Daniel Rodríguez de Blas, Comité Técnico de la Fundación FOESSA.
Ángeles, 35 años, vive con su hija Martina que acaba de cumplir los 4. Desde que terminó su proceso formativo en hostelería ha ido encadenando contratos temporales alternándolos con periodos de desempleo. 2023 fue un buen año porque estuvo casi todo el año trabajando con un único contrato que le brindaba ingresos suficientes, pero a principios de 2024 todo se torció y aún no ha conseguido encontrar un empleo que le permita conciliar. Durante los primeros meses cobró la prestación por desempleo y algún otro subsidió al que tenía derecho, pero después sus ingresos se quedaron en cero obligándolas a recurrir a entidades de solidaridad para mantener sus necesidades básicas.
Aunque el de Ángeles y Martina es un caso inventado no es una historia alejada de la realidad ni ajena a las profesionales de Cáritas y muchas otras organizaciones que ejercen como entidades mediadoras para que las familias puedan acceder al IMV.
El pasado 10 de abril la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) emitió su Tercera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (i), afirmando que desde sus inicios, el IMV ha elevado el número de hogares protegidos por una prestación de último recurso y llega a colectivos muy vulnerables, pero hay margen para mejorar su diseño, despliegue y gestión (ii)
Volviendo a nuestras ficticias, pero tan reales, Ángeles y Martina, puede ser que a pesar de atravesar graves dificultades económicas en el presente no hayan solicitado el IMV bien por desconocimiento, por verse ajenas al mundo de las prestaciones o por sentirse incapaces de tramitar solicitudes con tan alta carga de burocracia. No sería un caso aislado, la AIRef, en la mencionada publicación, afirma que en 2023 el 56% de los hogares elegibles para percibir el IMV no lo solicitaron.
También pudiera ser que sí lo solicitasen, que asesoradas por alguna de las entidades mediadoras conociesen su derecho y decidiesen ejercer el mismo solicitando la citada prestación a lo largo de 2024. Y también pudiera ser que, dados los ingresos estables y suficientes declarados en 2023, se les denegase. Esta es otra de las deficiencias detectadas en el diseño y gestión del IMV; que para decidir la aprobación o no de un expediente se tienen en cuenta los datos económicos del ejercicio anterior por lo que pueden darse claras disonancias entre la situación económica del año anterior (buenos ingresos, en el ejemplo de nuestras Ángeles y Martina), la situación actual (ningún ingreso) y la decisión final de la Administración (denegar la solicitud).(iii)
Sea como fuere el caso de Ángeles y Martina, la AIReF nos deja claro en su publicación que el IMV alcanzó en 2023 al 36 % de sus potenciales beneficiarios. Es decir, que sólo han percibido la prestación poco más de un tercio del conjunto de las familias que, a priori, tendrían derecho al mismo.
La propia AIReF en sus propuestas nos brinda dos claves que ayudarían a los cientos de miles de ángeles y martinas que viven en nuestro país, y de paso liberaría de buena y tediosa carga de trabajo a nuestras valiosas trabajadoras sociales.
Por un lado, la AIReF esgrime la necesidad de que el IMV articule una reforma que permita la verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente (por ejemplo, las cotizaciones sociales) y de esta forma disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor las situaciones de pobreza sobrevenida.
Pero esto no debería ser más que un camino hacia el objetivo último, una idea que también aparece en el escrito de la AIReF: acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo, …) más automático y que se actúe de oficio.
Y puestos a soñar, y soñando que las ángeles y martinas estén siempre en el centro de nuestros modelos de gestión e inclusión y que todas estas medidas sean útiles para facilitarles la vida y no para complicársela… En un momento histórico en el que la administración (Seguridad Social, Hacienda, etc.) cuenta con la inmensa mayoría de los datos de ingresos de la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿Por qué no se automatiza el acceso al IMV cuando se identifican casos de familias que cumplen con los requisitos? ¿Estamos tecnológicamente tan lejos de que el acceso al IMV sea tan sencillo como el acceso a una prestación por desempleo o una pensión por viudedad o se trata de un tema de voluntad política?
Sea por unos motivos o por otros, el hecho de que el IMV en 2023 haya llegado sólo al 17% de los hogares en riesgo de pobreza (iv), datos también proporcionados por la AIReF, nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de implementar modificaciones en el diseño y la gestión de la prestación y la automatización, en pro de facilitar y ajustar las decisiones a las realidades que viven las familias en el presente (y no en el ejercicio anterior), debe ser una clave tenida muy en cuenta.
Notas
i https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/07/IMV/Tercera-Opinion-del-IMV.-Julio-2024.pdf
ii https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-constata-que-el-ingreso-minimo-vital-sigue-mostrando- margenes–de-mejora/
iii Aunque el IMV contempla la posibilidad de que se tengan en cuenta los datos económicos actuales en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso (Artículo 11.5 Ley IMV), la realidad es que en 2023 sólo se han aprobado el 2% de los expedientes que han solicitado tener en cuenta los ingresos del año en curos.
iv Teniendo en cuenta el umbral del 40% de la mediana.
Número 18, 2024
