Paula Pérez Sanz. Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de La Rioja

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1. Introducción

Las desigualdades sociales tienen una traducción inequívoca en el territorio, pues el lugar donde se habita condiciona de manera decisiva el acceso a derechos, recursos y oportunidades. Es por ello por lo que consideramos que la desigualdad social se fija espacialmente y empleamos la noción de justicia espacial[1] para dar cuenta de cómo se producen y reproducen las desigualdades en los contextos urbanos contemporáneos.

Desde esta perspectiva, el territorio, más que un escenario donde se despliegan las dinámicas sociales ha de ser estudiado como un producto político atravesado por decisiones institucionales, relaciones de poder y procesos históricos. Las políticas públicas de vivienda, planificación urbana, desarrollo local o provisión de servicios desempeñan un papel decisivo en la configuración de los espacios urbanos, contribuyendo a generar patrones persistentes de desigualdad territorial.

Ahora bien, la ausencia o debilidad de estas políticas públicas no implica la desaparición de la acción colectiva. De hecho, numerosas investigaciones han abordado cómo en contextos urbanos marcados por la desatención institucional emergen prácticas inscritas en la vida cotidiana orientadas a sostener la reproducción social y a intervenir en las condiciones materiales de acceso a los recursos urbanos[2]. El objetivo de este artículo es proponer un marco teórico que permita analizar estas prácticas como políticas cotidianas por la justicia espacial, incorporando aportes de la crítica feminista y reflexionando sobre su relación con la intervención social.

 

2. Justicia espacial y producción territorial de la desigualdad

La justicia espacial permite situar la desigualdad en el espacio urbano y comprender cómo se reproduce a través de él. Desde esta perspectiva, la injusticia espacial puede entenderse como la manifestación territorial de desigualdades estructurales derivadas de políticas públicas que distribuyen de manera desigual recursos, infraestructuras y oportunidades. Las políticas de vivienda, la localización de equipamientos o la inversión en infraestructuras son buenos ejemplos de cómo estas políticas de ordenación urbana y desarrollo local definen quiénes disponen de un mayor número de recursos. Por tanto, el acceso al transporte público, a servicios educativos y sanitarios o a espacios públicos de calidad sigue patrones territoriales que tienden a reproducir la desigualdad social existente.

Este enfoque hace posible cuestionar la aparente neutralidad técnica de la planificación urbana, pues responde a prioridades políticas que jerarquizan los territorios y asignan distinto valor social a los espacios urbanos. En contextos de desatención institucional, la desigualdad se territorializa y se normaliza, convirtiendo el espacio en un factor adicional de segregación y exclusión social[3]. Considerando todas estas cuestiones, la justicia espacial, más allá de ser un ideal normativo, puede también analizarse como un proceso anclado a aquellos tiempos y lugares de la vida cotidiana en los que, tanto sus habitantes como las políticas institucionales, definen el reparto de recursos urbanos.

Sin embargo, el análisis de la justicia espacial resulta incompleto si no se incorporan los aportes de la crítica feminista, que ha mostrado cómo las desigualdades territoriales están atravesadas por relaciones de género y por una organización social que invisibiliza el trabajo necesario para sostener la vida[4]. Buena parte de los modelos de planificación urbana se han construido desde una lógica funcional y productivista que prioriza los espacios del empleo y el consumo, relegando las necesidades vinculadas al cuidado. Este urbanismo androcéntrico tiende a invisibilizar las tareas de atención a la infancia, a las personas mayores o dependientes, confinándolas al ámbito doméstico y asignando su realización de manera desproporcionada a las mujeres.

Esta ausencia de infraestructuras, servicios y equipamientos de proximidad genera toda una serie de desgarros socioespaciales[5] o fracturas en el tejido social que son el resultado de extirpar del espacio urbano las condiciones materiales necesarias para la reproducción cotidiana de la vida. En estos contextos, el coste de la falta de políticas públicas se traslada a los hogares y a las redes comunitarias, intensificando las desigualdades de género y precarizando las condiciones de vida.

 

3. Políticas cotidianas por la justicia espacial

A partir de estos enfoques, es posible proponer el concepto de políticas cotidianas por la justicia espacial[6] para analizar formas de acción colectiva que, sin encajar en los repertorios clásicos de la política, intervienen de manera directa en las condiciones materiales de los territorios.

Estas políticas se caracterizan por su inscripción en la vida diaria, pues en lugar de desplegarse únicamente a través de canales institucionalizados, se apoyan en prácticas orientadas a sostener la reproducción social. La colectivización del cuidado, la creación de redes de apoyo mutuo, la gestión comunitaria de recursos o la intervención directa sobre el entorno inmediato son algunos ejemplos que ilustran esta praxis. Su presencia merece atención para las investigaciones que indagan las pautas de resistencia frente la injusticia espacial, pues su carácter ordinario no implica ausencia de intencionalidad política, sino una forma alternativa de intervenir sobre la desigualdad territorial.

Una segunda cuestión de interés para la investigación social es que estas prácticas cuestionan los marcos tradicionales desde los que se ha definido la acción política, poniendo de relieve el sesgo androcéntrico y clasista que ha invisibilizado formas de participación protagonizadas por sujetos escasamente legitimados para la confrontación con el poder. Al mismo tiempo, muestran su capacidad de producir territorio al transformar materialmente espacios y relaciones sociales en aquellos contextos en los que la planificación institucional resulta insuficiente.

Es importante subrayar que el análisis de las políticas cotidianas debe ser cuidadoso y no incurrir en romanticismos ni proponerlas como sustitutas de la responsabilidad institucional, pues a menudo surgen en contextos marcados por la desigualdad y la segregación socioespacial. Sin embargo, un análisis situado de estas prácticas ayuda a comprender su dimensión política y su valor para el sostenimiento de la vida, así como su capacidad de intervenir en la organización del espacio urbano en contextos donde las instituciones y las políticas públicas son escasas o ausentes.

De hecho, dado que las políticas cotidianas por la justicia espacial emergen como respuestas a vacíos concretos en la acción pública, nuestros análisis pueden orientarse a desvelar en torno a qué dimensiones se articulan. En primer lugar, pueden responder a vacíos en las políticas de bienestar y cuidados. La ausencia o insuficiencia de servicios públicos de atención a la infancia, a la dependencia o de apoyo a la conciliación impulsa la aparición de estrategias de colectivización del cuidado que funcionan como infraestructuras sociales de proximidad.

En segundo lugar, pueden orientarse a mejorar la debilidad de las políticas de desarrollo comunitario y cohesión social. Frente a la fragmentación del tejido social y a la discontinuidad de los programas públicos, estas prácticas reactivan vínculos de cooperación y apoyo mutuo que resultan esenciales para la vida comunitaria.

Por último, sería interesante observar aquella que suplen ciertos vacíos en las políticas de vivienda y regeneración urbana. La falta de inversión pública en el mantenimiento del entorno o en la creación de equipamientos impulsa prácticas orientadas al cuidado de los espacios comunes y a la mejora de las condiciones de habitabilidad, produciendo formas de apropiación colectiva del espacio urbano.

Finalmente, más que identificar de manera categórica quiénes sostienen las políticas cotidianas, resulta pertinente adoptar una perspectiva investigadora sensible a las posiciones sociales desde las que estas prácticas se articulan. Desde esta mirada, habría que considerar cómo la división sexual del trabajo y la asunción de responsabilidades vinculadas al cuidado sitúan a determinados sujetos en una posición especialmente próxima a las carencias en el acceso a recursos e infraestructuras básicas. Del mismo modo, ciertas situaciones de vulnerabilidad intensifican la dependencia del territorio y de las redes de proximidad, favoreciendo la implicación en prácticas comunitarias orientadas a sostener la vida cotidiana.

Reconocer el protagonismo que aquí tienen mujeres, personas racializadas o quienes encarnan la pobreza urbana, no implica naturalizar sus luchas por la defensa del territorio, la justicia espacial ni legitimar una distribución desigual de las responsabilidades del bienestar. Por el contrario, permite visibilizar las desigualdades estructurales que atraviesan la reproducción social y subrayar la necesidad de políticas públicas orientadas a redistribuir de manera más justa dichas responsabilidades.

 

4. A modo de conclusión: políticas cotidianas e intervención social

El reconocimiento de las políticas cotidianas por la justicia espacial plantea desafíos relevantes para la intervención social. Intervenir en territorios marcados por la desatención institucional requiere asumir que estos lugares se hallan atravesados por saberes, relaciones de cuidado y redes de organización cotidiana que sostienen la vida allí donde la acción pública resulta insuficiente o se encuentra debilitada.

Siguiendo este enfoque, una primera clave para la intervención consiste en reconocer y comprender las políticas existentes, evitando actuaciones que desarticulen dinámicas comunitarias ya consolidadas. Del mismo modo, resulta fundamental prevenir que estas prácticas se conviertan en sustitutos implícitos de las políticas públicas. Acompañarlas no puede traducirse en trasladar sobre las comunidades la responsabilidad de garantizar derechos que corresponden al ámbito institucional.

La intervención social puede, no obstante, desempeñar un papel relevante como mediadora entre las experiencias situadas y los marcos institucionales, facilitando el diálogo y contribuyendo a que los saberes producidos en la vida cotidiana informen políticas públicas más ajustadas a las realidades territoriales. En este sentido, atender a las políticas cotidianas no implica instrumentalizarlas, sino reconocerlas como interlocutoras fundamentales para repensar la acción pública.

En términos más amplios, el análisis de estas prácticas permite comprender cómo, en contextos de desatención institucional, la reproducción de la vida se convierte en un eje central de intervención sobre el territorio. Las políticas cotidianas revelan tanto los límites de la acción pública como la capacidad de los territorios para articular respuestas situadas frente a la desigualdad territorial. Pensar la justicia espacial desde la cotidianidad no supone renunciar a la exigencia de políticas públicas fuertes, sino ampliar los marcos desde los que se analiza y se interviene en la desigualdad territorial, incorporando el cuidado y la vida cotidiana como dimensiones centrales de la acción social.

 

5. Referencias

López Cristaldo, S. R.; Houdin Gómez, C. M. Las ollas populares en Paraguay: entre la sobrevivencia y la lucha territorial por lo público común. Buenos Aires: CLACSO, 2022.

Massolo, A. Por amor y coraje. Mujeres en movimientos urbanos de la ciudad de México. Ciudad de México: Colegio de México, 1992.

Pérez Sanz, P. “Me sentía en el fin del mundo: mujeres y subjetividades de la injusticia espacial”. Bitácora Urbano Territorial, 33(2), 2023: 199–209.

https://www.redalyc.org/journal/748/74877592014/74877592014.pdf

Pérez Sanz, P. “Everyday politics against spatial injustice: an ethnographic approach to women’s resistance in a southern European urban periphery”. City, 2026. [En prensa]

Sabatini, F., & Brain, I. “La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves”. Eure, 34(103), 2008: 5–26. https://doi.org/10.4067/s0250-71612008000300001

Soja, E. En busca de la justicia espacial. Valencia: Tirant Humanidades, 2014.

 

[1] (Soja, 2014)

[2] (López Cristaldo & Houdin Gómez, 2022; Massolo, 1992)

[3] (Sabatini & Brain, 2008)

[4] (Col.lectiu Punt 6, 2019)

[5] (Pérez Sanz, 2023)

[6] (Pérez Sanz, 2026)

 

Número 22, 2026

Romina Gallegos Brito, Equipo de Programas del Programa Universitario Amazónico – PUAM

Soc. Susana Espinosa Soto, Secretaria General del Programa Universitario Amazónico – PUAM

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En 2023 Ecuador retoma la convocatoria a una consulta popular nacional para definir la explotación o no de petróleo en el territorio del Parque Nacional Yasuní. Con el 60% gana el dejar el crudo bajo tierra. Sin embargo, la dinámica socio territorial es más compleja, y se ha llegado a instrumentalizar la voz del territorio amazónico y a su gente.

 

Amazonía: territorio inexplorado, que ha sido fuente para la generación de diversos estereotipos, y en función de intereses económicos se han plantado posiciones y miradas reduccionistas sobre lo que acontece en él. Entre el proceso de colonización y exterminio de América hasta el siglo XX hemos optado por hablar sobre la Amazonía o bioma amazónico sin su gente. Han surgido todo tipo de expertos/as para hablar sobre este territorio sin considerar lo que su gente dice, siente, y exige.

También, tenemos la línea de quienes sólo subrayan las características de la selva, su humedad, y capacidad que tiene para la producción de oxígeno y agua. Sobre todo, los componentes que facilitan el resguardo de 150 mil hasta 200 mil millones de toneladas de carbono cada año (Laboris, 2019). Por otra parte, una mirada indigenista objetivó de manera esencialista a las poblaciones indígenas, como una suerte de diferenciación racializada positiva (Hall, 2013), provocando una romanización a las condiciones de pobreza de las poblaciones, y una folclorización de sus prácticas culturales y espirituales.

Está la mirada de quienes representan a los intereses económicos nacionales e internacionales, que ven a este territorio como espacio para su beneficio y lucro. Y, por otra parte, se encuentran las iglesias, resalta una rama particular de la Iglesia católica[i] que ha intentado generar procesos de apertura para el protagonismo social, político, cultural, económico y espiritual de los pueblos de la Amazonía.

Además, que en las últimas dos décadas existe una mirada a la tenencia del control de este territorio ante el incremento de actividades ilícitas, como el narcotráfico, extorsión, o la trata de personas, sobre todo a mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Esto ha desatado una ola de violencias en las zonas de frontera. Los gobiernos de la región han permitido que reaparezcan gobiernos del norte global para ayudar a controlar la inseguridad en los territorios.

Por último, tenemos la mirada de los mismos pueblos indígenas, que a través de sus procesos organizativos y de enfrentamiento con todas estas miradas han posicionado otra forma de entender su vida y territorio, una que nos exige escuchar su voz. Entonces, ¿Cuál es la mirada que pesa y que toma las decisiones?

Vemos que la Amazonía es un lugar plural en ebullición constante, con dinámicas socioculturales y de conflictos socioambientales que replantean constantemente sus vínculos. Vemos a la Amazonía como un gran territorio en disputa, donde día con día se desarrollan enfrentamientos de todo tipo por determinar quién tiene la legitimidad de palabra sobre su presente y futuro.

La gran diversidad sociocultural en este territorio permite que se relacionen aproximadamente 33.6 millones de habitantes dentro del bioma amazónico. De los cuales 2,5 millones son pueblos indígenas, que representan entre 377 y 511 nacionalidades, y a 120 pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres[ii]. La población también está compuesta por pueblos mestizos, campesinos, afros – quilombolas, ribereños y urbanos. Uno de los temas que caracteriza a este territorio es la disputa entre la demarcación del territorio tradicional indígena y el avance de la frontera extractiva y urbana. Las organizaciones indígenas exigen que se los considere como los guardianes naturales en el equilibrio del bioma y planeta, y exigen procesos que garanticen la titulación de sus territorios (COICA, 2021).

 

Consulta Popular del Yasuní – Amazonía Ecuatoriana

Para observar un poco más de cerca las disputas en el territorio nos trasladamos a la Amazonía Ecuatoriana, al Parque Nacional Yasuní[iii]. Aquí logramos identificar 4 dinámicas de relación/tensión que marcan históricamente a este territorio:

• Primera, las políticas colonizadoras promovidas por Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) desde 1969, junto con el boom de la explotación petrolera en el país. Esto ocasionó un movimiento migratorio considerable hacia la Amazonía, acarreando enfrentamientos por la convivencia forzada entre colonos y pueblos indígenas.
• Segunda, el reconocimiento por parte de la UNESCO por la biodiversidad del territorio y la creación del Parque Nacional Yasuní en 1979. Generando un tipo de protección legal al territorio, y obligando al ministerio de ambiente a cumplirla.
• Tercera, la demanda histórica en el reconocimiento y la garantía de derechos sobre el territorio de la Reserva Étnica Waorani[iv] que fue legalizada en 1990. Y que en 1987 con la matanza a Mons. Alejandro Labaka y la Hna. Inés Arango, sumada a los enfrentamientos con la petrolera CEPE, la necesidad en la protección a los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane[v].
• Cuarta, los enfrentamientos entre los pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres, Tagaeri y Taromenane con la población Waorani de reciente contacto, y con los trabajadores de las empresas petroleras. Resaltando las masacres de 2003, 2006 y 2013.

Identificamos dos elementos transversales a estas cuatro dinámicas. El primero, es el discurso extractivista que se enfoca en la priorización de los ingresos económicos que el gobierno puede recibir, y que el modelo de desarrollo neoliberal le exige cumplir. Como sabemos, esta posición no toma en consideración la consulta a los pueblos indígenas sobre la soberanía de su territorio, si están o no a favor de la explotación, como lo promueve el Convenio de la OIT -169.

El segundo elemento transversal es la realidad material de las comunidades indígenas que viven dentro de la Reserva Étnica Waorani, y el Yasuní. La situación socioeconómica de la población no es la de comunidades que ven la distribución equitativa de los ingresos para mejorar su calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 70% de las personas en la Amazonía está bajo condiciones de pobreza multidimensional[vi], y los pueblos indígenas son cuatro veces más propensos a vivir en extrema pobreza. Particularmente, el 82% de los pueblos indígenas que viven en el borde del Yasuní viven en pobreza (Amazon Frontlines, 2023).

Esta multidimensionalidad de la pobreza se ve reflejada en patologías y deficiencias en la salud de la población Waorani de esta zona. Por ejemplo, el 40,7% de los niños y niñas menores de 5 años tiene desnutrición infantil crónica (Cóndor, 2023)[vii]. Además, existe un alto índice de embarazo adolescente, que ha impedido, en especial a las mujeres, concluir su educación o insertarse laboralmente. Esta situación se agrava cuando la lectura más amplia del territorio muestra que el eje principal de la reproducción social y económica es la actividad petrolera. Lamentablemente, las realidades en las que convive la industria extractiva con las comunidades están marcadas por las condiciones en las que se negocia su explotación. De alguna forma, las poblaciones ceden soberanía a las empresas extractivas a cambio de que éstas brinden a la población algunas condiciones básicas de un bienestar que, por lo general, es impuesto por realidades ajenas.

Y, ¿por qué tendría que cederse soberanía a cambio de mejores condiciones de vida? Porque al parecer las poblaciones que han vivido históricamente sobre los recursos naturales que financian la operación estatal no son merecedoras de servicios públicos de calidad que garanticen su vida y la protección de sus culturas. Por lo tanto, con plena certeza que el Estado no proveerá lo que por derecho les corresponde, estas poblaciones han negociado con cada empresa que ha llegado a explotar el petróleo. Las consecuencias de ello lo han vivido generaciones de la población Waorani en esta región, y por supuesto el entorno en el que viven.

 

La dependencia económica sobre el petróleo

Ecuador, desde sus orígenes republicanos, ha atravesado por distintos períodos de su sustento principal económico. El cacao y el banano fueron en distintos períodos los productos que sostuvieron la economía nacional, colocándonos en el radar como un país primario exportador. Una vez que se vivió el boom petrolero iniciada la segunda mitad del siglo XX, la zona norte sudamericana se afianzó a la esperanza que trajo el descubrimiento de yacimientos de petróleo que lograban ser competitivos a nivel mundial. Sin ser de la mejor calidad, el petróleo encontrado en Ecuador ingresó cantidades inimaginadas de dinero al Estado. Un país tan pequeño en comparación a sus vecinos se convirtió de principal interés para industrias extranjeras que ya tenían tecnología y experiencia en el manejo de este recurso.

Desde la mentalidad servil a los poderes hegemónicos que es común en nuestra región, los gobernantes vieron que su principal rol en este gran negocio era establecer las condiciones óptimas para obtener la mayor cantidad de recursos del petróleo. En la práctica, eso significó que se gobernara a través de los intereses de las empresas extranjeras que estaban dispuestas a instalar sus operaciones para extraer el petróleo. A cambio, estas economías, pequeñas en comparación a las globales, disfrutaron del flujo de recursos sin tener necesariamente una meta de desarrollo clara, o un plan para cuando este recurso empezara a escasear.

Actualmente, el mundo vive la fase tardía del petróleo como principal recurso energético. Además, tras cincuenta años de explotación, los pasivos ambientales de esta actividad marcan una irreversible afectación a la vida de los territorios explotados. Eric Toussaint et al. (2023) junto a otros economistas socializaron un posicionamiento con una explicación técnica económica de las reales consecuencias de detener la explotación petrolera en el Yasuní[viii]. En este posicionamiento se deja ver la gravedad de poner la avaricia sobre recursos económicos muy limitados por encima de la sostenibilidad de un entorno tan frágil como el del Yasuní y la vida de sus poblaciones.

 

Mecanismos del derecho a la participación

En el marco de todas las posibilidades del ejercicio de la participación y soberanía de nuestro país, de la aparente apuesta por el cambio de la matriz productiva nacional en 2007 se lanza la propuesta por parte del gobierno de Rafael Correa Yasuní Itt[ix] para dejar el crudo bajo tierra. El objetivo se enfocaba en recibir donaciones internacionales para evitar explotar el bloque petrolero 43: Ishpingo, Tiputini y Tambococha del Yasuní. Una propuesta nunca antes pensada para un país petrolero. Sin embargo, el proyecto no prosperó, lo que desencadenó que en 2013 el expresidente Correa solicitara a la Asamblea Nacional que se declare de interés nacional la explotación petrolera del Yasuní.

Ante esta situación surge la presencia del colectivo Yasunidos quienes lideran la convocatoria a consulta popular para decidir a nivel nacional si se debía o no explotar el Yasuní. Se recolectaron 727.947 firmas a nivel nacional para garantizar la consulta nacional. Pero, el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral fue poco transparente y anularon una gran cantidad de firmas para evitar la consulta (Coryat, 2014). Quienes apoyábamos la propuesta veíamos cómo el esfuerzo y convocatoria nacional que se había realizado se diluía al no ser más una prioridad del gobierno.

Diez años después, el 9 de mayo del 2023 la Corte Constitucional dio paso para la realización de la Consulta Popular sobre el Yasuní[x]. La Corte confirmó que en 2013 sí se habrían conseguido las firmas suficientes para realizar la consulta. Pocos días más tarde, el 17 de mayo del 2023 se disolvió la Asamblea Nacional y se convocó a elecciones anticipadas para elegir nuevo gobierno, poder legislativo y se incluyeron dos consultas populares sobre temas socio ambientales: Yasuní y Chocó Andino[xi]. En esta ocasión la consulta surge en medio de una gran crisis socio política, económica y de gobernabilidad del gobierno de Guillermo Lasso.

La campaña por la conservación del Yasuní ocasionó un gran movimiento y debate a nivel nacional, en esta ocasión los medios tradicionales buscaban escuchar las voces de los territorios para mostrar la cara del desarrollo en la selva. Las voces y presencias de líderes indígenas mostraban diversos rostros de la representación y organización indígena amazónica. Vemos constantemente nuevos casos de corrupción dentro de la empresa estatal petrolera, y también al interno de las mismas organizaciones y representantes indígenas. Posiciones muy diversas, que muestran los intereses y alianzas políticas que también han ejercido los pueblos amazónicos a lo largo de estas últimas dos décadas. La disputa por la palabra legítima evidenciaba la fragmentación social en las comunidades amazónicas.

El debate de pensarnos como un país petrolero sin extractivismo ha ocasionado grandes divisiones sociales y políticas, sin mencionar el aumento de los romanticismos extremos, por un lado, los conservacionismos aferrados a que las comunidades viven bien como están. Y por el otro lado, un neoliberalismo incapaz de reconocer que la fórmula que se ha aplicado por cinco décadas sigue sin funcionar.

Pese a todo ello, el pasado 20 de agosto del 2023 se dio un resultado histórico el 60% de la población nacional había dicho SÍ a mantener bajo suelo los aproximadamente 726 millones de barriles de petróleo del bloque 43. Esta primera cara de la moneda daba cuenta de un avance legislativo único ante el modelo extractivista tradicional. Pero, del otro lado, el resultado en las provincias de Orellana con el 57,99% y Sucumbíos con el 51,91% dijeron NO. En estas provincias la explotación petrolera es su principal actividad económica.

Este resultado hizo que el gobierno desestime la voz nacional, y pida que se respete la voz de las provincias que solicitan que se mantenga la explotación petrolera de este bloque. No se han compartido los datos más sectorizados para evidenciar si efectivamente las comunidades cercanas al Yasuní querían la explotación petrolera, o no. Lo que sí hemos identificado, es el revés discursivo oficial para contrargumentar y afirmar de la manera más descarada que el país debería respetar lo que las comunidades locales dicen sobre la explotación petrolera. Esta muestra de desesperación y falta de credibilidad política nos hace creer que la participación es válida, solo si atiende el interés extractivo.

Ante esta postura del gobierno, vemos que las luchas y resistencias históricas de pueblos como Sarayaku, Tundayme, Sinangoe, Texaco-Chevron, entre otras tantas deberían ser también reconocidas. En su momento, fueron calificadas como terroristas, ya que amenazaban el aparente desarrollo y estabilidad del país. En agosto, el gobierno de Lasso contraargumentó que esta decisión electoral representa un suicidio nacional, y que analizará la manera de dar la vuelta a esta circunstancia que perjudica a la gente en el territorio.

 

Conclusiones

El modelo de república que se ha formado en Ecuador ha dado la espalda a su propia fragilidad. En un contexto beneficiado por su megadiversidad cultural y ambiental, hemos optado por aquello que homogeniza y elimina lo diverso. Las realidades que no son funcionales a este modelo de desarrollo simplemente son excluidas. ¿De qué? Del ejercicio de sus derechos fundamentales, del gozo de los beneficios que trae un recurso sobre el que han vivido ancestralmente, de la importancia de hacer escuchar su voz a través de mecanismos democráticos. Es en estas realidades marginalizadas en donde las poblaciones no pueden tener medios materiales para reproducir su vida y son aquellos que primero salen, de sus territorios o del país, a buscar medios de subsistencia. Entonces, cargamos como país la deshonra de amenazar la vida de los propios compatriotas y el territorio en el que vivimos.

Tras diez años de poner impedimentos para hacer escuchar la voz popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, un gobierno saliente y accidentado, en una última apuesta para medir su respaldo popular, permite que se concluya el proceso para dar paso a la consulta popular. Después de algún tiempo, seguro se olvidará que esta consulta llega diez años tarde. Que durante estos años ya se explotó y se profundizó la herida que ya estaba abierta en la región amazónica, que olvidamos que se trataba de un territorio particularmente frágil. Y ahora que, para términos políticos, no queda nada que perder, se da paso a esta consulta que busca hacer justicia con lo que ha sido un clamor social y planetario.

Aunque haya ganado la voluntad popular que detiene la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, el país todavía no mira de frente el principal desafío de salir responsablemente de las actividades extractivas que le condenan a la desigualdad social, a los éxodos, y a la muerte de tesoros planetarios como la Amazonía. En términos históricos, podría parecer como una oportunidad imperdible para no desistir de los procesos participativos electorales que pueden entrar a cuestionar un modelo de desarrollo que trae consigo muerte y destrucción. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de que la acción colectiva y la toma de consciencia no inicie y culmine en las urnas. Vivir una ciudadanía plena nos pone frente al desafío de encontrar los mecanismos más adecuados, sostenibles, responsables, que protejan, en especial, las vidas más frágiles, y nos permitan hacer justicia con las víctimas de este sistema.

 

Bibliografía

Amazon Frontlines. 9 razones por las que la victoria del Yasuní constituye un punto de inflexión para el clima. Web Amazon Frontlines. Obtenido de (https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/9-razones-por-las-que-la-victoria-yasuni-consituye-un-punto-de-inflexion-para-el-clima/). 2023.

COICA. Emergencia de Derechos Humanos: Sangre en la Selva. Quito. Revista Institucional COICA. No. 001. Pág. 68. 2021. Obtenido de (https://coicamazonia.org/revista-coica/)

Cóndor Salazar, J. Intervención teatral sobre alimentación, cuidados y salud materno infantil con los Waorani de la Amazonía Ecuatoriana. Quito: Tesis para obtener el grado de Magister en Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2023.

Coryat, Diana. Yasunidos recolectó más de 727 mil firmas para consulta popular. Web Wambra Medio Comunitario. 2014. Obtenido de (https://wambra.ec/yasunidos-recolecto-mas-de-727mil-firmas-para-consulta-popular/)

Hall, Stuart. “El Espectáculo del Otro”. En E. Restrepo, C. Walsh, & V. Vich, Sin garantías, trayectorias y problemáticas de los estudios culturales (2da Edición ed.). Ecuador: Corporación Editora Nacional. 2013.

INEC. Ecuador en Cifras. Web INEC. Obtenido de (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/Pobreza_Multidimensional/assets/infografia.pdf) 2022.

Instrumentum Laboris. Sínodo para la Amazonía. Web Secretaría del Sínodo Vaticano. Obtenido de (http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-laboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html) 2019.

Ministerio del Ambiente. Parque Nacional Yasuní. Web Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Web. Obtenido de (http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/parque-nacional-yasun%C3%AD). 2015.

Primicias. Explotación Yasuní Consulta Popular. Web Primicias. Obtenido de (https://www.primicias.ec/noticias/politica/explotacion-yasuni-consulta-popular-yasunidos/). 2023.

Secretaría Nacional de Planificación. Iniciativa Yasuní Itt una apuesta ecuatoriana que marca un cambio de era. Web SENPLADES. Obtenido de (https://www.planificacion.gob.ec/iniciativa-yasuni-itt-una-apuesta-ecuatoriana-que-marca-un-cambio-de-era/). 2013.

Toussaint, E. et al. “Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní!”. Comité para la abolición de deudas ilegítimas [CADTM]. Obtenido de (https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni). 2023.

Trujillo, Montalvo. “Identificación y dinámica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) en el Yasuní (Ecuador)”. Sistema de Información Científica Redalyc, pp. 271-296. Obtenido de (https://www.redalyc.org/journal/557/55755367011/html/).  2018.

 

[i] El surgimiento de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM entre 2013 y 2014 como una apuesta de articulación territorial, como también el Sínodo Amazónico (2018-2019), y la fundación de la Conferencia Eclesial Amazónica – CEAMA han generado la oportunidad que la Iglesia Católica pueda repensar su enfoque y estructura al servicio de la realidad de los pueblos y su territorio.

[ii] Según los datos del Mapeo Panamazónico de REPAM existen 377 pueblos indígenas, sin embargo, para la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA existen 511 pueblos indígenas. Con exactitud no se ha determinado el número de pueblos en los nueve países, pero se reconoce el gran socio diversidad cultural de su resistencia posterior a la colonización.

[iii] Ubicado en la Provincia de Orellana, en la zona norte de la Amazonía Ecuatoriana el Yasuní es el área protegida más grande en la zona continental, con 1.022,736 hectáreas. Creado en 1979 y declarada como reserva de biósfera por la UNESCO en 1989. (Ministerio del Ambiente, 2015)

[iv] El estado ecuatoriano reconoce el territorio al pueblo waorani y crea la Reserva Étnica Waorani el 3 de abril de 1990. Se determinaron 678.220 hectáreas (6.782,2 km²) pero en las escrituras se entregaron 612.560 hectáreas (6.125,6 km²) por la legalización parcial de una parte del territorio a algunas comunidades del pueblo Kichwa. (Trujillo Montalvo, 2018)

[v] Para conocer más sobre este hito histórico en el territorio se puede ver el Documental de la Serie Mártires de la Amazonía de REPAM.

[vi] El índice de pobreza multidimensional identifica privaciones simultaneas de los derechos y garantías para una calidad de vida digna, que incluye 4 dimensiones (educación; empleo; salud, agua y alimentación; hábitat y vivienda) y 12 indicadores.  (INEC, 2022)

[vii] Estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la vía Maxus (Provincia de Orellana), que es una de las vías de ingreso al Parque Nacional Yasuní y al territorio Waorani.

[viii] Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní! https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni

[ix] La Iniciativa Yasuní-ITT fue parte de la estrategia internacional para la lucha contra el cambio climático, ya que la no explotación del petróleo evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. (Secretaría Nacional de Planificación , 2013)

[x] Se comprobaba que en 2013 el régimen político había anulado un proceso legítimo y legal.  (Primicias , 2023)

[xi] La primera, respecto a la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní (a nivel nacional), y segunda, la explotación minera en la región del Chocó Andino (en el Distrito Metropolitano de Quito).

 

 

Número 15, 2023