Mª Luisa Esteve Arnal, economista. Directora Asociación aragonesa empresas Inserción AREI. Vicepresidenta FAEDEI
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Las Empresas de Inserción se consolidan como la herramienta más eficaz y eficiente de las políticas activas de empleo para las personas más vulnerables. Van a ser más necesarias que nunca para adecuar y orientar a las personas más vulnerables hacia las nuevas necesidades y demandas del tejido empresarial, garantizando la igualdad de oportunidades.
La exclusión social constituye hoy en día uno de los principales problemas sociales. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2023, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumentó hasta el 26,5% desde el 26,0% de 2022.
El fin de la pobreza y la exclusión social es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS establecidos por Naciones Unidas, que identifican los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad y marcan la agenda global de este siglo.
Para este fin, el acceso al empleo ha demostrado ser el instrumento más eficaz en la sociedad actual. Se ha constituido como elemento central en torno al cual se ordenan las distintas esferas de la sociedad y de los individuos, y es la principal fuente de derechos e integración social. Una de las principales formas de alcanzar la integración social es a través de la integración laboral, y esta es precisamente la misión y fin último de las empresas de inserción.
Las Empresas de Inserción -en adelante EIS, son iniciativas económicas de carácter mercantil y no lucrativo cuyo objeto social es el acompañamiento y la integración a través del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, y que presentan especiales dificultades para acceder al mercado laboral.
Están promovidas por entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la intervención social, y constituyen la herramienta más importante para la puesta en práctica de las políticas activas de empleo con personas vulnerables, ya que son empresas que, de manera autónoma y económicamente viable, realizan actividades de mercado en diferentes sectores, creando empleo y ofreciendo a estas personas itinerarios de formación para la mejora de su empleabilidad, con el fin de que adquieran la cualificación y capacitación profesional, experiencia laboral y las habilidades necesarias que les permita el acceso a un empleo en igualdad de condiciones.
Las EIS operan en el ámbito de la Economía Social e interactúan en el mercado laboral. Aunque en lo cuantitativo no tienen un peso específico alto, en lo cualitativo son el elemento clave que da respuesta a todas las políticas relacionadas con el empleo de inclusión y la igualdad de oportunidades.
Mercado laboral
La crisis sanitaria y el posterior escenario de guerra de los últimos años han provocado y acelerado transformaciones muy significativas en el mercado laboral, con nuevos escenarios para el empleo y nuevas dificultades a las que se van a enfrentar tanto las personas desempleadas como las empleadas, las nuevas generaciones y, sobre todo, las personas más vulnerables.
En general nos encontramos con un crecimiento significativo del desempleo en los sectores tradicionales, consecuencia de los cambios acelerados habidos – en particular la transformación digital y la irrupción de las TICs, y con la creciente importancia del cómo van a afectar estas cuestiones a la sostenibilidad y a la igualdad de oportunidades de las personas en el mercado laboral, cambios que suponen una profunda incidencia en lo laboral y social.
Aunque el momento actual del empleo es bueno desde el punto de vista cuantitativo, en lo cualitativo hay que tener en cuenta las características del desempleo en España y sus debilidades estructurales, los desajustes ente los perfiles profesionales y las demandas del mercado laboral, y los sectores y actividades económicas en declive frente al escenario tendencial y las nuevas ocupaciones emergentes, tras los cambios y nuevos desafíos en el paradigma del empleo con la irrupción de las nuevas tecnologías y la digitalización.
Desde el enfoque del mercado laboral y del empleo de futuro estas son las grandes dificultades a las que se enfrentan los gestores de políticas públicas para la activación en el empleo, dificultades que resultan más complejas de resolver cuando se pone el foco en las personas vulnerables.
Y es aquí donde las EIS toman protagonismo porque, por su amplia experiencia y larga trayectoria, son las mejores aliadas para dar respuesta a los objetivos estratégicos enfocados en lograr una sociedad más inclusiva y cohesionada.
Desde las plataformas asociativas, tanto del ámbito estatal -Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI, como del ámbito europeo -ENSIE, se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en los últimos años para promover a las EIS como herramienta fundamental para el desarrollo de las políticas de empleo orientadas al fomento de la empleabilidad de las personas más vulnerables y hacia su inclusión real a través del empleo. También a su promoción y difusión, desde el ámbito de la Economía Social, a través de la Confederación Empresarial esPañola de Economia Social -CEPES, máxima organización representativa de la economía social en España, a la que FAEDEI pertenece.
En la actualidad FAEDEI integra a 13 asociaciones autonómicas de EIS, que representan a 301 EIS, que generan un total de 9.570 puestos de trabajo, de los cuales un 62,7% son para personas de inserción[i].
Las EIS se identifican y operan en el ámbito de la economía social.
En el ámbito estatal, la economía social -en adelante ES, cuenta con un entorno institucional muy favorable y cuenta con un reconocimiento explícito como palanca de cambio para el desarrollo económico y social sostenible.
El reconocimiento de CEPES como interlocutor institucional y, en consecuencia, el incremento de su protagonismo en los últimos años en la agenda política ha llevado, entre otras cosas, a incluir el término de economía social en los diferentes departamentos y/o ministerios, empezando por el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social.
De este reconocimiento institucional se desprende el hecho de ser hoy en día organismo intermedio del Fondo Social Europeo, y también el hecho de tener un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, un PERTE específico para la economía social, con el que se están promoviendo proyectos importantes para el impulso de la ES en todo el territorio.
En el ámbito internacional, la ES cuenta con herramientas importantes para el impulso de la ES y de sus valores, entre otras, el Plan de Acción Europeo y la Resolución de Naciones Unidas, el FSE + 2021-2027, con sus estrategias, planes, recomendaciones y objetivos estratégicos, basados en los principios de la ES y en la cohesión social e igualdad de oportunidades. Todas estas iniciativas se están trasladando a los países, con especial intensidad en España, por el desarrollo y peso específico que aquí tiene la ES y que están marcando ya, en buena parte, las reglas en todo aquello que tiene que ver con el futuro del empleo, especialmente, con el empleo de las personas más vulnerables, y que en concreto son:
El fin primordial de las EIS es lograr la inclusión social de las personas vulnerables en situación o riesgo de exclusión social a través de la inclusión laboral. Para ello, el objetivo principal es lograr su transición al mercado laboral ordinario: cuando la persona ha alcanzado un desempeño óptimo en competencias personales, técnico-profesionales y sociolaborales, a través del desarrollo de su itinerario personalizado en la empresa de inserción, se le promociona hacia el empleo ordinario.
Pero para que las EIS pueda cumplir con su fin social es necesario, por un lado, que puedan crear puestos de trabajo para la inclusión y, por otro lado, que las empresas ordinarias contraten a estas personas cuando finalizan su itinerario, es decir, es imprescindible la creación y consolidación de alianzas público-privadas, con las instituciones y administraciones públicas, así como alianzas privadas-privadas, con las empresas del entorno.
Respecto a las alianzas público-privadas, es necesario que las administraciones públicas tomen conciencia de la necesidad, además de la obligación, de poner en práctica el uso estratégico de la contratación pública, es decir, que la compra publica pase de ser un elemento finalista a un instrumento para el fomento del desarrollo sostenible, estableciendo alianzas con el sector de las EIS para reservar los contratos más adecuados, así como el uso de cláusulas sociales, con el fin de promover la creación de empleo inclusivo. ¿Por qué esta discriminación positiva? ¿Qué beneficios aportan las EIS?
Las EIS por sí mismas generan importantes beneficios, por un lado, para las administraciones públicas, porque reducen el gasto social, incrementan los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones a la seguridad social, y contribuyen a una imagen pública innovadora y ejemplarizante con la consecución de objetivos sociales.
En este sentido resaltar el dato del Balance Social 2022 de FAEDEI: teniendo en cuenta que la cuantía media de las Rentas Mínimas de Inserción del año 2021 fue de 490,81 euros mensuales, y que en el año 2022 la contratación de las EIS ascendió hasta 1.963 personas perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, el ahorro que han supuesto las EIS para las administraciones públicas en el año 2022 asciende a 11.561.520 euros[ii].
Por otro lado, para las personas vulnerables, generan importantes beneficios en el camino hacia su inclusión e igualdad de oportunidades a la hora de acceder al mercado laboral, y para la sociedad, por el incremento que suponen en cuanto a rentabilidad de la inversión social, en el camino hacia una sociedad más justa y cohesionada
Respecto a las alianzas privadas-privadas, las empresas, a través de sus políticas en responsabilidad social, pueden y deben contribuir a resolver los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, tales como la pobreza y la exclusión social.
Las EIS, a través del establecimiento de alianzas con las empresas del entorno donde operan, son una valiosa oportunidad para que desarrollen su responsabilidad social, y consoliden relaciones win-win de las que toda la sociedad sale beneficiada ¿de qué tipo alianzas hablamos?
¿Qué beneficios reporta la contratación de personas procedentes de las EIS?
Para las empresas, un apoyo al CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, el poder disponer de personal cualificado y comprometido, personas que han recibido la formación necesaria para el desempeño profesional y que han adquirido experiencia en la misma.
Otra cuestión importante, el valor que ganan ante sus propios empleados y empleadas: la inserción de personas vulnerables aporta a la empresa unos valores normalmente difíciles de fomentar, como la cohesión social, la solidaridad o la diversidad, que cada vez son más valorados, mejorando y favoreciendo un buen clima laboral.
Destacar también la generación de valor: el ser responsable socialmente permite mejorar la reputación e imagen de marca, lo que genera valor añadido a la empresa. Asimismo, tener en cuenta las ayudas económicas de las que pueden beneficiarse por contratar a estas personas.
Para las personas trabajadoras procedentes de las EIS, su INCLUSION SOCIAL, porque a través del empleo mejoran su autosuficiencia económica, su calidad de vida, y se favorece su autonomía, independencia, autoestima y relaciones sociales.
Para la sociedad en su conjunto, las EIS favorecen una SOCIEDAD MAS JUSTA Y COHESIONADA, una sociedad más inclusiva, que reduce su fractura social y fomenta el desarrollo local.
¿Qué beneficios reporta?
Para la empresa ordinaria, el adquirir productos y servicios de calidad, contando con proveedores que comparten valores de corresponsabilidad en cuanto a integración social, incorporando valor social a su cadena de provisión. Además, la mejora de su reputación genera valor añadido a la marca, lo que puede suponer ganar mercado a través de la diferenciación con sus competidores.
Para la empresa de inserción supone la creación y mantenimiento de empleo de inserción, al verse incrementada su cartera de clientes y/o volumen de facturación. Con carácter general podemos hablar de mejora de la justicia social en general.
Podemos afirmar que las empresas de inserción son la mejor herramienta para la inclusión porque:
Pero aún con estas afirmaciones es necesario dotar al ecosistema de las EIS de los instrumentos y recursos necesarios, financieros y jurídicos, que les permita superar los obstáculos y nuevos retos a los que se enfrentan para ser eficientes en lo social y en lo económico. Y esto es muy importante, porque el principal producto que venden las Empresas de Inserción son las personas.
Es necesario dotar a las empresas de inserción del ecosistema adecuado para que puedan acceder a todas las posibilidades que ofrece Europa y España -Fondo Social Europeo Plus, PERTE de economía social y de los cuidados, etc., para que puedan hacer frente a los retos actuales y futuros del empleo inclusivo.
Las Empresas de Inserción se consolidan como la herramienta más eficaz y eficiente de las políticas activas de empleo para las personas más vulnerables. Representan un modelo de economía social de eficacia reconocida para la incorporación al mercado laboral de las personas en situación de desventaja social; son un instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de la formación y del empleo digno, generan riqueza económica, y tienen un claro compromiso con la cohesión social, el desarrollo local y la sostenibilidad.
Es un hecho constatado que una parte de las personas en situación de vulnerabilidad, a pesar de las medidas de fomento, de las políticas públicas de apoyo, y de todos los procesos e itinerarios complementarios, nunca van a entrar en el mercado laboral porque las empresas no están preparadas para dar acogida a estas personas, ni éstas están en igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un empleo. Las EIs desarrollan su trabajo social con las personas que necesitan un último empujón para lograr un empleo que les permita salir de su situación de exclusión y lograr la inclusión plena, y van a ser más necesarias que nunca para adecuar y orientar la formación en el empleo de las personas más vulnerables hacia las nuevas necesidades y demandas del tejido empresarial, garantizando la igualdad de oportunidades.
Las empresas de inserción son los científicos del empleo inclusivo, son la inversión social más rentable, en lo social y en lo económico, y son elemento clave para lograr los fines de igualdad de oportunidades y la cohesión social.
[i] Memoria Social FAEDEI 2022. Pág. 10 y 11
[ii] Memoria Social FAEDEI 2022. Pág. 23
Imanol Zubero. Sociólogo
En nuestra sociedad mantenemos vigente una cultura del trabajo en la que identificamos el trabajo con el empleo, pero donde lo no remunerado no es trabajo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto económico que no necesita del empleo para todos; ni dibuja trayectorias profesionales estables y con capacidad de dar identidad; tampoco garantiza la integración social ni la situación de no pobreza material. En suma, hay un choque frontal entre la cultura y la realidad que conviene explorar probablemente para apostar por otra cultura del trabajo que posibilite un desarrollo social justo y solidario.
La Edad Moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. […] Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Esta reflexión de Hannah Arendt en las primeras páginas de su obra de 1958 La condición humana (Arendt, 1993: 17) es citada a menudo como anticipación de una realidad que hoy sufren millones de personas en todo el mundo.
En su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 la OIT prevé que el desempleo a escala mundial alcance en 2023 a 208 millones de personas, lo que vendría a suponer una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento. La situación es mucho peor si hablamos no de ausencia de trabajo sino de ausencia de trabajo decente, es decir, de una actividad laboral que se realiza al amparo del diálogo social tripartito, a cambio de una retribución suficiente para garantizar una vida digna, que da acceso a derechos laborales fundamentales, sin discriminaciones de género ni de ningún otro tipo y que es experimentada por la persona trabajadora como una actividad con sentido. Si a todo esto añadimos el factor de utilidad social y sostenibilidad ecológica hemos de concluir que, sin duda, nos encontramos en la situación arendtiana de una sociedad de personas trabajadoras sin trabajo decente.
Nuestro problema con el trabajo (sí, sé que en realidad debería decir empleo) no es que una nueva ola de automatización sustituya a millones de vendedoras y vendedores, contables, minoristas, supervisoras y supervisores, agentes inmobiliarios o de viajes, mecanógrafos y mecanógrafas, almacenistas, etc. Nuestro auténtico problema es que sigamos impulsando trabajos de mierda (Graeber, 2018), actividades carentes de sentido, innecesarias y perniciosas: turismo internacional masivo, reparto de comida basura a domicilio, megaeventos deportivos y culturales, difusión a través de las redes sociales de estilos de vida idiotas y productos audiovisuales inanes, consumismo low-cost recreativo y hasta terapéutico, construcción de más y más edificios y carreteras… Actividades todas ellas que comparten las mismas alarmantes características: exigen un alto y continuo suministro de energía, mercantilizan cada vez más ámbitos de nuestra vida, agreden a los ecosistemas y se sostienen solo por la explotación y la degradación de otras personas.
Junto al ya citado de Hannah Arendt, hay otro texto clásico sobre el futuro del trabajo que nos resultará familiar: me refiero a la famosa conferencia de Keynes en 1930 titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos (Keynes, 1988), en la que el destacado economista nos anunciaba dos noticias relativas al futuro del trabajo, una buena y otra mala. La buena, que gracias al progreso técnico la humanidad está resolviendo su problema económico de manera que llegará un momento en que tendremos que trabajar mucho menos para satisfacer todas nuestras necesidades materiales: En unos pocos años –quiero decir en el curso de nuestra vida- podemos ser capaces de realizar todas las operaciones de la agricultura, minoría e industria con la cuarta parte del esfuerzo al que estamos acostumbrados, afirmaba Keynes. Como consecuencia de esta victoria sobre la necesidad por primera vez, desde su creación, el hombre se enfrentará con su problema real y permanente: cómo usar su libertad respecto de los afanes económicos acuciantes, cómo conseguir ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir sabia y agradablemente bien (1988: 327 y 329).
Pero esta buena, excelente noticia, venía acompañada de otra no tan buena: que aún no había llegado ese tiempo de vernos liberadas de la necesidad económica, que al menos durante todo un siglo tendríamos que seguir habitando un mundo guiado por la lógica economicista: Por lo menos durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo; porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la cautela deben ser nuestros dioses durante todavía un poco más de tiempo, pues sólo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día (Ibid.: 332-333).
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la pesadilla de un mundo-de-trabajo sin trabajo o hacia el sueño de una sociedad liberada de la necesidad de trabajar? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir guiándonos por la avaricia y la usura?
En primer lugar, es necesario reflexionar sobre el propio concepto de trabajo. De forma generalizada tendemos a reducir el trabajo al empleo, excluyendo de esta manera todas aquellas actividades imprescindibles para la supervivencia social y material de las sociedades y los individuos que no pasen por el estrecho espacio del mercado y el precio. Actividades y tareas tan esenciales como son el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, las actividades de voluntariado, la participación cívica, la ayuda mutua, los intercambios solidarios… Porque un empleo no es, en principio, nada más que un trabajo a cambio del cual recibimos un pago monetario en el mercado. La única diferencia entre cocinar para mí, para mi familia y mis amistades, o para un comedor solidario, y hacerlo para un restaurante está en la obligación o no de pagar a cambio de la comida consumida: sólo en caso de que medie el pago hablamos de empleo.
La economía y la sociología feministas han sido pioneras en la denuncia de esta reducción de todos los trabajos socialmente necesarios a la categoría de empleo, operación mediante la cual se han invisibilizado (siempre con sesgo de género y de clase) ciertas tareas (des)calificadas por su ubicación en el ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de lo privado, de lo relacional o de lo no-mercantil. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, inquiere provocadoramente Katrine Marçal (2016). Si la pregunta fundamental de la economía es, según esta autora, ¿cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa?, Adam Smith ha pasado a la historia como la persona que (supuestamente) halló la explicación definitiva: en sociedades complejas como la nuestra, los procesos de producción, elaboración, distribución y apropiación de los bienes y servicios que consumimos a diario constituyen una intrincada red de acciones coordinadas que abarca todo el planeta. ¿Qué es lo que cohesiona todos estos procesos? La respuesta de Smith es bien conocida: No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas (Smith, 2014: 46). Es el interés de todas y cada una de las personas que participan de tales procesos el que hace que el conjunto funcione correctamente, sin necesidad de que nadie tenga que planificar el conjunto.
Pero resulta que Smith pasó toda su vida cuidado por su madre viuda, Margaret Douglas, y su prima soltera, Janet Douglas, de manera que este pudiera dedicarse en cuerpo y alma a desarrollar su muy influyente obra. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar –escribe Marçal-, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. […] Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese filete a Adam Smith?. Si Smith tenía asegurada la comida no era sólo porque los comerciantes sirvieran a sus intereses comerciales sino porque su madre y su prima se encargaban de ponérsela en la mesa todos los días. La mirada a la que nos invita Marçal actúa como marco que desnaturaliza el paradigma económico dominante y desvela sus fundamentos en última instancia imposibles, por reduccionistas, si no es mediante la ocultación de esa segunda economía que, al igual que ocurre con el segundo sexo, existe y actúa siempre a la sombra de esa primera economía -realmente única economía- productiva, mercantil y patriarcal. Se mire por donde se mire –concluye Marçal-, el mercado se basa siempre en otro tipo de economía. Una economía que rara vez tenemos en cuenta.
De este modo hemos acabado por entronizar como las únicas actividades realmente valiosas aquellas que se desarrollan no sólo en sino para el mercado, para su lógica abstracta, guiada exclusivamente por el criterio del beneficio económico incluso cuando este beneficio se logra socavando los fundamentos mismos de la vida.
En 2009 la New Economics Foundation (NEF) analizó el valor social, ambiental y económico de diversos empleos, mirando más allá del salario recibido por las diferentes profesiones para preguntar qué aportan a la sociedad. Los resultados fueron alarmantes: en el extremo más alto de ingresos los banqueros de inversión de la City de Londres, con salarios de 500.000 a 10 millones de libras esterlinas, destruían 7 libras de valor social por cada libra en valor monetario que generaban; por el contrario, en uno de los sectores con salarios más bajos, el de las cuidadoras infantiles, con ingresos de 10.000 a 13.000 libras esterlinas, cada libra pagada generaba entre 7 y 9,50 libras esterlinas en beneficios para la sociedad. La conclusión de la NEF es clara: Los empleos peor retribuidos son a menudo los que se encuentran entre los más valiosos socialmente: empleos que mantienen unidas a nuestras comunidades y familias.
Hoy Adam Smith se encontraría en una situación en la que, tras dedicar todo su tiempo a trabajar para poder pagarse la cena, al regresar a casa se la encontraría vacía, con su madre y su prima empleadas fuera del hogar para poder completar la maltrecha economía familiar.
El siglo XVIII fue el siglo de las grandes revoluciones que dieron lugar al mundo tal como lo conocemos en la actualidad. Es el momento en el que nacerán la democracia y el capitalismo. La Revolución francesa y su ambiciosa declaración de los derechos del ciudadano se convertirá en símbolo de un novedoso proyecto de vinculación social mediante el reconocimiento político: las sociedades modernas son concebidas como constituidas por la asociación de todos los ciudadanos que componen la nación, todos iguales, libres y fraternos. La Revolución industrial y la generalización de las relaciones sociales capitalistas va a proponer una forma de vinculación social mucho más prosaica y, tal vez por eso, más exitosa: la asociación de individuos que persiguen su propio interés, que necesitan a otros y son necesitados por otros. El modelo Adam Smith.
De este modo se desarrolló una ética del trabajo convertida en una norma de vida basada en un principio fundamental: el trabajo es la vía normalizada para participar en esta sociedad basada en el quid pro quo al incorporarnos a esta inmensa red de intercambios que es la sociedad moderna. Eso sí, como recuerda Bauman (2000: 18), sólo el trabajo cuyo valor es reconocido por los demás (trabajo por el que hay que pagar salarios o jornales, que puede venderse y está en condiciones de ser comprado) tiene el valor moral consagrado por la ética del trabajo. El vínculo ciudadano, el vínculo de los derechos y las responsabilidades, desarrollado entre todos los miembros de una comunidad moral, fue sustituido por el vínculo de las actividades productivas, por el trabajo para el mercado, por el empleo.
Aunque reconozcamos la función histórica que ha cumplido (y sigue cumpliendo para una mayoría de personas) el empleo como herramienta de integración social, innovación y creatividad, desarrollo económico, creación y redistribución de la riqueza, debemos constatar la deriva que desde hace años experimenta el llamado mercado de trabajo, en la dirección de una creciente precarización de las condiciones de trabajo que debilita, y en muchas ocasiones anula, la capacidad integradora del empleo. A partir de los años Ochenta del pasado siglo se han producido cambios fundamentales que han tenido como consecuencia la ruptura de la norma social de empleo que ha servido como elemento básico de integración social: un empleo estable y regulado, continuo y prolongado a lo largo de toda la vida activa hasta configurar una carrera profesional. Es esta norma social la que ha cambiado profundamente en las últimas tres décadas: si hasta los años setenta la norma aspiraba a la estabilidad, a partir de los ochenta la tendencia es hacia la precarización. Hoy lo normal empieza a ser la precariedad, al menos, para las nuevas generaciones de trabajadoras y de trabajadores –mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente- incorporadas al mercado de trabajo desde los años Noventa.
El reciente informe Precariedad laboral y salud mental, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, identifica seis situaciones de trabajo susceptibles de ser consideradas como precariedad: (1) la relación laboral temporal, (2) el trabajo a tiempo parcial involuntario, (3) la subocupación funcional (aquella que requiere estudios por debajo del nivel alcanzado por la persona trabajadora), (4) el trabajo autónomo en situación de precariedad (horarios de trabajo muy reducidos o muy extensos, trabajo a tiempo parcial involuntario y subocupación funcional o por insuficiencia de horas), (5) el subempleo por insuficiencia de horas y (6) el desempleo de quienes han trabajado previamente. En el segundo trimestre de 2022 algo más de la mitad (50,8%) del mercado laboral en España (23,4 millones de personas) sufría alguna de estas situaciones de precariedad. Precariedad que no solo tiene graves consecuencias para una efectiva integración material o socioeconómica de todas esas personas, que acaban habitando el espacio de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social. La precariedad laboral precariza el conjunto de la existencia de las personas en esa situación. Sin ninguna pretensión de enmendar la plana a mi admirada Hannah Arendt, tal vez sea peor esta sociedad de trabajo con trabajadoras y trabajadores precarizadas que aquella sociedad de trabajadoras y trabajadores sin trabajo en la que pensaba con desasosiego la filósofa alemana.
La en otros tiempos clara frontera entre trabajo y exclusión se ha convertido en un espacio borroso y poroso: hoy es posible tener un empleo y, al tiempo, encontrarse en situación de precariedad. La ascensión de la vulnerabilidad, el ensanchamiento de esa zona de frontera entre la integración y la exclusión provocado fundamentalmente por la precarización del trabajo, provoca la inestabilización de determinadas categorías sociales, como las personas jóvenes, las migradas y las mujeres, pero también la desestabilización de las y los estables, de una parte importante de las personas que habían estado perfectamente integradas en el orden del empleo (Castel, 1997: 413-414).
En el marco de una creciente economía política de la inseguridad (Beck) cada vez más personas viven preocupadas por el futuro de sus derechos en el trabajo y en la sociedad, sintiéndose expuestas a una evolución económica y social que parece haber escapado a su control y que Martin Carnoy y Manuel Castells caracterizaron así en 1997, al concluir su informe para la OCDE sobre el futuro del trabajo, la familia y la sociedad en la Era de la Información: Lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva, junto con una sociedad inestable y frágil, y una creciente inseguridad individual.
Sin embargo, a pesar de que el paradigma dominante del trabajo hace aguas por todos los lados seguimos operando bajo su dominio. Aún hoy denominamos población ocupada exclusivamente a aquellas personas que están empleadas, y llamamos parada a la persona que simplemente carece de empleo, aunque no pare en todo el día de formarse, buscar empleo, cuidar a otras personas, hacer voluntariado o participar en iniciativas políticas.
El empleo sigue siendo el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado. En la exposición de motivos de la Ley contra la Exclusión Social aprobada por el Parlamento Vasco en mayo de 1998 se podía leer: En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición «sine qua non» de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. No será fácil encontrar a día de hoy formulaciones que vinculen de manera tan explícita (y acrítica) empleo y ciudadanía, pero lo cierto es que el vínculo sigue operando. En el documento que recoge la vigente Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, leemos lo siguiente: La situación del empleo constituye uno de los factores clave en la prevención de la pobreza y la exclusión social; su importancia, de hecho, se ha visto reconocida ampliamente en el enfoque de inclusión activa. Las rentas del trabajo, cuya obtención está vinculada con el empleo estable, constituyen la principal fuente de ingresos de las familias y, por tanto, es uno de los elementos cruciales a tener en cuenta a la hora de considerar a aquellos hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Pero, ¿acaso hay que ganarse la condición de ciudadanía plena?, ¿no es tal cosa un horror propio de sociedades totalitarias? Si el derecho a la vida digna pasa por el derecho a trabajar, ¿qué ocurre cuándo millones de personas se ven imposibilitadas de cumplir con dicho deber, no por su culpa, sino por razones estructurales? ¿y qué ocurre cuando miles de personas se ven expuestas a la enfermedad y la muerte por las condiciones de su trabajo? ¿y cuando la competencia por el empleo no es ya fuente de autonomía sino mecanismo de humillación?
En este sistema –advierte Viviane Forrester- sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: “¿Es necesario ‘merecer’ el derecho a vivir?” (1996: 15). Este mérito, ya lo hemos dicho, exige el deber de trabajar. ¿Pero qué ocurre cuando una de cada dos personas trabajadoras se enfrenta a situaciones de precariedad? ¿Y cuando este incremento de la precariedad -en ausencia de medidas de protección social como las que afortunadamente aún disfrutamos en Europa- explica en gran parte la epidemia de muertes por desesperación que está asolando a la clase blanca trabajadora con menos estudios en Estados Unidos (Case y Deaton, 2020: 215)?
El sueño de Keynes en 1930 era que en el plazo de un siglo nos viéramos libres de dedicar al empleo más de tres horas diarias o quince semanales, disponiendo del resto del tiempo para nosotras y para nuestras comunidades. ¿Y si ya estuviéramos en esa situación, y si ya tuviéramos lo suficiente para poder llevar una buena vida? Esta es la tesis que defienden con razón y pasión Robert y Edward Skidelsky (2012), padre economista experto en Keynes e hijo filósofo.
Debemos generar sistemas de aseguramiento colectivo que permitan que todas las personas, por el hecho de ser personas, vivan libres de la necesidad. Existen alternativas que tienen que ver con intervenciones directas e inmediatas: reducción del tiempo de trabajo, reparto del empleo, propuestas de trabajo garantizado, renta básica universal, fiscalizar la riqueza oligárquica; existen también propuestas que tienen que ver con la defensa de la economía local, de la economía rural y de la economía social y solidaria, con des-mercantilizar los trabajos mediante redes locales de mutualidad, gestión comunal… Esto en el corto y medio plazo.
Pero en el medio-largo plazo, aunque empezando a plantearlo desde ya mismo, debemos asumir que nuestros modos de producción, consumo, transporte, nuestro modo de vida en su conjunto, es insostenible. Necesitamos recuperar la cuestión de la suficiencia: ¿cuánto es suficiente? En lugar de seguir entrampadas en la perspectiva de la escasez (en realidad se trata de injusticia, de un juego de acumulación y expropiación) preguntarnos con los Skidelsky (2012: 242): ¿cómo puede una sociedad que ya tiene “suficiente” pensar acerca de la organización de su vida colectiva?. En los países del Norte estamos ya en el escenario de la (sobre)abundancia, lo que debemos hacer es plantearnos cómo redistribuimos lo que tenemos creando suficiencia para todo el mundo. ¿Y si el debate no está en cómo crear más empleo, sino en cómo imaginamos y construimos otra ética de la vida desde la austeridad solidaria?
Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
Bauman, Z. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa, 2000.
Carnoy, M. Castells, M. Sustainable flexibility: A prospective study on work, family and society in the information age. Paris: OECD, 1997.
Case, Anne y Deaton, A. Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Barcelona: Deusto, 2020.
Castel, R. La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona: Paidós, 1997.
Forrester, Viviane. El horror económico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1996.
Graeber, D. Trabajos de mierda. Barcelona: Ariel, 2018.
Keynes, J.M. Ensayos de persuasión. Barcelona: Crítica, 1988.
Marçal, Katrine. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Barcelona: Debate, 2016.
Skidelsky, R. y E. ¿Cuánto es suficiente? Barcelona: Crítica, 2012.
Dessirée García Roig, responsable del programa de formación e inserción, Cáritas Diocesana de Barcelona
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A continuación, se presenta una iniciativa pública de ayuda a la regularización administrativa mediante contrato laboral, impulsada por el servicio de empleo de Catalunya, que pretende dar respuesta a la problemática de las personas que se encuentran en el estado sin posibilidad de trabajar en la economía formal.
Los años 70 y 80 se caracterizaron, socialmente, por la ruptura del pacto social que tanto había servido a Europa en las décadas consecutivas a la segunda guerra mundial. Ese gran acuerdo reportó, durante 30 años, los índices de mayor igualdad de oportunidades sociales para las personas en Europa. La irrupción de las políticas neoliberales económicas, el ensalzamiento del individuo por encima del colectivo y las posteriores crisis económicas que, además se han acelerado en el tiempo, han hecho que actualmente tengamos una desigualdad social que se ha acrecentado aún más tras los acontecimientos sanitarios y la situación de Guerra en Europa.
Desde el área de empleo de Cáritas Diocesana de Barcelona (en adelante Cáritas Barcelona) hemos trabajado (como es costumbre en el tercer sector) en intentar generar mayores oportunidades para quienes menos tienen y se encuentran en exclusión social. Y ello lo hacemos siendo conscientes que no podemos hablar ya de un trabajo que permita volver a la sociedad (a la inclusión social) puesto que hoy en día ha cambiado el paradigma: tener un trabajo ya no es garantía de poder cubrir las necesidades básicas hasta fin de mes.
Y si ello es así para las personas que quieren trabajar, mayor exclusión viven aquellas que han migrado en busca de mejores oportunidades, puesto que se encuentran con una realidad del país receptor que no es, para nada, aquello que creyeron que se iban a encontrar.
La experiencia que aquí explicaremos se basa en ese trabajo de acompañamiento y capacitación de las personas, pero también, de cómo la colaboración público- privada puede tener resultados positivos que reduzcan esas desigualdades y cambien la vida de las personas.
Sin pretender más que situar el tema y repitiendo una definición harto conocida, la migración del ser humano va referida a todo aquel tránsito y desplazamiento que hacen las personas por distintos motivos: en busca de oportunidades de empleo, cuando huyen de situaciones de conflicto, terrorismo o guerra. Si algo ha hecho la humanidad desde la antigüedad es moverse.
El Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM[1] (de ahora en adelanta, ONU migración), señalaba que en junio de 2019 había 272 millones de migrantes internacionales, de los cuales un tercio lo hacen por motivos laborales, de familia o estudios. La diferencia entre la situación de la migración internacional el año 2000 y la actual, es principalmente, el aumento de 98 millones de personas, pasando del 2,8% al 3,5%. En el caso del continente europeo, se acogía 82 millones de migrantes internacionales.
España no es ajeno a este fenómeno, siendo en 2019 uno de los seis países favoritos en Europa como destino. El Informe de Cáritas Barcelona señala que, en el mismo periodo, vivían más de 5.036.878 millones de personas extranjeras, lo que supone un 10% de la población total. En Cataluña más de 1,1 millón de personas son de origen extranjero, haciendo que sean el 15,32% del total de su población (5 puntos por encima de la del Estado). En esta Comunidad Autónoma es donde se ubica la acción que se explica más adelante.
Y finalmente, y lo más relevante para este artículo, la migración irregular. Si bien se puede ver ciertas reticencias por parte de organismos como ONU Migración sobre estadísticas y números del fenómeno, no por ello deja de ser importante poder cuantificar en la medida que sea posible las personas en situación administrativa irregular. En concreto, tal y como señala Cáritas Barcelona, si bien la mayor parte de volumen de personas llega por vía aérea (en menor medida por vía marítima y andando), en 2019 fueron más de 32.000 personas las que llegaron a España.
Pero ¿qué ocurre una vez consiguen (nunca fácilmente) llegar al país de destino? ¿Qué se encuentran estas personas que han puesto no solo sus ilusiones y esperanzas si no también los pocos recursos que tienen, al llegar al país de acogida? La realidad es una legislación de extranjería restrictiva, unos servicios de acogida colapsados y más y más barreras que no les permiten desarrollar el proyecto vital con el que soñaban.
Desde el punto de vista de las personas recién llegadas son muchas las barreras que se encuentran: la vivienda, el reagrupamiento, la homologación de estudios, los impactos de esa incertidumbre en la salud mental, vivir en exclusión social en el país de llegada, entre otras. Todas ellas tienen un hilo común: la voluntad de poder trabajar para sustentarse y acceder a unas mejores condiciones de vida y un futuro para sus hijos e hijas. Pero están lejos de conseguirlo porque para poder acceder a un empleo, se debe, primero, superar la barrera administrativa.
Distintas son las posibilidades de intentar que una persona recién llegada que no tiene permiso de trabajo pueda obtenerlo. El proceso de las personas que se acercan a Cáritas Barcelona suele tener dos posibilidades: el de refugio y asilo (que por razones de extensión no explicaremos) y el del arraigo social (regulado por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España).
Este procedimiento se basa en demostrar una residencia continuada de 3 años en el país. Esto conlleva implícitamente que estas personas deban estar en esta situación por un mínimo de 3 años antes de poder iniciar los trámites de regularización (antes de este plazo no es posible que puedan firmar ningún tipo de contrato de trabajo). A partir del tercer año, si la persona consigue el resto de los requisitos administrativos entre los que debe haber un contrato de mínimo un año, podrá obtener un permiso de residencia y trabajo por duración de un año. En este caso, hay que destacar que este proceso puede revertirse con la irregularidad sobrevenida (como hemos comentado con anterioridad) situando a la persona nuevamente en la casilla de salida (otro contrato de un año e iniciar el proceso de arraigo social). En estos casos, pocas o nulas son las iniciativas públicas que permitan prevenir esta situación (especialmente en momentos inesperados como sucedió en el periodo de pandemia).
Finalmente, a nivel administrativo, queda pendiente ver cómo se va a desarrollar el arraigo por formación: figura creada por el Real Decreto 629/2022 que permite conseguir un permiso de residencia legal válido por un período de 12 meses a aquellas personas migrantes que lleven 2 años en España y quieran obtener una formación que les ayude a insertarse laboralmente.
Los servicios laborales que ofrecen las entidades del tercer sector son mayoritariamente mediante subvenciones del servicio público autonómico (Servei d’Ocupació de Catalunya) y eso conlleva que el 100% de las subvenciones obligan a que las personas sean demandantes de empleo y, por tanto, sean personas con permiso de residencia y trabajo. Ello deja fuera de las políticas activas de empleo a las personas que no pueden trabajar en el mercado laboral ordinario, pero, además, las excluye de una atención laboral de estas entidades para conocer procesos de homologación de estudios, trabajar las competencias transversales y un mejor y más rápido conocimiento de la cultura del trabajo española, generando nuevamente una dificultad añadida para estas personas.
Pocas son las entidades en Cataluña que puedan permitirse sufragar el acompañamiento de personas en situación administrativa irregular. Este es el caso de Cáritas Barcelona, que en el ámbito laboral ha tomado la opción de seguir acompañando a estas personas en un itinerario laboral, con el fin de que, cuando se acerquen a los 3 años de residencia en Barcelona, tengan posibilidad de encontrar un contrato de un año e iniciar su proceso de regularización.
Dos son los servicios que se ofrecen desde el punto de vista de inserción laboral:
La coordinación entre ambos servicios es continua y necesaria. Es importante poder saber qué personas se acercan temporalmente a la posibilidad de regularización y eso debe estar plenamente relacionado con las posibles empresas que puedan ofrecer contratos de un año.
Dos proyectos son emblemáticos en este ámbito de la regularización para Cáritas Barcelona:
La convocatoria de subvención Treball i Formació (trabajo y formación), línea ACOL es una política activa de empleo dirigida a las personas que pueden iniciar un proceso de regularización mediante un contrato de un año.
A continuación, se detallan las principales características de la Línea ACOL:
El objetivo del proyecto consiste en que las entidades contratan a estas personas en sus propias entidades, no siendo nunca en puestos de estructura, y según la escala salarial que contempla el convenio colectivo de acción social en Cataluña y el SOC subvenciona el importe de la contratación.
Durante el año de contratación las acciones que debe realizar la entidad contratante son los siguientes:
Con este breve resumen, podemos ver como esta iniciativa se caracteriza por ser una política activa de incentivo a la contratación, que no va dirigida a empresas con ánimo de lucro, por lo particular de las personas destinatarias, que favorece el proceso de regularización de personas que no disponen de permiso de residencia y trabajo, y que contempla la posibilidad de acompañar a estas personas a nivel laboral y formativo para que mejoren su empleabilidad y puedan encontrar trabajo una vez finalice este primer contrato.
Luces y sombras de la Línea ACOL:
Sin quitarle el simbolismo que per se tiene esta iniciativa, queremos analizar brevemente puntos positivos y ámbitos de mejora del proyecto. En el lado de los beneficios hay que destacar que:
Sin embargo, esta iniciativa tiene aspectos a mejorar importantes, incluso algún retroceso desde que se puso en marcha el 2020 y que destacamos a continuación:
Como se ha comentado anteriormente, los servicios de empleo y de migración de Cáritas Barcelona se coordinan para poder trabajar con las personas su situación administrativa a la vez que se trabajan la capacitación laboral. En este caso, esta coordinación se acentúa y además se amplía ofreciendo el acompañamiento jurídico a otras entidades que seleccionen personas que están siendo acompañadas por Cáritas Barcelona.
Una vez se publica la convocatoria conforme se abre el plazo para presentar el proyecto y las personas beneficiarias, en Cáritas hemos acompañado entre 100 y 200 personas que reúnen los requisitos para poder presentarse, y que, por tanto, pueden ser susceptibles de ser contratadas por otras entidades que también quieran presentarse a la subvención.
A partir de aquí el proceso se coordina entre los dos servicios. En empleo empiezan las entrevistas a las personas, la clasificación de los perfiles profesionales e informar a las personas de posibles entrevistas de selección por parte de otras entidades.
Por su parte, asesoría jurídica realiza dos acciones: se comprueban los requisitos y documentación (disponible y vigente) exigida a las personas acompañadas. Para las entidades se realiza una sesión informativa grupal donde se pone en conocimiento la subvención recién publicada y qué podemos ofrecer desde Cáritas en caso de que quieran participar y contratar a una persona atendida desde nuestros servicios.
A continuación, se abre un proceso de selección en el que trabajamos conjuntamente con las otras entidades. Cuando seleccionan a la persona o personas beneficiarias, éstas son incorporadas en el proyecto que presenta la entidad. Una vez se resuelve la convocatoria y se sabe las personas que han entrado según el baremo explicado con anterioridad, las entidades se vuelven a coordinar con Cáritas para poder presentar el contrato y la asesoría jurídica presenta en extranjería el expediente de la persona para su regularización. Pasados los meses pertinentes según cada provincia, la aprobación del expediente (o denegación en el peor de los casos) es notificado a la entidad que procederá, si es el caso, a dar de alta a la Seguridad Social e incorporar a la persona a su plantilla.
Como referencia, desde que empezó esta línea de subvenciones, Cáritas Barcelona ha gestionado los expedientes favorables siguientes: 2018: 25, 2019: 29, 2020: 25 y para el 2022 están pendientes de resolución 51 expedientes.
Como conclusión, Cáritas Barcelona (entre otras Cáritas de Cataluña) participa como entidad beneficiaria y presentamos siempre 4 candidaturas, puesto que por convicción y por misión, creemos que la política de contratación es ejemplificadora y necesaria para poder seguir acompañando a las personas en su inserción en el mercado laboral, especialmente si además se realiza un proceso de regularización administrativa.
Se ha dicho anteriormente, esta iniciativa no tiene otra igual en todo el país, y a pesar de que tenemos delante una nueva posible vía como el arraigo por formación, sabemos que estamos muy lejos de volver a vivir un proceso de regularización masiva como la que se realizó el año 2000. Por ello, cualquier acción privada o política pública que ayude a visibilizar las barreras que tienen que superar las personas en situación irregular recibirán todo nuestro apoyo. Necesitamos que las sociedades vuelvan a ser algo más que individuos.
[1] Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, OIM, https://www.un.org/es/global-issues/migration#:~:text=Informe%20sobre%20las%20migraciones%20en%20el%20mundo%202020%20de%20la%20OIM
Albert Alberich, director de Moda re-
Aunque fue el 3 de marzo de 2020 cuando se constituyó formalmente Moda re-, la cooperativa de iniciativa social promovida por Cáritas Española, su origen se remonta a muchos años antes.
Muchas veces hemos comentado, que Moda re- nace de la tan asentada tradición española que hacía que, cuando una familia tenía ropa en buen estado, pero que por el motivo que fuese ya no se usaba, se llevaba a la parroquia donde un grupo de voluntarias y voluntarios la acondicionaban para hacerla llegar a las familias necesitadas, en las mejores condiciones posibles. Y a partir de esa realidad histórica tendríamos que retroceder 30 años en el calendario para situar en el ámbito de varias Cáritas Diocesanas, el nacimiento de proyectos que identificaron que la recogida y el tratamiento de la ropa usada que llegaba a Cáritas, podía ser un elemento de generación de empleo.
La decisión de implicarse en la creación de puestos de trabajo, por parte de estas Cáritas, era fruto de una reflexión, que ya consideraba que la mejor ayuda para sacar a una persona de una situación de exclusión social, era facilitarle la posibilidad de un puesto de trabajo que, además de todo lo que significaba en términos de ingreso económico, representaba una oportunidad de crecimiento personal y de integración en la comunidad.
Con el paso del tiempo, a este primer objetivo de inserción laboral, se le incorporó un segundo objetivo medioambiental, ya que las cantidades de ropa recogida aumentaban exponencialmente y no se consideraba que el depósito de la ropa no reutilizable en un vertedero fuese una opción compatible con el espíritu de estos proyectos. Con el objetivo de poder dar el mejor tratamiento medioambiental a la ropa usada, entre los años 2012 y 2014 se pusieron en marcha, dentro del ámbito de Cáritas, tres modernas plantas de tratamiento integral que, a día de hoy, siguen siendo las más avanzadas del sur de Europa.
En paralelo a la puesta en marcha de estas plantas de tratamiento en el ámbito de Cáritas Bilbao, Càritas Barcelona y Cáritas Valencia, renace un movimiento dentro de Cáritas Española que cree en la necesidad de construir un Proyecto Común Textil, que permitiese agrupar todos los proyectos diocesanos que se habían implicado en el esta actividad (mediante la creación de empresas de inserción en la mayoría de casos) y que además, tuviese la capacidad de acompañar a nuevas Cáritas que quisieran replicar el modelo en otras diócesis. Ya en ese momento estaba consolidado el convencimiento de que sumar las capacidades y conocimientos, para ponerlos al servicio de todos los proyectos que se quisiesen implicar en el Proyecto Común Textil, era la mejor manera de fortalecer cada uno de los proyectos y así, seguir avanzando en los objetivos de mejorar nuestro impacto social y medioambiental.
Un proyecto tan ambicioso como este, solo podía consolidarse mediante un proceso generoso de renuncia a las singularidades y de aportación por parte de todos los integrantes, de sus capacidades y experiencias al conjunto de la comunidad que se quería construir. Así se inició un largo camino de construcción de un modelo cooperativo, que se ha revelado como un magnífico instrumento de plasmación de aquel sueño del Proyecto Común Textil de Cáritas.
En marzo del año 2020, justo unos días antes de la declaración del estado de alarma, nacía la cooperativa Moda re-, con la participación de los proyectos de 30 Cáritas Diocesanas que trabajaban en el sector de la ropa usada. De este modo empezó a caminar formalmente, coincidiendo con uno de los momentos más complicados que como comunidad hemos tenido que afrontar a nivel mundial. Justo en el momento de nacimiento de Moda re-, aparecían en nuestra actividad cotidiana dificultades inimaginables y problemáticas que afectaban a la sociedad en general, pero con especial crudeza a los más desfavorecidos.
Aunque el tiempo transcurrido es corto, la intensidad vivida en estos dos últimos años, nos hace pensar que estas dificultades han servido para acelerar los procesos de identificación con el proyecto y que, en estos dos años de especiales dificultades, posiblemente hemos avanzado más en la cohesión de Moda re-, que en un periodo mucho más largo de normalidad social.
Y llegados a este punto, podemos preguntamos ¿Qué es hoy Moda re-?
Y sin ánimo de ser exhaustivos, una primera respuesta es, que hoy ya son 45 las Cáritas Diocesanas que con sus proyectos participan en Moda re- con presencia en más de 40 provincias.
Y que desde el punto de vista social:
Y desde el punto de vista medioambiental:
Llegados a este punto, es de justicia recordar que sin el apoyo de Cáritas Española en el campo institucional y de entidades como Inditex, que nos ha apoyado en todo el esfuerzo de profesionalización y de equipamiento del proyecto, nuestra realidad sería hoy muy diferente.
¿Cómo vemos el futuro de Moda re-?
Desde sus primeros pasos, este proyecto ha recibido importantes inyecciones de moral con la publicación de las dos encíclicas, Laudato si’ con lo que representó de apuesta por el cuidado de la casa común y que para el Proyecto Común Textil de Cáritas fue, en aquel momento, un estímulo para seguir creciendo en la mejora del tratamiento de la ropa usada. Y posteriormente con la encíclica Fratelli tutti donde la clara apuesta por el trabajo: Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna, coincide y refuerza uno de los objetivos fundamentales de Moda re-.
Y en este sentido vamos a seguir:
Moda re- es un proyecto muy joven, pero que al mismo tiempo es fruto de un largo camino que se ha alimentado de muchos esfuerzos personales y de actuaciones llenas de generosidad con renuncia a lo particular, en beneficio del bien común. Este ha sido y sigue siendo el mejor camino.
Seguimos.
Equipo de coordinación territorial de Cáritas Bizkaia
Licenciada en Sociología. Responsable del departamento de análisis y desarrollo de Cáritas Bizkaia
El conocido y constatado fenómeno de la feminización de la pobreza ha puesto de manifiesto, hace ya algunas décadas, que la exclusión no es neutra, que opera de forma distinta en los procesos vitales de hombres y mujeres. Así, hoy casi nadie discute que los elementos a partir de los que medimos la pobreza y la exclusión también están atravesados por el sistema sexo-género, generando para las mujeres dificultades específicas que, en interacción con otras, pueden desembocar en situaciones de exclusión social que no se explican sin esa mirada de género.
Dicho de otra forma, la anteriormente citada elocuencia de los datos, debería servirnos para abrir la mirada: no se trataría de constatar que las mujeres son pobres, sino de entender que la pobreza y la exclusión están condicionadas por el género.
Esta afirmación nos lleva a plantear que los mecanismos de inclusión social tampoco son ajenos a la desigualdad de género. Para superar o al menos paliar la llamada feminización de la pobreza, es necesario generar procesos de inclusión que corrijan las desigualdades entre hombres y mujeres, que avancen hacia la equidad. De otra forma, sólo estaremos aplicando respuestas válidas para algunos, y perpetuando las dificultades específicas para la inclusión social de las mujeres, así como la imagen estereotipada de las mujeres pobres.
En resumen, comprender la exclusión a través de la mirada de género nos lleva, necesariamente, a cuestionar y modificar nuestros modelos de inclusión.
Para acercarnos a comprender la realidad de pobreza y exclusión social de las mujeres nos centraremos en indicadores relacionados con el empleo, el riesgo de pobreza y la exclusión tanto desde una perspectiva multidimensional, como reflejando la importancia de algunos indicadores específicos que están operando en esta realidad.
El empleo y la protección económica que genera a través del sistema contributivo son considerados factor clave en nuestro actual modelo de inclusión social y protección ante la pobreza. Pero constatamos diferencias significativas de género tanto en el acceso el empleo como al tipo de empleo al que se accede. Esta desigualdad de género en relación al empleo es uno de los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión en las mujeres.
La tasa de paro ha evolucionado de manera muy distinta entre hombres y mujeres. Tradicionalmente el paro es superior en las mujeres que en los hombres. Como efecto de la crisis, la diferencia se redujo considerablemente llegando a porcentajes entre el 25% y 26% de paro en ambos grupos. Sin embargo, cuando se ha reiniciado la recuperación y la tasa de paro ha comenzado a reducirse, la diferencia ha vuelto a aparecer. La mejora en la reducción de la tasa de paro ha impactado principalmente en la población masculina y apenas lo ha hecho en las mujeres.
La Tasa de inactividad laboral: En 2019 la población inactiva en España fue de más de 16 millones de personas. De ellas el 58% (cerca de 9 millones y medio) fueron mujeres. Esto supone un diferencial de más de 2 millones y medio de mujeres inactivas respecto a hombres. Fijándonos en los motivos principales de esta inactividad laboral también identificamos diferencias considerables. La realización de labores del hogar y percibir una pensión distinta a la jubilación o prejubilación son los motivos de inactividad mayoritarios para las mujeres. Es decir, se trata de motivos desconectados del mundo del empleo. Las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no contributiva.
En el caso de la inactividad por incapacidad permanente la diferencia entre hombres y mujeres es de 29.000 mujeres más en esta situación respecto a hombres en todo el Estado. En el caso de los estudios la diferencia es de 96.000 mujeres más respecto a hombres. Y la inactividad por dedicarse a actividades benéficas también se reparte de forma igualitaria entre hombres y mujeres.
La jubilación/prejubilación es el motivo de inactividad principal en el caso de los hombres y es significativamente mayor que en el de las mujeres: más de 1 millón y medio de hombres más que mujeres inactivas por este motivo. En este caso también se observa una gran desigualdad entre ambos grupos.
Jornadas parciales: Las jornadas laborales a tiempo parcial se concentran en mayor medida en las mujeres. El 74% de las jornadas a tiempo parcial las realizan las mujeres. Esto supone más de 2 millones de mujeres trabajando a jornada parcial frente a 748.000 hombres. Analizando los motivos de dichas jornadas parciales también observamos diferencias de género. En general se trata de jornadas a tiempo parcial no deseadas, fruto de no haber podido lograr un empleo a jornada completa. Esta opción es superior en el caso de los hombres (57%) que en del de las mujeres (50%). También es superior en el caso de los hombres los motivos relacionados con la formación, 14% frente a un 6% en las mujeres. En cambio, una vez más, las cuestiones relacionadas con el cuidado se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. El 14% de las mujeres optan por la jornada parcial por dedicar tiempo a los cuidados y otro 8% por dedicar tiempo a otras cuestiones familiares, frente a un 2% de los hombres en ambos casos.
En definitiva, las situaciones de paro, inactividad y contratación a tiempo parcial impactan más en las mujeres y en éstas están más presentes las cuestiones relacionadas con los cuidados y las tareas domésticas. Estas dificultades son indicadores que nos muestras un mayor alejamiento de las mujeres del modelo de la inclusión por el empleo y los derechos que éste genera.
A todo ello cabe añadir la brecha salarial, que para 2017 se situaba en 5.899€.
Se constatan mayores niveles de pobreza en las mujeres, especialmente en aquellas situaciones en las que constituyen hogares monoparentales.
Individualmente consideradas, el riesgo de pobreza en las mujeres se sitúa en el 22,2% mientras que en los hombres es del 20,9%. La evolución de este indicador ha sido distinta para unos y otras. En el caso de los hombres, éstos se han visto más afectados por la crisis, partían de un riesgo de pobreza del 18% antes de la crisis, alcanzando un 22,6% en 2016 e iniciando una tendencia descendente desde entonces hasta llegar al 20,9% actual. En cambio, las tasas de riesgo de pobreza en las mujeres vienen situándose desde el 2008 en torno al 21-22%. Esta tendencia nos lleva a plantear que la pobreza en las mujeres parece estar más vinculada estructuralmente al género y en los hombres podría estar más vinculada a acontecimientos sociales de carácter económico.
En los últimos años se ha visibilizado de forma clara que el riesgo de pobreza es mayor en los hogares donde hay menores. El riesgo de pobreza afecta al 21,5% del conjunto de la población, pero cuando centramos la mirada en los hogares con hijos/hijas a su cargo, se sitúa en el 23,2% de los hogares con 2 adultos con hijos/hijas a su cargo y se duplica en el caso de los hogares monoparentales (43%). Este dato es muy significativo desde la perspectiva de la pobreza en las mujeres, puesto que el 81% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.
Si miramos el impacto de la pobreza en las condiciones materiales de vida, descubrimos una vez más, que los hogares donde la sustentadora principal es una mujer sufren en mayor medida este impacto. En todos los indicadores AROPE que miden la carencia material severa, el porcentaje de hogares en los que la sustentadora principal es una mujer es superior al de los hogares encabezados por un hombre. Destacan las situaciones relacionadas con haber tenido que reducir gastos en suministros de la vivienda (agua, calefacción, etc.…) en el que la diferencia entre los hogares encabezados por una mujer se encuentran 9,5 puntos por encima de los hogares encabezados por un hombre, haberse visto en la obligación de reducir gastos en comunicación (internet, TV, telefonía) que afectan en 5 puntos más a los hogares encabezados por una mujer, y haber sufrido retrasos en el pago de recibos en los suministros del hogar (agua, gas..) afecta en 6,4 puntos más a los hogares dependientes de una mujer (FOESSA 2018).
En la intersección producida entre el desempleo o el empleo precario, la monoparentalidad y la pobreza se genera una realidad compleja. Las situaciones de bajos ingresos siendo la única sustentadora económica de la unidad familiar, las dificultades para acceder al mercado de trabajo o a procesos de formación que puedan mejorar las oportunidades de acceso al empleo, las dificultades de conciliación de los cuidados y el empleo (cuando lo hay), interactúan entre sí generando una gran presión e incertidumbre en estas mujeres. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo familiar o del entorno resulta clave y no siempre se produce. También resulta difícil acceder a políticas de conciliación adaptadas a las circunstancias de estas mujeres y la contratación de servicios privados de cuidado no es posible (Cáritas Bizkaia, 2017). Son este tipo de realidades complejas y multidimensionales las que generan los procesos de exclusión social.
Si observamos la situación de las mujeres desde la perspectiva multidimensional de la exclusión, descubrimos que esta afecta más a los hogares en los que la persona sustentadora principal es mujer. Un 20% de los hogares cuyo sustentador principal es mujer se encuentra en situación de exclusión social, y en el caso de los hombres la exclusión afecta al 16% de los hogares. También la exclusión severa afecta más a los hogares sustentados principalmente por una mujer (9,4%) que a los sustentados principalmente por un hombre (7,5%) (FOESSA, 2018). Si tenemos en cuenta el tipo de hogar, una vez más los hogares monoparentales aparecen en una posición destacada. No solo la pobreza, también la exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares monoparentales: un 29% de los mismos se encuentran en situación de exclusión. Prácticamente un tercio. Hogares monoparentales que en un 86% el progenitor es una mujer (FOESSA 2018).
Si detallamos los indicadores que configuran la exclusión social más allá del empleo o los ingresos, adquieren importancia cuestiones vinculadas al eje de la salud y al relacional.
Teniendo en cuenta el sexo de la persona sustentadora principal del hogar, descubrimos que donde se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres son en este orden, en la existencia de situaciones de dependencia, la ausencia de una red de relaciones de apoyo (aislamiento social) y el haber sufrido situaciones de malos tratos en el hogar.
En definitiva, la pobreza y la exclusión impactan de manera especialmente significativa en la población de mujeres que son las sustentadoras principales de los hogares especialmente cuando son las únicas sustentadoras. La cuestión de las necesidades de apoyo para las actividades cotidianas de la vida, la falta de relaciones o de ayuda para situaciones de enfermedad o necesidad y el sufrir malos tratos son los principales indicadores diferenciales de exclusión entres los hogares sustentados principalmente por una mujer o por un hombre, y las labores domésticas y de cuidado son los motivos de inactividad laboral en los que se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres. En la descripción que acabamos de realizar subyace una cuestión que atraviesa toda la mirada: el papel de las mujeres en al ámbito de los cuidados y en el espacio doméstico.
Nos encontramos en la necesidad de introducir en nuestros paradigmas de inclusión la perspectiva de los cuidados y la dimensión relacional, superando un modelo de inclusión centrado principalmente en el acceso al empleo y a los ingresos.
Asegurábamos anteriormente que el sistema sexo-género impregna los procesos de exclusión social, reproduciéndose a través de algunos binomios que asignan distinto valor a aquello que ha estado tradicionalmente ligado a las mujeres, y lo que se ha considerado «propio» de los hombres. El binomio espacio público-espacio privado explica, en gran medida, las dificultades de las mujeres para el acceso al empleo y a los derechos sociales que este genera, a los ingresos y al mundo de las relaciones que se producen en ese espacio público.
Abordar los procesos de exclusión e inclusión social de forma neutral, puede constituir un obstáculo para la mejora de la calidad de vida de algunos colectivos. Si no incorporamos una mirada de género al diseño, la puesta en marcha y la evaluación de los procesos y los mecanismos de inclusión, así como a las políticas que los enmarcan, estaremos corriendo el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.
Los datos muestran cómo la división público-privado sigue reproduciendo el sistema sexo-género, entendiendo el espacio público (productivo, remunerado, moderno, técnico, político…) como el espacio natural de los hombres y el privado (reproductivo, estático, tradicional, conservador, ligado a los cuidados, no remunerado…) como el propio de las mujeres. Esta dicotomía es una consecuencia de la división sexual del trabajo, que va acompañada de unos determinados roles asignados a cada género. Sobre lo productivo, además, ha recaído el prestigio, el valor y la toma de decisiones y en cambio, sobre lo reproductivo, se ha configurado una imagen de rutina, de algo poco importante o accesorio. A pesar de que las cosas van cambiando, son especialmente llamativos algunos datos, como por ejemplo el del número de mujeres que se encuentran en situación de inactividad laboral con respecto a los hombres por dedicarse a las labores del hogar. Así, el trabajo reproductivo y de cuidado, como actividades propias del sexo femenino, han sido subvaloradas y subordinadas, al igual que las personas que las han desempeñado (Carrasco; Borderías; Torns, 2011).
Desde la economía convencional, no hay más trabajo que el mercantil, y esta visión invisibiliza a las mujeres y/o a otros colectivos que han quedado fuera de ese tipo de trabajo. De esa forma, observamos como vuelven a ser las mujeres las que más sufren el desempleo, la inactividad, la contratación a tiempo parcial, etc. Podríamos deducir, de acuerdo con muchas aproximaciones teóricas, que las mujeres se encuentran con obstáculos para acceder al empleo, y a menudo, a través de la intervención social siguen siendo orientadas (de forma más o menos sutil) al espacio privado o, de manera cada vez más acusada, hacia ese ámbito precarizado que se ha venido llamando la mercantilización de los cuidados.
El diseño de los procesos de inclusión, así como su implementación y su evaluación, tendrían que incorporar una mirada que ayude a romper con la dicotomía esfera pública- esfera privada, transformando las lógicas relacionales que operan en cada uno de esas espacios, entendiendo que el trabajo es más que el empleo, dotando de valor a todas esas tareas invisibilizadas y esas relaciones que sostienen la vida y que inspiran la economía social y solidaria. No se trataría simplemente de cambiar las personas que ocupan esos espacios, sino de transformar los mismos, otorgándoles valor. Este valor será el que permita que estos espacios configuren también lo que entendemos por inclusión social y por lo tanto sean objeto de protección, fomento y desarrollo.
El enfoque multidimensional de la exclusión social nos ha permitido descubrir los diferentes factores, elementos y circunstancias que construyen este fenómeno. Esto está suponiendo un avance respecto a una mirada centrada exclusivamente en la cuestión de la pobreza y los ingresos. Resulta sugerente completar este enfoque con la perspectiva interseccional que, colocando a la persona en el centro, permite reconocer la interrelación entre género y otras categorías de diferenciación sobre las que se construyen las discriminaciones (raza, clase social, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, origen rural…) Esta mirada contribuye a mejorar los procesos de inclusión, teniendo en cuenta los rostros y poniendo la persona, y no su problemática, en el centro.
Nuestro reto no sólo es descubrir las problemáticas que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, sino seguir interrogándonos sobre las causas, y avanzar hacia propuestas de solución que corrijan las desigualdades. Para ello, debemos fijarnos no sólo en los problemas que generan la exclusión, sino en los diversos rostros de las personas que la sufren. En este camino, nuestra propuesta es avanzar hacia una noción de inclusión que ponga la vida en el centro.
Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata.
Mouffe, Chantal (1984): «Por una teoría para fundamentar la acción política de las feministas»: Jornadas de Feminismo Socialista, Madrid: Mariarsa.
Hill Collins, Patricia; Sirma, Bilge (2019) Interseccionalidad. Madrid: Morata
FOESSA (2019) VIII Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: Fundación Foessa
Cáritas Bizkaia (2017). Dimensión Relacional en Familias Frágiles. Una mirada desde el acompañamiento realizado por Cáritas. https://www.caritasbi.org/cas/informes/estudios/
