Migraciones y resistencia: repensar las prácticas participativas desde los espacios fronterizos
Daniel Buraschi, Mosaico Acción Social
Natalia Oldano, Mosaico Acción Social
María José Aguilar Idáñez, Universidad de Castilla La Mancha
Puedes encontrar a la Asociación Mosaico Canarias en Facebook
Introducción
En las Islas Canarias el 2020 no solo ha sido el año de la pandemia, sino también el año en que la ruta migratoria atlántica a través de Canarias volvió a ser la principal vía de entrada marítima irregular a Europa de personas, de Marruecos, Senegal, Malí o Costa de Marfil, principalmente. Según datos del Ministerio del Interior Español, llegaron a las islas 23.271 personas a bordo de 759 embarcaciones, con una concentración mayoritaria en los últimos meses del año (más de 18.000 personas llegaron de septiembre a diciembre), un incremento del 756% respecto al año anterior. La ruta sigue activa con la llegada de un total de 22.316 personas y de 3.194 personas solo en el mes de enero 2022.
Se trata de una ruta muy peligrosa debido a la distancia por mar y, sobre todo, por las condiciones del viaje. La ONG Caminando Fronteras ha registrado más de 4.000 víctimas en la ruta canaria durante 2021.
El Plan Canarias y la crisis del sistema de acogida
Desde el verano de 2020, Canarias vive una profunda crisis de acogida de migrantes. El bloqueo de los migrantes en las islas y la ausencia de un sistema integrado de acogida han generado una violación sistemática de los derechos humanos: detenciones y privaciones de libertad sin protección legal; falta de asistencia jurídica a las personas migrantes; ausencia de un servicio efectivo de traducción e interpretación; falta de identificación y atención a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y atención (como los menores no acompañados, los potenciales solicitantes de protección internacional, etc.); atención sanitaria deficiente y falta sistemática de información.
La gestión de la inmigración en Canarias es un ejemplo de la política de externalización de fronteras que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años. Cuando la frontera se vuelve permeable, se activan los dispositivos de contención de la inmigración en las islas y de expulsión. El objetivo es evitar que los inmigrantes entren en el territorio europeo continental bloqueándolos en las zonas fronterizas y organizando su expulsión mediante acuerdos bilaterales con los países de origen.
El cierre de las fronteras de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Malí debido a la crisis sanitaria ha desactivado de facto el mecanismo de gestión de la migración basado en la deportación. En el verano de 2020, miles de migrantes se concentraron en un muelle de la isla de Gran Canaria durante cuatro meses, expuestos a la intemperie, creando una grave emergencia humanitaria. El gobierno español decidió no trasladar a las personas a los centros distribuidos por la España peninsular, y de hecho, en los últimos meses del año miles de migrantes fueron trasladados a diferentes hoteles de las zonas turísticas de las islas, mientras se preparaban las instalaciones de primera acogida.
En los primeros meses de 2021 se activó el Plan Canarias, que preveía la apertura de tres macrocentros de acogida (dos en la isla de Tenerife y uno en la de Gran Canaria) a los que se trasladarían entre 5.000 y 7.000 personas en pocos meses. Desde los primeros días, estas instalaciones crearon una situación insostenible: hacinamiento en tiendas de campaña que no ofrecían suficiente abrigo contra el frío y la lluvia, alimentación insuficiente, falta de información, problemas de convivencia, escasa atención sanitaria e imposibilidad de viajar a la península, violencia física y traslado de menores no acompañados a centros de adultos. Esta situación ha sido denunciada por numerosos organismos nacionales e internacionales y, en muchas ocasiones, ha tenido graves consecuencias para la salud psicofísica de los migrantes (Amnistía Internacional, 2021, Defensor del Pueblo, 2021, Médicos del Mundo, 2021, CEAR, 2021).
Resistencia de personas migrantes y redes de solidaridad
La crisis sanitaria causada por el Covid-19 desactivó temporalmente la política migratoria europea fundamentada en las prácticas de deportación y devoluciones en caliente. Frente al cierre de fronteras, el gobierno de España ha activado un plan que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y ha creado una situación sin precedentes en Canarias. La inmigración irregular representaba hasta el 2020 sólo un fenómeno mediático muy presente en el discurso político y en los medios de comunicación, pero con poco contacto con la población local. Por primera vez, los miles de migrantes africanos que llegan por la vía marítima irregular dejan de ser una masa anónima para convertirse en personas que se organizan y tejen relaciones personales con la población local. Las personas migrantes bloqueadas en Canarias han comenzado a organizarse para dar visibilidad a su lucha por la dignidad y sus derechos: organizan manifestaciones, protestas, huelgas de hambre y tienen contacto directo con los medios de comunicación. En enero de 2021, cuando todavía no se habían abierto los macrocentros, las personas migrantes empezaron las primeras protestas organizadas. Cerca de 175 personas de origen senegalés empezaron una huelga de hambre para pedir poner fin al bloqueo y poder viajar al resto de España. Se trata de personas que llevaban tres meses bloqueadas sin información que, por primera vez, dejaban de ser una masa anónima y pasiva a los ojos de la sociedad receptora y de los medios de comunicación. Las personas migrantes tomaron la palabra en los medios de comunicación, grababan vídeos reivindicativos. Un mes después, 27 menores de origen magrebí y senegalés también empiezan una huelga de hambre, en este caso la protesta se articula con plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.
En el mismo mes se abren los macrocentros y la concentración de miles de inmigrantes en unos pocos recursos ha facilitado el contacto directo con la población local. Desde los primeros días de su apertura, se han creado amplias redes de apoyo y solidaridad por parte de la sociedad canaria. Muchas de estas redes prestan atención jurídica y sanitaria y articulan acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.
En marzo, las personas migrantes bloqueadas en los macrocentros organizan, junto con las plataformas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes, una marcha para protestar contra la política migratoria
A partir de febrero de 2021 se crean nuevas iniciativas participativas, redes de apoyo, se articulan procesos participativos que involucran a centenares de personas. Entre las iniciativas más amplias hay que citar la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes en Tenerife y Somos Red en la isla de Gran Canaria.
Reflexiones desde las prácticas participativas en espacios fronterizos
A partir de las experiencias participativas desarrolladas este contexto de crisis sanitaria y crisis migratoria en las islas Canarias, quisiéramos proponer algunas reflexiones para repensar las prácticas participativas en espacios fronterizos.
No neutralidad de las prácticas participativas. En Canarias existen, desde hace muchos años, numerosos proyectos de intervención comunitaria e intervención intercultural promovidos por las instituciones y desarrollados por diferentes ONG. A menudo, estos proyectos no han sabido articularse con los nuevos movimientos sociales y, en particular, con las prácticas de resistencia de las personas migrantes. Probablemente, uno de los principales problemas ha sido concebir las prácticas participativas como procesos neutrales, en los cuales se podía mantener la equidistancia con las instituciones y limitarse a apelar a la convivencia intercultural. Esta crisis migratoria ha evidenciado dramáticamente que las prácticas participativas se desarrollan en ocasiones en espacios profundamente violentos y deshumanizantes, espacios en los cuales las instituciones reproducen el racismo institucional. Si las prácticas participativas no saben leer críticamente la realidad, no saben o no quieren comprometerse con la lucha contra la injusticia y la violencia estructural, entonces, aunque sus objetivos sean la interculturalidad o la defensa de los derechos de las personas migrantes, reproducen o, al menos consienten, el racismo institucional.
El protagonismo de las personas migrantes y la autonomía de las migraciones. Es importante concebir las prácticas participativas con personas migrantes como procesos de concientización y emancipación (Freire, 1970), haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resiliencia. Analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos estigmatizados para resistir al racismo y al impacto que tiene el estigma en su vida cotidiana (Buraschi y Agular, 2019).
Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de dominación solamente si ponemos en primer plano las personas migrantes, es decir, en tanto sujetos que expresan resistencia y prácticas conflictivas innovadoras (Mezzadra, 2004: 147). Se trata, por lo tanto, de entender las migraciones como un movimiento social, un tipo único de acción colectiva que cuestiona los poderes institucionales y el régimen fronterizo.
Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las personas racializadas y víctimas de discriminación, diseñar estrategias de acción desde su realidad vital concreta y cambiar nuestro posicionamiento, de personas expertas, portavoces o líderes de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/as, sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/as y aceptando de salir de nuestra zona de confort (Buraschi y Aguilar, 2019).
Cuestionar el paternalismo y el etnocentrismo. La experiencia en Canarias ha mostrado que las prácticas participativas, hasta aquellas que se autodefinen como interculturales, transformadoras, defensoras de los derechos humanos, pueden reproducir modelos paternalistas, victimistas, entocéntricos y culturalistas. El trabajo con personas que han pasado por experiencias traumáticas, que no hablan español, que están en una situación radicalmente precaria en ocasiones se traduce en la reproducción de esquemas coloniales e inconscientemente racistas hasta en el seno de los movimientos sociales. En este contexto es clave cuestionar nuestra mirada colonial, nuestras metodologías de trabajo. Como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), la incertidumbre, la incomodidad, el sentirse desplazados/as son buenos indicadores de que estamos trabajando en la dirección correcta, una práctica participativa que no modifica nuestra mirada, que no nos hace conscientes de la colonialidad de nuestra mirada y de nuestras contradicciones no es transformadora, sino funcional a un sistema de dominación. Esta reflexividad crítica pasa necesariamente por la toma de conciencia de nuestros privilegios y el reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas que estructuran nuestro espacio de acción. Además, pasa por la apertura hacia la emergencia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos normalmente silenciados. Apoyando la emergencia de nuevas formas de ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).
Bibliografía
Amnistía Internacional (2021). Islas Canarias: Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas migrantes tras una semana de investigación. Amnistía Internacional.
Buraschi, Daniel y Aguilar Idáñez, María José (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2021). Migración en Canarias, la emergencia previsible. Madrid: CEAR.
De Sousa Santos, Boaventura (2010). Epistemologías del sur. México: Siglo XXI.
Defensor del Pueblo. (2021). La migración en Canarias. Estudio. Defensor del Pueblo
Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Médicos del Mundo (2021). La salud naufraga en la frontera sur. Médicos del Mundo.
Mezzadra, Sandro (2004). Derecho de fuga. Madrid: Traficantes de sueños.