crítica muestran resultados positivos en términos de sensibilización y compromiso profesional con poblaciones históricamente excluidas⁸.

Aprender cooperando: innovación docente para la equidad en salud

Que el cuidado sin fronteras sea posible depende, en buena medida, de cómo se forme a quienes lo van a ejercer. Aquí se sitúa la segunda frontera que es necesario atravesar: la que separa una formación estrictamente técnica y biologicista de una formación crítica, social y ciudadana. No basta con reconocer el potencial transformador del cuidado: es preciso preparar profesionales capaces de comprender la complejidad de las desigualdades y de intervenir sobre ellas. Esa mirada no surge de manera espontánea, sino que se construye en los espacios donde se aprende a mirar, a cuestionar y a situar el cuidado en relación con las condiciones sociales que lo condicionan. En este sentido, la universidad no es solo un lugar de transmisión de conocimientos, sino también un espacio donde se configura la forma en que las futuras profesionales entenderán su práctica.

Desde esta preocupación, en la Escuela de Enfermería de Pontevedra (Universidad de Vigo) se desarrolló una experiencia en la asignatura «Salud, dependencia y vulnerabilidad social», orientada a situar en el centro la relación entre salud y desigualdad. El trabajo del alumnado se organizó en torno a distintos ejes de vulnerabilidad, como el género, la edad, la clase social, la migración o la discapacidad, en su intersección con los derechos humanos, los determinantes sociales de la salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible⁹,¹⁰. A lo largo del proceso, las estudiantes no solo elaboraron propuestas de intervención enfermera, sino que fueron construyendo una comprensión más compleja de las realidades que viven las personas a las que cuidarán. Los resultados se compartieron en un espacio colectivo, la asamblea «Estudiantes unidas por la equidad en salud», que permitió poner en común miradas, cuestionar supuestos y dar sentido a lo aprendido¹⁰.

Entre 2021 y 2025 se desarrollaron veintitrés proyectos, algunos publicados en revistas científicas, que abordaron cuestiones como la trata de mujeres, la pobreza y el acceso a la salud o la inclusión sociolaboral de las enfermeras con discapacidad. Más allá de estos resultados, lo más significativo fue el desplazamiento en la forma de entender la relación entre el cuidado, la salud y el contexto social¹⁰. Las propias estudiantes lo expresan con claridad:

El poder ver cuáles son las barreras que crean vulnerabilidad en las personas, el ver a aquellos grupos más desfavorecidos, conceptos novedosos como la competencia cultural o la accesibilidad universal me han dado una imagen mucho mejor del mundo que me rodea. Me ha hecho reflexionar sobre muchos temas que antes no me había parado a pensar (Estudiante, curso 2021-22).

Me parece muy importante educar no solo desde un punto de vista etnocentrista y cisheterosexual blanco, que es lo que se hace los otros cuatro años de carrera mayormente, y ya no solo para nosotras como futuras enfermeras, sino como personas. Además, creo que es una forma de hacernos sentir a todas, en nuestra diversidad, integradas en la carrera (Estudiante, curso 2022-23).

Este tipo de experiencias no solo aportan conocimientos: contribuyen a configurar una identidad profesional distinta. Frente a un modelo todavía marcado por una lógica biologicista y hospitalocentrada, introducir la interseccionalidad, los derechos humanos y los determinantes sociales de la salud en la formación permite avanzar hacia una práctica enfermera más consciente, situada y comprometida con la justicia en salud¹¹.

Mirar a la exclusión en salud: la interseccionalidad como clave del cuidado

La tercera frontera que el cuidado sin fronteras se propone atravesar es la que separa la respuesta estandarizada de la atención . El desplazamiento al que apuntaban las estudiantes no es casual: responde a la necesidad de incorporar marcos que permitan dar cuenta de la complejidad de las desigualdades que recorren la vida de las personas. Entre ellos, la interseccionalidad se ha consolidado como una herramienta fundamental.

La interseccionalidad permite comprender cómo dimensiones como la etnia, el género, la clase social o el estatus migratorio no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan con sistemas estructurales de poder, como el racismo, el sexismo o la xenofobia, generando desigualdades en salud que no pueden explicarse desde una única variable¹². Frente a modelos que reducen el análisis a la cultura o a factores individuales, esta perspectiva sitúa el origen de las inequidades en la interacción entre condiciones personales y contextuales, incluidas las experiencias de discriminación, la exclusión social y los determinantes socioeconómicos adversos¹³.

Desde la práctica profesional del cuidado, esto tiene implicaciones directas. No se trata solo de reconocer la diversidad, sino de comprender cómo se construyen las situaciones de vulnerabilidad. La atención a una mujer migrante, por ejemplo, no puede entenderse únicamente desde su origen cultural, sino que exige considerar simultáneamente su género, su posición socioeconómica o su situación administrativa, entre otros factores¹⁴. Esa mirada situada es la que sostiene el trabajo cotidiano de organizaciones como Salud Entre Culturas, vinculada al Hospital Ramón y Cajal, que acompaña a la población migrante mediante mediación intercultural, interpretación sanitaria y participación comunitaria, y que contribuye, paso a paso, a reducir las barreras lingüísticas, culturales e institucionales que separan a estas personas del sistema de salud.

Incorporar esta mirada supone, en última instancia, un cambio en la forma de intervenir desde la enfermería. Implica abandonar respuestas estandarizadas y avanzar hacia prácticas más situadas, capaces de adaptarse a la complejidad de cada contexto. En este proceso, la participación activa de las comunidades y la coconstrucción de conocimiento con ellas se convierten en elementos centrales, junto al desarrollo de estrategias culturalmente sensibles que permitan superar barreras de acceso y mejorar la calidad de los cuidados¹⁵,¹⁶. La interseccionalidad no es entonces solo un marco teórico, sino una herramienta práctica que interpela directamente a la enfermería: integrarla en la formación y en la práctica profesional permite avanzar hacia un cuidado más consciente de las desigualdades y más comprometido con la equidad en salud.

Cuando el cuidado atraviesa fronteras: de la experiencia migratoria a la acción social

La última frontera que recorre este artículo es la que el propio cuidado atraviesa cuando se encarna en una historia personal de migración. La experiencia migratoria constituye un punto de partida privilegiado para comprender cómo se construyen las desigualdades en salud y cómo el cuidado se sitúa en contextos marcados por la diversidad. En un mundo donde la movilidad humana redefine las realidades sociales y sanitarias, las trayectorias de profesionales de enfermería migrantes permiten acercarse, desde lo vivido, a las barreras y oportunidades que emergen en sistemas sanitarios culturalmente diversos¹⁷.

El recorrido de un enfermero migrante en España ilustra cómo la adaptación a un nuevo contexto no se limita a la adquisición de competencias técnicas, sino que implica un proceso más amplio de reconstrucción personal, social y profesional¹⁸. Es el caso de quienes llegan a España en patera desde el África subsahariana y, tras un largo camino de integración y formación, encuentran en la enfermería un horizonte profesional y vital. Ese tránsito exige desarrollar habilidades interculturales, cuestionar marcos previos y aprender a situar el cuidado en realidades distintas a las propias. La enfermería deja entonces de ser únicamente una práctica clínica para convertirse en una forma de comprender y actuar sobre las desigualdades que afectan a las personas.

Es en estas trayectorias donde convergen, de forma concreta, los elementos abordados a lo largo del artículo. La acción propia de la cooperación, la mirada crítica que se construye en la formación y la comprensión de la complejidad que aporta la interseccionalidad no operan de manera aislada, sino que se entrelazan en la práctica cotidiana del cuidado. En algunos casos, este proceso trasciende la experiencia individual y se convierte en acción colectiva: así, un recorrido profesional y vital puede desembocar en la creación de una organización no gubernamental orientada a la cooperación para el desarrollo entre España y el país de origen, como sucede con quienes han impulsado proyectos de salud comunitaria desde una mirada basada en la equidad y la sensibilidad cultural¹⁹.

La práctica de este tipo de organizaciones pone de relieve la importancia de diseñar intervenciones contextualizadas, capaces de reconocer la complejidad de las identidades migrantes y las desigualdades estructurales que las marcan. Asimismo, evidencia el valor de construir redes de colaboración y espacios de participación que permitan a las comunidades implicarse activamente en la definición de sus propias estrategias de salud. Desde esta perspectiva, incorporar las voces y los liderazgos de las personas migrantes en la planificación y ejecución de políticas y programas de salud no es solo una cuestión de inclusión, sino una condición necesaria para avanzar hacia sistemas sanitarios más justos y culturalmente competentes²⁰. Cuidar sin fronteras implica, también, reconocer que quienes han vivido las desigualdades no solo las conocen, sino que pueden contribuir de manera decisiva a transformarlas.

Conclusiones: hacia un cuidado que traspasa fronteras

Las experiencias recorridas permiten comprender que hablar de cuidado sin fronteras no es una metáfora, sino una forma de redefinir la práctica enfermera frente al estereotipo que aún la confina al hospital. Un cuidado sin fronteras es aquel que trasciende los límites tradicionales del centro sanitario para incorporar la dimensión social, cultural y política de la salud; el que supera las barreras de la disciplina dialogando con el trabajo social, la antropología o la educación; y el que se despliega más allá de los territorios, conectando realidades locales con dinámicas globales.

En este sentido, la cooperación internacional, la formación orientada a la conciencia crítica, la interseccionalidad como marco de comprensión y la experiencia migratoria como vivencia situada no constituyen ámbitos separados, sino dimensiones interrelacionadas de una misma práctica: una enfermería capaz de situarse ante la complejidad, de reconocer las desigualdades estructurales y de intervenir sobre ellas. Avanzar hacia este modelo implica asumir que el cuidado no puede limitarse a la respuesta clínica, sino que debe incorporar una mirada integral que contemple los determinantes sociales de la salud, las relaciones de poder que afectan a las personas y las condiciones que generan vulnerabilidad. Supone, en definitiva, entender la enfermería no solo como provisión de cuidados, sino como una práctica comprometida con la equidad y la justicia social.

Para que esta propuesta no quede reducida a experiencias aisladas resulta necesario fortalecer políticas institucionales que lo respalden, promover alianzas reales entre la academia y las comunidades, y consolidar una formación de profesionales que integre de manera explícita los derechos humanos, la diversidad y la dimensión estructural del cuidado. El cuidado sin fronteras se concreta también en una práctica colectiva: no es solo una reflexión teórica, sino un trabajo cotidiano que articula formación, investigación y acción social.

Cuidar sin fronteras es, en definitiva, ampliar la mirada sobre qué significa cuidar y cuál es el papel de la enfermería en la sociedad. Supone reconocer que la salud se construye también fuera de los servicios sanitarios, allí donde se configuran las condiciones de vida de las personas, y asumir que el cuidado no puede desvincularse de las realidades sociales que las atraviesan. Entendido de este modo, el cuidado amplía sus límites tradicionales para convertirse en una práctica comprometida con la equidad, los derechos humanos y la transformación social.

Bibliografía

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20. Castañeda, H. et al. «Immigration as a social determinant of health». Annual Review of Public Health, 36, 2015; págs. 375-392.

Septiembre 2026

Es tiempo de romper la profecía del odio. Hoy más que nunca debemos tomar conciencia de algo importante: las profecías negativas tienen un enorme poder de atracción colectiva. Caemos en ellas con facilidad, como en arenas movedizas de las que después resulta muy difícil salir. Se ha puesto de moda alimentar visiones negativas sobre las personas extranjeras, rechazar al otro por su diferencia cultural y religiosa. Vivimos rodeados de liderazgos pirómanos del odio, que no solo presentan al otro como una amenaza, sino que buscan prender fuego a la convivencia.

Estos liderazgos incendiarios del rechazo se expanden con facilidad. Difunden relatos, generan dinámicas y consolidan una auténtica profecía del odio hacia el extranjero. En toda profecía, lo decisivo no es su veracidad, sino su capacidad para instalarse como percepción. La lógica es sencilla: anticipar que todo acabará mal si no se actúa con dureza, si no se expulsa o se controla. Y, paradójicamente, ese anticiparse es lo que termina provocando que, efectivamente, todo acabe mal. Se absolutiza una supuesta identidad cultural, una prioridad nacional, y se construye un relato basado en el miedo, el rechazo y la desconfianza hacia quien es diferente, hasta generar un problema que antes no existía.

Así, la profecía no describe la realidad: la construye. A fuerza de repetirse —en discursos políticos, mediáticos y sociales— acaba provocando aquello que anuncia. La inmigración se convierte en problema porque hemos insistido en nombrarla como tal. La profecía se cumple porque hemos creado las condiciones para que lo haga.

Estos discursos del odio no triunfan por casualidad. Responden a dinámicas sociales, culturales y emocionales profundas. El odio actúa como una luz intensa que deslumbra y nos impide ver con claridad. En tiempos de incertidumbre o fragilidad, su poder de atracción crece. La falta de referentes positivos y de liderazgos constructivos favorece que la lógica del matón se abra paso, que la agresividad se normalice y que la intimidación se convierta en un modo aceptado de relación.

Para romper esta dinámica, es fundamental entender por qué el odio resulta tan atractivo.

• Primero, porque moviliza y cohesiona. Las narrativas de amenaza activan emociones primarias como el miedo y generan identidad: nosotros frente a ellos. El odio simplifica la realidad, la ordena y señala con claridad a quién rechazar. Por eso resulta tan eficaz para movilizar.
• Segundo, porque crea realidad. Cuando una idea se repite constantemente —el inmigrante es un problema— termina moldeando la percepción social, influyendo en leyes, comportamientos y actitudes. Con el tiempo, ese rechazo inicial se vuelve más explícito, incluso violento. La realidad acaba pareciéndose al relato que hemos construido.
• Tercero, porque los algoritmos lo amplifican. En el entorno digital, lo que genera indignación y rechazo circula más. Las redes sociales premian la intensidad emocional, de modo que el discurso del odio parece omnipresente y termina normalizándose.
• Cuarto, porque el odio es adictivo. Activa emociones intensas, genera sensación de poder y simplifica la complejidad del mundo. Ofrece una falsa sensación de control frente a la incertidumbre. Es un veneno que se inocula poco a poco y que, con el tiempo, nubla el juicio y necesita ser alimentado.

En definitiva, la profecía del odio se impone porque se organiza en torno al miedo y se construye a base de repetición.

Pero el odio no tiene la última palabra. Cuando el odio se inocula como veneno, solo el amor puede actuar como antídoto. No se trata de ingenuidad, sino de una fuerza profundamente transformadora. El amor desactiva la deshumanización, reconstruye vínculos y abre espacios de encuentro. Allí donde el odio separa y empobrece, el amor restaura y ensancha. No elimina el conflicto, pero impide que se convierta en abismo y tiende puentes para que las tensiones puedan transformarse en diálogo y crecimiento.

El amor tiene el poder de quebrar esta profecía autocumplida. Es una luz en tiempos de oscuridad. Convoca, construye comunidad y reconoce la diversidad como una riqueza. Si el lenguaje del rechazo ha contribuido a fabricar el miedo, también el lenguaje del reconocimiento puede abrir horizontes nuevos.

En un mundo dominado por algoritmos que amplifican lo negativo, el desafío es lograr que el amor también circule y se vuelva contagioso. Se trata de reorientar el deseo colectivo: pasar de la adicción al rechazo a una adicción positiva, donde el encuentro con el otro no nos reduzca, sino que nos ensanche.

Porque el camino del odio conduce al abismo: a la soledad, al miedo y a la fractura. En cambio, el amor nos abre a un horizonte más humano, más sostenible y más esperanzador. El odio destruye; el amor construye. Donde el odio arrasa, el amor hace brotar vida.

Y esta tarea comienza en lo cotidiano. Cada uno de nosotros puede inocular amor allí donde el odio intenta abrirse camino. No hacen falta grandes gestos: basta una forma distinta de mirar, de hablar y de actuar. Reconocer la dignidad del otro, especialmente del más señalado, es ya una forma de resistencia.

Porque, del mismo modo que el odio se aprende y se contagia, también el amor puede transmitirse. Y cuando lo hace, tiene la fuerza suficiente para romper la espiral del rechazo y abrir caminos de convivencia.

Como señalábamos al inicio, es tiempo de romper la profecía del odio. Es tiempo de actuar.

Número 23, 2026

José David Gutiérrez-Sánchez. Profesor Titular del área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Málaga

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Introducción

El Estrecho de Gibraltar constituye un espacio de encuentro y tránsito constante entre personas y culturas, donde confluyen intereses políticos, comerciales y geoestratégicos de gran relevancia. Reconocido como una de las rutas marítimas más activas e importantes del planeta, este enclave desempeña además un papel crucial como corredor migratorio entre África y Europa. Sin embargo, dicha función se ve acompañada por diversas problemáticas asociadas al crimen organizado, que en ocasiones involucran a personas migrantes, especialmente a niños, niñas y jóvenes.

El propósito central de este estudio es dar luz a la realidad que enfrentan los jóvenes extranjeros en el contexto del Estrecho de Gibraltar, poniendo especial atención en el empleo que hacen las mafias y redes delictivas de estos jóvenes como instrumentos o elementos disuasorios en actividades ilícitas.

Juventud migrante no acompañada

En las últimas décadas, diversas investigaciones han analizado la compleja situación que viven los jóvenes extranjeros no acompañados que intentan cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia España. Desde múltiples disciplinas, los estudios han puesto el foco en factores como las condiciones de vida a lo largo del viaje migratorio, el contexto familiar en los países de origen, los efectos de las políticas migratorias, los procesos de integración y exclusión o las políticas sociolaborales que afectan a estos jóvenes. Aun así, sigue siendo limitada la literatura que explore el papel del crimen organizado y su relación directa con las dinámicas migratorias en esta zona. En un sentido más amplio, los estudios coinciden en señalar los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan estos jóvenes, comparación que también se extiende a otros contextos migratorios como los Balcanes, Turquía o incluso la frontera entre México y Estados Unidos.

España lleva más de tres décadas siendo un país de destino para menores y jóvenes migrantes no acompañados. Sin embargo, las cifras de llegada varían según la fuente, ya que muchos jóvenes cambian de territorio dentro del país o abandonan los centros de protección. El perfil general no ha cambiado radicalmente: la mayoría son chicos de origen marroquí, aunque cada vez se observa una mayor presencia de chicas, en parte por razones familiares o como estrategia para evitar la captación por redes delictivas. Muchos apenas hablan español al llegar, aunque traen consigo algún oficio aprendido o la motivación de ayudar a su familia. Además, en los últimos años la edad media de llegada se ha elevado, acercándose a la mayoría de edad.

Las experiencias durante el trayecto suelen estar marcadas por la pobreza, la violencia y las condiciones extremas de las travesías marítimas. Una vez en España, los jóvenes se enfrentan a desafíos legales y sociales que complican su integración. Durante su estancia en los centros de protección, reciben apoyo hasta los 18 años, momento en el cual deben iniciar una vida independiente. Aunque existen recursos públicos para acompañarlos en esta transición, estos siguen siendo insuficientes y muy desiguales entre territorios.

Delincuencia y su relación con el Estrecho de Gibraltar

La delincuencia organizada representa uno de los desafíos más significativos del Estrecho de Gibraltar y su entorno, afectando tanto a las ciudades próximas como a las personas migrantes que transitan por la zona. Este fenómeno se entiende como una estructura criminal integrada por varios individuos que actúan de manera coordinada para obtener beneficios económicos, políticos o sociales. Estas organizaciones se caracterizan por su jerarquización interna y la diversificación de sus actividades ilícitas, constituyendo el sustento económico de muchos de sus miembros. Desde los años ochenta, la delincuencia organizada en el sur de España ha evolucionado notablemente, alcanzando mayor poder a partir del narcotráfico de hachís y cocaína.

El contexto geográfico y socioeconómico del Estrecho facilita el crecimiento de estas redes. Su corta distancia con Marruecos —tan solo catorce kilómetros— favorece el tráfico ilícito entre ambos márgenes, considerando además que Marruecos es el principal productor mundial de resina de hachís. En el lado español, la tasa de desempleo y la renta per cápita se sitúan por debajo de la media nacional. A ello se suma la crisis del sector pesquero, históricamente motor económico de la zona, afectado por los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, que han reducido los caladeros disponibles y ha generado inestabilidad laboral. De forma paralela, las tensiones políticas entre España y el Reino Unido por la soberanía del Peñón de Gibraltar complican la cooperación en asuntos de seguridad y control fronterizo.

En los últimos años, las redes criminales vinculadas tradicionalmente al narcotráfico han diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas. Muchas personas migrantes, ante la falta de recursos o vías legales de entrada, recurren a estas mafias para cruzar el Estrecho. El territorio funciona así como punto estratégico entre dos continentes profundamente desiguales en lo social y económico, pero muy próximos geográficamente. Estas redes han adaptado sus métodos a los cambios en la legislación y las políticas de control migratorio.

Las consecuencias humanitarias son graves. Investigaciones recientes documentan casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, desaparición de personas, uso de migrantes para el transporte de drogas y, de manera especialmente preocupante, la implicación de jóvenes como escudos humanos o estrategias de distracción en operaciones de narcotráfico hacia Europa.

Moro al agua

A partir del trabajo de campo llevado a cabo con chicos y chicas tutelados a lo largo de 2024 en centros de protección y a profesionales de la intervención social, se distinguen tres momentos clave: la situación previa a la migración, las vivencias durante el viaje y las experiencias en el lugar de destino. ​

En el contexto previo a la migración, la mayoría de los jóvenes son varones de entre 12 y 17 años, procedentes de Marruecos, con diferencias entre entornos rurales y urbanos ligadas al acceso a educación y a la capacidad económica familiar. Entre los motivos principales para migrar aparecen la pobreza, la violencia intrafamiliar y el deseo de un futuro mejor, relacionado con estudiar y conseguir empleo, lo que lleva a muchos a sentir que no les quedaba otra que emprender el viaje. Aunque algunos conocían la existencia de personas que facilitaban el cruce a cambio de dinero, la mayoría ignoraba la dimensión real de las redes ilícitas y los riesgos de verse vinculados al tráfico de drogas.​

Durante el proyecto migratorio, el artículo muestra cómo el tipo de cruce y las condiciones dependen del dinero disponible, llegando en algunos casos a exigir, además del pago, la entrega de pasaportes y teléfonos móviles que luego se usan para el tráfico de identidades y documentos. Se describen distintos medios de transporte —barcos de pesca, lanchas rápidas, motos de agua, embarcaciones de madera o plástico— en los que los jóvenes viajan sin saber que transportan hachís o dinero hasta el momento de la salida. Las organizaciones criminales los utilizan repetidamente como porteadores y, en situaciones de interceptación policial, se han documentado casos en que los jóvenes son arrojados al mar (táctica conocida como moro al agua), exponiéndolos a graves riesgos para su integridad física.​

Una vez en destino, los jóvenes se ven presionados a guardar silencio sobre los medios empleados en la travesía, tanto por amenazas directas a ellos y sus familias como por la falta de espacios de escucha en los centros. Muchos relatan haber tenido que mentir sobre el origen de sus lesiones y vivir con miedo a volver a encontrarse con miembros de las organizaciones, que en algunos casos intentan reclutarlos de nuevo para actividades ilícitas. Llama la atención que la mayoría no ha recibido atención psicológica específica pese a haber sufrido experiencias traumáticas, lo que puede afectar de forma importante a su posterior inclusión social.​

Desde la perspectiva profesional, trabajadores sociales y otros agentes señalan que conocieron la relación entre narcotráfico y migración de jóvenes principalmente a través de noticias de prensa y la consideran una técnica relativamente reciente intensificada por la presión policial sobre el narcotráfico. El término despectivo moro al agua aparece como etiqueta racista que sintetiza una práctica que muchos jóvenes desconocen hasta vivirla en primera persona, utilizada para reducir las responsabilidades penales de las organizaciones. Los profesionales detectan que el silencio de los chicos no se debe solo a barreras idiomáticas o de adaptación, sino a un pánico derivado de amenazas y del temor a ser reutilizados en actividades delictivas.​

La estigmatización de estos jóvenes como delincuentes, reforzada por discursos políticos xenófobos, dificulta gravemente su integración. Son niños y niñas no acompañados, abandonados y explotados por redes criminales, no responsables de las tramas en las que se ven envueltos. Algunos profesionales han recibido amenazas e intentos de irrupción en los centros, lo que ha obligado a reforzar la seguridad. Se requieren protocolos específicos y planes de atención psicológica que aborden los traumas y protejan a jóvenes y profesionales.

Conclusión

Este trabajo analiza la situación de jóvenes extranjeros no acompañados en el Estrecho de Gibraltar, instrumentalizados por redes de narcotráfico como clientes, porteadores de droga y dinero, y medios disuasorios frente a la policía fronteriza. El trabajo de campo muestra que parten de contextos de vulnerabilidad y desconocen el alcance de las organizaciones, lo que facilita amenazas, coacciones y entrega de documentos, convirtiéndolos en víctimas y, a la vez, en eslabones de tramas criminales. Ya en los centros de protección, muchos viven con miedo a ser localizados, revictimizados o reclutados de nuevo, tras haber sufrido violencia física y psicológica durante travesías de alto riesgo en diferentes tipos de embarcaciones.

El artículo subraya que los profesionales de la intervención social se ven desbordados por la falta de protocolos, formación específica y recursos para la atención integral y el abordaje del trauma, y que también reciben amenazas que afectan a su labor. Desde un enfoque de derechos humanos, se reclama mayor coordinación institucional, refuerzo de los mecanismos de protección y detección temprana, programas psicosociales de inclusión y formación en trauma y violencia estructural.

Número 22, 2026

Xabier Parra Berrade. Director General – Obra Social Capuchinos de España

Desde 2021, organizaciones migrantes, sociedad civil y numerosas entidades eclesiales impulsan una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Tras recabar un apoyo de más de seiscientas mil personas la iniciativa está en fase de negociación entre los grupos parlamentarios. Este artículo presenta las razones que se esgrimieron en su día para su aprobación y a la luz del nuevo reglamento de extranjería, los motivos que la hacen todavía fundamental para la vida de cientos de miles de migrantes.

Introducción

En el otoño de 2021 un grupo de entidades muy diversas fraguaron la idea de iniciar un procedimiento legislativo popular para promover una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Anteriormente, en el marco de la pandemia de la COVID-19, el movimiento Regularización Ya había presentado en el congreso de la mano de algunos grupos políticos una Proposición No de Ley para pedir una regularización; pero esta no tuvo suficiente apoyo. La clave de este nuevo proceso estaba en la búsqueda de un amplio consenso social, desarrollar un procedimiento de monitoreo para la búsqueda de firmas y lograr un apoyo transversal en la cámara de representación para que finalmente la regularización fuera posible.

La coyuntura histórica estaba marcada por un intenso debate y polarización en el ámbito de la movilidad humana. En la última década la migración se ha convertido en un arma de enfrentamiento entre los diversos colores del panorama político español y también internacional. Ese debate ha ido permeando hasta las clases populares constituyéndose ya no solo en uno de los fenómenos explicativos de la geopolítica internacional; sino en uno de los argumentarios que hacen mover voluntades y votos. El marco para el debate sobre migraciones no era inicialmente favorable.

Frente a esta realidad otra no menos importante: alrededor de 500.000 personas estaban en situación irregular en España en diciembre de 2020. Muchos de ellos trabajando. El doble que en 2014. La conexión entre pobreza e irregularidad, entre invisibilidad y exclusión, son innegables.

A continuación se presentan algunos de los factores más determinantes que han venido acompañando el procedimiento de regularización extraordinaria que se lanzó por medio de la iniciativa legislativa popular. Es un proceso no acabado, que en la actualidad se encuentra en debate parlamentario en la negociación de enmiendas. Tres años después el procedimiento de regularización extraordinaria es más necesario que nunca.

Los motivos, ¿era el momento para iniciar una regularización extraordinaria?

La Comisión Europea ha estimado que tras el año 2000 los procedimientos de regularización extraordinaria han sido habituales en varios países de la Unión Europea, sobre todo en los de la región mediterránea, siendo estos procedimientos de carácter ya recurrente cada 6,5 años (R. Aguilera, 2006). Según el informe que elaboramos desde la Comisión Promotora para el desarrollo de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Personas Migrantes (a partir de ahora ILP regularización) en España se han sucedido 9 procedimientos semejantes y se tienen documentados hasta 43 entre 1996 y 2008 (F. Por Causa, 2022). Siendo 2005 la fecha de la última gran regularización a cargo del gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, todo parecía indicar que el momento podía ser oportuno.

El factor fundamental que se esgrimió en aquel momento tenía que ver con la bolsa de irregularidad que padecíamos. El mismo informe ya citado cifró en el entorno de entre 475.000 y 514.000 las personas migrantes residentes en España a finales de 2020. Además planteaba que esa cifra no había hecho más que aumentar en la última década siendo en términos relativos hasta diez veces más alta que en 2013.

Si se revisan las cifras de regularizaciones anteriores, en el año 2005 se contaba con una estimación de entre 700.000 y 820.000 personas extranjeras trabajadoras en situación irregular (M. Kostova, 2006). Estuviera o no correctamente afinada la cifra dada por la ILP regularización, luego indicaré como cifras más actuales determinan una ligera sobreestimación, pero incrementan la cifra de irregulares en la actualidad, parece que los números sí marcaban la senda de la regularización.

La Comisión Promotora además de estas dos razones, la de que ya se había hecho en multitud de ocasiones tanto en Europa como en España y que por tanto era un procedimiento habitual y perfectamente legítimo, y la de la necesidad por el volumen tan grande de residentes en situación irregular, ofreció más razones: la economía y la sanidad.

Por un lado, se realizaron cálculos sobre el beneficio que la regularización generaría en las arcas públicas. Se estimó que en aquel momento la irregularidad podía llegar a costar entre 2.200 y 2.400 euros anuales por migrante al Estado en concepto de ayudas, asistencia, etc. Sin embargo, la regularización, tomando como referencia el impacto de regularizaciones previas, podría llegar a suponer un ingreso medio por persona de unos 3.500 euros por año. Un informe previo que analizó específicamente la regularización extraordinaria de 2005 estableció en 4.000 euros el beneficio fiscal neto de cada persona regularizada (J. Monras & J. Vázquez-Grenno, 2017).

Los procedimientos de regularización previos habían demostrado que el 90% de los expedientes estaban vinculados con el empleo en el caso de la regularización extraordinaria del año 2000 y ya en 1985 en la primera gran regularización el perfil de las personas solicitantes de la misma era de entre 21 y 40 años en un 70% (M. Kostova, 2006). La vinculación entre migración y trabajo es una constante de los datos de llegadas desde hace veinte años, siendo población mayoritariamente joven, pero lo es también los incrementos de afiliación a la seguridad social posteriores a cualquier procedimiento de regularización.

Por otro lado, se esgrimió un argumento muy vinculado con el momento en el que se inició el procedimiento. El fortalecimiento de la seguridad sanitaria nos parece ahora un argumento menos relevante, pero si hiciéramos el esfuerzo por recordar el confinamiento de la COVID-19 y el impacto de aquella crisis sanitaria, podríamos entender su relevancia. Proteger la salud de las personas resulta fundamental en el curso normal de los tiempos, pero más si cabe en periodos de pandemia. No hace tanto tiempo que España legisló en contra del acceso universal a la sanidad, por lo que el argumento era a todas luces pertinente.

Sin embargo, de todos, el argumento más pertinente y en el que hemos incidido las entidades eclesiales es el de la vinculación entre irregularidad administrativa y exclusión social.

La literatura científica determina que la exclusión se explica a través de la privación material, la falta de acceso a vivienda, las condiciones de empleabilidad y la falta de apoyo social (P. Cabrera y G. Malgesini, 2002). Estos cuatro elementos se ven reducidos o directamente privados en condiciones de irregularidad administrativa. A las limitaciones propias de un mercado de la vivienda tensionado y a las dificultades de acceso para población extranjera por prejuicios se suma que la irregularidad incapacita para la tenencia o incluso para ser beneficiario de programas de vivienda social o protegida. A las mayores tasas de precariedad y temporalidad en el mercado de trabajo de la población extranjera, la irregularidad suma condiciones de semi esclavitud y la imposibilidad del ejercicio de los derechos laborales. A la privación de apoyo social comparado de la población extranjera, la irregularidad administrativa suma una mayor guetización, el ejercicio más precario de la ciudadanía social y limitación a la participación pública. Si los datos de exclusión social o pobreza severa marcan un impacto específico para la población extranjera triplicando las tasas de la población nacional, la irregularidad conlleva no solamente una agudización de esos datos, sino la imposibilidad de emprender movimientos ascendentes superando condiciones de vulnerabilidad. Los papeles son el mecanismo fundamental de acceso a derechos y el impedimento habitual para el ejercicio natural de ciudadanía.

Esta es, al abrigo del papel de las entidades sociales y de la Iglesia en su conjunto que se marca la tarea de asistir y acompañar, la razón fundamental para seguir exigiendo mecanismos eficaces para la regularización de personas extranjeras que acompañada por el resto de razones hicieron necesaria la tramitación de la ILP regularización.

Un proceso todavía inacabado

La legislación española permite la participación política a través de mecanismos de representación que se vinculan principalmente con las elecciones. La democracia se basa por tanto en una participación delegada o en la representación del poder ciudadano a través de los diferentes partidos políticos. En el ámbito legislativo, en la capacidad para generar nuevas leyes o modificar las existentes, la capacidad legislativa es exclusiva del Parlamento y de quienes conforman el Gobierno. Esta realidad solamente se rompe en el caso de las iniciativas legislativas populares que son un mecanismo mediante el cual un grupo suficiente de personas pueden proponer un cambio legislativo.

Este procedimiento está reglado y, por ejemplo, nada que sea materia de ley orgánica puede ser objeto de modificación por vía popular. De esta manera se preserva una coherencia y consenso suficientes para leyes que involucran derechos fundamentales y que en el sistema jurídico obedecen a un ámbito superior. Son leyes paraguas. La ley de extranjería es ley orgánica y es por ello que la ILP regularización fue en dos ocasiones denegada en su trámite inicial de aprobación de texto legal porque entraba en materia de ley orgánica. Fue en la tercera ocasión cuando se pudo presentar una modificación de una disposición transitoria de la ley que no es materia orgánica. A la ILP se le ha juzgado de falta de concreción, pero esta es imposible debido a que las Cortes así lo indicaron: que la regularización extraordinaria debía solamente ser aprobada y generar un mandato desde el poder legislativo para que el poder ejecutivo desarrollara su procedimiento.

Por lo demás, una ILP debe pasar por la recogida de al menos medio millón de firmas en pliegos estandarizados y ser validadas por la Junta Electoral Central durante un periodo de tiempo determinado. Ese proceso se llevó a cabo desde diciembre de 2021 hasta el 22 de diciembre de 2022 cuando se entregaron los pliegos de los que se validaron posteriormente 611.821 firmas.

Por motivos de espacio no me detendré en el relato de la obtención de firmas; pero el mismo fue monitoreado con una herramienta digital elaborada ad hoc que permitió rastrear el origen de todas las firmas. Durante aquel año se constató la relevancia que tuvieron algunos momentos como ciertas campañas de comunicación en redes sociales que atraían la atención de los firmantes más jóvenes o  el inmenso apoyo que recibió la iniciativa por parte de la comunidad cristiana: parroquias, grupos de base, ONGDs, diferentes diócesis y universidades, centros de formación y particulares expresaron su adhesión a este asunto de la acogida y la integración de migrantes que ha sido tan fuertemente promovido en el pontificado de Francisco.

Una vez que las firmas fueron validadas, la ILP entró en un periodo de debate en el Congreso que pasó por dos fases: una primera referente a la votación sobre la toma en consideración, fase en la que el Pleno debe aceptar el mandato popular de que debatan la reforma legislativa; y una segunda si es que la primera fase se supera, que es la aprobación definitiva de un texto legal.

Sobre la segunda fase, en la que estamos actualmente cabe indicar que hay a su vez diferentes fases de presentación de enmiendas por parte de los partidos, de votación y negociación de dichas enmiendas y de traspaso del texto del Parlamento al Senado para validar las votaciones y textos finales en función de que se vaya progresando en el proceso. Hasta la fecha esta última fase no ha finalizado; en la actualidad nos encontramos en plena negociación sobre las enmiendas presentadas por los grupos políticos.

Sobre la toma en consideración solamente indicar que la misma se dio el 9 de abril de 2024, un año amplio después de que se validaran las firmas. Esa demora se debió a la convocatoria de elecciones que provocó retrasar notablemente el proceso. Pocas votaciones han contado en esta legislatura con el apoyo mayoritario que tuvo la toma en consideración de la ILP. Es relevante poner en valor el ejercicio de conciliación que se promovió durante aquellos días y el mensaje de unidad que se lanzó al conjunto de la sociedad.

Cuatro entidades eclesiales han participado activamente en el proceso de diálogo político, Cáritas Española, Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, CONFER y REDES. Esta última ha sido entidad parte de la Comisión Promotora de la ILP desde su comienzo y su presencia ha ayudado desde el comienzo a tejer red entre la diversidad de las organizaciones promotoras y también con la comunidad cristiana.

Durante este último año el diálogo con las fuerzas políticas ha transitado desde aparentes consensos hasta certezas de desconfianzas, pero el suceso que más ha afectado al proceso de diálogo fue la aprobación el 19 de noviembre de 2024 del RD1155/2024, modificación del Reglamento de Extranjería. A la luz del discurso público de varios representantes políticos se ha cuestionado la necesidad del procedimiento extraordinario promovido por la ILP.

Aprendizajes de la ILP y pertinencia actual del proceso

Antes de entrar en la discusión sobre la pertinencia de la regularización extraordinaria a la luz del nuevo reglamento, querría señalar una cuestión sobre el procedimiento legislativo popular como proceso de participación y democracia directa. Más allá del coste económico y organizativo no al alcance de cualquier movimiento, resulta necesario cuestionarse la idoneidad de un procedimiento que habiendo pasado primero un análisis de rigor jurídico y segundo un refrendo popular con más de medio millón de firmas, exige además filtrar el mandato popular en una Toma en Consideración parlamentaria. Si los partidos no hubieran votado a favor la voluntad popular convertida en firmas habría sido un mero suspiro. Es importante resaltar que las 611.821 firmas que se presentaron representan voluntades de personas que no se van a ver beneficiadas directamente por la regularización, sino que atañe a sus vecinos y vecinas en situación irregular que no pueden firmar por carecer de documento nacional de identidad. La capacidad de persuasión, de irradiar esperanza, compromiso o sentido de justicia social ha sido considerable. La ILP podría haber terminado su andadura seis meses después en un pleno del Congreso sin que la misma fuera ni siquiera debatida. Quizá sea necesaria a futuro una revisión del mecanismo de las ILPs para procurar que sea verdaderamente accesible para quienes quieran ejercer el derecho a su representación directa y que el poder representativo de los partidos en ningún caso pueda considerar no debatir las iniciativas.

Centrándonos en el objeto de la ILP regularización, la pregunta en estos momentos es sí un procedimiento de regularización extraordinario es pertinente ahora que en mayo de 2025 se iniciará el tiempo de un nuevo reglamento de extranjería que promete reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso al sistema.

El análisis que hacemos las cuatro entidades eclesiales que hemos venido trabajando conjuntamente es que sí, que la ILP no nació para contraponerse a las vías ordinarias sino más bien para apuntalar una política migratoria que vaya dirigida a la acogida e integración. Si el nuevo reglamento va en esa dirección, no debiera ser un problema aprobar la ILP regularización sino todo lo contrario, debiera tomarse como un acicate para favorecer el buen funcionamiento a futuro de los mecanismos ordinarios. Estas son 4 nuevas razones que hacen la iniciativa perfectamente vigente en la actualidad y suficientes cada una para favorecer su aprobación:

En primer lugar, España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil (Europa Press, 2024). Esta situación no permite la espera. No podemos ofrecer al nuevo reglamento un año de recorrido para que sus mecanismos se expresen en términos de derechos para las personas. La infancia en situación de pobreza no es recuperable sino con un plan de choque.

La segunda, el número de personas en situación irregular sigue creciendo. Según los últimos datos de organismos ajenos a la ILP regularización, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular podría situarse a finales de 2023 en más de 700.000 personas (FUNCAS, 2024). Este dato no hace más que avalar que el problema de la irregularidad es de tal tamaño que solamente se podrá resolver con un procedimiento que de manera extraordinaria cuestione los mecanismos y burocracias que a nivel ordinario todavía no se puedan modificar o que introduzca recursos económicos y humanos y vías alternativas para la tramitación extraordinaria de expedientes. Esto podría sin lugar a dudas aliviar la tensión del sistema y favorecer la correcta aplicación del procedimiento ordinario de reciente aprobación.

La tercera, consideramos que un procedimiento extraordinario podría, como ya hemos apuntado en la razón anterior, revertir la carga de la prueba y plantear una mayor automatización entre la posibilidad de trabajar y la obtención de la regularidad administrativa. En la actualidad la espera de 8 meses que en muchas ciudades exige la aprobación de un precontrato lleva a la práctica inoperancia de muchos de los expedientes de regularización que serían posibles imitando procedimientos ya existentes en el propio Reglamento de Extranjería como es el del permiso de residencia para la búsqueda de empleo.

La cuarta es que existen algunos perfiles de personas extranjeras que se están perpetuando en la irregularidad y lo seguirán haciendo a futuro porque un mecanismo ordinario no puede superar sus hándicaps. Personas indocumentadas por no tener asistencia consular, personas que por su situación de exclusión social no pueden obtener las suficientes pruebas de arraigo correspondientes a un procedimiento ordinario, o personas que por razones humanitarias pudieran beneficiarse del escudo social frente a su situación actual de vivir su alta vulnerabilidad en la exclusión administrativa, sería un verdadero aporte a la dignidad de estas personas.

La regularización extraordinaria es por tanto no solamente un mandato popular sino un imperativo social que puede generar una verdadera justicia social para aquellos más descartados y su vigencia en el 2025 es absoluta bajo la mirada de los datos y bajo el sentido de justicia social que irradia la doctrina social de la Iglesia. Está ahora en la voluntad de los partidos políticos dar respaldo a lo que el clamor popular ya indicó hace tres años.

Bibliografía

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Número 19, 2025

Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .

Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.

Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.

Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.

Introducción

Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.

En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.

Determinantes sociales de riesgo de suicidio en grupos socialmente vulnerables

De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.

Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.

Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).

Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.

En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.

A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia.  Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.

La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).

Pautas para la prevención de suicidio con colectivos vulnerables desde la experiencia de Diaconía

Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.

• Intervención: En este sentido, conocer el fenómeno del suicidio ampliamente puede dar pistas sobre el qué hacer y cómo hacerlo. Concretamente, la propuesta que creemos que mejor se adapta a las entidades del Tercer Sector guarda relación con los factores de protección. Es decir, no solo tomar acciones preventivas en lo relativo a los factores de riesgo asociados a la conducta suicida que pueden presentarse en las personas, sino desarrollar itinerarios de trabajo con las personas usuarias que profundicen en la promoción y fortalecimiento de los factores protectores. En el marco del Tercer Sector, estos factores se pueden promocionar, incentivar y desarrollar como parte de la intervención social. Factores de protección como el establecimiento de redes formales e informales de apoyo, la prevención del absentismo escolar, la lucha por el acceso y mantenimiento a la vivienda, facilitar el acceso a los servicios de salud mental y atención médica, acceso a oportunidades laborales, desarrollado de habilidades de afrontamiento y resiliencia, entre otras acciones. De esta manera, queremos incidir en la necesidad de trabajar la prevención desde la promoción de los factores de protección de índole social desde el Tercer Sector, conociendo los factores de riesgo de la persona para así potenciar los protectores que formen parten de su sistema.
• Protocolos: Cuando nos referimos a protocolos hacemos alusión a la elaboración de estos de acuerdo con las características del colectivo de atención. Es decir, es necesario la elaboración e implementación de protocolos de prevención y actuación en caso de intentos de suicidio ajustados al colectivo que atendemos y, también, al centro o dispositivo de atención. En este sentido, Diaconía viene trabajando en el desarrollo de protocolos con los diferentes colectivos que atendemos en la entidad (solicitantes de asilo y refugio, mujeres víctimas de trata de seres humanos, migrantes y personas en riesgo de exclusión social), entendiendo que un protocolo no puede generalizarse para todos los centros o dispositivos donde intervenimos. Es por ello, que creemos necesario primeramente conocer ampliamente el colectivo con el que intervenimos (definiendo los factores de riesgo y protección), explorando la ideación suicida durante la primera entrevista psicológica, que los equipos de atención directa con dicho colectivo estén formados en prevención del suicidio, que estos mismos equipos participen en la revisión de los protocolos de prevención y actuación y que, finalmente, se formen en la aplicación de este protocolo para su posterior evaluación.

Referencia bibliográfica

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Número 14, 2023

Daniel Buraschi, Mosaico Acción Social

Natalia Oldano, Mosaico Acción Social

María José Aguilar Idáñez, Universidad de Castilla La Mancha

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Introducción

En las Islas Canarias el 2020 no solo ha sido el año de la pandemia, sino también el año en que la ruta migratoria atlántica a través de Canarias volvió a ser la principal vía de entrada marítima irregular a Europa de personas, de Marruecos, Senegal, Malí o Costa de Marfil, principalmente.  Según datos del Ministerio del Interior Español, llegaron a las islas 23.271 personas a bordo de 759 embarcaciones, con una concentración mayoritaria en los últimos meses del año (más de 18.000 personas llegaron de septiembre a diciembre), un incremento del 756% respecto al año anterior. La ruta sigue activa con la llegada de un total de 22.316 personas y de 3.194 personas solo en el mes de enero 2022.

Se trata de una ruta muy peligrosa debido a la distancia por mar y, sobre todo, por las condiciones del viaje. La ONG Caminando Fronteras ha registrado más de 4.000 víctimas en la ruta canaria durante 2021.

El Plan Canarias y la crisis del sistema de acogida

Desde el verano de 2020, Canarias vive una profunda crisis de acogida de migrantes. El bloqueo de los migrantes en las islas y la ausencia de un sistema integrado de acogida han generado una violación sistemática de los derechos humanos: detenciones y privaciones de libertad sin protección legal; falta de asistencia jurídica a las personas migrantes; ausencia de un servicio efectivo de traducción e interpretación; falta de identificación y atención a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y atención (como los menores no acompañados, los potenciales solicitantes de protección internacional, etc.); atención sanitaria deficiente y falta sistemática de información.

La gestión de la inmigración en Canarias es un ejemplo de la política de externalización de fronteras que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años. Cuando la frontera se vuelve permeable, se activan los dispositivos de contención de la inmigración en las islas y de expulsión. El objetivo es evitar que los inmigrantes entren en el territorio europeo continental bloqueándolos en las zonas fronterizas y organizando su expulsión mediante acuerdos bilaterales con los países de origen.

El cierre de las fronteras de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Malí debido a la crisis sanitaria ha desactivado de facto el mecanismo de gestión de la migración basado en la deportación. En el verano de 2020, miles de migrantes se concentraron en un muelle de la isla de Gran Canaria durante cuatro meses, expuestos a la intemperie, creando una grave emergencia humanitaria. El gobierno español decidió no trasladar a las personas a los centros distribuidos por la España peninsular, y de hecho, en los últimos meses del año miles de migrantes fueron trasladados a diferentes hoteles de las zonas turísticas de las islas, mientras se preparaban las instalaciones de primera acogida.

En los primeros meses de 2021 se activó el Plan Canarias, que preveía la apertura de tres macrocentros de acogida (dos en la isla de Tenerife y uno en la de Gran Canaria) a los que se trasladarían entre 5.000 y 7.000 personas en pocos meses. Desde los primeros días, estas instalaciones crearon una situación insostenible: hacinamiento en tiendas de campaña que no ofrecían suficiente abrigo contra el frío y la lluvia, alimentación insuficiente, falta de información, problemas de convivencia, escasa atención sanitaria e imposibilidad de viajar a la península, violencia física y traslado de menores no acompañados a centros de adultos. Esta situación ha sido denunciada por numerosos organismos nacionales e internacionales y, en muchas ocasiones, ha tenido graves consecuencias para la salud psicofísica de los migrantes (Amnistía Internacional, 2021, Defensor del Pueblo, 2021, Médicos del Mundo, 2021, CEAR, 2021).

Resistencia de personas migrantes y redes de solidaridad

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 desactivó temporalmente la política migratoria europea fundamentada en las prácticas de deportación y devoluciones en caliente. Frente al cierre de fronteras, el gobierno de España ha activado un plan que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y ha creado una situación sin precedentes en Canarias. La inmigración irregular representaba hasta el 2020 sólo un fenómeno mediático muy presente en el discurso político y en los medios de comunicación, pero con poco contacto con la población local. Por primera vez, los miles de migrantes africanos que llegan por la vía marítima irregular dejan de ser una masa anónima para convertirse en personas que se organizan y tejen relaciones personales con la población local. Las personas migrantes bloqueadas en Canarias han comenzado a organizarse para dar visibilidad a su lucha por la dignidad y sus derechos: organizan manifestaciones, protestas, huelgas de hambre y tienen contacto directo con los medios de comunicación. En enero de 2021, cuando todavía no se habían abierto los macrocentros, las personas migrantes empezaron las primeras protestas organizadas. Cerca de 175 personas de origen senegalés empezaron una huelga de hambre para pedir poner fin al bloqueo y poder viajar al resto de España. Se trata de personas que llevaban tres meses bloqueadas sin información que, por primera vez, dejaban de ser una masa anónima y pasiva a los ojos de la sociedad receptora y de los medios de comunicación. Las personas migrantes tomaron la palabra en los medios de comunicación, grababan vídeos reivindicativos. Un mes después, 27 menores de origen magrebí y senegalés también empiezan una huelga de hambre, en este caso la protesta se articula con plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.

En el mismo mes se abren los macrocentros y la concentración de miles de inmigrantes en unos pocos recursos ha facilitado el contacto directo con la población local. Desde los primeros días de su apertura, se han creado amplias redes de apoyo y solidaridad por parte de la sociedad canaria. Muchas de estas redes prestan atención jurídica y sanitaria y articulan acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.

En marzo, las personas migrantes bloqueadas en los macrocentros organizan, junto con las plataformas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes, una marcha para protestar contra la política migratoria

A partir de febrero de 2021 se crean nuevas iniciativas participativas, redes de apoyo, se articulan procesos participativos que involucran a centenares de personas. Entre las iniciativas más amplias hay que citar la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes en Tenerife y Somos Red en la isla de Gran Canaria.

Reflexiones desde las prácticas participativas en espacios fronterizos

A partir de las experiencias participativas desarrolladas este contexto de crisis sanitaria y crisis migratoria en las islas Canarias, quisiéramos proponer algunas reflexiones para repensar las prácticas participativas en espacios fronterizos.

No neutralidad de las prácticas participativas. En Canarias existen, desde hace muchos años, numerosos proyectos de intervención comunitaria e intervención intercultural promovidos por las instituciones y desarrollados por diferentes ONG. A menudo, estos proyectos no han sabido articularse con los nuevos movimientos sociales y, en particular, con las prácticas de resistencia de las personas migrantes. Probablemente, uno de los principales problemas ha sido concebir las prácticas participativas como procesos neutrales, en los cuales se podía mantener la equidistancia con las instituciones y limitarse a apelar a la convivencia intercultural. Esta crisis migratoria ha evidenciado dramáticamente que las prácticas participativas se desarrollan en ocasiones en espacios profundamente violentos y deshumanizantes, espacios en los cuales las instituciones reproducen el racismo institucional. Si las prácticas participativas no saben leer críticamente la realidad, no saben o no quieren comprometerse con la lucha contra la injusticia y la violencia estructural, entonces, aunque sus objetivos sean la interculturalidad o la defensa de los derechos de las personas migrantes, reproducen o, al menos consienten, el racismo institucional.

El protagonismo de las personas migrantes y la autonomía de las migraciones. Es importante concebir las prácticas participativas con personas migrantes como procesos de concientización y emancipación (Freire, 1970), haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resiliencia. Analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos estigmatizados para resistir al racismo y al impacto que tiene el estigma en su vida cotidiana (Buraschi y Agular, 2019).

Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de dominación solamente si ponemos en primer plano las personas migrantes, es decir, en tanto sujetos que expresan resistencia y prácticas conflictivas innovadoras (Mezzadra, 2004: 147). Se trata, por lo tanto, de entender las migraciones como un movimiento social, un tipo único de acción colectiva que cuestiona los poderes institucionales y el régimen fronterizo.

Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las personas racializadas y víctimas de discriminación, diseñar estrategias de acción desde su realidad vital concreta y cambiar nuestro posicionamiento, de personas expertas, portavoces o líderes de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/as, sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/as y aceptando de salir de nuestra zona de confort (Buraschi y Aguilar, 2019).

Cuestionar el paternalismo y el etnocentrismo. La experiencia en Canarias ha mostrado que las prácticas participativas, hasta aquellas que se autodefinen como interculturales, transformadoras, defensoras de los derechos humanos, pueden reproducir modelos paternalistas, victimistas, entocéntricos y culturalistas. El trabajo con personas que han pasado por experiencias traumáticas, que no hablan español, que están en una situación radicalmente precaria en ocasiones se traduce en la reproducción de esquemas coloniales e inconscientemente racistas hasta en el seno de los movimientos sociales. En este contexto es clave cuestionar nuestra mirada colonial, nuestras metodologías de trabajo. Como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), la incertidumbre, la incomodidad, el sentirse desplazados/as son buenos indicadores de que estamos trabajando en la dirección correcta, una práctica participativa que no modifica nuestra mirada, que no nos hace conscientes de la colonialidad de nuestra mirada y de nuestras contradicciones no es transformadora, sino funcional a un sistema de dominación. Esta reflexividad crítica pasa necesariamente por la toma de conciencia de nuestros privilegios y el reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas que estructuran nuestro espacio de acción. Además, pasa por la apertura hacia la emergencia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos normalmente silenciados. Apoyando la emergencia de nuevas formas de ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).

Bibliografía

Amnistía Internacional (2021). Islas Canarias: Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas migrantes tras una semana de investigación.  Amnistía Internacional.

Buraschi, Daniel y Aguilar Idáñez, María José (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2021). Migración en Canarias, la emergencia previsible. Madrid: CEAR.

De Sousa Santos, Boaventura (2010). Epistemologías del sur. México: Siglo XXI.

Defensor del Pueblo. (2021). La migración en Canarias. Estudio. Defensor del Pueblo

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.

Médicos del Mundo (2021). La salud naufraga en la frontera sur. Médicos del Mundo.

Mezzadra, Sandro (2004). Derecho de fuga. Madrid: Traficantes de sueños.

Número 10, 2022

Número 7, 2021

Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos  episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando  labores de rescate de personas en el mar, labor  que debieran estar haciendo los estados.

Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.

Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.

Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.

La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.

En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.

Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.

Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo.  Lo recordaba Carlos Álvarez:

Cuando el hambre madura,

no hay barrotes ni murallas.

Los barrotes se sacuden

y las murallas se saltan.

Número 3, 2019