Olivia Pérez, responsable de Comunicación de Cáritas Valencia
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La convivencia en un espacio tan reducido como una habitación es complicada. Ahora Ana busca un lugar donde vivir ella sola, sin papeles, y, por lo tanto, sin contrato, es prácticamente imposible encontrar un lugar en el que vivir si, además, cuenta con unos ingresos muy limitados echando horas limpiando algunas casas.
Ana no es un caso aislado. En España, hay casi cuatro millones de viviendas vacías, según el consumo eléctrico que no se genera en ellas (dato que recoge el último censo de población y viviendas del INE publicado en junio de 2023). Y sin embargo, el mismo Instituto Nacional, unos meses antes, había informado de que: un total de 28.552 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 han pernoctado en espacios públicos o alojamientos de fortuna. Por alojamientos de fortuna se refiere a hall de un inmueble, cajero, portal, coche, …[1].
Por suerte, Ana aun o ha necesitado instalarse en uno de estos alojamientos de fortuna, pero como muchas personas, cada vez más, vive en un piso o una habitación compartida en situación de subarriendo, que probablemente, no salen a la luz en las encuestas (muchas de las subarrendadoras no empadronan a las personas que instalan en su casa para no perder alguna ayuda o, simplemente, por falta de empatía). Las condiciones físicas y las situaciones emocionales a las que se tienen que enfrentar las personas en estas habitaciones compartidas provocan experiencias muy negativas para ellas, muchas de las cuales incluyen vulneraciones de sus derechos: de acceso a una vivienda segura, pero también, de desarrollo personal, dignidad, acceso a la atención sanitaria, entre otros.
Amal (cuyo nombre tampoco es real, por supuesto) es de origen magrebí y hace unos años tuvo que divorciarse de su marido maltratador. Con sus dos hijos y el apoyo de su Cáritas diocesana y del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española ha tenido que enfrentarse a un injusto desahucio cuando el banco decidió echarlos del piso en el que vivían. Está siendo un proceso largo y complicado, pero Amal y sus queridas amigas de Cáritas lo están enfrentando juntas hasta hacer una reclamación en el DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha pedido medidas cautelares a la justicia española para que ella y sus hijos no puedan ser arrojados a la calle.
A Dios rogando… y no con el mazo, sino con la incidencia política actuando. Si nos creemos que, de verdad, el derecho de acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental de TODAS las personas, probablemente no podamos seguir esperando a que las cosas se resuelvan solas.
[1] INE, Nota de Prensa de la “Encuesta a las personas sin hogar. Año 2022”: Un total de 28.552 personas sin hogar son atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más que en 2012. Consultado en línea en https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf el 4 de marzo de 2024.