Elena Martínez Goytre, Responsable del Área de Investigación y Evaluación de Provivivenda
Fidel Oliván Navarro, Técnico del Área de Investigación y Evaluación de Provivienda
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Provivienda lleva más de 30 años atendiendo a población en situación de vulnerabilidad residencial. Comenzó su andadura ofreciendo soluciones de intermediación entre personas propietarias y jóvenes que no conseguían acceder a un alquiler a principios de los años noventa y desde entonces ha ido ampliando el abanico de servicios, situaciones que atiende y territorios en los que trabaja. Este recorrido se ha acompañado de una reflexión constante sobre las necesidades emergentes y los cambios de contexto.
En los últimos años, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda y las crecientes dificultades de los hogares para hacer frente al acceso y su mantenimiento, han vuelto a colocar a la exclusión residencial como uno de los principales problemas de la sociedad española. Este informe surge de la necesidad de mejorar su comprensión dada la creciente gravedad de la situación.
Con este fin se puso en marcha un análisis riguroso sobre el fenómeno de la exclusión residencial. En este sentido, se llevó a cabo una encuesta que reuniese la información necesaria para encontrar explicaciones a algunas de las preguntas que nos venimos haciendo y, a partir de las mismas, poder proyectar escenarios.
También tiene una clara vocación práctica e instrumental. Hemos querido construir herramientas que nos sirvan a todas aquellas organizaciones y organismos públicos y privados que trabajamos en el día a día con personas en situación de vulnerabilidad para diagnosticar situaciones de exclusión residencial y de riesgo de exclusión residencial. ¿Cómo podemos saber si un hogar después de recibir apoyos para salir de una situación de exclusión está preparado para la plena autonomía? ¿Y si un hogar tiene aún satisfechas sus necesidades residenciales, pero no está preparado para hacer frente a posibles eventualidades dada la fragilidad de su situación y debemos anticiparnos para evitar que incurra en situaciones más difíciles de revertir?
Entendemos por exclusión residencial los procesos que conducen a que determinados grupos y colectivos no puedan resolver sus propias necesidades residenciales[1]. La vivienda juega un papel esencial en los procesos de integración social pero esta función integradora se produce cuando la vivienda existe bajo ciertas condiciones mínimas de habitabilidad y disfrute.
De acuerdo con la literatura especializada, estas necesidades residenciales se expresan en diferentes dimensiones o ámbitos, entre los cuales destacan la habitabilidad; la asequibilidad; el entorno; y la seguridad[2].
Todas estas dimensiones están de alguna forma interconectadas, de manera que para evitar alguna de ellas se acaba cayendo en otra. Sin embargo, muchos hogares aglutinan problemas relativos a más de una de estas dimensiones: el 29,5% de los hogares se ven afectados por alguna de estas cuatro dimensiones, 10,5% lo serían por dos dimensiones a la vez; y 2,2% por tres o más dimensiones a la vez[3].
Estamos ante una crisis de asequibilidad sin precedentes. El resultado es que en 2021 el 17,4% de los hogares en España queda por debajo del umbral de la pobreza severa relativa después del pago de la vivienda[4]. Antes de la pandemia (2019) este porcentaje era del 15%, es decir, que la tendencia es de un empeoramiento de la situación.[5] Y esta no afecta exclusivamente a los más vulnerables: 250.000 hogares con ingresos intermedios[6] caen en situación de pobreza severa después del pago de su vivienda.
Además, las diferencias por régimen de tenencia son enormes. Pasa del 11,3% de los hogares con hipoteca al 37,8% de los hogares en alquiler a precio de mercado[7]. Cabe esperar que cuando dispongamos de los datos que recojan ya el efecto de la subida de los tipos de interés esta brecha se reduzca en alguna medida al empeorar la situación de algunos propietarios debido al aumento de las cuotas hipotecarias.
El primer dato que nos parece reseñable es que más de la mitad de la población (59%) presenta algún problema de vivienda, según la encuesta de Provivienda de 2023. Los problemas de asequibilidad acompañados de un parque de vivienda y unos entornos urbanos con deficiencias están mermando considerablemente no sólo la calidad de vida de las personas sino la garantía de sus derechos.
De entre todos los problemas de habitabilidad destaca que casi una cuarta parte de los hogares tiene algún miembro con problemas de accesibilidad debido a las barreras arquitectónicas. Las personas con discapacidad y las personas mayores son las más afectadas por una realidad que dado el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población sólo puede aumentar. Si queremos fomentar un envejecimiento activo de la población y poner en valor el arraigo y la permanencia en el barrio como un elemento de cohesión social debemos trabajar para que esto sea viable. La presencia de humedades o goteras y la pobreza energética también tienen una incidencia por encima del diez por ciento.
En definitiva, es fundamental llevar a cabo políticas que aborden el problema de la asequibilidad, pero estas deben ir acompañadas de políticas de rehabilitación, también urbana. Una rehabilitación que debe tener en cuenta los retos de eficiencia energética y de sostenibilidad que se nos presentan.
El análisis de los factores explicativos y predictivos de estas situaciones sería completamente inviable ya que estamos hablando de la mayor parte de la población. Encontrar elementos asociados a este numeroso grupo o patrones sería como buscar una aguja en un pajar.
La solución es establecer unos criterios más restrictivos en la definición de exclusión residencial. En la dimensión de habitabilidad tienen que darse al menos 3 de los indicadores simultáneamente; en la asequibilidad y la de inseguridad consideramos que cada indicador es suficientemente restrictivo como para tratarse de una situación de exclusión; y en la del entorno de igual manera basta con uno de los dos indicadores ya que son prácticamente incompatibles. Con estos criterios, tenemos 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial (29,5% de los mismos).
A partir de aquí, se ha llevado a cabo un análisis de los factores explicativos o predictivos, con el que además hemos construido un Índice de Riesgo de Exclusión Residencial que arroja que otro 12,4% de hogares que no están en exclusión tienen más del 50% de probabilidades de caer en esta situación.
¿Y cuáles son esos factores? La respuesta es clara: la pobreza y el esfuerzo económico necesario para afrontar el pago de la vivienda son los que mejor predicen la probabilidad de caer en exclusión residencial. Es importante subrayar que los ingresos, una vez superado el umbral de pobreza severa, tienen menos fuerza explicativa que el hecho de tener que realizar un sobreesfuerzo económico para el pago de la vivienda. Es decir, a partir de la tercera decila de ingresos lo que determina el riesgo en mayor medida es el gasto en vivienda. Destacan otros aspectos como la percepción del riesgo de desalojo, el haber experimentado discriminación en el acceso a la vivienda, pertenecer a un hogar de más de 4 personas o ser joven[8].
Cuando hablamos de investigación aplicada nos referimos a aquella que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, impulsar el desarrollo o solucionar problemas específicos de nuestra sociedad. Dentro del tercer sector, cualquier avance en investigación que nos ayude a responder a las preguntas que nos hacemos desde la experiencia a la hora de acompañar a las personas con las que trabajamos tiene esta vocación. Adquirir información y orientar nuestra acción de acuerdo con dichas evidencias es la mejor forma de avanzar, innovar y mejorar nuestras prácticas.
Pero, en este caso, la vocación instrumental hace especial honor a su nombre y con los resultados obtenidos se están construyendo herramientas que nos ayuden a discriminar situaciones de exclusión y en su prevención. Localizar los factores explicativos y predictivos de la exclusión residencial nos ha servido para construir un cuestionario que recoge todos los elementos que manifiestan una relación significativa con el fenómeno.
A veces atendemos personas que no presentan actualmente problemas relacionados con la vivienda pero que si sabemos preguntar de forma adecuada veremos que están en riesgo y podremos prevenir situaciones que a posteriori son más difíciles de revertir.
Con estos modelos hemos identificado dichas preguntas y se ha asignado un valor a cada una de las respuestas que nos den. Durante este año testearemos estas herramientas y las pondremos a prueba con más de 200 personas atendidas por diferentes organizaciones del tercer sector y de organismos públicos para ponerlas a disposición de todas y compartir su utilidad y el conocimiento que con ellas generemos.
[1] Cortés, L. (2008). “La exclusión residencial en España”, en Fundación FOESSA. VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008, 347-368, p. 349.
[2] La habitabilidad recoge todas aquellas características relativas a las condiciones en las cuales se encuentra la vivienda y su adecuación al hogar que lo habita. La asequibilidad, que podría definirse como toda vivienda libre o de titularidad pública que se adecua al nivel de renta de la población que tiene necesidades de alojamiento, es decir, una vivienda adaptada a la realidad económica de cada hogar. Además, las viviendas conforman barrios y entornos que pueden tener mejores o peores condiciones desde el punto de vista medioambiental, de convivencia o de acceso a servicios. La dimensión del entorno analiza la adecuación de la vivienda respecto a estas cuestiones. Finalmente, la vivienda debe ser un espacio seguro y estable para los hogares que lo habitan. La falta de control sobre las decisiones de permanecer o cambiar de vivienda o las situaciones de violencia de género serían claros ejemplos de estas situaciones de inseguridad.
[3] Encuesta de Provivienda 2023.
[4] Encuesta de Condiciones de Vida 2022. El umbral de la pobreza severa se establece en el 40% de la renta mediana equivalente. En 2021 la renta mediana equivalente era de 1.404€ y el umbral de la pobreza severa se sitúa en 561€ por unidad de consumo.
[5] Encuesta de Condiciones de Vida 2020.
[6] Entre la cuarta y la sexta decilas con ingresos entre 11.489€ y 18.533€ netos anuales por unidad de consumo. Por ejemplo, una pareja con dos menores de 14 años con ingresos entre 29.871€ netos anuales y 48.186€ netos anuales.
[7] Encuesta de Condiciones de Vida 2022.
[8] La fuerza de estas relaciones entre la exclusión residencial y las variables descritas se mide a partir del coeficiente beta estandarizado. En los modelos realizados sobre la encuesta de Provivienda de 2023, la pobreza alcanza un coeficiente beta de 17,2; el esfuerzo económico de 8,3; el riesgo de desalojo 5,6; la discriminación 2,2; los hogares numerosos 2,5; los jóvenes 3. Ver tablas del anexo del informe para comprobar los diferentes modelos y coeficientes: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/prevencion-y-atencion-de-la-exclusion-residencial.pdf
David Saurí, Profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona
La pobreza hídrica o aquella que afecta a hogares incapaces de afrontar el pago de los recibos de agua, observa una importancia creciente. En el Área Metropolitana de Barcelona, este tipo de pobreza puede afectar a casi un 10 % de los hogares, que realizan esfuerzos ingentes para ahorrar agua a riesgo de dejar insatisfechas necesidades muy básicas.
El acceso a agua y saneamiento suficientes y seguros constituye una de las necesidades humanas más básicas hasta el punto de que el 28 de Julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este acceso como un derecho humano. A raíz de esta declaración, muchas organizaciones nacionales e internacionales, especialmente las orientadas al desarrollo, así como empresas de suministro de agua, asumieron la declaración como elemento básico de sus actuaciones. Todas estas iniciativas chocan, sin embargo, con una realidad muy preocupante, ya que el acceso al agua y el saneamiento en condiciones suficientes de seguridad, fiabilidad y asequibilidad es una de las muestras más desgarradoras de las desigualdades entre el Norte y el Sur Global, (Ritchie and Roser, 2021). Estas desigualdades poco tienen que ver con la escasez de agua en términos absolutos y si con los niveles de desarrollo. Por tanto, no sorprende demasiado que, con precipitaciones abundantes y presencia de ríos caudalosos, una parte importante de la población de Amazonia o de África Ecuatorial tenga dificultades de acceso a agua mientras que los habitantes de áreas desérticas o semidesérticas del mundo rico como el Sur de California, Arizona o Australia, se pueden permitir usos suntuarios como el riego de campos de golf.
Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, agua, saneamiento e higiene deberían poder estar disponibles de forma universal bajo ciertas condiciones. Así, un acceso básico al agua implicaría una fuente segura situada a no más de 15 minutos del lugar en el que se vive; el saneamiento básico consistiría en poder acceder a un WC o letrina con protección contra la infiltración del efluente en el suelo, mientras que por higiene básica se entendería el acceso a un lavamanos con agua y jabón (UNICEF Y WHO, 2019). En 2017, sólo el 29% de los habitantes de los países de bajos ingresos mayoritariamente situados en el África Subsahariana, disponían de acceso a agua potable en las condiciones mencionadas anteriormente (con una proporción todavía menor en áreas rurales) , mientras que esta cifra subía hasta el 96% en los países desarrollados (Ritchie and Roser, 2021). Las desigualdades en términos de saneamiento eran aún más exageradas. En países pobres, menos de una persona de cada cinco tenía acceso a un saneamiento seguro y fiable mientras que en los países ricos casi 9 de cada 10 personas podían disponer de este servicio. La crisis sanitaria generada por el COVID 19 también puso de manifiesto las enormes diferencias en términos de higiene. Así, sólo un 31% los habitantes de los países pobres (26% en el África subsahariana) disponían de agua y jabón para lavarse las manos, una medida básica para evitar contagios. Como ejemplo extremo de desigualdad, en el año 2017 casi 700 millones de personas (un 9% de la población mundial) no tenía ningún tipo de acceso a saneamiento mínimo debiendo defecar al aire libre, especialmente en el África subsahariana y en Asia del Sur. En conjunto y en términos absolutos, según la OMS y UNICEF, más de 2.000 millones de personas en el mundo no disponen de agua fiable y suficiente en sus hogares; 263 millones emplean 30 minutos o más para acceder a un punto de suministro de agua y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro (UNICEF Y WHO, 2019).
Consciente de estos retos, en 2015 las Naciones Unidas establecieron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 6 está dedicado al agua y al saneamiento y plantea que para el año 2030 habrá que garantizar un acceso universal y equitativo a servicios de agua y saneamiento a un precio asequible. (ONU, 2015). Sin embargo, en 2023 y a siete años de la fecha prevista para alcanzar el objetivo, los progresos son muy escasos, estimándose que, en el caso de acceso al agua, se requerirían esfuerzos hasta seis veces superiores a los actuales para conseguir llegar a la meta del 2030 (United Nations, 2023).
Si bien en proporciones mucho menores, las desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene también existen en los países desarrollados. La idea, muy extendida, de que la población de estos países disfruta de agua segura y asequible choca con una realidad muy distinta. Se calcula, por ejemplo, que en EEUU hay unos 600.000 hogares, representando a más de 1,5 millones de personas, que no disponen de agua corriente. Colectivos muy específicos como los trabajadores temporeros agrícolas en Andalucía u otras áreas mediterráneas de España; ciertos grupos del pueblo romaní en países como Hungría o Rumanía; los refugiados en los campos griegos, los desahuciados que viven en pisos ocupados sin servicios, o, más generalmente, los sintecho de grandes ciudades europeas constituyen otros tantos colectivos sin un acceso regular y seguro a agua y saneamiento (Goddard et al 2021).
Mucho más importantes son las desigualdades derivadas de la capacidad de pago por los servicios de agua y saneamiento. Como en el caso de la pobreza energética, la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad es una manifestación de la pobreza en términos generales que en 2022 afectaba a más de un 20 % de la población europea (EUROSTAT, 2023). El contexto de crisis entre 2007 y 2017, especialmente grave en los países de la Europa meridional, unido a un aumento de precios e impuestos del agua motivaron en países como España un importante incremento en el número de hogares que no podrían afrontar el pago de los servicios de agua y saneamiento (Yoon y otros, 2021).
En cuanto a estimaciones cuantitativas de la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad, algunos cálculos señalan que, en promedio, los hogares europeos dedican entre un 0,3 y un 1,2% de sus ingresos a satisfacer los recibos del agua (Smets, 2017). Sin embargo, si se toma como referencia el decil de los hogares con menores ingresos, el recibo del agua puede suponer hasta el 8% de los ingresos del hogar. Una cuestión esencial es la definición de un hogar como hídricamente pobre. A falta de definiciones universales e inclusivas, es habitual utilizar un umbral de gasto lo suficientemente alto como para suponer que el pago de un servicio como el agua sólo se puede satisfacer dejando de pagar otros bienes y servicios también necesarios para unas condiciones de vida dignas en los hogares. En los casos de la pobreza hídrica y energética, el umbral se establece en base al cociente entre el gasto en agua o energía y los ingresos totales del hogar (Garcia Valiñas et al., 2010). Este cociente se puede modular, por ejemplo, considerando sólo el coste del gasto para usos esenciales del agua (Vanhille et al., 2018) en el numerador, y los hogares en riesgo de pobreza en el denominador (Domene et al., 2018). Muchos estudios han adoptado el umbral del 3% de ingresos destinados a pagar los servicios de agua como umbral de referencia para definir situaciones de pobreza hídrica (Smets, 2017; Goddard et al., 2021). A nivel europeo y según este criterio, el número de hogares en situación de pobreza hídrica es relativamente bajo. Según la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Proveedores de Agua Potable y Servicios de Aguas Residuales, las facturas de suministro de agua y saneamiento oscilan entre el 0,3% y el 1,2% de los ingresos medios de los hogares, es decir, muy lejos del 3% de referencia (EurEau, 2016). De hecho, este último umbral sólo aparece en estudios basados en entrevistas en hogares (Martins, 2016; Domene et al., 2018) pero difícilmente en escalas territoriales más amplias incluyendo algunas muy desagregadas como la sección censal.
La Unión Europea insiste en que el pago de los consumidores debe reflejar el principio de recuperación de costes que es una premisa fundamental de la Directiva Europea del Agua del año 2000. Es responsabilidad de los Estados miembros que este principio se ponga en práctica como lo es asegurar que quienes no pueden pagar sean debidamente compensados mediante subsidios u otras medidas de apoyo. En conjunto, en Europa, los cortes en el suministro de agua a los hogares que no pueden satisfacer los recibos no son una opción frecuente y menos aún en situaciones sanitarias como las derivadas de la COVID 19. Además, en algunos países, los cortes están prohibidos para hogares declarados como vulnerables como consecuencia de leyes contra la pobreza energética e hídrica como la que el Parlamento de Cataluña aprobó en 2015 (Yoon et al 2021).
En EEUU, en cambio, los fuertes incrementos del precio del agua en algunas ciudades, causados por la necesidad de renovar unas infraestructuras obsoletas en riesgo creciente de quiebra, está afectando a la capacidad de pago de las facturas por parte de los hogares con ingresos menores, con lo que los cortes en el suministro se multiplican (The Guardian, 2020). Además de la condición de ingresos bajos, los hogares más afectados también se encuentran en ciudades donde el precio del agua se ha encarecido mucho en los últimos años. Para algunos autores, si estos precios siguen subiendo con el mismo ritmo, alrededor de una cuarta parte de la población de EE.UU. podría caer en riesgo de pobreza hídrica durante la próxima década (Mack y Wrase, 2017). Dicho de otro modo, la causa del aumento de la pobreza energética e hídrica no ha sido tanto la reducción de los ingresos que determina la pobreza en general, sino el incremento del gasto en agua y energía en economía familiar (Mueller and Gasteyer, 2021).
A pesar de la existencia de desigualdades socioespaciales en el consumo de agua, Barcelona y los mayores municipios de su área metropolitana se sitúan entre las ciudades de los países desarrollados con los consumos más bajos de agua por habitante. Este hecho tiene múltiples causas entre las que debería citarse un urbanismo muy denso, una importante concienciación social en torno al agua (en parte a consecuencia de sequías recurrentes de las décadas de 1990 y 2000), una red de distribución relativamente eficiente y unos precios del agua por lo general bastante elevados. La crisis económica que se inició en el 2008, con su repercusión sobre el bienestar de las familias, y la evolución de los precios del agua, sobre todo desde 2010, han aumentado la exposición de muchos hogares a la pobreza hídrica. Entre 2007 y 2016, mientras que el precio del agua en el área metropolitana de Barcelona aumentó un 66%, el poder adquisitivo medio de los residentes se redujo en casi un 10% (March y Sauri, 2016). En 2019, la población residente en el área metropolitana de Barcelona AMB consumió aproximadamente 105 litros de agua por persona y día, pero algunos de los municipios más densamente poblados como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, mostraron y siguen mostrando consumos per cápita diarios por debajo de los 90 litros. Alrededor del 90% de la población total del área metropolitana de Barcelona está servida por la empresa público-privada ABEMCIA (Aguas de Barcelona).
La AMB dispone de información sobre pobreza hídrica desde 2011 a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida y Hábitos de la Población elaborada por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB). La determinación de los hogares afectados por pobreza hídrica se realiza usando el criterio del 3% o más de los ingresos destinados al pago del servicio de agua.
Según los últimos datos disponibles, en 2019, unos 125.000 hogares de la AMB, es decir un 9,7% del total de los hogares, estarían en situación de pobreza hídrica. Del total de hogares que superan el umbral del 3%, un 82,4% son hogares en riesgo de pobreza, por lo que se puede afirmar que este indicador contemplaría adecuadamente la situación de pobreza hídrica en la población más vulnerable (Domene et al 2020).
Más allá de las cifras, la cuestión más importante es si estos hogares pueden asumir los costes del agua asociados con mínimos básicos de higiene personal como, por ejemplo, el ducharse regularmente, vaciar regularmente el inodoro y lavarse las manos a continuación o utilizar una lavadora para lavar la ropa. Cabe recordar que en el cuarto de baño se produce más del 60% del gasto hídrico de los hogares (Domene et al., 2020) por lo que, cambios en usos y hábitos en este ámbito pueden tener repercusiones destacadas en el gasto final. A partir de los resultados de 112 entrevistas a hogares vulnerables en Barcelona, Rubí y Manresa, realizadas entre enero y junio de 2022 en el marco del proyecto AQUAPOB (Saurí y otros 2023), se deprende que los hogares vulnerables utilizan diferentes estrategias para ahorrar agua pero también que raramente están dispuestas a renunciar a usos que forman parte del metabolismo hídrico de los hogares, como, sobre todo, ducharse con regularidad (una vez al día en la mayor parte de los casos) o lavarse las manos de forma habitual. Estos usos, sin embargo, se encuentran sometidos a fuertes limitaciones que pueden afectar el confort de los residentes, como, por ejemplo, tiempos de ducha muy ajustados; abstenerse de vaciar la cisterna del inodoro después de cada uso (especialmente por las noches) o utilizar programas de lavado muy cortos. Algunos usos pueden realizarse fuera del hogar (por ejemplo, ducharse en un polideportivo o en casa de familiares). En las entrevistas, se citan habitualmente hábitos de reaprovechamiento de agua que permiten un cierto ahorro, como reutilizar agua de la cocina o de la ducha para labores de limpieza. Sin embargo, las personas entrevistadas se quejan de que todos estos esfuerzos no se traducen en una reducción del importe de los recibos, lo que genera a menudo sensaciones de frustración e impotencia. La pobreza hídrica, no reconocida hasta hace relativamente poco, evidenciaría pues la dificultad para asumir el coste económico de los flujos metabólicos del agua a pesar de su modestia. Una cuestión asimismo relevante atañe a si el agua consumida cubre de manera suficiente las necesidades específicas de ciertos colectivos de los hogares como las mujeres y los niños. De hecho, un tema recurrente en la entrevista fue el de la vigilancia constante para que niños y adolescentes no consumieran demasiada agua. Igualmente, en algunos casos se señaló las mayores necesidades de agua de las mujeres en término de higiene.
Finalmente, la encuesta también puso de manifiesto la importancia de la asistencia social en mitigar los impactos de los recibos de agua en los presupuestos familiares. Organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas y Hábitat 3, ente otras, asesoran a los hogares para conseguir es estatus de hogar vulnerable, que facilita la obtención de subvenciones por parte de las empresas suministradoras de agua y de las administraciones con responsabilidades de gestión en el ciclo hidrológico. Las entrevistas señalaron la gran importancia de estas actuaciones, aunque en algún municipio, la mitad o más de las entrevistas indicaron no recibir ayuda alguna.
La pobreza hídrica, entendida como falta de acceso a agua y saneamiento en condiciones suficientes y seguras constituye uno de los mayores retos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este tipo de pobreza afecta principalmente a los países del Sur Global pero también puede ocurrir y de manera importante en algunos casos en los países desarrollados. En este último caso, la pobreza hídrica se manifiesta en términos de asequibilidad o problemas para pagar el coste del servicio de suministro de agua, lo cual puede conllevar una suspensión o corte en este suministro. En países como España y en el marco de unos niveles de pobreza y riesgo de exclusión social en aumento, la pobreza hídrica cobra una importancia especial en las áreas más afectadas por las crisis económicas y sanitarias de las últimas décadas que pueden coincidir con aumentos significativos del precio del agua en los últimos años. Este sería el caso del área metropolitana de Barcelona, en donde casi un 10% de los hogares se podría definir como hídricamente pobre al tener que destinar un 3% o más de su presupuesto a pagar los recibos de agua. En términos cualitativos y a partir de entrevistas, se constata para los hogares vulnerables un esfuerzo enorme por ahorrar agua (incluso poniendo en riesgo unas condiciones mínimas de confort) que no se ve reflejado según los participantes en descensos apreciables en los recibos. También se constata una presencia notable de organizaciones asistenciales que asesoran a los hogares vulnerables en la obtención de subsidios para reducir la carga económica del agua.
Resulta imprescindible seguir trabajando para mejorar la eficiencia del uso del agua en los hogares vulnerables, mediante medidas de la rehabilitación de las viviendas que pueden incluir la instalación de dispositivos de bajo consumo y otras medidas de ahorro. Sin embargo, más prometedor para mitigar los impactos de la pobreza hídrica seria aplicar tarifas sociales, como por ejemplo el establecimiento del mínimo vital del agua a coste cero o muy reducido para los hogares más vulnerables. La cooperación y la coordinación entre los diferentes actores, como los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de suministro de agua y los propios afectados son clave para conseguir ese objetivo vital.
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