Raúl Flores y Daniel Rodríguez
Equipo de Estudios de Cáritas Española
El empleo constituye la fuente principal de ingresos para la mayor parte de las familias, supone un espacio de socialización, y en bastantes ocasiones de desarrollo profesional y personal. Estos elementos han hecho que históricamente el empleo se haya considerado un excelente factor de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social.
Entendemos y analizamos la exclusión social como la falta de participación en la vida económica, social, y cultural; debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Desde esta perspectiva, la EINSFOESSA de 2018 establece que el 18% de la población viven situaciones de exclusión social que les impiden una participación social plena.
Aunque tener un empleo, nunca ha sido garantía de inmunidad ante la exclusión social, la instauración de los estados de bienestar construyó un escenario en el que la población con empleo contaba con una alta probabilidad de ubicarse en el espacio de la inclusión, frente a la población desempleada que tenía un mayor riesgo de vivir la exclusión social.
La capacidad protectora del empleo se evidencia en los datos de la encuesta EINSFOESSA de 2018. Según dicha encuesta, las mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, donde un 46% se encuentran en el espacio de la exclusión (el 26% en situación de exclusión severa). Comparando estas cifras con las del conjunto de la población, donde el 18% están en situación de exclusión, puede observarse que el hecho de no contar con un empleo multiplica por 2,5 el riesgo de vivir situaciones de exclusión social.
Más allá del mayor riesgo de exclusión asociado al desempleo, la precariedad laboral manifiesta un mayor riesgo de exclusión, en varios indicadores. De un lado, la exclusión social se eleva hasta el 24% para aquellas personas que trabajan con un contrato temporal, multiplicando por 2,5 el riesgo de exclusión de aquellas personas con contrato indefinido (10%). De otro lado la exclusión alcanza el 33% entre las personas trabajadoras con una jornada parcial indeseada, multiplicando casi por 2,5 el riesgo medio de exclusión de las personas con empleo (12%).
Las acciones y proyectos que consiguen la incorporación de las personas paradas al mercado de trabajo, actúan como un primer flotador que puede evitar el hundimiento de las personas en el mar de la exclusión social. Los datos expuestos y la experiencia de la acción nos confirman que, en bastantes ocasiones, ese primer paso se da hacia un empleo intermitente, de baja calidad en tiempo de trabajo y salario, y que por tanto el riesgo de no salir a flote y mantenerse en situaciones de exclusión sigue siendo alto.
Esta situación nos enfrenta, al menos, a dos posibles reflexiones: la necesidad de replantear el modelo de empleo y la normativa reguladora, para que el trabajo sirva para vivir dignamente y permita una participación social “normalizada”; y de otro lado, la necesidad de repensar aquellos proyectos de inserción laboral que se realizan desde el tercer sector de acción social, de forma que puedan ser acciones: que apuesten por una formación con mayor capacidad integradora, con una intermediación que garantice los derechos laborales, y que persigan un acompañamiento integral de la persona en su entorno social y familiar.