Juventud migrante y delincuencia organizada en el Estrecho de Gibraltar
José David Gutiérrez-Sánchez. Profesor Titular del área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Málaga
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Introducción
El Estrecho de Gibraltar constituye un espacio de encuentro y tránsito constante entre personas y culturas, donde confluyen intereses políticos, comerciales y geoestratégicos de gran relevancia. Reconocido como una de las rutas marítimas más activas e importantes del planeta, este enclave desempeña además un papel crucial como corredor migratorio entre África y Europa. Sin embargo, dicha función se ve acompañada por diversas problemáticas asociadas al crimen organizado, que en ocasiones involucran a personas migrantes, especialmente a niños, niñas y jóvenes.
El propósito central de este estudio es dar luz a la realidad que enfrentan los jóvenes extranjeros en el contexto del Estrecho de Gibraltar, poniendo especial atención en el empleo que hacen las mafias y redes delictivas de estos jóvenes como instrumentos o elementos disuasorios en actividades ilícitas.
Juventud migrante no acompañada
En las últimas décadas, diversas investigaciones han analizado la compleja situación que viven los jóvenes extranjeros no acompañados que intentan cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia España. Desde múltiples disciplinas, los estudios han puesto el foco en factores como las condiciones de vida a lo largo del viaje migratorio, el contexto familiar en los países de origen, los efectos de las políticas migratorias, los procesos de integración y exclusión o las políticas sociolaborales que afectan a estos jóvenes. Aun así, sigue siendo limitada la literatura que explore el papel del crimen organizado y su relación directa con las dinámicas migratorias en esta zona. En un sentido más amplio, los estudios coinciden en señalar los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan estos jóvenes, comparación que también se extiende a otros contextos migratorios como los Balcanes, Turquía o incluso la frontera entre México y Estados Unidos.
España lleva más de tres décadas siendo un país de destino para menores y jóvenes migrantes no acompañados. Sin embargo, las cifras de llegada varían según la fuente, ya que muchos jóvenes cambian de territorio dentro del país o abandonan los centros de protección. El perfil general no ha cambiado radicalmente: la mayoría son chicos de origen marroquí, aunque cada vez se observa una mayor presencia de chicas, en parte por razones familiares o como estrategia para evitar la captación por redes delictivas. Muchos apenas hablan español al llegar, aunque traen consigo algún oficio aprendido o la motivación de ayudar a su familia. Además, en los últimos años la edad media de llegada se ha elevado, acercándose a la mayoría de edad.
Las experiencias durante el trayecto suelen estar marcadas por la pobreza, la violencia y las condiciones extremas de las travesías marítimas. Una vez en España, los jóvenes se enfrentan a desafíos legales y sociales que complican su integración. Durante su estancia en los centros de protección, reciben apoyo hasta los 18 años, momento en el cual deben iniciar una vida independiente. Aunque existen recursos públicos para acompañarlos en esta transición, estos siguen siendo insuficientes y muy desiguales entre territorios.
Delincuencia y su relación con el Estrecho de Gibraltar
La delincuencia organizada representa uno de los desafíos más significativos del Estrecho de Gibraltar y su entorno, afectando tanto a las ciudades próximas como a las personas migrantes que transitan por la zona. Este fenómeno se entiende como una estructura criminal integrada por varios individuos que actúan de manera coordinada para obtener beneficios económicos, políticos o sociales. Estas organizaciones se caracterizan por su jerarquización interna y la diversificación de sus actividades ilícitas, constituyendo el sustento económico de muchos de sus miembros. Desde los años ochenta, la delincuencia organizada en el sur de España ha evolucionado notablemente, alcanzando mayor poder a partir del narcotráfico de hachís y cocaína.
El contexto geográfico y socioeconómico del Estrecho facilita el crecimiento de estas redes. Su corta distancia con Marruecos —tan solo catorce kilómetros— favorece el tráfico ilícito entre ambos márgenes, considerando además que Marruecos es el principal productor mundial de resina de hachís. En el lado español, la tasa de desempleo y la renta per cápita se sitúan por debajo de la media nacional. A ello se suma la crisis del sector pesquero, históricamente motor económico de la zona, afectado por los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, que han reducido los caladeros disponibles y ha generado inestabilidad laboral. De forma paralela, las tensiones políticas entre España y el Reino Unido por la soberanía del Peñón de Gibraltar complican la cooperación en asuntos de seguridad y control fronterizo.
En los últimos años, las redes criminales vinculadas tradicionalmente al narcotráfico han diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas. Muchas personas migrantes, ante la falta de recursos o vías legales de entrada, recurren a estas mafias para cruzar el Estrecho. El territorio funciona así como punto estratégico entre dos continentes profundamente desiguales en lo social y económico, pero muy próximos geográficamente. Estas redes han adaptado sus métodos a los cambios en la legislación y las políticas de control migratorio.
Las consecuencias humanitarias son graves. Investigaciones recientes documentan casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, desaparición de personas, uso de migrantes para el transporte de drogas y, de manera especialmente preocupante, la implicación de jóvenes como escudos humanos o estrategias de distracción en operaciones de narcotráfico hacia Europa.
Moro al agua
A partir del trabajo de campo llevado a cabo con chicos y chicas tutelados a lo largo de 2024 en centros de protección y a profesionales de la intervención social, se distinguen tres momentos clave: la situación previa a la migración, las vivencias durante el viaje y las experiencias en el lugar de destino.
En el contexto previo a la migración, la mayoría de los jóvenes son varones de entre 12 y 17 años, procedentes de Marruecos, con diferencias entre entornos rurales y urbanos ligadas al acceso a educación y a la capacidad económica familiar. Entre los motivos principales para migrar aparecen la pobreza, la violencia intrafamiliar y el deseo de un futuro mejor, relacionado con estudiar y conseguir empleo, lo que lleva a muchos a sentir que no les quedaba otra que emprender el viaje. Aunque algunos conocían la existencia de personas que facilitaban el cruce a cambio de dinero, la mayoría ignoraba la dimensión real de las redes ilícitas y los riesgos de verse vinculados al tráfico de drogas.
Durante el proyecto migratorio, el artículo muestra cómo el tipo de cruce y las condiciones dependen del dinero disponible, llegando en algunos casos a exigir, además del pago, la entrega de pasaportes y teléfonos móviles que luego se usan para el tráfico de identidades y documentos. Se describen distintos medios de transporte —barcos de pesca, lanchas rápidas, motos de agua, embarcaciones de madera o plástico— en los que los jóvenes viajan sin saber que transportan hachís o dinero hasta el momento de la salida. Las organizaciones criminales los utilizan repetidamente como porteadores y, en situaciones de interceptación policial, se han documentado casos en que los jóvenes son arrojados al mar (táctica conocida como moro al agua), exponiéndolos a graves riesgos para su integridad física.
Una vez en destino, los jóvenes se ven presionados a guardar silencio sobre los medios empleados en la travesía, tanto por amenazas directas a ellos y sus familias como por la falta de espacios de escucha en los centros. Muchos relatan haber tenido que mentir sobre el origen de sus lesiones y vivir con miedo a volver a encontrarse con miembros de las organizaciones, que en algunos casos intentan reclutarlos de nuevo para actividades ilícitas. Llama la atención que la mayoría no ha recibido atención psicológica específica pese a haber sufrido experiencias traumáticas, lo que puede afectar de forma importante a su posterior inclusión social.
Desde la perspectiva profesional, trabajadores sociales y otros agentes señalan que conocieron la relación entre narcotráfico y migración de jóvenes principalmente a través de noticias de prensa y la consideran una técnica relativamente reciente intensificada por la presión policial sobre el narcotráfico. El término despectivo moro al agua aparece como etiqueta racista que sintetiza una práctica que muchos jóvenes desconocen hasta vivirla en primera persona, utilizada para reducir las responsabilidades penales de las organizaciones. Los profesionales detectan que el silencio de los chicos no se debe solo a barreras idiomáticas o de adaptación, sino a un pánico derivado de amenazas y del temor a ser reutilizados en actividades delictivas.
La estigmatización de estos jóvenes como delincuentes, reforzada por discursos políticos xenófobos, dificulta gravemente su integración. Son niños y niñas no acompañados, abandonados y explotados por redes criminales, no responsables de las tramas en las que se ven envueltos. Algunos profesionales han recibido amenazas e intentos de irrupción en los centros, lo que ha obligado a reforzar la seguridad. Se requieren protocolos específicos y planes de atención psicológica que aborden los traumas y protejan a jóvenes y profesionales.
Conclusión
Este trabajo analiza la situación de jóvenes extranjeros no acompañados en el Estrecho de Gibraltar, instrumentalizados por redes de narcotráfico como clientes, porteadores de droga y dinero, y medios disuasorios frente a la policía fronteriza. El trabajo de campo muestra que parten de contextos de vulnerabilidad y desconocen el alcance de las organizaciones, lo que facilita amenazas, coacciones y entrega de documentos, convirtiéndolos en víctimas y, a la vez, en eslabones de tramas criminales. Ya en los centros de protección, muchos viven con miedo a ser localizados, revictimizados o reclutados de nuevo, tras haber sufrido violencia física y psicológica durante travesías de alto riesgo en diferentes tipos de embarcaciones.
El artículo subraya que los profesionales de la intervención social se ven desbordados por la falta de protocolos, formación específica y recursos para la atención integral y el abordaje del trauma, y que también reciben amenazas que afectan a su labor. Desde un enfoque de derechos humanos, se reclama mayor coordinación institucional, refuerzo de los mecanismos de protección y detección temprana, programas psicosociales de inclusión y formación en trauma y violencia estructural.